Corte invalida concesiones a empresa canadiense que proyecta una mina en Puebla
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Corte invalida concesiones a empresa canadiense que proyecta una mina en comunidad de Puebla con sequías

La Primera Sala de la Suprema Corte decidió por unanimidad conceder el amparo al ejido de Tecoltemi respecto a las dos concesiones mineras de Almaden Minerals y ordenó que éstas queden sin efectos.
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17 de febrero, 2022
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ayer miércoles dejar sin validez dos concesiones mineras otorgadas a Almaden Minerals, minera canadiense que proyecta abrir una mina de oro y plata a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán, en la sierra norte de Puebla.

Animal Político publicó en agosto de 2020 una investigación que documentó que este proyecto minero requerirá más de 5 millones de litros de agua diarios en una comunidad indígena que padece sequías severas, y que, por tal motivo, ciudadanos de las comunidades aledañas al proyecto, como el ejido de Tecoltemi, habían interpuesto amparos contra la concesión a esta compañía canadiense y contra la misma Ley Minera.

Pues bien, ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte decidió ayer por unanimidad conceder el amparo al ejido de Tecoltemi respecto a las dos concesiones mineras a Almaden Minerals y ordenó que éstas queden, por el momento, “insubsistentes”; es decir, que queden sin efectos.

La razón por la que el máximo tribunal en México tomó esta decisión es debido a que consideró que las autorizaciones que dio el Gobierno federal en 2003 y 2009 a esta empresa canadiense se realizaron sin antes hacer una consulta indígena a las comunidades de Ixtacamaxtitlán, tal y como obliga la Constitución mexicana, y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado por México.

Lee: Semarnat rechaza proyecto minero de empresa canadiense en comunidad de Puebla con sequías

Las organizaciones civiles que acompañan a las comunidades opositoras al proyecto minero, como Fundar, Poder, y el Consejo Tiyat Tlali, celebraron la decisión de la Suprema Corte, la cual calificaron como un “un logro” histórico.

“Resulta de suma relevancia para Tecoltemi y para otras comunidades de Ixtacamaxtitlán y del resto del país, siendo esta la primera que la Suprema Corte reconoce la violación al derecho a la consulta y al consentimiento tratándose de concesiones mineras, y que ordena su cancelación como consecuencia de dicha violación”, apuntaron en un comunicado conjunto.

“Proyecto de sentencia no es definitivo”: Minera

No obstante, la minera canadiense Almaden Minerals respondió en otro comunicado este jueves que la decisión de la Suprema Corte no es definitiva, ni significa que las concesiones no puedan reactivarse una vez que la Secretaría de Economía, que es la que expide la concesiones mineras, cumpla con la obligación de hacer las consultas indígenas.

Además, Almaden Minerals señaló que la decisión anunciada ayer por la Corte es parte aún de un “proyecto de sentencia” que no es definitivo.

“La Suprema Corte aún debe realizar el engrose de la sentencia definitiva, lo cual puede implicar modificaciones al proyecto de sentencia descrito”, recalcó la minera, que consideró que ese engrose definitivo del proyecto de sentencia todavía puede durar entre uno y dos meses.

“Minera Gorrión revisará la sentencia definitiva cuando le sea notificada e interactuará con distintos departamentos gubernamentales y con representantes de las comunidades locales para tener un mejor entendimiento acerca de sus posibles alcances sobre sus títulos de concesión minera. Todo ello previo a determinar los siguientes pasos a dar”, informó Almaden Minerals, que también precisó que, hasta el momento, no hay plazos establecidos para el proceso de consulta que deberá realizar la Secretaría de Economía con las comunidades indígenas de Ixtacamaxtiltán.

Por otra parte, además de la discusión sobre el amparo interpuesto por la comunidad de Tecoltemi, la Suprema Corte se pronunció acerca de la posible inconstitucionalidad de la Ley Minera de 1992.

La comunidad indígena de Tecoltemi también se amparó para reclamar la inconstitucionalidad de cuatro artículos de dicha Ley, entre estos el que hace referencia a que la actividad minera es “preferente sobre cualquier otro uso del terreno”, pues consideran que este artículo favorece las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en favor de las grandes empresas mineras.

Lee: Empresa canadiense prevé ganar 6 mil mdp con mina en comunidad pobre de Puebla

Sin embargo, la Corte resolvió que dicha Ley no es inconstitucional, y rechazó la queja de la comunidad indígena de Tecoltemi.

“Lamentamos que la Suprema Corte haya perdido la oportunidad de analizar a fondo una ley que, al dar preferencia a las actividades mineras, viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, así como el derecho a la propiedad de los ejidos”, lamentaron Fundar, Poder y el Consejo Tiyat Tlali en el ya mencionado comunicado conjunto, que puedes leer íntegro aquí.

Un proyecto minero polémico

En una investigación publicada el pasado 31 de agosto de 2020, Animal Político documentó que la minera Almaden Minerals proyecta abrir una mina de oro y plata que consumirá más de 5 millones de litros de agua diarios en Ixtacamaxtilán, comunidad indígena de la sierra norte de Puebla que padece periodos de sequías severas.

