Conafe pagó 128 mdp por materiales que no llegaron a estudiantes pobres
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Conafe pagó 128 mdp a empresas que no entregaron uniformes, materiales y cubrebocas a los estudiantes más pobres

El Consejo hizo pagos millonarios por materiales –como cubrebocas, morrales, útiles y uniformes escolares– a empresas que no fueron localizadas o que no realizaron la entrega completa.
Cuartoscuro
22 de febrero, 2022
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El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que atiende a los estudiantes que viven en las regiones más rezagadas del país, pagó 128 millones de pesos a empresas que ni siquiera fueron localizadas en su domicilio o no entregaron la totalidad de los productos requeridos como uniformes, materiales educativos y cubrebocas durante 2020. 

Estos pagos irregulares representa 30% de los 425 millones de pesos revisados por la  Auditoría Superior de la Federación (ASF) del presupuesto del programa “Educación inicial y básica comunitaria”, que tenía el objetivo de “contribuir a que las niñas, niños y adolescentes de localidades de alta y muy alta marginación o rezago social concluyan cada uno de los niveles de educación inicial y básica comunitaria. Así como garantizar apoyos económicos a las figuras educativas y útiles escolares a los alumnos”. 

Los contratos se entregaron durante la administración de Cuauhtémoc Sánchez Osio, director del Conafe destituido por presuntamente favorecer a compañías con más de 400 millones de pesos en contratos, y acusado penalmente de acoso laboral

Como parte de la tercera entrega del Informe de Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, publicado este domingo, el organismo determinó “un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal” por “no reintegrar a la Tesorería los recursos que fueron registrados como gastados sin la recepción de los bienes contratados con diversos proveedores y recursos falta de aclaración de gasto que suman 128 millones 334 mil pesos”.

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Por ejemplo, se presume un daño al erario por 48 millones de pesos del contrato firmado con la empresa Mujeres Insurgentes por México, S.A. de C.V. el 25 de noviembre de 2020 para la adquisición de uniformes escolares: hasta 280 mil 236 playeras tipo polo para niña y hasta 287 mil 402 piezas de playeras para niño.

La representante legal dijo a la Auditoría que “hasta el momento la empresa no ha recibido recursos públicos federales a la fecha actual, correspondientes al ejercicio fiscal 2020”. Mientras que el almacén central del CONAFE “generó una Nota de Entrada de Almacén sin contar con la remisión correspondiente y sin que hayan ingresado los bienes”. 

Esto significa que el Conafe no adquirió los bienes, pero tampoco “realizó el reintegro a la Tesorería por 48 millones 595 mil pesos que fueron registrados como devengados, sin contar con la evidencia de la recepción de los bienes durante el ejercicio 2020”.

Otro caso más ocurrió en plena pandemia, cuando el Conafe hizo una contratación por 2 millones 800 mil pesos para comprar hasta medio millón de cubrebocas para niños y maestros, que debían ser entregados en un plazo de 48 horas en los estados prioritarios como Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán. 

Mientras que en 72 horas debían recibirlos los estados no prioritarios, como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas; en ambos casos, contadas a partir de la notificación de adjudicación, el 13 de mayo de 2020.

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Aunque en el contrato se estableció la obligación de que el pago se realizaría solo hasta que el Conafe confirmara la recepción en tiempo y forma, “el CONAFE no proporcionó el documento donde conste el visto bueno” de haber recibido los cubrebocas, pero aún así pagó la totalidad del contrato el 22 de mayo de 2020. 

Durante la revisión del gasto, la ASF acudió al domicilio, pero “no fue localizado el proveedor en dicho domicilio fiscal. Posteriormente, se identificó un segundo domicilio fiscal en el cual tampoco se encontró al proveedor”.

La Auditoría tampoco localizó en el domicilio registrado a la empresa Cid & Cid, S.A. de C.V., que debía entregar 696 mil 639 morrales para niños por 7 millones 878 mil pesos. El Conafe sí pagó el monto, aunque no hubiera prueba de la adquisición de los artículos. 

