Corridas de toros: la CDMX discute abolir una tradición de 500 años
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Corridas de toros: Congreso de la CDMX discute abolir una tradición de 500 años

En México solamente cuatro estados mexicanos prohíben las corridas: Sonora, Coahuila, Guerrero y Quintana Roo. Otros siete las protegen como patrimonio cultural.
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Por AFP
21 de febrero, 2022
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Después de cinco siglos, las corridas de toros podrían quedar desterradas de la Ciudad de México por una iniciativa parlamentaria que confronta las tesis del maltrato animal y el derecho de las minorías.

Aunque el debate no es nuevo en la ciudad –que alberga la plaza de toros más grande del mundo, para 50 mil espectadores–, es la primera vez que el Congreso local vota a favor de prohibir la fiesta brava.

Solo falta una votación en el pleno, sin fecha establecida, tras el aval en diciembre pasado de la Comisión de Bienestar Animal, que al mismo tiempo abrió un diálogo con los afectados.

Equiparando su causa con la de la comunidad LGBTI o por la despenalización del aborto, los taurinos afirman que se vive una “época de respeto a las minorías” y al “libre pensamiento”.

“¿Dónde cabe la palabra prohibir?”, dice a la AFP Rafael Cué, cronista y miembro de Tauromaquia Mexicana, que reúne a aficionados, criadores, matadores y empresarios taurinos.

Lee más: Diputados discutirán con gremio taurino antes de prohibir corridas de toros en CDMX

La CDMX es también un baluarte progresista, pionera en cuestiones como el matrimonio igualitario o el aborto legal, además del reconocimiento de los animales como sujetos de derecho y trato digno, según la constitución local de 2017.

Tauromaquia Mexicana cuestiona si “poderes públicos” pueden imponer “opciones morales de un grupo de la sociedad al resto de los ciudadanos”.

“Se podría, de esta forma, prohibir la interrupción legal del embarazo o del matrimonio igualitario”, alegó en un comunicado.

Proponen que las iniciativas que buscan abolir los espectáculos donde los animales reciben maltratos hasta morir sean debatidos desde una perspectiva de “libertades” y no de “gustos, modas o lo políticamente correcto”.

Los toros son animales, no cosas

Para el diputado izquierdista Jorge Gaviño, promotor de esas leyes en el Congreso local, el argumento taurino asume que “los animales son cosas” e ignora conceptos como el “derecho difuso”, donde actos como el maltrato en un espacio público impactan a una comunidad.

“A mí me afecta de manera indirecta cuando matan y lesionan a un animal ‘sintiente’ en una plaza pública para diversión. Está afectando mi convivencia en sociedad, entonces tengo la obligación y el derecho de actuar en contra de este supuesto derecho de un tercero minoritario”, apunta Gaviño.

Parte del cartel de la temporada capitalina que finalizó el domingo, Juan Pedro Llaguno, torero mexicano de 22 años y nieto de criadores, relata que “muchísimas veces” ha matado animales que conoce desde que nacen, algo que define como “una sensación divina”.

“Tener el privilegio de poderlo torear es lo más bonito que hay porque lo conozco desde chiquito y por fin puedo llegar al ruedo con él a crear algo inolvidable, algo inexplicable”, comenta a la AFP.

Llaguno subraya que el toro bravo “nace para ser lidiado” y morir en la plaza. “Es la forma de despedirse de la vida dignamente, con el público reconociendo su bravura”.

Cuatro estados mexicanos prohíben las corridas: Sonora, Coahuila, Guerrero y Quintana Roo. Otros siete las protegen como patrimonio cultural.

Te contamos: Congreso de Quintana Roo prohíbe las corridas de toros y las peleas de gallos

Debate Regional

Pero Gaviño, del partido PRD, asegura que “científicamente se puede comprobar” que el animal sufre durante la lidia.

En su defensa, los taurinos también reivindican el valor económico de la industria de bovinos de espectáculo en México: en 2018 movió 343 millones de dólares, creando unos 80 mil empleos directos y 146 mil indirectos, según datos del sector corroborados por la Secretaría de Agricultura.

Gran parte de este derrame se produce en la capital, si bien 80% de los festejos ocurren en pueblos del resto del país, señala Cué.

Aunque abierto a buscar alternativas para quienes dependen de los toros, Gaviño considera inadmisible que “situaciones económicas” trunquen la prohibición.

Para que entiendas mejor: Congreso de CDMX aprueba en comisión prohibición de corridas de toros

El debate sobre las corridas se extiende a países de la región como Venezuela, de larga tradición taurina. Jueces prohibieron festejos en dos estados en diciembre y enero, mientras el fiscal general, Tarek William Saab, tilda estos eventos de “matanzas públicas”.

También cursa un proyecto de ley que prohibiría espectáculos con maltrato animal.

En junio de 2020, Bogotá decidió prohibir el maltrato y muerte del toro en las corridas. En contraste, el máximo tribunal de Perú rechazó ese mismo año abolirlas.

Los otros países donde están permitidas son España, Francia, Portugal y Ecuador, aunque en este último varias ciudades, incluida Quito, proscribieron en 2011 la muerte del toro en el ruedo.

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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