Un conflicto mercantil que ha durado 8 años y en el que estuvo involucrado Emilio Lozoya, exdirector de Pemex que ha sido procesado por actos de corrupción, podría frustrar los planes de Citigroup de vender el negocio de consumo en México del banco Banamex.
El asunto legal está relacionado con la firma naviera Oceanografía S.A. de C.V., proveedora de Pemex que fue demandada por Banamex el 28 de febrero de 2014 por un presunto fraude masivo de más de 400 millones de dólares.
Debido a que el delito denunciado por el banco no fue probado ante tribunales a lo largo de varios años de litigio, de acuerdo con representantes legales de Oceanografía, la naviera interpuso en México y Estados Unidos una demanda contra Banamex por quebranto económico y daño moral por un monto de 5 mil 200 millones de dólares.
El pasado 20 de enero, un juez federal ordenó al Banco Nacional de México S.A. de C.V. (Banamex) frenar sus planes de vender o transmitir acciones, activos y demás bienes hasta que no se resuelva en definitiva el juicio en el que fue demandado por Oceanografía, o bien, dejar en garantía un depósito por la totalidad de los 5 mil 200 millones de dólares reclamados por la naviera, en caso de que en dicho juicio se falle a favor de la empresa.
El Juez Septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México, Mario Salgado Hernández, también requirió a Oceanografía –la parte demandante— un pago de 260 millones de dólares como garantía por los posibles daños o perjuicios que pudieran ocasionarse a Banamex por las medidas cautelares dictadas.
En un breve comunicado del 21 de enero, Citibanamex sostuvo que la decisión del juez es “infundada” y anunció que promoverá una apelación. También señaló que este asunto no detendrá su proceso de venta del negocio de consumo en México.
La defensa legal de Oceanografía consideró que, en los hechos, ese comunicado de Citi anuncia un desacato de la medida cautelar, por lo que este martes solicitará al juez que dicte providencias precautorias más severas para evitar la venta del banco.
“Vamos a presentar un escrito al tribunal alertándole de la burla de Citigroup a la resolución del juez, para que aumente las medidas y los aperciba incluso de que se generen aspectos penales, no nada más para el banco, sino también para quien lo compre, violentando las medidas del propio juzgado”, dijo el apoderado legal de Oceanografía, Jorge Betancourt, en entrevista con Animal Político.
Este medio solicitó un comentario oficial a Citigroup respecto de los recursos legales promovidos por Oceanografía para frenar sus planes comerciales, pero el área de comunicación dijo que la posición de la institución financiera sigue siendo la que fue difundida en el boletín del 21 de enero.
No obstante, un documento interno obtenido por Animal Político señala que la apuesta de Citi en el corto plazo es que Oceanografía no pueda hacer el depósito en garantía de los 260 millones de dólares requeridos por el juez federal, lo que dejaría sin efecto las medidas cautelares impuestas al banco.
“La medida cautelar aún no es efectiva, porque se requiere que OSA (Oceanografía) garantice US$260 millones a más tardar el próximo lunes 31 de enero para cubrir cualquier daño a Citi relacionado con la medida cautelar. OSA, que está en quiebra, se sabe que no le ha pagado a sus proveedores y empleados, (por lo que) no tiene los activos o el efectivo necesarios para poder depositar esta garantía”, dice el documento interno consultado.
El naufragio
Durante al menos cuatro décadas, Oceanografía, propiedad del empresario Amado Yáñez Osuna, fue proveedora de servicios marítimos para Pemex, un vínculo comercial que prosperó durante las administraciones de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Representantes de Oceanografía sostienen que, antes de su crisis, la compañía facturaba más de mil millones de pesos al mes y estaba en preparativos para volverse pública y cotizar en la Bolsa.
La boyante relación contractual con Pemex se vino abajo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El equipo legal de Oceanografía ha denunciado que Amado Yáñez fue sometido a presiones de funcionarios peñistas para forzar al empresario a ceder el control de su empresa a Emilio Lozoya, quien pretendía adquirir el 90% de las acciones de la naviera a través de una compañía fachada.
Ante la negativa de Yáñez, según las acusaciones, vino la debacle de Oceanografía. Todo comenzó con una inhabilitación impuesta a la empresa por la Secretaría de Función Pública (SFP) del 11 de febrero de 2014. Luego vino una denuncia presentada por Banamex ante la extinta PGR el 28 de febrero, en la que el banco alegó que, de manera fraudulenta, la naviera había accedido a créditos millonarios mediante la presentación de facturas irregulares y contratos de Pemex falsos para respaldar el pago de los préstamos.
