Tras años de promesa, Puebla no ha liberado a mujeres presas por aborto
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Promesa incumplida: a más de dos años, Puebla no ha liberado a mujeres presas por abortar

La Secretaría de Gobernación estatal informó que se tienen cero registros de mujeres que por delito de aborto fueron beneficiadas por la amnistía en Puebla.
Cuartoscuro
Por Samantha Páez
15 de marzo, 2022
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Nota del editor: El gobierno y el Poder Judicial de Puebla mandaron cartas sobre esta nota, la noche del martes 15 de marzo, horas después de que se publicó y aun cuando la reportera solicitó su versión previo a la publicación con varios días de antelación. Las cartas enviadas y la respuesta de la reportera se pueden leer al final del texto. 

El 7 de agosto de 2019, a pocos días de haber tomado protesta como gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta manifestó que habría firmado un indulto para que las mujeres encarceladas por abortar obtuvieran su libertad; sin embargo, la Secretaría de Gobernación confirmó que ninguna mujer privada de la libertad por aborto o por homicidio en razón de parentesco ha sido preliberada.

El propio mandatario indicó, en conferencia de prensa en abril de 2020, que había cinco mujeres detenidas por “esa figura delictiva que se llama homicidio en razón de parentesco […] cuando se les señalo como responsables por perder el producto de un embarazo después de los tres meses”. De acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), habría siete mujeres sentenciadas y, según la Secretaría de Seguridad Estatal, 18 mujeres privadas de su libertad por ese delito.

Para Verónica Cruz Sánchez, de Centro Las Libres, Puebla es un ejemplo de cómo la amnistía se quedó en el discurso, pues en la realidad es inalcanzable e inaccesible para las mujeres sentenciadas por aborto y delitos relacionados.

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No hay mujeres beneficiadas

En respuesta a las solicitudes, el Tribunal respondió que de enero de 2007 a noviembre de 2021 habría siete mujeres sentenciadas por homicidio en razón de parentesco. De ellos dos procesos judiciales estuvieron radicados en el distrito judicial de Zacatlán, otros dos en Tepeaca, uno más Tepexi de Rodríguez, otro en Huauchinango y uno más en Puebla.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, encargada de los centros penitenciarios, informó que hay 18 mujeres privadas de su libertad por el delito de homicidio en razón de parentesco. Esto podría significar que 11 mujeres acusadas de este delito están privadas de su libertad sin una sentencia.

A pesar de ello, la Secretaría de Gobernación estatal informó que se tienen cero registros de mujeres que por delito de aborto u homicidio en razón de parentesco fueron beneficiadas por indulto en atención al Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla.

Verónica Cruz Sánchez, de Centro Las Libres, aseguró en entrevista que “Puebla es un ejemplo de que como no está funcionando (la amnistía), es decir, fue una ley más discursiva para darle respuesta a las voces que estábamos diciendo que es brutal que el Estado tenga en la cárcel a mujeres criminalizadas por aborto y delitos relacionados”.

Agregó que en 2010, después de encontrar en Guanajuato a varias mujeres privadas de su libertad por abortos espontáneos, partos prematuros o emergencias obstétricas, Centro Las Libres amplió su análisis a otros estados y para ese año había en Puebla 25 mujeres en Centros de Readaptación Social en las mismas circunstancias. Aunque de 2010 a 2015 se revisaron los casos de 10 de esas mujeres y fueron liberadas, seguirían internadas al menos otras 15. 

“Ni a esas cinco que él (el gobernador) al menos ya las tenía detectadas, ni a esas cinco las pudo beneficiar la ley, imagínate el resto de mujeres que no las han encontrado, que no las han buscado y peor aún, que ellas no saben que no cometieron un delito”, dijo la activista.

Según el Observatorio de Amnistías, en su informe “Ley de Amnistía: un año de simulación” de 2021, señala que a nivel federal solo se ha conocido de un caso de aborto y homicidio en razón de parentesco que ha solicitado el proceso de amnistía, pero Verónica de la Cruz sostiene que ni en ese caso se ha avanzado.