Con la empresa Punto Europeo, S.A. de C.V., el Conafe hizo un contrato el 25 de noviembre de 2020 por 41 millones de pesos para comprar uniformes escolares que consistía en hasta 117 mil 527 faldas de mezclilla para niña y hasta 283 mil 819 piezas de pantalón para niño. 

Sin embargo, “el Conafe no proporcionó las remisiones de la entrega de los uniformes escolares en los almacenes de las Entidades Federativas, ni tampoco realizó el reintegro a la Tesorería por 41 millones 965 mil pesos”, advierte la auditoría. 

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Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. de C.V. debía entregar útiles escolares y material para el aula del Conafe, con fecha límite de entrega del 10 de septiembre de 2020; pero no entregó la totalidad de los solicitado. 

Pese a ello, “el Conafe no informó de las penas convencionales aplicadas al proveedor Grupo Papelero Gutiérrez, ni acreditó haber realizado el reintegro por 6 millones 565 mil pesos a la Tesorería derivado de la diferencia entre los pagos realizados y la documentación comprobatoria proporcionada”. 

Solarimex Desarrollo y Soluciones a Comercios Mexicanos, S.A. de C.V. debía entregar 2 mil 25 paquetes de instrumentos médicos por un costo total de 182 mil pesos, pero tampoco hay evidencia de entrega. 

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El polémico caso de Melissa Lucio, la primera latina que podría ser ejecutada en Texas por la muerte de su hija de dos años

Una nueva revisión de la evidencia podría evitar la ejecución, programada para el 27 de abril.
2 de abril, 2022
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Este 27 de abril, Melissa Lucio podría convertirse en la primera mujer latina en ser ejecutada en el estado de Texas.

En 2008, fue encontrada culpable por un jurado del condado de Cameron del asesinato de su hija de dos años, Mariah Elizabeth Álvarez.

En su momento, el jurado determinó que Melissa había “golpeado y torturado” a su hija hasta la muerte.

Sin embargo, ahora, después de que la mexicana-estadounidense haya pasado 14 años en la cárcel, sus abogados sostienen que una nueva revisión del material probatorio del caso demuestra que Melissa es inocente y que fue presionada para entregar una confesión bajo presión.

Para lograr que la ejecución se suspenda o, por lo menos, se aplace por 120 días más, la defensa de Melissa presentó una solicitud de clemencia ante la junta de perdones y fianzas de Texas.

La solicitud, que cuenta con el apoyo de más de 80 legisladores estatales tanto demócratas como republicanos y de cuatro de los miembros del jurado que sentenció a la mujer en su momento, deberá ser aprobada por la junta de perdones y por el gobernador Greg Abbott.

Los miembros del jurado que firmaron la solicitud de clemencia argumentaron que tenían “serias preocupaciones” de que se les hubiera ocultado información durante el juicio inicial, y aseguraron apoyar una reducción de los cargos.

Una vida “en la pobreza extrema”

Melissa Lucio con dos de sus hijos

Familia Lucio

“Éramos una gran familia y estábamos muy unidos”, le contó a BBC Mundo John Lucio, el hijo mayor de Melissa.

“Desde que ocurrió este accidente ha habido una gran división entre todos nosotros. Simplemente no ha sido lo mismo en estos últimos 15 años”.

En 2007, Melissa llevaba una vida difícil en el condado de Cameron, en Texas, con su esposo de entonces, Robert Antonio Álvarez, y sus 12 hijos.

En conversación con BBC Mundo, Sandra Babcock, una de las abogadas defensoras de Melissa, describió la situación de la familia como de “pobreza extrema”.

“Les cortaban la electricidad, se mudaron unas 26 veces en un periodo de cinco años. Incluso, durante un tiempo, el único acceso que tenían al agua era a través de la manguera de sus vecinos o la de la iglesia,” cuenta Babcock.

