Eliminan documento con el que CDMX defendió la entrega de ivermectina
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Eliminan artículo con el que CDMX defendió entrega de ivermectina; es poco ético y autoritario: gobierno capitalino

Según confirmó la Secretaría de Salud capitalina, al menos hasta septiembre de 2021 se siguió entregando ivermectina a pacientes con COVID-19.
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4 de febrero, 2022
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Este viernes 4 de febrero, el sitio SocArXiv decidió retirar de su sitio el artículo, “La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por Covid-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México” a través del cual el Gobierno de la Ciudad de México defendió la entrega de ivermectina a pacientes enfermos de COVID-19.

Se trata de una acción sin precedentes porque el sitio —que ya se había pronunciado sobre lo engañoso del análisis— dijo que no contaban con una política para retirar documentos.

En un texto firmado por Philip N. Cohen, director de SocArXiv, se explica que este artículo es potencialmente más dañino que otros que el sitio haya alojado.

“A la luz de los daños demostrables como los asociados con este documento, y en respuesta a una oleada comunitaria que nos suplica que actuemos, retiramos este documento”, señala el también fundador de SocArXiv.

La decisión de retirar el análisis “cuasi experimental” que firmaron José Merino, Eduardo Clark, Lila Petersen y Saúl Caballero de la Agencia de Innovación Pública (ADIP); Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México y  Víctor Hugo Borja, actual titular de la Unidad de Educación e Investigación del IMSS, se debió a cuatro consideraciones que hizo el sitio:

  1. Está difundiendo información errónea, promoviendo un tratamiento médico no probado en medio de una pandemia mundial.

 

  1. El artículo forma parte de un programa gubernamental que dispensa (o dispensaba) medicamentos no probados de manera poco ética, aparentemente sin el debido consentimiento o las protecciones éticas apropiadas de acuerdo con los estándares de investigación en seres humanos, y lo justifica.

 

  1. El documento es una investigación médica que pretende estudiar los efectos de un medicamento en el resultado de una enfermedad, y no está propiamente dentro del alcance del tema de SocArXiv.

 

  1. Los autores no revelaron adecuadamente sus conflictos de interés.

 

Este martes 2 de febrero, Animal Político dio a conocer que el Gobierno capitalino había gastado 29 millones de pesos en la compra de medicamentos no aprobados ni autorizados para el tratamiento de COVID-19 como azitromicina,  ivermectina y ácido acetilsalicílico. Fármacos no recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y prohibidos por más de 30 países.

También se dio a conocer que el artículo con el que el Gobierno de Claudia Sheinbaum justificaba la entrega de ivermectina en kits médicos había sido desacreditado por el propio sitio SocArXiv que lo había alojado en su página. El 8 de diciembre de 2021, Philip N. Cohen, director del sitio, escribió una carta aclaratoria en la que definió al documento como de muy mala calidad y engañoso.

Tras la publicación, el profesor de sociología de la Universidad de California, Juan Pablo Pardo-Guerra, escribió un hilo en Twitter en el que pidió a SocArXiv que eliminara el artículo y que se les prohibiera a los autores que pudieran publicar en la plataforma.

Esto llevó al director de SocArXiv  Philip N. Cohen, a presentar el tema al Comité Directivo para contar con una mayor discusión.

“No soy un investigador médico, aunque soy un científico social razonablemente bien versado en investigación de salud pública. No proporcionaré una revisión académica de la investigación sobre la ivermectina. Sin embargo, está claro, del registro de declaraciones autorizadas de agencias de salud pública nacionales y mundiales que, en la actualidad, la ivermectina no debe usarse como tratamiento o preventivo para COVID-19 fuera de estudios clínicos cuidadosamente controlados, lo que claramente no fue así”.

Entre las declaraciones con las cuales fundamentaron su decisión de retirar eL artículo están las comunicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos; Institutos Nacionales de Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

“A la luz de esta revisión, un programa para distribuir públicamente ivermectina a personas infectadas con COVID-19, fuera de un estudio controlado, parece poco ético. El documento es parte de dicho programa, y actualmente sirve como parte de su justificación”, subraya Philip N. Cohen.

“Para resumir, no hay pruebas suficientes de que la ivermectina sea eficaz para tratar la COVID-19; el estudio tiene un valor científico mínimo en el mejor de los casos; el paper es parte de un programa poco ético del gobierno de la Ciudad de México para dispensar cientos de miles de dosis de un medicamento inapropiado a personas enfermas de COVID-19, que posiblemente continúa hasta el presente; los autores del artículo lo han promovido como evidencia de que su intervención médica es efectiva”.

Según confirmó la Secretaría de Salud capitalina, al menos hasta septiembre de 2021 se siguió entregando ivermectina a pacientes con COVID-19.

