Guerrero, Veracruz y Zacatecas, las policías más letales en cuatro años
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Guerrero, Veracruz y Zacatecas, las policías más letales: más de 250 muertos en presuntos enfrentamientos

En cuatro años, los estados con menores tasas de civiles muertos en presuntos enfrentamientos con policías son Aguascalientes y Chiapas.
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El sábado 19 de abril de 2020, policías estatales de Guerrero abatieron a cuatro presuntos sicarios en el poblado de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo. Entre ese día y el domingo se registraron en la zona 13 muertes violentas y dos detenciones tras enfrentamientos entre supuestos grupos criminales y las autoridades, pero la corporación solo se atribuyó el fallecimiento de cuatro personas.

Este fue uno de los 157 choques armados que la policía de Guerrero registró entre 2018 y 2021, uno cada diez días. En ellos murieron 94 supuestos atacantes y 19 uniformados. Esto convierte a Guerrero en uno de los cuerpos más letales de las corporaciones estatales: cada dos semanas desde hace cuatro años, un presunto civil armado perdió la vida en confrontación con los agentes. 

Los otros dos estados con mayores índices de muertos en choques entre policías y civiles son Veracruz y Zacatecas. El primero registró 112 muertos desde 2018, pero con 338 enfrentamientos en los que fallecieron 16 uniformados. Es decir, que sus agentes se enfrentaron a presuntos delincuentes una vez cada tres días y provocaron una baja cada nueve. Córdoba aparece como el principal foco rojo del estado, con 18 enfrentamientos en tres años y con sucesos luctuosos como los incidentes de febrero de 2020, cuando sujetos armados atacaron una comisaría y a diversas dotaciones: murieron dos estatales, dos municipales y tres de los presuntos atacantes. Veracruz es el estado en el que mayor número de choques armados se registró entre supuestos integrantes del crimen organizado y policías. 

Zacatecas tiene cifras relativamente bajas aunque también significativas. En los últimos tres años se han registrado 140 enfrentamientos en los que murieron 66 presuntos atacantes y 36 policías. Es decir, que se registraron choques armados cada ocho días y cada 16 murió un atacante. Aquí, por el contrario, el número de uniformados muertos por balas atacantes se dispara: cada mes un funcionario estatal perdió la vida en choques con presuntos delincuentes. 

Te puede interesar: Enfrentamientos de Guardia Nacional dejan más civiles muertos que heridos o detenidos

Opacidad en Tamaulipas o Baja California 

Estas son algunas de las revelaciones de las solicitudes de transparencia efectuadas por  Animal Político, que pidió a los 31 estados de la federación conocer cuántos enfrentamientos armados mantuvieron sus policías desde 2006, cuántos atacantes murieron o resultaron heridos y cuántas bajas sufrió la corporación. Esto permite tener una perspectiva sobre la violencia registrada en los distintos territorios desde que Felipe Calderón declaró, hace 15 años, la denominada “guerra al narcotráfico”. Aunque el primer dato relevante es la opacidad: apenas 15 estados (Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) dijeron disponer de esta información y en la mayoría de los casos estaba limitada a los últimos años. 

Otros, como Baja California o Yucatán, se limitaron a no responder. Algunos, como Quintana Roo o Guanajuato, aseguraron no tener datos mientras que en Tamaulipas, la secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró no ser “competente” para ofrecer información sobre los enfrentamientos de sus agentes y las bajas causadas por estos. Entre los estados que no respondieron están algunos de los que encabezan las estadísticas de homicidios, como Guanajuato o Baja California, y también otros como Tamaulipas donde la presencia del crimen organizado hace habituales los enfrentamientos y cuyos policías han sido señalados por vulneraciones a los derechos humanos. 

De los datos que pudo recabar Animal Político se desprende que entre 2018 y 2021 se registraron 812 enfrentamientos armados en 15 estados de la República, con un saldo de 464 civiles armados muertos y 210 policías. Es decir, que por cada agente fallecido, los uniformados mataron a dos atacantes. Sin embargo, esta cifra no es exacta, ya que hay estados donde la letalidad de los policías es muy elevada, como en el caso de Guerrero, y otros como Sinaloa o Michoacán en los que existe equilibrio entre el número de víctimas provocadas por los atacantes y por los policías. 

Entre Guerrero, Veracruz y Zacatecas acumulan 272 muertes de presuntos atacantes, lo que supone más de la mitad de los estados que ofrecieron sus datos. Esta proporción es más baja si nos referimos a los agentes asesinados: 64 de los 210 registrados murieron en estos tres estados. 