“Vivían en un tipo de pobreza que normalmente no se relaciona con personas viviendo en EU”.

“Un accidente”

Melissa Lucio

Familia Lucio

Según las declaraciones de Melissa a la policía, durante una de esas mudanzas, el 15 de febrero de 2007, la niña Mariah se quedó sin supervisión adulta mientras sus padres estaban ocupados.

En ese entonces, la familia vivía en un pequeño apartamento de dos habitaciones en el segundo piso de un edificio localizado en la ciudad de Harlingen.

Melissa explicó durante el interrogatorio que, cuando se dio cuenta que Mariah no estaba en el apartamento, salió a buscarla y la encontró llorando al pie de las escaleras, con algo de sangre en los dientes de abajo.

Sin embargo, al no encontrar otras heridas, Melissa continuó con las tareas del día.

Dos días después, el 17 de febrero, hacia las 7 de la tarde, el papá de la niña llamó al servicio de emergencias 911 porque Mariah no estaba respirando.

La pequeña de dos años se había quedado dormida en la cama de sus papás y nunca volvería a despertar.

El juicio contra Melissa

John Lucio en una manifestación a favor de la liberación de su madre.

John Lucio
John, el hijo mayor de Melissa, está actualmente dedicado a la defensa de su madre.

“Lo que vimos en el momento de su juicio es que hubo un afán de juzgar. Los fiscales y la policía asumieron que Melissa era culpable basándose en su presunción de cómo se ve una madre en duelo”, explicó la profesora Babcock.

“No se reconoció que Melissa estaba experimentando síntomas de su desorden traumático debido a que toda su vida fue víctima de abuso sexual infantil y violencia por parte de sus parejas”.

Momentos después de enterarse de la muerte de su hija, Melissa fue interrogada por cinco agentes de policía durante más de cinco horas, sin permitirle comer, beber o dormir: “La fastidiaron y la regañaron y le gritaron hasta que finalmente accedió a sus demandas y a la insistencia de que era culpable de hacerle daño a su hija”.

“Debió haber una investigación libre, exhaustiva, y eso no fue lo que pasó”, dijo la abogada.

A pesar de la presión de los agentes, durante el interrogatorio Melissa negó en más de 80 ocasiones distintas haber asesinado a su hija. El caso de los fiscales se basó en la confesión de la mujer tras el duro interrogatorio, en el testimonio de uno de los agentes, quien dijo que estaba “seguro” de que era culpable, y en las heridas que tenía el cuerpo de Mariah a la hora de su defunción.

Lo que es distinto hoy, cuenta la abogada, es que por primera vez desde que Melissa fue sentenciada, hubo una revisión científica de la evidencia: “Lo que hemos encontrado es que no hay fundamentos científicos para su condena”.

La revisión de la evidencia

Volante a favor de la liberación de Melissa Lucio.

freemelissalucio.org
El caso de Melissa Lucio fue objeto del documental de 2020 ‘El estado de Texas vs. Melissa’.

Lo que ha hecho la defensa de Melissa durante el proceso de apelación ha sido someter la evidencia del caso, que según argumenta Babcock no fue tenida en cuenta durante el juicio inicial, a una nueva revisión por parte de un grupo interdisciplinario de reconocidos expertos.

Y durante ese análisis, los expertos llegaron a conclusiones que dan una nueva lectura a los hechos.

Por ejemplo, para el reconocido patólogo forense Thomas Young, las heridas que presentaba el cuerpo de Mariah eran consistentes con una caída como la que Melissa le describió a los agentes de policía en su momento, debido a que la niña padecía de un raro trastorno de coagulación.

En la petición de clemencia, la defensa de Melissa también criticó fuertemente la metodología utilizada por la especialista forense Norma Jean Farley, quien durante el juicio testificó que la única causa posible del fallecimiento de Mariah era el abuso.

