INE pedirá a Hacienda mil 738 mdp extras para organizar revocación de mandato
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INE pedirá a Hacienda mil 738 mdp extras para organizar revocación de mandato

El consejero Ciro Murayama advirtió que, si la Secretaría de Hacienda rechaza ampliar los recursos que solicite el INE, se corre el riesgo de que se instalen menos casillas de las requeridas.
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12 de enero, 2022
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El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé solicitar a la Secretaría de Hacienda un presupuesto extraordinario de 1 mil 738.94 millones de pesos para estar en posibilidades de organizar y realizar la consulta de revocación de mandato.

El árbitro electoral concluyó que necesita ese monto adicional tras haber efectuado más ajustes y recortes a su propio presupuesto anual, tal como le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 30 de diciembre.

El INE votará la propuesta de solicitud de recursos en una sesión del Consejo General que se llevará a cabo la mañana de este miércoles.

Lee: Menos casillas y capacitadores: INE explora ahorros para organizar revocación de mandato

El Instituto ha señalado que para realizar la consulta revocatoria de mandato requiere de un presupuesto total de 3 mil 830 millones de pesos, que es el monto que solicitó a la Cámara de Diputados en el PEF 2022 y que le fue negado.

En un primer acuerdo para subsanar la falta de dinero, el INE aplicó ajustes y reducciones presupuestales que le permitieron reunir una bolsa de 1 mil 503 millones de pesos.

Luego de que la Sala Superior del TEPJF le ordenó hacer más ajustes a su gasto, el árbitro electoral elaboró un nuevo proyecto –el que se votará este miércoles– en el que propone un ahorro extra de 64.46 millones de pesos de su presupuesto para “servicios generales” (gasto corriente).

“Lo anterior, tomando en cuenta que, al realizarse el trabajo a distancia, se pueden reducir gastos en servicios de energía eléctrica, servicio de agua, servicio telefónico convencional y servicios de arrendamiento de estacionamiento, papelería, consumibles de cómputo derivado de la utilización de la Firma Electrónica Avanzada y servicios de conducción de señales analógicas”, expone el proyecto.

Además, el INE aplicó ajustes al presupuesto relacionado con algunos aspectos de la preparación de la revocación de mandato –impresión de papelería, contratación de personal, insumos sanitarios en casillas, observadores extranjeros, plantas de emergencia, conteo rápido, entre otros–, lo que le permitiría un ahorro de 524 millones de pesos.

“Sin poner en riesgo la realización de la revocación de mandato, se ha buscado llevar a cabo una organización con menos recursos, aunque ello implique que no sea con las mismas características y condiciones de idoneidad como si se tratara un proceso electoral como lo mandata la Ley Federal de Revocación de Mandato, pero sin duda pretende garantizar su continuación hasta el desarrollo de la última de sus etapas, en lo que al INE corresponde constitucional y legalmente”, señala el proyecto.

Así, entre el ahorro inicial de 1 mil 503 millones de pesos, los 64.46 millones adicionales por recortes a su gasto corriente y los 524 millones obtenidos de reducir costos de organización de la consulta revocatoria, el árbitro electoral alcanzó una bolsa de 2 mil 091.46 millones de pesos, cifra que todavía está 1 mil 738.94 millones de pesos por debajo de lo requerido para financiar el proceso.

“Es así como este Instituto, como resultado de un nuevo esfuerzo institucional y ante la insuficiencia presupuestal, incrementó el monto de los recursos para el ejercicio de participación ciudadana reduciendo costos en diversas actividades, manteniendo la realización de la revocación de mandato dentro de los márgenes de riesgo aceptables para garantizar su viabilidad operativa”, dice el proyecto que se votará este miércoles.

“Sin embargo, aun con las adecuaciones presupuestales internas que ha llevado a cabo este Instituto, subsiste una insuficiencia presupuestal para organizar el proceso de revocación de mandato en los términos señalados por la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato, por lo que, en cumplimiento al acuerdo INE/CG1798/2021, tomando en cuenta la responsabilidad que le deriva a los demás entes del Estado que participan en la corresponsabilidad de la organización de la revocación de mandato, resulta indispensable solicitar a la brevedad a la SHCP la cantidad de 1,738.94 millones de pesos, a fin de que dote a este Instituto de los recursos faltantes que se requieren para hacer efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato, en las condiciones que lo ordena la (ley)”.

El consejero Ciro Murayama advirtió que, si la Secretaría de Hacienda rechaza ampliar los recursos que solicite el INE, se corre el riesgo de que se instalen menos casillas de las requeridas.

“El balón va a quedar en la Secretaría de Hacienda. Nosotros queremos instalar 161 mil casillas, que es lo que nos manda la ley, porque en un ejercicio de revocación es importante la participación, y lo dice la Constitución: tiene que participar al menos el 40 por ciento de la población”, dijo en una entrevista para Radio Fórmula.

 

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'Solo sí es sí': en qué consiste la nueva ley de consentimiento sexual en España

La recién aprobada Ley de Libertad Sexual exige un consentimiento claro antes de toda interacción sexual, lo que ha generado críticas de algunos sectores.
27 de agosto, 2022
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Se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como Ley de Libertad Sexual y, sobre todo, como ley de “solo sí es sí”.

Tras más de un año de trámites, fue aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados de España con 205 votos a favor y 141 en contra.

