Crisis forense: México tardará 120 años en identificar 52 mil cuerpos
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Crisis forense: sin banco de datos ni coordinación, México tardará 120 años en identificar 52 mil cuerpos, más los que se sumen

El país tiene más de cuatro años sin cumplir con la ley sobre desaparición forzada de personas, que preveía crear un banco de datos forenses. La comisionada nacional de Búsqueda advierte que México debe “pensar como Estado” y desarrollar capacidades de identificación.
Cuartoscuro
Por Marcela Nochebuena 
20 de abril, 2022
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Para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en México, sin contar los que se van sumando cada día, serían necesarios 120 años o más, debido a que los servicios forenses son insuficientes, no hay una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas y varios instrumentos previstos en la ley no han sido creados desde hace más de cuatro años. 

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) destaca este cálculo de expertos al expresar en el informe de su visita a México su “profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país”.

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, explica en entrevista que, desde su llegada al cargo, una de las grandes limitaciones encontradas en la ley en la materia es que no da capacidades de identificación humana a las comisiones de búsqueda del país, que quedan supeditadas al trabajo de otras instancias. 

“Nosotros encontramos algo, levantamos la mano, tiene que llegar el MP, se llevan los restos y ahí nosotros perdemos toda la trazabilidad. Aunque la base le toca a la fiscalía, sí pedimos información sobre los cuerpos, las identificaciones, pero la recibimos muy a cuentagotas por parte de las fiscalías”, advierte.   

Para la comisionada, esta situación es reflejo de que México necesita “pensar como Estado” y avanzar en el desarrollo de capacidades nacionales de identificación.

Uno de los instrumentos esenciales para la identificación de estos restos es el Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desde 2017. Sin embargo, este no ha sido creado en más de cuatro años.

De acuerdo con el CED, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.7% de los cuerpos no identificados. 

“Lo que vemos en el día a día, y lo que viven las familias de las personas desaparecidas, es que hay una apuesta de varias comisiones locales, y de varios colectivos, de hacer búsquedas de exhumación en distintas partes del país, pero después el gran problema es qué se hace con estos restos, con los cuerpos que se rescatan, quién los procesa, a dónde va la información genética y forense”, explica en entrevista María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 

De ahí viene la relevancia de contar con un Banco Nacional de Datos Forenses, cuya operación requeriría, además, de una coordinación clara entre fiscalías locales, así como entre estas, la Fiscalía General de la República (FGR) y los órganos autónomos de búsqueda. 

A esto se suma que la cifra de personas que yacen hasta hoy en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense podría ser mucho mayor. La falta de un Banco Nacional de Datos Forenses impide contar con una estadística actualizada. 

“La cifra oficial de 52 mil personas es un piso mínimo reconocido por el Estado. Estimamos que existen muchas más”, advertía desde agosto de 2021 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en el documento “La crisis forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, referencia que retoma el CED en su informe. Desde entonces, el movimiento ya señalaba rezago en el análisis de muestras genéticas, extravío de muestras y comparaciones incompletas entre perfiles. 

El CED rescata esta información, recolectada por la sociedad civil, porque no existe un registro oficial a nivel nacional del número de personas fallecidas no identificadas, o de los restos que han sido hallados en distintos lugares del país no solo por la Comisión Nacional de Búsqueda, sino por las comisiones y fiscalías locales. Es decir, esa cifra no incluye los cuerpos todavía no localizados ni los fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones recogen cotidianamente en fosas clandestinas. 

Lee: El gobierno reconoce “crisis forense”: sin censos ni bases de datos genéticas, hay 52 mil cuerpos sin identificar

4 años de incumplir la ley

La Ley General establece, en su tercera sección, que el banco debería conformarse con “las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las entidades federativas, incluidos los de información genética, los cuales deben estar interconectados en tiempo real”. Del mismo modo, prevé su interconexión con las herramientas de búsqueda e identificación y con personal capacitado. 

Su función tendría que complementarse mediante cruces de información de manera permanente y continua con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), así como con un Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, y otros instrumentos que puedan contener información forense relevante para la búsqueda de personas.

El Banco Nacional de Datos Forenses previsto por la ley debería contar, además de con información pericial forense para la identificación de personas, con una base de datos de información genética de los familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o en segundo grado en línea colateral, de las personas desaparecidas y no localizadas, así como la de terceras personas en los casos que las autoridades ministeriales o judiciales la requieran como datos o medios de prueba.

Además, la Ley General especifica que las fiscalías y procuradurías locales deben coordinar la operación de su respectivo registro y compartir la información con la FGR, a la que a su vez le corresponde emitir lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan los datos de manera homologada, de forma que la FGR coordine la operación y centralice la información del banco y administre el Registro Forense Federal. 

Aunque en poco más de cuatro años ese mecanismo dispuesto por ley no ha sido creado, ya ha sido enviada a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa presidencial para crear un Centro Nacional de Identificación Humana, luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconociera que hasta hoy no existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes. 

La propuesta contempla el fortalecimiento de los servicios periciales, impulsar una Norma Oficial Mexicana para el resguardo de cuerpos, compartir información forense en el noreste del país, comparar perfiles genéticos de forma masiva, así como cotejar huellas dactilares con el INE, el SAT y bancos, e integrar un banco nacional de información genética.

