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A 11 años de la masacre de Allende, familiares de víctimas siguen sin recibir indemnizaciones
A 11 años de la masacre de Allende, familiares de víctimas siguen sin recibir indemnizaciones
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A 11 años de la masacre de Allende, familiares de víctimas siguen sin recibir indemnizaciones
20 de marzo, 2022
Por: Alberto Pradilla
@albertopradilla 

Silvia Garza Villarreal, de 40 años, huyó de su localidad, Allende, Coahuila, hace más de una década. Con su familia en el punto de mira de Los Zetas, se marchó a Eagle Pass, Texas, en Estados Unidos, el lunes 21 de marzo de 2011, cuando sicarios del grupo criminal irrumpieron en el municipio y comenzaron una masacre que se alargaría por espacio de más de un año. Actualmente, hasta 17 integrantes de su familia están desaparecidos, entre ellos su padre, Sergio Garza Garza, secuestrado junto a su esposa y dos hijos en marzo de 2012, cuando se iba a cumplir un año de la matanza. La traición a Los Zetas de José Luis Garza Gaytán, primo de la desplazada, convirtió a toda la familia en objetivo. 

“Cuando me marché, pensábamos que veníamos para cuatro días, pero luego nos dijeron que nuestros nombres estaban en las listas de los que iban a matar”, explica, en conversación telefónica con Animal Político

Casi 11 años después de aquellos hechos, familias de las víctimas siguen esperando que las instituciones cumplan con las promesas de verdad, justicia y reparación. En 2018, se emitió la declaración 10VG/2018. Aunque la creencia popular es que hubo más de 300 víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solo llegó a identificar a 49. Se abrieron seis procesos judiciales, entre ellos contra Omar Treviño Morales, el “Z42”, y 33 elementos de la corporación municipal fueron identificados como piezas clave en la masacre. 

En 2019, hubo un acto de disculpa pública en el que Garza Villarreal tomó la palabra, pero ninguno de los compromisos tuvo continuidad. Por un lado, ninguna familia ha recibido la compensación económica, ya que comenzaron los peritajes para determinar cuánto correspondería a cada una, pero estos análisis nunca llegaron a concluirse. Por otro, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que atraería el caso, pero Animal Político reveló que ese trámite nunca se llevó a cabo. Además, las deudas comienzan a perseguir a los sobrevivientes: algunos siguen pagando los prediales de las casas que el narco les arrebató y destruyó, y otros todavía tienen la espada de Damocles de préstamos solicitados por los desaparecidos que nunca llegaron a pagarse. “No nos han cumplido y ya han pasado tres años”, dice Garza Villarreal. 

La tragedia persigue a Garza Villarreal desde aquellos fatídicos días de marzo de 2011, cuando sicarios de Los Zetas irrumpieron en Allende. “El jueves levantaron a mi tío José Luis, padre de José Luis Garza Gaytán. Se pasaron a la parte de mi otro tío: se lo llevaron a él, a su esposa, su suegra y tres niños. Recuperamos a dos, pero el bebé está desaparecido. El viernes o el sábado, no recuerdo bien, se fueron a la casa de mi otro tío que vive a una cuadra de mi casa. Ese día salimos y no regresamos”, dice Garza Villarreal, que salió junto a su hermana, su cuñado y dos sobrinos. 

Logró una visa de trabajo en Estados Unidos y ahí sigue desde entonces. No ha vuelto a tener noticias sobre sus familiares desaparecidos, aunque cree que ninguno sobrevivió. A su tío y el resto que fue capturado al inicio de la masacre, es probable que los sicarios los quemaran en su propio rancho, convertido en un centro de exterminio. Su padre, por su parte, fue interceptado por agentes de la policía municipal, que lo habrían entregado a Los Zetas.

Más de una década después de la masacre de Allende, las víctimas siguen sin recibir su reparación. Tras la disculpa pública, mantuvieron un encuentro en Arteaga, Coahuila, con representantes del gobierno federal, como la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Sin embargo, no lograron más que compromisos incumplidos. Desde entonces, la propia Garza Villarreal ha tratado sin éxito de contactar con este último.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debería ser la encargada de realizar el trámite. Animal Político consultó con la dependencia, que aseguró que en febrero se realizó una mesa de trabajo con presencia de las víctimas, en la que se decidió que se reunirían las autoridades del fuero local y el fuero federal para “determinar los parámetros de las compensaciones”.

Garza Villarreal, por su parte, rechaza lo señalado por la CEAV y afirma que se trató de una plenaria y que no hubo avances. Animal Político quiso consultar también a otras instituciones involucradas en este proceso, como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la CNDH, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.  

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