Juez suspende despido de policía ministerial, tras recorte masivo en FGR
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Cuartoscuro

Después del recorte masivo en FGR, juez suspende provisionalmente el despido de un policía ministerial

Un agente logra mantener su puesto hasta que el juzgado decida si su expulsión fue o no legal. FGR recurre al correo electrónico institucional para notificar la baja de algunos elementos.
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Una juez de distrito suspendió provisionalmente el despido de un suboficial de la Policía Federal Ministerial que forma parte del grupo al que la Fiscalía General de la República (FGR) notificó su expulsión desde el pasado 28 de diciembre.

Tras esta decisión, el agente no puede ser apartado de su puesto de trabajo hasta que el juzgado entre a valorar el fondo del asunto: si la notificación de su despido fue ajustada a ley o, por el contrario, se trata de una decisión irregular y tiene derecho a seguir en su puesto.

En su auto de suspensión provisional, al que tuvo acceso Animal Político, el juez pide a las autoridades que “se abstengan de separar del cargo que actualmente desempeña el solicitante de amparo, así como de suspender los derechos de seguridad social y los emolumentos que le corresponden”.

“Soy el primer policía que ha logrado esta suspensión. Soy la piedra en el zapato de todos los que nos quisieron engañar”, dijo el agente en entrevista. El oficial, con más de 20 años de antigüedad, pidió quedar en el anonimato por miedo a sufrir represalias. “De una u otra manera fuimos llevados de forma tramposa y ruin, varios fueron engañados”, afirmó, en referencia a la forma en la que los superiores de la FGR convocaron a los despedidos.

La decisión del juez, que se publicó el 31 de diciembre, permitió a este agente regresar a su puesto de trabajo el lunes 3 de enero sin que sus superiores pudieran hacer nada por impedirlo. Sin embargo, por el momento no le están dando funciones que cumplir, ya que la perspectiva era que estuviese fuera de la institución, como decenas de sus compañeros.

Hasta que juzgado decida

“La presente determinación no tiene como efecto constituir derecho alguno en favor del quejoso, en cuanto a que permanezca en el cargo que actualmente ocupa por un periodo mayor al del nombramiento que se le haya otorgado”, dice el juez en su resolución. Esto quiere decir que la suspensión no implica que el policía tenga garantizada su plaza.

Lo que previene es que no sea despedido antes de tomar una decisión, ya que en caso de que perdiese ahora el empleo, la reforma constitucional de 2008 le impediría regresar, según explicó su abogado, Pedro Ayala Espinoza. “El juez dice que se respete su derecho constitucional a seguir trabajando”, dijo.

Ahora, las partes deben presentar un informe previo y posteriormente se celebrará una audiencia en la que se abordará la legalidad del despido.

Un dato importante: esta suspensión y todo lo que se derive del amparo afecta única y exclusivamente a la persona que lo presentó. Hasta el momento hay otros agentes que presentaron amparos y que han sido rechazados. También hay otro que fue tramitado en la Ciudad de México y que el juzgado lo derivó a Guanajuato, que es donde el agente estaba destinado.

Otra cosa es que, con este antecedente, haya otros policías que recurran a los juzgados en caso de ser despedidos próximamente. Se ha generalizado el temor al interior de la institución y muchos temen ser los siguientes. Así que este puede ser un recurso para quienes no desean abandonar el cuerpo y ni ser forzados a la disyuntiva entre cheque o nada.

Los despidos al interior de la FGR comenzaron el pasado 28 de febrero, cuando policías ministeriales, peritos y agentes del Ministerio Público fueron citados en diversas oficinas y se les notificó que en tres días estarían fuera de la institución. Según los testimonios recabados por Animal Político, varios de los afectados fueron citados con engaños: sus superiores les aseguraban que tenían que entrevistarse con un coordinador para llevar a cabo una diligencia o, sencillamente, les pedían comparecer sin dar una explicación.

Una vez allí, los agentes recibieron un ultimátum: o se acogían a una baja voluntaria recibiendo un cheque o se marchaban y se daba por notificado su despido por razones presupuestarias y de reestructuración del servicio. Ante esta disyuntiva, muchos optaron por tomar el dinero y muy pocos recurrieron a la justicia, conscientes de que el proceso puede ser muy largo.

Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre cuántos agentes han sido despedidos, aunque los afectados hablan de que existiría un listado con al menos 900 nombres, la mayoría de ellos integrantes de la Agencia de Investigación Criminal. Pero no se ha confirmado cuántos de ellos recibieron su carta o cuántos la esperan, viviendo con la expulsión del cuerpo como si fuera una espada de Damocles.