Consejo del indulto, inoperante

En agosto de 2019, el gobernador Luis Miguel Barbosa dijo que firmó un decreto con el que se iniciarían los procedimientos legales para la preliberación o indulto de quienes se encuentren encarceladas por abortar, según consta en el boletín de prensas 120819.

Meses después, en abril de 2020, el mandatario fue cuestionado respecto al proceso de preliberación de las mujeres privadas de su libertad por aborto, a lo cual respondió: “Lo que tenemos que hacer -lo vamos a hacer el día de mañana- es integrar […] un consejo previo para ya determinar las preliberaciones. Entonces mañana se integra a las 12 del día, una vez integrado empezamos a determinar las preliberaciones”. 

El 21 de abril de 2020 fue instalado, efectivamente, el Consejo Consultivo del Indulto en Puebla que se abocaría a analizar las posibles preliberaciones de 309 personas indígenas no hablantes de español a las cuales se les dictó sentencia condenatoria, también cinco casos de mujeres detenidas por el delito de homicidio en razón de parentesco y 84 personas con enfermedades mentales o discapacidad.

El consejo del indulto estaría integrado por titulares la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Consejería Jurídica; un representante de la Fiscalía; un representante del Poder Legislativo, un representante del Poder Judicial, tres representantes del sector social, y una Secretaría Técnica.

Como parte de la representación social se integraron María Elena Bravo Hernández, miembro del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres; el rector de la Universidad Iberoamericana, Ernesto Patrón Sánchez, y Gerardo Tejeda Foncerrada, presidente de la Escuela Libre de Derecho.

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información, desde su instalación en abril de 2020 y hasta finales de 2021, el consejo del indulto sesionó en una sola ocasión y fue precisamente para formalizar su instalación. Esto significa, que hasta esa fecha no se había analizado ningún caso por aborto, homicidio en razón de parentesco o algún otro delito contemplado en el reglamento.

Desde la perspectiva de Amaranta Valgañón, abogada de litigio estratégico en Equis Justicia para Mujeres, la Ley federal, aprobada en abril de 2020, pretendía ser un modelo para que de allí se replicara en las entidades; sin embargo, según cómo se ha diseñado en cada estado es el grado de avance o éxito que ha tenido.

Por ejemplo, en el Estado de México se creó una ley que fue operada por el Poder Judicial y que fluyó de una manera mucho más rápida que la Federal, dijo Valgañón durante una entrevista telefónica. Esto debido a que no implicaba la creación de una comisión, como si ocurre en al caso Federal y de Puebla, y a que personas funcionarias públicas que no tienen experiencia en evaluación de pruebas hagan un primer análisis y después se manden los casos al Poder Judicial.

La abogada también mencionó que hay todo un tema con la voluntad política para hacer realidad esa ley, pues las sesiones que se hicieron a nivel Federal analizaban muy pocos casos, de más de mil solicitudes solo habían resuelto 38 hasta el año pasado. En el caso de Puebla, no ha habido sesiones para analizar casos.

Se buscó al enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación estatal para conocer cómo estaba operando el decreto de amnistía, la respuesta fue que el tema debía consultarse con la Consejería Jurídica del gobernador. Se buscó entonces a la coordinadora de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil, quien al momento de redactar esta nota no había respondido a la solicitud de entrevista.

La reforma se quedó corta

Otra cuestión que falta, de acuerdo con Amaranta Valgañón, es la transparencia. “No tienen ningún mecanismo para reportar cuántos casos están recibiendo, cuántos casos están resolviendo, cuántos en sentido afirmativo y cuántos en sentido negativo […] Todo eso hace que la chamba, si es que existe, no se alcance a ver”. 

Asimismo, a diferencia de la Ley de Amnistía federal, publicada en abril de 2020, el Reglamento para el Ejercicio Potestativo de la Facultad de Indulto en Puebla señala que para que las personas accedan al beneficio no deben tener antecedentes de violencia familiar, ni contar con reportes disciplinarios, ser “ejemplares” por su conducta en prisión y dedicación al trabajo y participar en actividades culturales, educativas, de capacitación para el trabajo y protección para la salud.

