El Insabi no acreditó cobertura de medicinas para estados
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El Insabi no acreditó la cobertura de medicinas para los estados, advierte la ASF

En su informe sobre la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación señala que el Insabi tampoco generó la información debida sobre las personas atendidas por los servicios de salud.
Cuartoscuro
21 de febrero, 2022
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El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no acreditó en 2020 la cobertura total de la demanda de medicinas en los estados, no generó información sobre los establecimientos de salud a los que les fueron otorgados recursos, ni tampoco registró información relacionada con las personas atendidas. 

Así lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercer informe de resultados sobre la Cuenta Pública 2020, en la auditoría de desempeño al programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para personas sin seguridad social laboral, que maneja el Insabi. 

El monto ejercido en total en 2020 por este programa fue de 105 mil 278.9 millones de pesos, de los que el 99.6% (104 mil 819.3 millones) fue erogado por el Insabi, y el 0.4% (459.6 millones de pesos), por la Secretaría de Salud.

A subsidios a la prestación de servicios públicos se fueron 46 mil 753.4 millones de pesos; a aportaciones a fideicomisos, 46 mil 205.7 millones; a medicinas y productos farmacéuticos, 5 mil 311.4 millones, y a materiales, accesorios y suministros médicos, mil 372.1 millones. 

La ASF analizó dos vertientes de este programa: la de Prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social y la de Fortalecimiento del acceso efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación.

Para operar el programa completo, en 2020, el Insabi formalizó 65 instrumentos: 32 acuerdos de coordinación suscritos con la Secretaría de Salud y las entidades federativas para la vertiente de prestación gratuita de servicios de salud; 32 convenios de colaboración con las entidades federativas para fortalecer el acceso efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social en condiciones de marginación, y un convenio de colaboración suscrito con el IMSS-Bienestar.

En los 65 instrumentos formalizados, no generó la información sobre los establecimientos de salud a los que les fueron otorgados los recursos, ni registró información relacionada con las personas atendidas.

De hecho, este programa no cubre a toda la población a la que debería llegar. En el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, se estableció la meta para 2020 de llegar al 12% de población con alguna barrera para acceder a servicios de salud y medicamentos (geográfica, económica, cultural, etcétera), cuando en realidad la Secretaría de Salud informó que 28.3% de la población presentó alguna barrera para acceder a esto en ese año.

Y en cuanto a la población que se supone que sí atiende, al cierre de 2020, el Insabi no había definido el mecanismo para que las entidades federativas —a las que les canalizó en subsidios más de 46 mil millones de pesos— llevaran el registro de los pacientes atendidos en sus unidades hospitalarias. 

Lee: La ASF ve anomalías por 2 mil 745.8 mdp en atención a la pandemia

En relación con la adquisición de medicinas, productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos, se ejercieron 6 mil 683.5 millones de pesos en 2020, sin que se haya acreditado la cobertura total de la demanda de las entidades federativas, y es que el Insabi no implementó mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación para verificar que los estados administraran y supervisaran el ejercicio de los recursos transferidos.

Los recursos ejercidos en subsidios a los estados, de manera líquida y en especie, en 2020 ascendieron a 53 mil 418.91 millones de pesos, monto que representó 95.7% de los subsidios transferidos en 2019 mediante el Seguro Popular. 

Respecto de la cobertura en la vertiente de prestación de servicios de salud a la población en condiciones de marginación, el Insabi tampoco generó la información sobre los establecimientos de salud a los que les fueron otorgados los recursos, ni registró información relacionada con las personas atendidas.

En esta vertiente, el Insabi ejerció 5 mil 35.8 millones de pesos, de los que 27.6% (mil 440.0 millones de pesos) se destinó como subsidio para el IMSS-Bienestar, y 72.4% (3 mil 595.1 millones de pesos), a subsidios a entidades federativas, sin acreditar que la distribución se realizara con base en el número de familias beneficiadas por el extinto programa Prospera, o bien, a partir de una cantidad por familia incorporada a dicho programa.

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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