Para la comisionada nacional de Búsqueda, la creación de este centro es fundamental porque, además, en la reforma propuesta se les reconocerían facultades de identificación humana a las comisiones de búsqueda, lo cual es clave para ampliar sus capacidades en términos forenses. 

Continúa esfuerzo legal para la creación del banco

María Luisa Aguilar, del Centro Pro Juárez, recuerda las acciones legales que la organización ha acompañado por la omisión en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses: un amparo promovido por Olimpia Montoya, mujer que busca a su hermano desaparecido en Guanajuato, con la intención de que la FGR cumpla con las responsabilidades que establece la Ley General, y que podría ser beneficioso para todos los colectivos del país. 

La demanda de amparo, según publicó Animal Político, argumenta que dicha omisión, además de desacatar una norma, en los hechos ha implicado que Olimpia y muchas familias más no puedan tener certeza de que los perfiles genéticos que han aportado a la fiscalía están siendo cotejados de forma constante y continua con todas las bases de datos genéticos de personas fallecidas no identificadas.

“La creación de este banco es una responsabilidad de la fiscalía, de acuerdo a la ley, y tendría que generar justo eso: un banco que contenga la información de los distintos estados, y que pueda ser operable en términos de que compartan esta información, y de que pueda ser revisado por todas las instituciones. Esto no ha sucedido, y este esfuerzo está ahí todavía ante el Poder Judicial. Estamos esperando a que se dé la audiencia constitucional, que todavía no se celebra, y en eso se sigue avanzando”, asegura Aguilar. 

Este acompañamiento legal se debe a que la falta de creación del banco está estrechamente relacionada con los hallazgos que el CED presenta en torno a la crisis forense. Si bien en el informe se valora positivamente la creación de centros y unidades como el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz, la Dirección de Identificación Humana en Jalisco y el centro de resguardo forense en Guerrero, Tamaulipas, al igual que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el CED también llama al Estado mexicano a asegurar que ese mecanismo cuente con presupuesto, estructura orgánica e independencia necesarios para cumplir sus funciones.

Igualmente, el CED urge a avanzar con la mayor celeridad en la creación del Centro Nacional de Identificación Humana y a crear centros regionales debidamente equipados para la identificación de restos, priorizando un enfoque masivo, es decir, un sistema multidisciplinario para los casos de desaparición que analice toda la información disponible. 

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La comisionada Karla Quintana coincide con el CED en que es necesario reforzar los servicios forenses en todo el país. Hasta ahora, señala, una de las formas de incidencia son justamente los centros regionales, principalmente el de Coahuila, que se dedica a la identificación con enfoque masivo de cuerpos que ya habían sido tratados por las fiscalías y no se les identificó. 

“Estamos abriendo las fosas comunes y quien hace este procesamiento es el personal del centro regional, que forma parte de la Comisión Estatal de Búsqueda. Además, hacemos tomas de muestra referenciales por grupos familiares, que es algo que no sucede en el país, o sea que la gente anda dando su ADN en un estado, luego en otro, no saben si se procesa, si no se procesa”, explica. 

Quintana añade que ante el señalamiento del CED, en el sentido de que al seguir así las identificaciones tardarían 120 años, es indispensable privilegiar el enfoque masivo, una nueva metodología y la creación de cuadros nacionales. 

“Tenemos que pensar como Estado en crear capacidades nacionales para el enfoque masivo. Además, mucho se resolvería con solo compartir información entre las diferentes instituciones y entidades; un tema fundamental es compartir información, y la información en este momento está fragmentada; eso lo que hace es revictimizar”, lamenta.

Para María Luisa Aguilar, mientras no se creen los grandes registros consolidados en la Ley General, los esfuerzos reconocidos por el CED, aunque importantes, quedarán un poco aislados y nunca van a ser suficientes para una crisis de esta dimensión.

“No es la única acción que está pendiente, pero sí permitiría que muchas de las iniciativas de la Comisión Nacional de Búsqueda, y de la propia Subsecretaría de Derechos Humanos, en términos de generar mecanismos extraordinarios, puedan ser operables entre los estados y contar con mayores posibilidades de tener información forense, que hasta ahora no sucede”, concluye.

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Rusia y Ucrania: documentan detenciones y secuestros de civiles ucranianos en las zonas controladas por los rusos

La ONU ha identificado 36 casos de políticos, periodistas y activistas que han sido "secuestrados" en territorio ucraniano.
25 de marzo, 2022
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Los ucranianos están siendo detenidos arbitrariamente y sometidos a desapariciones forzadas en áreas controladas por Rusia, le dijo la ONU a la BBC.

La ONU verificó al menos 36 casos de detenciones de civiles, y en varios casos a las familias se les negó cualquier información sobre el destino de los detenidos.

Los ucranianos dicen que temen una creciente campaña de secuestros e intimidación, mientras que Rusia lucha por afirmar el control sobre las ciudades que captura.

Viktoriia Roshchyna, periodista, estaba trabajando en áreas ocupadas en el este del país cuando unos hombres no identificados se la llevaron el 15 de marzo.

