El 8 de marzo de 2020, María Ávila, investigadora de la UNAM, publicó en su cuenta Twitter el relato del acoso sexual del que fue víctima. Aunque solo se refirió a su agresor por sus iniciales, sin mencionar su nombre completo, otras mujeres reconocieron el patrón de acoso y a quien lo había ejercido. Se trataba de Jean-Philippe Vielle Calzada, investigador del Cinvestav, quien cinco meses después respondió a los tuits con una demanda por daño moral y sugiriendo la entrega de 20 millones de pesos como reparación.

En la demanda, Vielle Calzada alega una afectación a su prestigio y su labor científica, cuya carrera aún tendría al menos 10 años más de actividad. Y estimando que su ingreso promedio anual asciende a 2 millones de pesos, multiplicados por la vida útil, se podría determinar así la “liquidación de sentencia”.

María Ávila, investigadora principal del Laboratorio de Población y Genómica Evolutiva, y la investigadora del Cinvestav, Angélica Cibrián, líder del laboratorio de Genómica Ecológica y Evolutiva del Langebio del Cinvestav, además de otras dos mujeres, denunciaron a Vielle Calzada por acoso sexual ante el Órgano Interno de Control (OIC) en 2020.

El OIC, dependiente de la Secretaría de la Función Pública confirmaría el acoso en dos de las denuncias –en mayo y en noviembre de 2021– al recabar pruebas como correos electrónicos, una dedicatoria en un libro y un poema erótico, enviados por Vielle Calzada con insinuaciones románticas sin que hubiera una relación más allá de lo profesional con ellas. Además de las narraciones de los acosos.

Sin embargo, la dependencia a cargo de Roberto Saucedo, no ha dictado las sanciones que corresponderían, a ocho meses de haber concluido el primer paso de la investigación, y sin que expliquen las razones de la demora.

En tanto, una de las víctimas está enfrentando la demanda civil por haber denunciado el acoso sexual, y la resolución final de la Secretaría de la Función Pública sería un elemento determinante en la demanda. De ahí que, temen que el presunto agresor pudiera estar ejerciendo algún tipo de presión, dada su influencia, para que el caso no avance.

Viella Calzada, interpuso la denuncia en agosto de 2021 en contra de Ávila por sus tuits donde relata el abuso.

#8M #YoSiTeCreo #VaAcaer #LoVamosAtirar Por las mujeres q alzan la voz, por las q no pueden, por todas: Aquí va la historia de cómo enfrentar a un acosador en la academia trajo consecuencias negativas a mi red de colaboración 1/19

— paleogenomics (@paleogenomics) March 8, 2020

La investigadora María Ávila recibió la notificación de la demanda en octubre de 2020, siete meses después de interponer su denuncia ante el OIC del Cinvestav. Sus compañeras de trabajo sabían de las situaciones de acoso porque ella lo había contado mientras sucedían.

Por eso es que, ante el asombro de dicha acción, comenzaron a organizarse para al menos hacer frente a los gastos de la defensa legal por esa demanda civil. Las doctoras Mariana Gómez Schiavon y Daniela Robles Espinoza lanzaron una campaña para lograr donaciones porque “creemos firmemente que los sobrevivientes de acoso sexual no deberían enfrentar su situación solos, y deberían recibir apoyo de sus comunidades”, explicaron en la página que recabó los donativos.

Aunque la cifra meta era por 145 mil pesos, los donativos sumaron 209 mil 989 pesos. Y esto, afirma Ávila, obedece a que “mucha gente me conoce, y hay mucha gente que lo conoce a él y sabe cómo es”.

María Ávila decidió denunciar el acoso y continuar el proceso con la intención de que “se siente un precedente. A la fecha no ha habido un solo investigador que haya sido sancionado por acoso por la institución”, pese a que han ocurrido varios casos.

Respecto a la demanda civil por daño moral, advierte que le está causando “estrés y desgaste. Aún cuando tengo convicción, una red de apoyo, es un proceso súper desgastante”.

Animal Político solicitó una entrevista con Vielle Calzada para la primera nota publicada el 3 de febrero, pero declinó concederla. En cambio, ofreció responder a un cuestionario por escrito. En él aseguró que tiene “casi dos años sufriendo hostigamiento y persecución por un grupo organizado de personas que, desde dentro y fuera de la institución, aprovecha la sensible coyuntura del tema de género para orquestar una campaña de difamación que busca desprestigiarme en favor de sus intereses científicos y académicos personales y de grupo”.

Se trata, dijo, de “denuncias excesivas, falsas, y en algunos casos fabricadas por los propios estudiantes de quienes se organizan”.

Con base en esa respuesta, se le preguntó si considera que los correos electrónicos enviados por él no son prueba del acoso denunciado y también respecto a la demanda que interpuso, pero no hubo respuesta.