Animal Político consultó con la FGR en diversas ocasiones desde que se conocieron los despidos, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Notificación por email

Tras el revuelo generado por los primeros eventos de despido, la FGR cambió de estrategia y comenzó a notificar utilizando el correo institucional. En un oficio fechado a 29 de diciembre y firmado por Edgar Gerardo Aguilar Quintana, jefe regional de la unidad administrativa de la Policía Federal Ministerial en Ciudad de México, se comunica a los oficiales que a partir del 25 “las cuentas de correo electrónico institucionales se utilizarán como medio legal preferente para llevar a cabo cualquier notificación de interés general y/o individual, de carácter laboral o administrativo”. Este fenómeno se ha repetido en toda la República.

A juicio de la abogada Reyna Velasco, que representa a algunos oficiales, esta nueva fórmula de comunicación busca evitar que los agentes se reúnan en un mismo lugar y se den escenas de enfado o descontento. El primer día de los despidos ya se difundieron varios videos en los que se refleja, por ejemplo, una oficial que rechaza ser filmada mientras entrega la baja a un policía.

Los despidos se han desarrollado con total opacidad por parte de FGR, que no ofrece datos sobre cuántos fueron afectados ni tampoco cuál es la reestructuración a la que hacen referencia los oficios en los que se da la baja a los agentes. En los pasillos de la institución se repite el rumor de que existe un interés en militarizar la institución y se pone como ejemplo el proceso que puso fin a la Policía Federal para que naciese la Guardia Nacional. A día de hoy, sin embargo, no hay una explicación oficial. Tampoco si las expulsiones van a continuar ni cuál fue el criterio para dejar a fuera a decenas de elementos.

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El país que tardó una década en darse cuenta de que le robaban cientos de miles de barriles de petróleo diarios

El descubrimiento de una tubería paralela de 4 km de largo construida por ladrones para robar el crudo de Nigeria deja muchas preguntas y sospechas de corrupción.
25 de octubre, 2022
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El descubrimiento de una red de oleoductos ilegales en la región del delta del Níger en Nigeria ha revelado el alcance del robo de petróleo, que es parte de una oscura pero enormemente lucrativa industria del crudo en el país.

En el estado de Delta, en el sur del país, los ladrones construyeron su propia tubería de 4 km de largo a través de los arroyos fuertemente custodiados hasta el océano Atlántico.

Allí, embarcaciones cargaron descaradamente el petróleo robado desde una plataforma de unos 7 metros visible desde kilómetros en mar abierto.

“Fue un trabajo profesional”, dijo el jefe de la empresa estatal de petróleo, la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC), Mele Kyari, mientras caminaba sobre un pantanoso y resbaladizo sendero durante una visita televisada al lugar.

Sospechas de corrupción

El petróleo crudo es la principal exportación de Nigeria, pero la producción y los ingresos han disminuido durante años debido a los robos, afirman las autoridades.

La producción de petróleo cayó de 2,5 millones de barriles por día en 2011 a poco más de un millón en julio de 2022, según el organismo regulador.

Las autoridades dicen que se perdieron más de US$3.300 millones por el robo de petróleo crudo desde el año pasado.

Hombres en overoles azules

NNPC
El jefe de la compañía petrolera estatal de Nigeria lidera a un equipo de seguridad a través de un rastro de petróleo dejado por ladrones.

Esto ocurre en un momento en que otros productores están derrochando petrodólares y Nigeria ni siquiera puede cumplir con su cuota de producción.

Y no es que el país pueda permitirse perder dinero con los ladrones, ya que está sumido en una pobreza generalizada y una gran deuda.

Muchos dicen que el reciente descubrimiento de los oleoductos ilegales confirma las viejas sospechas de corrupción masiva en el sector, donde hay poca transparencia.

La industria petrolera de Nigeria tiene un historial documentado de corrupción, desde un esquema interminable de subsidios de combustible en el que nadie sabe realmente cuánto se importa, hasta la oscura asignación de áreas de exploración petrolera.

Tompolo

Que el robo haya sido descubierto por una empresa de seguridad privada y no por las autoridades también aumentó el enojo y las sospechas.

Pero Government Ekpemupolo, conocido como Tompolo, no es un contratista de seguridad privada común.

Government Ekpemupolo

Jacob Abai
Tompolo ejerce una enorme influencia en la región del delta del Níger

El jefe de 51 años del reino de Gbaramatu en el estado de Delta rico en petróleo estuvo involucrado en el pasado en la voladura de los mismos oleoductos que ahora protege gracias a la concesión de un controvertido contrato de 48.000 millones de nairas (US$110 millones) del gobierno a finales de agosto.