Coahuila y Michoacán son dos estados con alto número de enfrentamientos y civiles y policías muertos. En el caso del territorio fronterizo fueron 51 presuntos atacantes muertos en 21 choques con 8 policías que perdieron la vida. En este caso, las cifras se incrementan mucho por los 23 muertos que se registraron en el municipio de Villa Unión en diciembre de 2019, cuando un grupo de hombres armados atacó la corporación, matando a cuatro policías, y fueron posteriormente abatidos por policías estatales. 

En el caso de Michoacán, las cifras muestran un mayor equilibrio entre las fuerzas estatales y los grupos delictivos. Desde 2018, al menos 34 presuntos agresores fallecieron en 63 choques armados, en los que 26 policías perdieron la vida. En este estado, el enfrentamiento entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus rivales de Cárteles Unidos capitaliza la violencia. Sin embargo, también se han registrado masacres de policías, como la emboscada en la que 14 oficiales fueron asesinados en El Aguaje, municipio de Aguililla, en octubre de 2019

Lee más: Abaten a tres civiles armados en SLP durante enfrentamiento; muere un policía

Más policías muertos que atacantes en Chihuahua

Chihuahua (24 muertos en 14 enfrentamientos desde 2020, con 36 policías fallecidos) marca una excepción. Se trata de uno de los pocos estados en el que sus cifras dicen que murieron más uniformados que atacantes. 

Por detrás aparece Jalisco, con 22 civiles y 11 policías muertos en 44 confrontaciones; San Luis Potosí, con 17 presuntos atacantes y 4 agentes fallecidos en 20 choques; Sonora, con 10 agresores y 14 policías muertos pero sin registro de enfrentamientos y Sinaloa, con 5 civiles y 1 policía muertos en 22 confrontaciones. 

Los estados con menores tasas de civiles muertos en choque con las autoridades son Aguascalientes, donde una persona falleció, por diez policías; y Chiapas, con otro civil y otros dos policías muertos desde 2018. 

La falta de información proporcionada por las secretarías impide realizar un mapeo más claro sobre muertos y enfrentamientos con las corporaciones. Además, las instituciones tienen a reducir el número de muertes causadas por sus elementos. Por ejemplo, el Ejército llegó a asegurar que en 15 años de la denominada “guerra contra el narco”, sus efectivos únicamente habían matado a 43 personas que eran ajenas a choques armados, aunque una revisión realizada por Animal Político mostró que se incluyó como agresores a víctimas de ejecución extrajudicial.

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Por qué acumular grasa corporal nos hace más vulnerables al COVID

El exceso de grasa en el cuerpo provoca problemas de suministro, de distribución y de entrada de aire que nos hacen más propensos a sufrir todo tipo de infecciones respiratorias, entre ellas la covid-19.
19 de enero, 2022
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Seguro que conoces la historia contada en “La ilíada” de Homero. Relata cómo los griegos, después de varios años intentando conquistar Troya, lograron su propósito gracias a un enorme caballo de madera en cuyo interior se ocultaron sus soldados.

Aprovechando la oscuridad de la noche, asaltaron la ciudad desde dentro.

Pues bien, parece que nuestro enemigo el SARS-CoV-2 ha encontrado un caballo de Troya inesperado en nuestro interior que le ayuda en su lucha: nuestra grasa corporal.

Un caballo de Troya para la infección por coronavirus

El SARS-CoV-2 entra en las células del organismo cuando una proteína de su envoltura, la llamada spike o proteína S viral, se une con la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, molécula de la membrana de varios tipos de células humanas.

En el fenotipo obeso, la expresión de estas moléculas de membrana en el tejido adiposo aumenta.

Y eso convierte a la grasa en reservorio ideal del virus tras su entrada en el organismo, permaneciendo en el cuerpo de los pacientes con obesidad durante más tiempo.

Por si fuera poco, en modelos animales de obesidad se ha observado que la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 también aumenta en las células pulmonares.

Eso implica un mayor número de sitios de unión para el virus y favorece la entrada de partículas virales en el epitelio pulmonar.

La intensidad de la infección aumenta, como también la respuesta local en los pulmones, principal lugar en el que se libra la batalla para evitar el desarrollo de la covid-19.

A esto hay que añadirle que las personas con obesidad presentan un estado inflamatorio crónico de bajo grado que activa una respuesta inmune local caracterizada por la movilización de células inmunes productoras de sustancias proinflamatorias.

Esto da lugar a una respuesta inmune deficiente que aumenta la susceptibilidad a las infecciones, entre ellas la producida por el SARS-CoV-2.

Este déficit inmune, junto con la situación previa de inflamación, puede ampliar la conocida tormenta de citoquinas desencadenada tras la infección viral, produciendo un empeoramiento de los síntomas.

