El presidente Andrés Manuel López Obrador envío una iniciativa a la Cámara de Diputados en donde plantea reducir diversos órganos de control por sector, materia, especialidad o función de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a través de diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Estos entes son los encargados de vigilar que se fiscalice el gasto, se evalúe la gestión pública y se prevengan actos de corrupción.
El mandatario justificó su iniciativa bajo el argumento de generar ahorros y cubrir con la estructura mínima indispensable las necesidades de vigilancia, control y evaluación de la gestión pública.
De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es “prevenir conductas indebidas durante el ejercicio del gasto, mediante el establecimiento de mayores atribuciones para prevenir las prácticas de corrupción”.
La iniciativa también plantea centralizar la política general de contrataciones públicas, pues quita facultades a la Secretaría de Hacienda para participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público, así como coordinar las compras estratégicas.
“Estos cambios al marco jurídico, congruentes con la naturaleza de la SFP, coadyuvarán a fortalecer el adecuado ejercicio del servicio público mediante la vigilancia del gasto público durante su ejecución, garantizando su administración transparente, eficiente, austera y sin corrupción”, se lee en el documento.
De aprobarse, la Función Pública nombrará y removerá a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas, con “el propósito de que su actuar y sus decisiones sean objetivas, imparciales e independientes, evitando posibles actos de corrupción o colusión de servidores públicos”. Además podrá proponer a los órganos de gobierno de las entidades paraestatales el nombramiento y remoción de los responsables de dichas unidades.