“La doctora Farley falló al no considerar la historia médica previa de Mariah, la cual incluía dificultad para caminar y caídas documentadas (causadas por un trastorno), al igual que una herida traumática cerebral anterior; información sobre el comportamiento de Mariah días antes de morir, incluyendo exceso de sueño y una pérdida de apetito, los cuales eran consistentes con trauma a la cabeza luego de una caída accidental”, argumentó la defensa en la solicitud.

Según el documento, la doctora Farley también falló al no tener en cuenta el trastorno de coagulación de Mariah durante sus testimonios.

BBC Mundo intentó comunicarse con la oficina de la doctora Farley sin éxito.

Según la defensa de Melissa, durante el juicio tampoco se llamó a testificar al psicólogo clínico John Pinkerman, quien revisó los videos de más de cinco horas del interrogatorio de la mujer y concluyó en ese momento que las características psicológicas de Melissa la hacían proclive a aceptar la culpa debido al estrés de la situación.

Y para Pinkerman, cuando Melissa admitió a los investigadores “ser responsable” a escasas horas de la muerte de su hija, parecía estar asumiendo responsabilidad por “la configuración entera del abuso y la negligencia médica por parte de la familia”, mas no por haber golpeado a su hija hasta la muerte.

Lo que salió mal

John Lucio

John Lucio

Babcock le dijo a BBC Mundo que el juicio de Melissa había tenido una infinidad de errores que se pudieron evitar.

“Melissa tenía un abogado nombrado por la corte porque ella no podía pagar su propia defensa y su abogado no estaba preparado”, aseguró la abogada.

“El jurado nunca vio la evidencia exculpatoria, en parte porque el abogado nunca sometió el caso de la fiscalía a una examinación profunda, y porque los fiscales mismos fueron perezosos y corruptos”.

La acusación de corrupción, argumentó la abogada, se refiere al hecho de que el fiscal encargado de la investigación fue sentenciado a 13 años de prisión por su responsabilidad en un esquema de sobornos en el sistema judicial de Texas. Sin embargo, esa condena no estuvo relacionada con el caso de Melissa.

“Yo creo que una de las razones por las cuales tantas personas están ofendidas es porque empiezas a pelar las capas y te das cuenta que es un caso de incompetencia de la defensa, es un caso de fiscales corruptos, es un caso de injusticias”, aseguró Babcock.

La desintegración de su familia

Melissa Lucio con su hijo John

John Lucio

En el momento del arresto de su madre, John tenía 17 años.

“Cuando todo esto ocurrió nuestra familia se dividió. Una prima de mi madre recibió la custodia de mis hermanos pequeños, algo que fue bueno porque cuando se graduaron del colegio, les fue muy bien en San Antonio, Texas”, cuenta John.

“Los grandes, que estábamos cerca a la mayoría de edad, fuimos los que perdimos. Ser el hijo mayor fue muy difícil, no solo por la responsabilidad sino porque quisiera volver a ver a nuestra familia junta”.

A sus 32 años de edad, John cuenta que lleva algo más de un año fuera de prisión, y que durante un tiempo, intentó organizar su vida: regresó a la escuela, empezó a correr maratones y triatlones.

“Pero cuando el 16 de enero recibí la fecha de la ejecución de mi madre, todo empezó a salir mal para mí. Todo se convirtió en ‘¿qué puedo hacer por mi madre?'”.

“Fue muy duro. No me podía concentrar. No he estado corriendo, no he estado entrenando, no he estado cumpliendo ninguno de los objetivos que tenía para este año. Y para volver a la escuela, voy a tener que ver cómo terminan las cosas con mi madre”.

John ha organizado varios plantones buscando que su madre sea liberada y dice que continuará luchando hasta el último momento.

“Yo no estoy aquí para estar gritando. Yo solo estoy aquí para hacer lo que pueda por mi madre. No quisiera tener que hacerlo, enfrentarme a esto, pero esto no solo me ha afectado a mí, sino a mis hermanos también”.


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