Por otro lado, el exceso de grasa abdominal de las personas con obesidad impide el correcto desplazamiento del diafragma durante la respiración, reduciendo la capacidad pulmonar y generando dificultades que predisponen al desarrollo de infecciones respiratorias.

Obesidad

Getty Images

De hecho, no es la primera vez que la obesidad se define como factor de riesgo en las infecciones causadas por virus respiratorios.

En 2009, durante la pandemia causada por el virus influenza H1N1, la obesidad se asoció con un incremento en el riesgo de hospitalización e ingreso en la UCI tras la infección vírica.

Atascos y problemas de abastecimiento

Imaginemos el cuerpo de una persona con obesidad como una ciudad amurallada.

La alta cantidad de tejido adiposo disregulado que contiene hace que, en condiciones normales, la ciudad sufra una obstrucción en las vías de suministro (por hipertensión, aterosclerosis o patologías cardiovasculares).

Pero también dificultades con el suministro y la gestión de los alimentos (resistencia a la insulina y diabetes) y con la entrada de aire (por dificultades respiratorias).

El acceso esta ciudad, ya de por sí debilitada y enferma, sería relativamente fácil para un invasor como el causante de la covid-19, puesto que el tejido adiposo se comportaría como un caballo de Troya.

Es decir, serviría de refugio al nuevo enemigo. Quien, dicho sea de paso, se encontraría con más puertas de entrada en la zona verdes de suministro de aire de la ciudad (el pulmón, en nuestro cuerpo).

El desastre sería absoluto. Sobre todo porque cuando los soldados del ejercito inmune de la ciudad tratasen de expulsar al enemigo, su respuesta deficitaria provocaría aún más daños “urbanos” como consecuencia de la tormenta de citoquinas.

Además, al atacar al caballo de Troya (nuestro tejido adiposo), invadido por el virus, se produciría muerte adipocitaria.

Y las calles de la ciudad se llenarían de residuos (gotas de grasa), que las taponarían y nos predispondrían a desarrollar el síndrome del embolismo graso. Un síndrome que dispara la probabilidad de sufrir un evento trombótico.

Esto generaría aún mayores problemas de circulación de mercancías y distribución de alimentos.

En resumen, el exceso de grasa corporal no hace si no empeorar los síntomas de la infección por SARS-CoV-2 e incrementar el riesgo de hospitalización y muerte.

Ilustración de coronavirus

Getty Images
El coronavirus puede permanecer más tiempo en el cuerpo de los pacientes con obesidad.

Las “ciudades” viejas y de sexo femenino sufren más

Cuando la ciudad afectada por obesidad es de sexo masculino, la distribución del tejido adiposo a nivel visceral es mayor.

Eso provoca un incremento de citoquinas proinflamatorias que conduce a una mayor activación de las células inmunes, lo que hace a los hombres presentar un mayor riesgo de desencadenamiento de la famosa tormenta de citoquinas responsable del empeoramiento y agravamiento de los síntomas de la COVID-19.

Con todo y con eso, parece que el efecto devastador de la enfermedad en el largo plazo es mayor cuando esa ciudad pertenece al sexo femenino.

Ahora que ha pasado tiempo suficiente para ver las secuelas de la enfermedad, se ha podido comprobar que, dentro de los factores de riesgo de síndrome post-covid-19 , tener obesidad y ser mujer predispone a presentar covid persistente.

Siguiendo con el símil, desde el inicio de la pandemia se ha observado que ciudades más envejecidas (mayores de 55 años) tendrían más riesgo de ser totalmente destruidas por la invasión (mayor mortalidad).

Incluso en caso de personas con normopeso. Sin embargo, ya desde el principio de la pandemia observamos que la “ciudad obesa” joven sufría igual los efectos que “ciudades normopeso” de mayor edad.

Todo ello explica la mayor propensión de las personas con obesidad a desarrollar la infección por SARS-CoV-2 con síntomas más graves y necesitar hospitalización, ventilación mecánica y cuidados intensivos.

También explica por qué las personas con obesidad suelen requerir una hospitalización prolongada y tratamientos más intensos: tardan más tiempo en eliminar la presencia del virus.

Más a largo plazo, la presencia de obesidad aumenta el riesgo de desarrollar secuelas crónicas de covid-19.

Visto lo visto, deberíamos reflexionar sobre la necesidad de realizar importantes esfuerzos, tanto a nivel personal como desde todos los estamentos implicados, para implementar todas las medidas que ayuden a paliar la actual epidemia de obesidad.

*Marta Domínguez Álvaro es investigadora postdoctoral en enfermedades crónicas, de la Universidad Camilo José Cela y Silvia Salado Font es directora de la OTRI, Universidad Camilo José Cela. Este artículo se publicó en The Covnersation. Puedes leer la versión original aquí.


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