El nuevo patronato nombrado por autoridades estatales abrió las puertas del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), tras siete meses de la toma policial. Sin embargo, los estudiantes que protestaban en la entrada principal decidieron no entrar hasta no tener certezas de quiénes serán las personas encargadas de la administración y en qué condiciones se reabre el campus.
Esta reapertura, según Lado B, se produjo después de que la jueza de control Magally Escamilla “resolvió que deben generarse las condiciones para reanudar las actividades educativas y académicas presenciales de la UDLAP, sin ningún tipo de empleo de la fuerza pública y con la coadyuvancia pertinente de la Secretaría de Educación”.
En una audiencia que se llevó a cabo la tarde de ayer la jueza hizo un exhorto “al personal administrativo y docente de la Universidad de las Américas, así como de la Secretaría de Educación Pública, para que presentaran en el campus para verificar la total apertura de las instalaciones y condiciones de acceso, dando cumplimiento a lo ordenado por la autoridad Jurisdiccional”.
Pero la reapertura de las instalaciones se dio sin la presencia de ningún tipo de autoridades, ni educativas ni de la universidad.
Ante la incertidumbre, las y los estudiantes decidieron no entrar y montaron guardias frente a las entradas.
El silencio que la rectora cercana a la familia Jenkins y el patronato original, Cecilia Anaya Berríos, mantuvo tras la resolución judicial terminó por la noche cuando mediante un video publicado en los canales institucionales de la universidad ella misma advirtió que este nuevo revés de la situación no era más que una nueva estrategia del “patronato espurio” para hacerse de la casa de estudios mediante una simulación que los ponía a ellos como administradores.
Pidió que un juez haga la entrega formal de las instalaciones y se siga el “camino de la ley y no el de la confusión”.
En tanto, el movimiento Fuerza UDLAP pidió a la comunidad estudiantil “hacer caso omiso a la invitación de los espurios a ingresar a la universidad, ya que esta es una medida desesperada por el patronato espurio para poder simular nuevamente una entrega del campus”.
— FuerzaUDLAP (@FuerzaUdlap) February 2, 2022
Elementos de la policía estatal de Puebla entraron, el 29 de junio de 2021, a las instalaciones de la Universidad de las Américas (UDLAP) en Cholula, Puebla, para cumplimentar una orden de recuperación del patrimonio.
Autoridades judiciales de la Ciudad de México y del estado de Puebla ordenaron, el pasado 28 de junio, que se restituyera a la Fundación Universidad de las Américas de Puebla la posesión jurídica y material de las instalaciones de la UDLAP, que hasta ahora había estado bajo el control de la Fundación Mary Street Jenkins.
Se ordenó que se iniciara de manera inmediata una auditoría legal, física y contable de la administración de la Universidad.
El 4 de noviembre la UDLAP informó que un juez le concedió la suspensión definitiva en contra de la toma armada del campus y ordenó que se revierta todo como hasta antes de la toma ilegal.
Agregó que el único patronato legal es el presidido por Margarita Jenkins de Landa.
Desde que ocurrió la toma, estudiantes y docentes de la UDLAP han protestado para exigir la liberación del campus.
Con información de Lado B