Podría decirse que es el exmilitante petrolero más rico de Nigeria, que una vez fue el hombre más buscado del país y que, en un momento, incluso vendió al Estado una flota de buques de guerra.

También conoce la geografía del delta del Níger, los pozos de petróleo y los oleoductos oficiales, por lo que muchos creen sus comentarios sobre la identidad de los ladrones.

Muchas de las personas de seguridad están involucradas porque no hay forma de que puedas cargar un barco sin arreglar a las personas de seguridad en esa región”, le dijo Tompolo a Channels TV.

También sugirió que gran parte del petróleo fue robado precisamente de aquellas áreas donde había puestos de control del ejército y la marina.

El ejército no respondió a estas acusaciones, pero es poco probable que contradigan abiertamente a un hombre con el que se han asociado para acabar con el robo de petróleo.

Lucky Irabor, jefe del Estado Mayor de Defensa de Nigeria, que formó parte de la comitiva que recorrió el rastro de los ladrones escoltada por los hombres de Tompolo, dijo que fue una “revelación” y prometió una investigación.

Antecedentes

No es la primera vez que las agencias de seguridad de Nigeria, especialmente los altos mandos del ejército y la marina, son acusados de robo de petróleo.

En enero, Nyesom Wike, gobernador del estado vecino de Rivers, dijo que un superintendente de policía estaba involucrado en el robo de petróleo en el área de Emuoha, en ese estado, y quería que lo echaran.

En 2019, Wike también acusó a un comandante militar de alto rango de participar en un robo masivo de petróleo en el estado, lo cual fue negado.

Efectivos de seguridad se paran alrededor de un oleoducto

Jacob Abai
Los contratistas de seguridad privada llevaron al personal de seguridad de Nigeria a la escena del enorme robo de petróleo.

Que la corrupción a esta escala sucediera directamente bajo el presidente Muhammadu Buhari, quien también ocupa el cargo de ministro de Petróleo de Nigeria,pone en entredicho su postura en la lucha contra la corrupción, dijo Salaudeen Hashim de la Fundación CLEEN, una ONG anticorrupción.

Buhari fue elegido en 2015 con la promesa de lucha contra la corrupción, pero muchos cuestionan cuán efectivo fue su gobierno.

“El alcance del robo de petróleo en curso podría no conocerse completamente hasta que esta administración deje el cargo en mayo”, le dijo un analista a la BBC.

Industria lucrativa

Desde su independencia en 1960, Nigeria ha sido gobernado intermitentemente por militares que tomaron el poder mediante golpes de Estado, dejando atrás una huella de corrupción financiada a través de la vasta industria del petróleo y el gas en el delta del Níger.

Los despliegues de oficiales a la región para proteger las instalaciones petroleras son considerados lucrativos tanto por altos funcionarios de seguridad como por la base, quienes hacen lobby y pagan sobornos para conseguirlos, dijo Hashim.

“Una vez allí, es una carrera para acumular riquezas ilegales”, agregó.

El reciente incendio de un buque incautado por acusaciones de transportar 650.000 litros de crudo robado en el estado de Delta también ha llamado la atención.

Un hombre con uniforme azul vierte un líquido en un bidón mientras otro observa

AFP
Los agentes de seguridad de Nigeria realizan redadas en los escondites de los ladrones de petróleo, pero fueron acusados de sustraer dichos productos.

Muchos cuestionaron por qué los agentes de seguridad fueron tan rápidos en destruir la evidencia -parte del éxito reciente de Tompolo-, pero el jefe de defensa de Nigeria dijo que como el barco incautado estaba contrabandeando petróleo robado, no era necesaria una investigación.

La motivación de Tompolo para tomar medidas enérgicas contra el robo de crudo ha dejado a muchos desconcertados.

A él le pagan por ello y ha hablado con entusiasmo de su amor por Nigeria y el medio ambiente del delta del Níger, pero este es el mismo Tompolo, dicen muchos, que hizo estallar oleoductos en el pasado.

Como señaló un experto, los oleoductos ilegales descubiertos por Tompolo han estado hasta ahora en el estado de Delta, donde ejerce un enorme poder.

Es poco probable que alguien haya operado pacíficamente tales instalaciones en su territorio durante años sin su conocimiento, dijeron.

En el pasado hubo enfrentamientos mortales entre las fuerzas de seguridad y los militantes armados que operan en la región, pero las cosas estuvieron relativamente tranquilas durante años, y muchos dicen que en el fondo hay un acuerdo de ambas partes para no interferir en los “negocios” del otro.

Los únicos perdedores, al parecer, son los nigerianos respetuosos de la ley y, tal vez, las empresas petroleras. Estas últimas tampoco ganan mucha simpatía en el país.


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