“Esta es la primera vez que usamos nuestra prerrogativa como administradores de servicios para retirar un paper de SocArXiv. Aunque rechazamos muchos documentos, de acuerdo con nuestra política de moderación, no tenemos una política para retirar documentos de manera unilateral después de que se hayan publicado. No queremos hacer política en torno a un solo caso, pero sí queremos responder a esta situación”, agregan.

“Estamos retirando el documento y reemplazándolo con una ‘lápida’ que incluye los metadatos del documento. Hacemos esto para evitar que el paper cause daños adicionales y tomamos este incidente como un impulso para desarrollar una política más integral para situaciones futuras. Los metadatos servirán como referencia para las personas que siguen las citas del artículo en nuestro sitio”.

Ante la petición de prohibirles a los autores volver a publicar algo, el sitio informó que dejaban de lado este requerimiento que aplican solo a personas que violan repetidamente las reglas.

“Poco ético y autoritario”: reclama gobierno de CDMX

El director de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino —principal autor del documento— divulgó una carta en su cuenta de Twitter en la que, con los otros autores, se dicen “profundamente preocupados” por la eliminación del documento, acción que consideraron “una indulgencia en insinuaciones políticas en lugar de un examen en evidencia científica”.

“Su decisión de retirar el documento se basa en argumentos erróneos, falta de comprensión y varias declaraciones falsas”, se expone en la respuesta.

Defienden que el estudio fue observacional y lo que hicieron fue una evaluación de la política de distribuir ivermectina y supervisión médica remota. No es un ensayo clínico, subraya.

“Como estudio observacional, por supuesto que hay espacio para sesgos en la estimación, tanto de factores de confusión observados como no observados. En cuanto a la primera, utilizamos el sexo, la edad, los síntomas y las comorbilidades; sin embargo, la principal preocupación estaba relacionada con las diferencias de período entre los grupos comparados y las tasas de hospitalización entre períodos. Informamos esto en el documento e intentamos corregirlo en algunas especificaciones del modelo”, exponen los autores.

Reprochan que la decisión de eliminar el artículo del sitio web se haya basado en un hilo de Twitter del profesor Juan Pablo Pardo-Guerra.

“Si lo hubieras leído con más atención, habrías descubierto que cuando el replicó nuestro código, logró exactamente los mismos resultados (tanto para un trabajo ‘engañoso’), y cuando re-especificó nuestro modelo (que pretende corregir por las diferencias de periodos)”, sostienen.

“Por lo tanto, no tienes ningún sustento metodológico para la decisión a la que has llegado (de eliminar el documento)”.

Incluso, en la carta firmada por los autores,ccon excepción de Saúl Caballero, quien firma el artículo pero no la carta, cuestionan otras motivaciones del director de SocArXiv para eliminar su trabajo.

“Nos parece extremadamente poco ético, colonialista y autoritario que en ausencia de un argumento serio, cierres una obra por motivaciones políticas debido a las divisiones actuales en tu propio país”, se lee en la carta que envía Peña Merino.

También le cuestiona a Philip N. Cohen qué hará con los 148 estudios, 97 artículos revisados por pares, 78 con resultados que comparan grupos de tratamiento y control y en apoyo del uso de ivermectina desde que se realizó el de ellos.

Así como los dichos de Tasuku Honjo, ganador del Premio Nobel de Medicina 2018, para el uso y la evaluación científica adecuada de la ivermectina, ademas de los ensayos clínicos sobre los efectos de la ivermectina en COVID-19 que se están realizando actualmente en la Universidad de Oxford, la Universidad de Duke y la Universidad de Kitasato / Kowa Pharmaceuticals.

Ya en la parte final del texto adjuntan sus datos y el repositorio donde se encuentra el código que replica el estudio. Una liga distinta a la que se entregó cuando se publicó el artículo y que se pudo confirmar que ya no estaba disponible.

Insistieron que al momento de la implementación de esta política pública, que comenzó el 28 de diciembre de 2020 y concluyó en septiembre de 2021, se estaba construyendo evidencia sobre el uso de ivermectina para tratar COVID-19 con resultados positivos de Perú e India.

“Debería tener vergüenza y presentar su renuncia a su cargo en SocArXiv. Su comportamiento en este caso ha sido profundamente poco científico y poco ético, y contrario al compromiso de generar evidencia asociado con su publicación”, concluye la carta firmada por Peña Merino, Victor Hugo Borja, Oliva López Arellano, Jorge Alfredo Ochoa, Eduardo Clark y Lila Patersen.

Minutos después de que Peña Merino subiera la carta en su cuenta de Twitter, el director del sitio SocArXiv la retomó en sus redes sociales.

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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