Estos requisitos son muy similares a los contenidos en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, referente a la libertad anticipada, y que, de acuerdo con Amaranta Valgañón, eran uno de los yerros en las opciones existentes antes de la amnistía.

En el tema de aborto, explicó la abogada de Equis Justicia para Mujeres, desde que se diseña la ley es una bandera política para que se replicara en los estados. Sin embargo, es claro que los supuestos de aborto a nivel federal iban a ser muy pocos y por lo tanto habría pocas beneficiarias de la Ley de Amnistía federal.

Por su parte, el estudio “Avances en el proceso de implementación de la Ley de Amnistía a un año de su entrada en vigor”, del Instituto Belisario Domínguez, se menciona que además de la aplicabilidad de la Ley de Amnistía se requieren otras acciones que garanticen la no repetición. “Por ejemplo, el caso del aborto, […] hasta el momento son pocos los avances en la despenalización del aborto para ser eliminado como delito de los Códigos Penales estatales. Es decir, las leyes o iniciativas locales de amnistía no están siendo armonizadas con otras transformaciones legislativas necesarias para garantizar que no se vuelva a encarcelar, en este caso, a las mujeres por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”, indica.

La despenalización del aborto en Puebla, como lo dice el Instituto Belisario Domínguez, sigue siendo el gran pendiente. La legislatura anterior congeló una iniciativa trabajada desde las colectivas feministas con las entonces diputadas Estefanía Rodríguez Sandoval y Rocío García Olmedo, actualmente la diputada Mónica Silva Ruiz anunció que presentara en el mes de mayo sendas iniciativas para reformar el Código Penal, la Ley Estatal de Salud y la Constitución de Puebla para despenalizar el aborto y garantizar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo.

Cartas del gobierno y del Poder Judicial de Puebla

Respuesta de la reportera

Como lo menciona el texto, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo en una conferencia de prensa en abril de 2020 que las mujeres beneficiadas con el indulto serían aquellas detenidas por “esa figura delictiva que se llama homicidio en razón de parentesco (…) cuando se les señaló como responsables por perder el producto de un embarazo después de los tres meses”. 

Una de las especialistas entrevistadas, Verónica de la Cruz Sánchez, del Centro las Libres, hizo una observación similar: en 2010 encontraron que 25 mujeres estaban detenidas en Puebla por homicidio en razón de parentesco, y que sus casos se trataron de abortos espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas. Es por ello que se mencionan en el texto los casos de estas mujeres sentenciadas y detenidas.

Como se explica a lo largo de la nota, fue el mandatario quien proporcionó el dato de que el indulto era para mujeres detenidas por homicidio en razón de parentesco, “cuando se les señaló como responsables por perder el producto de un embarazo después de los tres meses”, casos que se trataton como abortos espontáneos. 

Finalmente, cabe mencionar que antes de la publicación del texto se buscó a la propia firmante, Verónica Vélez Macuil, para solicitar una entrevista del tema, con la finalidad de contar con la versión del gobierno poblano.

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COVID: algunos habitantes de Shanghái están 'quedándose sin comida' en medio del estricto confinamiento

Residentes de la ciudad más grande de China dicen que están luchando para obtener suministros semanas después del inicio de la cuarentena.
8 de abril, 2022
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Residentes de Shanghái afirman que se están quedando sin alimentos en medio del mayor brote de COVID registrado hasta ahora en la ciudad china.

Los habitantes están confinados en sus hogares y se les prohíbe salir incluso por razones esenciales, como comprar comestibles.

Casi 20.000 casos nuevos se registraron este jueves en la ciudad más grande de China, casi un nuevo récord.

Las autoridades admiten que la ciudad enfrenta “dificultades”, pero dicen que están tratando de solucionarlo.

Pero el enojo público también está siendo azuzado por otras medidas drásticas, como separar a los niños de sus padres si dan positivo.

Los funcionarios de Shanghái respondieron permitiendo que los padres que también estaban infectados acompañaran a sus hijos a los centros de aislamiento.

