La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó atraer la investigación de los hechos violentos ocurridos entre los días 4 y 5 de abril de 2017 en Arantepacua, comunidad purépecha de Michoacán en la que se cometieron violaciones graves a derechos humanos por parte de elementos de la policía michoacana, en contra de la población que realizaba una manifestación. 

De acuerdo con la Recomendación 42VG/ 2020, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió al entonces gobernador, Silvano Aureoles, y al fiscal de la entidad, Adrián López Solís, en esta comunidad indígena se registraron durante esos dos días cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias, y hubo más de mil víctimas indirectas. 

Ante la falta de avances en las investigaciones en la fiscalía estatal —a cinco años aún no se han esclarecido los hechos ni se ha imputado a probables responsables—, integrantes de la comunidad solicitaron a la FGR que atrajera el caso. Dicha solicitud de atracción también estuvo motivada debido a que el actual fiscal, López Solís, era el secretario de Gobierno cuando ocurrieron los hechos, y por lo tanto los afectados acusan que puede haber un “conflicto de interés” en la investigación local. 

“Es evidente que el fiscal no se va a investigar a sí mismo”, recalcó en entrevista con Animal Político Enrique Guerrero, abogado e integrante del colectivo Liquidámbar, una organización civil que está acompañando el caso. 

Sin embargo, a través de un oficio del que este medio guarda copia, la FGR contestó a la comunidad que no atraerá la investigación, apuntando básicamente dos argumentos. El primero, que considera que el asunto no tiene trascendencia política ni social suficiente para intervenir. Y el segundo, porque considera que si la investigación de la fiscalía estatal no ha ofrecido aún resultados es porque la propia comunidad “no ha permitido a las autoridades locales realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos”. 

Ante lo expresado en el oficio, integrantes de la comunidad de Arantepacua y el colectivo Liquidámbar mostraron su indignación y preocupación. 

“Estamos hablando de un asunto que tiene una recomendación por violaciones graves a derechos humanos que dejó más de mil víctimas, además de cuatro ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias y decenas de lesionados. Si esto no les parece un asunto de trascendencia política y social, entonces no entendemos nada. Nos parece una aberración, un sinsentido”, criticó el abogado Enrique Guerrero. 

FOTO: Manu Ureste

En cuanto al argumento expuesto por la FGR de que la comunidad no ha dejado investigar a las autoridades locales, Lénica Morales, también integrante de Liquidámbar, consideró que esa respuesta “es muy preocupante”, porque “revictimiza” a la comunidad y a quienes sufrieron las agresiones a manos de los elementos policiacos. 

Además, la activista expuso que si las investigaciones no han avanzado en cinco años que están por cumplirse de los hechos, se debe en buena medida a que el encargado de investigar el asunto, el fiscal López Solís, es parte de los hechos a investigar. 

Por otra parte, el abogado Enrique Guerrero recordó que la CNDH presentó una denuncia penal por este mismo caso para que la FGR investigara la intervención de policías federales y de elementos del Ejército en el operativo de la policía michoacana, misma que ya fue aceptada por la fiscalía federal. 

“Es decir, la FGR tendrá que investigar y deslindar cuál fue la participación de policías federales y de soldados en ese operativo. Por ello, le estamos pidiendo que no fragmente la investigación en dos partes”, expuso el abogado. 

“Por su propia ley orgánica, la FGR debe evitar la fragmentación de las investigaciones, porque pensemos en las víctimas: ¿van a tener que declarar dos veces? ¿Una en la fiscalía local y otra en la federal? ¿Van a hacer periciales paralelas? ¿Vamos a tener acaso dos verdades ministeriales? Eso no da certeza jurídica a las víctimas ni a la investigación”, agregó.

Ante la negativa de la FGR de atraer el caso, el abogado dijo a Animal Político que interpondrán una queja ante la CNDH y buscarán interponer un amparo para obligar a la institución federal a investigar lo sucedido en Arantepacua en abril de 2017. Además, para el 31 de marzo, miembros de la comunidad están preparando una movilización de protesta en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México. 

“Venían a matarnos”

El 25 de febrero de 2020, Animal Político publicó un reportaje sobre los hechos sucedidos en Arantepacua, y sobre la intención de sus autoridades indígenas de acceder al derecho de autogobernarse sin partidos políticos como consecuencia de la agresión del Estado. 

El operativo policiaco tuvo lugar luego de que una comitiva de 38 comuneros fue el 3 de abril de 2017 a Morelia a reunirse con autoridades para tratar de solucionar un conflicto añejo por la disputa de terrenos de cultivo con un pueblo vecino. 

Ante la falta de acuerdos, un grupo de entre 15 y 20 comuneros levantaron una barricada que daba acceso a la localidad, donde retuvieron algunos vehículos y unidades de transporte. Como respuesta, el gobierno del estado mandó a más de 300 elementos a Arantepacua a reprimir la protesta de manera violenta, deteniendo además a varios de los comuneros acusándolos de secuestrar a un chofer de autobús.  

La Secretaría de Seguridad Pública michoacana explicó un día después de los hechos que la mayoría de elementos, unos 200 policías antimotines, iban “desarmados” y solo respondieron a la agresión, presuntamente, de 250 comuneros que les aventaban piedras y cohetones. 

Pero Valentín Jiménez, testigo de los hechos, aseguró que aquel día en la barricada solo había 15 comuneros y que lo que se vivió en el pueblo fue “un operativo de guerra”.

“No venían a dialogar, venían a matarnos”, sentenció.

“Las balas llovían por todos lados”, dijo Xóchitl Madrigal, una señora que, junto a su esposo Elpidio, su nuera y su nieto de apenas un año, también fue sacada a rastras y a golpes de su casa. La vivienda fue barrida por un vendaval de policías, según consta en videos publicados por medios de comunicación estatales.

“No respetaron niños, niñas, mujeres embarazadas, ni a señores ya mayores que no podían correr para esconderse”, añadió Valentín.