Una vez la firme el rey, se inscribirá en el Boletín Oficial del Estado y previsiblemente entrará en vigor en cuestión de semanas.

La coalición de izquierda que gobierna España asegura que es una de las leyes más vanguardistas del mundo en favor de los derechos de las mujeres.

Sus críticos, sin embargo, creen que vulnera la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

A continuación las claves del “solo sí es sí”.

Su origen: una violación en grupo

La ley tiene sus raíces en el polémico caso de “la manada”.

Así se llamaba el grupo de WhatsApp en el que interactuaban los cinco hombres que violaron a una joven de 18 años en un portal durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en 2016.

José Ángel Prenda de la manada

Getty Images
José Ángel Prenda es quizá el miembro más conocido de “la manada”, cuyo juicio ha sido uno de los más mediáticos de la historia de España.

La justicia española los condenó por abuso sexual al entender que no hubo violencia ni intimidación, pero más tarde rectificó y el Tribunal Supremo acabó elevando las penas de 9 a 15 años de prisión por violación.

El caso generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

El actual gobierno español, declarado abiertamente feminista, comenzó entonces a diseñar la nueva ley, que implica importantes cambios en el tratamiento de los delitos sexuales y la atención a las víctimas.

El consentimiento

“Solo sí es sí” hace referencia al más importante y también el más polémico de los postulados de esta ley: el consentimiento antes de cualquier interacción sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Así, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y se castigarán con diferentes penas en dependencia de las circunstancias y los agravantes del caso.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse ya que, por ejemplo, su pasividad podría estar condicionada por una intimidación ambiental o por la ingesta de alcohol u otras sustancias.

Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como agresión. Reconocemos todas las agresiones como violencias machistas”, declaró a los medios la ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Irene Montero, la ministra de Igualdad de España

Getty Images
Irene Montero, la ministra de Igualdad, es conocida por su defensa del feminismo de izquierda.

Eliminado el abuso

La nueva ley elimina la actual distinción entre abuso y agresión sexual.

Así, toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona será una agresión y se castigará con una pena de prisión de 1 a 4 años.

También se introduce el agravante por sumisión química.

Usar fármacos o drogas para reducir o anular la voluntad de la víctima, algo considerado hasta ahora abuso, pasará a ser agresión.

Asesinatos, acoso callejero y más

En su apartado de asesinatos por violencia sexual, la ley del “solo sí es sí” busca diferenciar el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual de otro tipo de crímenes con muerte.

El “feminicidio sexual” se considerará “la violación más grave de los derechos humanos vinculada a las violencias sexuales, que debe ser visibilizada y a la que se ha de dar una respuesta específica”.

El acoso callejero pasará a ser penado como delito leve y la justicia podrá perseguirlo a petición de la persona que lo sufra.

Hombre acosa a mujer en la calle

Getty Images

Este tipo de actitudes se castigarán con entre 5 y 30 días de localización permanente, trabajos comunitarios durante el mismo periodo o multa.

También se perseguirá la violencia sexual digital, que se refiere a la extorsión sexual a través de las redes o la pornografía no consentida.

El apartado referente a la prohibición de la publicidad pornográfica consiste, por un lado, en vetar los anuncios que muestren una imagen vejatoria o discriminatoria de las mujeres utilizando su cuerpo o partes del mismo, o asociada a comportamientos estereotipados que se consideren ofensivos.

Mujer en una ventana

Getty Images
Imágenes como esta podrían ser censuradas en la publicidad, según la nueva ley.

Esta previsión también servirá para prohibir los anuncios que promocionen la prostitución o que puedan considerarse racistas, homofóbicos o discriminatorios.

Apoyo a las víctimas y educación sexual

Para las víctimas de agresiones sexuales que ganen menos del salario mínimo (14.000 euros anuales en la actualidad) la ley contempla generosas ayudas económicas y prioridad de acceso a vivienda pública.

También prevé establecer en toda España al menos 50 centros de crisis 24 horas en los que las víctimas, familiares y allegados podrán recibir atención psicológica, jurídica y social.

Actualmente existen dos -uno en Madrid y otro en Asturias, en el norte del país- gobierno español ya ha destinado 66 millones de euros (US$65,7 millones) a este proyecto.

Con la nueva Ley de Libertad Sexual la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas, así como en las carreras universitarias vinculadas a la docencia, el ámbito sanitario y el judicial.

Por último, los agresores sexuales también tendrán que recibir educación sexual de forma obligatoria.

Las críticas a la ley

Desde que se iniciaron los trámites hace más de un año, la ley del “solo sí es sí” ha recibido críticas desde la derecha, así como de jueces y parte de la sociedad a través de las redes.

Los 21 magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la justicia española, aprobaron en 2021 por unanimidad un informe que cuestionaba aspectos claves de la ley.

Los jueces consideraron que podría verse en peligro el principio de presunción de inocencia: definir qué es consentimiento -en lugar de qué no lo es- obliga al acusado a demostrar que la víctima le dio el “sí” antes del encuentro sexual.

Esta es la misma preocupación que ha expresado el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que votó en contra en el Congreso.

Mientras, el partido de extrema derecha Vox considera la ley “ideológica y sectaria” y cree que “abre la puerta a utilizar denuncias falsas” para lograr beneficios, como la regularización en caso de inmigrantes ilegales.


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