Para conseguir tal cantidad de agua,  equivalente a llenar 730 albercas olímpicas al año durante más de una década, la compañía prometió que utilizará la lluvia que caiga del cielo.

Sin embargo, hidrólogos, ambientalistas y organizaciones civiles, advirtieron que, en una región con sequías, no hay certeza de que lloverá suficiente para garantizar el abasto de la mina y a las comunidades de Ixtacamaxtitlán, municipio de la sierra norte de Puebla donde habitan más de 24 mil personas. Por lo que acusaron a la empresa canadiense de que, en realidad, tomará el agua faltante del río Tecolutla y de sus afluentes, como el río Apulco, que fluye a escasos dos kilómetros de la mina.

Además, para la extracción de oro y plata, Almaden Minerals usará explosivos y químicos como el cianuro, y generará toneladas de residuos. Y esto, advirtieron los especialistas, detonará también el riesgo de que esos residuos se filtren y contaminen el río Apulco, afectando no solo a las comunidades cercanas a la mina, sino también a las más de 395 mil personas que viven en 13 municipios poblanos por los que pasa el río en dirección a la costa de Veracruz, hasta llegar al Golfo de México.

Organizaciones civiles como Poder, Fundar, y el Centro de Estudios de Desarrollo Rural, denunciaron que, durante la primera fase de exploración del terreno, la minera ya provocó daños en manantiales naturales afectando a agricultores que viven del agua para subsistir.

Almaden Minerals respondió que, a pesar de las sequías, la mina se abastecerá de la lluvia que almacenará en dos presas que construirá, y que incluso donará a las comunidades el agua que sobre del proyecto, de acuerdo con lo publicado en su Manifestación de Impacto Ambiental. 

También subrayó en el reportaje publicado por este medio a finales de agosto que no succionará agua de río alguno y que no abrirá pozos. Aunque en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto introdujo un matiz que los ambientalistas y académicos denunciaron que es “la puerta de entrada” a utilizar agua del río: la minera admitió que, además de la lluvia, se abastecerá “de flujos de agua subterránea”, aunque recalcó que es agua que ya está acumulada en el lugar donde perforarán la mina.

En cuanto a las afectaciones ambientales, Almaden Minerals respondió que almacenará los residuos en depósitos secos y filtrados, es decir, ya depurados de ácidos, para “reducir” la huella de contaminación.

La población de Ixtacamaxtitlán, por su parte, está dividida.

Por un lado, hay ciudadanos que están a favor de la minera, que prometió que dará empleo a 600 personas en comunidades pobres, y que para el final de los 11 años de vida del proyecto dejará en las arcas de Puebla y del municipio más de 2 mil millones de pesos por el pago de impuestos.

Y, por otro lado, están los que rechazan la mina por sus implicaciones ambientales en una zona marcada por la sequía, y quienes denuncian que la minera canadiense no hizo una consulta a los pueblos indígenas. Este grupo, además, critica que detrás de las acciones altruistas que presume la minera canadiense en la zona del proyecto, como como equipar escuelas, o donar sillas de ruedas, se esconden jugosas ganancias para sus arcas: más de 6 mil millones de pesos netos por la venta de toneladas de oro y plata.

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El inicio del “paro armado” del Clan del Golfo en Colombia deja decenas de actos violentos

La organización criminal tomó represalias luego de la extradición de Otoniel quien fue su principal líder.
7 de mayo, 2022
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El primer día de “paro armado” del Clan del Golfo en Colombia dejo decenas de actos violentos.

Después de la extradición esta semana a Estados Unidos de alias Otoniel, la organización criminal que el líder narco dirigió, el Clan del Golfo, tomó represalias e inició un “paro armado” que durará cuatro días.

En el primer día ya se reportaron en diferentes carreteras del norte del país, alrededor de 100 vehículos incinerados entre camiones, buses, automóviles y motocicletas, según informó el gobierno.

La prensa local, por su parte, compartió imágenes de municipios que amanecieron con grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como también se conoce a la organización criminal.

Durante los ataques conocidos como “paros armados”, los grupos criminales bloquean vías, restringen la libre movilidad y envían mensajes amenazantes que obligan el cierre de establecimientos comerciales y la suspensión de clases en colegios y universidades.

En respuesta a los hechos, el ministro del interior, Diego Molano, asistió a consejos de seguridad regionales en las zonas más afectadas.

Molano reveló que Wilver Giraldo, alias ‘Sipoas’, y Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo”, asumieron el liderazgo del grupo criminal después de la captura de Otoniel en 2021.

Molano anunció, también, que han aumentado la recompensa por cada uno de los cabecillas

El Clan del Golfo -también llamado Autodefensas Gaitanistas, Los urabeños o Clan Úsuga- es una de las principales organizaciones criminales de Colombia. De acuerdo con un reporte de la Policía Nacional y la Fundación Paz y Reconciliación, tiene presencia en 211 de los 1.103 municipios que hay en el país.

Su principal líder ha sido Otoniel, quien luego de ser extraditado a EE.UU. esta semana se declaró no culpable ante un fiscal federal en Nueva York, renunció a solicitar libertad bajo fianza y espera enfrentar un juicio con jurado.


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