En respuesta a un amparo promovido por miembros de la comunidad CIDE, el juzgado 12 de distrito ordenó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hacer pública el acta del 29 de noviembre pasado en la que se formalizó el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Se trata de un documento que la propia directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se comprometió en diciembre y ante los estudiantes a hacer público, sin embargo, es una promesa que hasta la fecha no se ha cumplido.

Incluso a través de distintas solicitudes de información hechas por la comunidad del CIDE, así como por Animal Político, el Conacyt se ha negado a proporcionar esta información objetando que el acta se encuentra en proceso de protocolarización.

Leer más | Entre polémica designan a director del CIDE… y Conacyt se niega a entregar evidencia del proceso

“Apercibido que de no hacerlo o no manifestar el impedimento legal que le asista, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México”, se lee en la resolución emitida por el juzgado, misma que fue compartida por la Asamblea Estudiantil.

“Confiamos en que el Poder Judicial traerá luz a lo que han intentado mantener a la sombra”, subrayaron los estudiantes.

El 29 de noviembre pasado, en una sesión en la que se documentó que no hubo unanimidad, la directora del Conacyt nombró a Romero Tellaeche como director general del CIDE. Esto a pesar de que en proceso de auscultación interna no fue bien evaluado y de que miembros del consejo directivo manifestaron su rechazo.

Con el rechazo vigente de Romero Tellaeche como director del CIDE, miembros de la comunidad han ingresado desde noviembre distintos amparos: uno de los primeros fue el 1706/2021 por la omisión de convocar a la comunidad al proceso de auscultación. En respuesta a este amparo es que se solicita al Conacyt que muestre el acta del nombramiento de Romero Tellaeche.

El pasado 15 de febrero, la comunidad del CIDE presentó otro amparo, el 280/2022, en el que solicitó la protección de la justicia federal por las ilegalidades cometidas en perjuicio de la institución, específicamente lo relacionado a la aprobación de las reformas al Estatuto General del CIDE con las cuales se buscó legitimar a posteriori el nombramiento del director general, así como del secretario académico de la institución.

Este último amparo presentado fue suscrito por más de 60 integrantes de la comunidad del CIDE entre alumnos, profesores y personal docente.