Sin embargo, según un informe de la agencia Reuters, todavía hay quejas sobre niños separados de padres que no dieron positivo de covid.

Los lugareños hacen cola para hacerse la prueba de covid en una clínica en Shanghai.

Getty Images
Todos los locales deben hacerse la prueba de covid de forma regular, según dispuso la ciudad.

La ciudad comenzó el miércoles otra ronda de pruebas masivas obligatorias para identificar y aislar cada caso.

Los residentes de Shanghái que dan positivo no pueden aislarse en sus hogares, incluso si sus condiciones son leves o asintomáticas.

Tienen que ir a las instalaciones de cuarentena obligatoria que, según los críticos, están repletas y tienen condiciones deficientes.

¿Por qué hay escasez de alimentos?

Cuando ómicron apareció por primera vez en Shanghái hace un mes, la ciudad puso en cuarentena solo a determinados edificios o grupos de viviendas.

Ante la propagación del virus, las autoridades implementaron la semana pasada un cierre escalonado en el que la ciudad se dividió en dos y cada mitad tenía medidas separadas.

El cierre se extendió indefinidamente el lunes y ahora abarca toda la ciudad de 25 millones de habitantes.

Las reglas estrictas significan que la mayoría de la gente tiene que pedir comida y agua y esperar a que el gobierno entregue verduras, carne y huevos.

Pero la extensión del cierre abrumó los servicios de entrega, los sitios web de tiendas de comestibles e incluso la distribución estatal de suministros.

Un residente se sienta cerca del borde de la azotea de un edificio durante el cierre en Shanghái.

Getty Images
Los 25 millones de residentes de Shanghái están confinados en sus casas en una cuarentena prolongada.

Gran parte del personal de distribución y reparto también se encuentra en áreas cerradas, lo que lleva a una disminución general en la capacidad de entrega.

Los lugareños en algunas áreas de la ciudad dicen que están completamente aislados.

“Resuelvan el problema de la capacidad de entrega insuficiente lo antes posible”, escribió un usuario en la red social Weibo en respuesta al mensaje en video de las autoridades de la ciudad.

Otra persona escribió que era la “primera vez” en su vida que “pasaba hambre”.

Un trabajador con equipo de protección (izquierda) recibe un artículo de un repartidor en la entrada de un complejo de viviendas durante la segunda etapa del confinamiento pandémico en el distrito de Jing'an en Shanghái.

Getty Images
Trabajadores de los edificios tienen que recibir pedidos de entrega para los residentes.

Los residentes también expresaron otras preocupaciones sobre el aumento de precios y sobre cómo sobreviven los residentes mayores o menos expertos en tecnología.

Los funcionarios de la ciudad reconocieron las dificultades alimentarias el miércoles y dijeron que Shanghái tenía suficientes suministros de arroz, fideos, granos, aceite y carne, pero hubo retrasos en su distribución.

“Es cierto que existen algunas dificultades para garantizar el suministro de las necesidades diarias”, dijo Liu Min, subdirector de la Comisión Municipal de Comercio de Shanghái.

El vicealcalde de Shanghái, Chen Tong, agregó este jueves que la ciudad intentaría reabrir algunos mercados mayoristas y tiendas de alimentos, y permitiría que más personal de entrega saliera de las áreas cerradas.

“Hemos estado celebrando reuniones durante la noche para tratar de encontrar soluciones”, dijo Chen.

Trabajadores transportan suministros a un almacén temporal en un campo de fútbol en Shanghái el 5 de abril de 2022.

Getty Images

China es una de las últimas naciones que quedan comprometidas con la erradicación de covid, en contraste con la mayor parte del mundo que está tratando de convivir con el virus.

El país desplegó con éxito cierres completos anteriormente, soportados por millones de personas en ciudades como Xi’an y Wuhan, pero Shanghái es su ciudad más grande y la propagación de casos esta vez es mucho mayor que en brotes anteriores.

Como una de las potencias económicas de China, el cierre de Shanghái también está alimentando las preocupaciones sobre el impacto en el país y en la economía mundial.


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