Oceanografía fue asegurada por la PGR, dirigida por Jesús Murillo Karam, e intervenida por el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE, hoy Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado). La empresa fue declarada en concurso mercantil, mientras que Amado Yáñez fue procesado judicialmente, con lo que pasó 2 años y 8 meses en prisión (actualmente se encuentra en libertad bajo fianza).
La defensa de Yáñez asegura que la demanda de Banamex, que posibilitó que el gobierno peñista tomara el control de Oceanografía, fue parte de un pacto corrupto entre directivos del banco y funcionarios federales de Pemex, la Secretaría de Hacienda e incluso la PGR.
“Banamex simuló la existencia de papeles internos, porque de los papeles que Oceanografía firmaba no se ha demostrado que hubiera alguno alterado ni falsificado, el 100% de las facturas que se entregaron a Pemex para el pago a favor de Banamex, todas, están pagadas, tan es así que no han demostrado esto ni en el juicio penal ni en el civil. El problema es que Banamex alteró su propia contabilidad y creó documentos falsos para sacar dinero y dejarlo protegido. (…) Nuestra teoría es que Emilio Lozoya quería quedarse con Oceanografía y buscó un aliado, y ese aliado que tuvo fue Banamex”, sostiene en entrevista Jorge Betancourt, apoderado de la naviera.
“Demandamos en 2019 a Banamex y a Citigroup para que nos pagaran daños y perjuicios derivados de todo esto”, prosigue el abogado, “porque me dejaron sin empresa por la intervención (del SAE); me llevaron a concurso mercantil, que hizo que hoy la empresa esté en quiebra y valga cero; se perdieron 14 mil empleos; metieron 2 años 8 meses a la cárcel a Amado Yáñez y al día de hoy sigue sujeto a proceso penal; y no hay una sentencia que diga que hubo fraude y ningún tribunal le ha reconocido la existencia de los supuestos (400 millones de dólares) que se le habían supuestamente defraudado (al banco). No tiene nada Banamex. Entonces, con este juicio nosotros estamos demandando el pago de daños y perjuicios, más el pago de daño moral ocasionado a la empresa y a sus accionistas derivado del negligente y doloso actuar de Banamex”.
Como parte de una investigación interna, en mayo de 2014, Citigroup removió a 11 funcionarios por su presunta responsabilidad en el caso de supuesto fraude de Oceanografía.
El contraataque
En febrero de 2017, la defensa de Oceanografía demandó a Citigroup Inc. —y posteriormente a dos de sus filiales en Estados Unidos y a Banco Nacional de México S.A. de C.V.— ante un Tribunal de Distrito de Nueva York alegando que Citigroup había acusado falsamente el fraude, lo que condujo al aseguramiento de la naviera y al procesamiento de Amado Yáñez.
En 2019, un tribunal federal de Estados Unidos desestimó la demanda. Luego, la defensa de Oceanografía presentó su causa en México, reclamando daños económicos por 5 mil 200 millones de dólares.
La empresa naviera ha señalado que, una vez que el gobierno peñista se hizo con el control de Oceanografía, se tomaron decisiones para rescindir contratos vigentes con Pemex y desincorporar activos de la empresa –especialmente barcos— que fueron entregados a viejos competidores de la misma, con la finalidad de llevar a la compañía a una situación de quiebra para que perdiera su valor.
“Las acciones legales, administrativas, judiciales y penales que se desprendieron (de la denuncia de Banamex), como fueron el aseguramiento de la empresa, la entrada a concurso mercantil, la falta de acceso a la administración, la no disponibilidad de recursos para seguir operando, etcétera, motivadas, apoyadas y ejecutadas por los diversos funcionarios públicos involucrados, principalmente por Emilio Lozoya, le generaron a la empresa daños económicos por la cantidad de 5 mil 200 millones de dólares, morales, de imagen, etcétera”, informó la naviera en un boletín del 21 de enero pasado.
“Se estima el quebranto en Oceanografía de aproximadamente 30 mil millones de pesos, esto solo por las operaciones relacionadas con Banamex, sin considerar los daños sufridos por la falta de operación y cumplimiento con Pemex, así como las responsabilidades de la empresa con sus principales acreedores, principalmente inversionistas extranjeros, armadores y operadores de barcos a nivel internacional; con la consecuente pérdida en la cotización de las acciones en el mercado de valores de dichas empresas, así como el desmantelamiento de la planta laboral de aproximadamente 11 mil empleos directos y la afectación directa a los proveedores y negocios nacionales, regionales y locales con quienes se mantenían operaciones diarias, dañando así a muchas familias”.