El medio para el que trabaja, Hromadske Media, dijo que “probablemente fue detenida por el FSB”, el servicio de inteligencia interno de Rusia, según los relatos de testigos de su secuestro en la ciudad de Berdiansk.

Fue liberada seis días después cuando un video estilo rehén, aparentemente grabado bajo coacción, comenzó a circular en los medios prorrusos de Telegram. En él, Roshchyna dijo que Rusia no la había tomado cautiva y agradeció a las fuerzas de Moscú por “salvarle la vida”.

Periodistas y representantes locales

Svetlana Zalizetskaya, una periodista de la ciudad ocupada de Melitópol, acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehén a su padre de 75 años como castigo por negarse a cooperar con la nueva administración.

Zalizetskaya, directora de la agencia de noticias local RIA Melitópol, escribió en Facebook que su padre había sido detenido después de su reunión con el líder de la ciudad instalado por Rusia. En la publicación se negó a dejar de criticar la invasión.

Dijo que recibió una llamada telefónica de sus captores, en la que su padre le informó que estaba retenido “en algún sótano” y dijo que “no sabía qué querían de él”.

Sus captores exigieron que Zalizetskaya, quien se comprometió a “contarle al mundo las atrocidades” cometidas por las fuerzas de Moscú en Melitópol, se entregase.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dijo que cuatro periodistas también habían sido detenidos y luego liberados en Melitópol.

El jefe del sindicato, Sergiy Tomilenko, dijo que las detenciones eran parte de “una ola de limpieza de información” que tenía como objetivo la “intimidación de periodistas y figuras públicas”.

Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya misión de monitoreo en Ucrania ha estado documentando los secuestros, le dijo a la BBC que los objetivos “son en su mayoría representantes de las comunidades locales, periodistas y personas que hablaron sobre sus posiciones proucranianas“.

Pero dijeron que no pudieron evaluar si los detenidos forman parte de “listas específicas supuestamente elaboradas por funcionarios de seguridad rusos”.

En febrero, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a la ONU advirtiendo que Rusia había elaborado una “lista de muerte” de ucranianos para ser atacados o detenidos tras la invasión del país.

Algunas fuentes han sugerido que un hackeo de una aplicación de servicios digitales de Ucrania en enero pudo haber ayudado a Rusia a identificar objetivos; mientras que el Royal United Services Institute ha especulado con que un hackeo del registro nacional de seguros de automóviles de Ucrania pudo haber permitido que los servicios de seguridad identificaran las ubicaciones de los objetivos.

Las fuerzas rusas han detenido a varios funcionarios en las partes ocupadas de Ucrania en las últimas semanas. En la ciudad sureña de Melitópol, el alcalde Iván Fedorov fue secuestrado por las tropas rusas a principios de este mes.

Al hablar sobre su detención con los medios locales, Fedorov alegó que otros detenidos en el centro al que fue llevado estaban siendo torturados.

“No me tocaron físicamente, pero créeme, siete hombres armados eran suficientes para dejar clara su posición”, dice Fedorov. “En la celda de al lado alguien estaba siendo torturado, había gritos que generaban mucha presión psicológica”.

“Tratan de acusarlos de sabotaje y apretar los dedos en la puerta para que digan de qué ejército son, pero son solo residentes locales”.

Se han producido presuntos secuestros en varias otras ciudades, incluida Nova Kajovka en el norte, donde desapareció el secretario del ayuntamiento; y en Bucha, donde el ayuntamiento local le dijo a la BBC que seis empleados fueron detenidos y luego liberados después de una redada rusa.

Advertencias a los parlamentarios

La parlamentaria ucraniana Alyona Shkrum dijo que creía que las detenciones probablemente aumentarían a medida que Rusia enfrenta una falta de cooperación y una mayor resistencia en las regiones ocupadas.

“Estoy segura de que Putin pensó que sería como en Crimea: vienen, se apoderan de los edificios administrativos y el alcalde dice ‘cooperamos, ahora seré su alcalde, ¿qué mas da?'”, le dijo a la BBC.

“No sucedió en absoluto aquí… Nadie, ni siquiera de partidos prorrusos, accedió a hacer lo que los soldados rusos querían que hicieran”.

Shkrum, una parlamentaria prooccidental, le dijo a la BBC que los servicios de seguridad ucranianos le advirtieron que probablemente estaba en una lista negra rusa y que evitara su apartamento en Kiev.

“Prácticamente hay dos listas”, dijo. “Una lista de personas para ser asesinadas, como miembros del parlamento, que en su mayoría son personas con las que (Rusia) siente que no puede cooperar. Y una lista de personas para ser tomadas como rehenes y llevadas a Moscú y obligadas a votar sobre algo”.

“También tengo sanciones en mi contra en Rusia, así que supongo que estoy en la lista para ser asesinada o capturada”, agregó Shkrum.

Vecinos temen campañas de detenciones

Los secuestros no se han limitado a figuras públicas. También se ha detenido a algunos civiles y exmiembros de las fuerzas armadas.

Mattia Nelles, un analista político ucraniano, le dijo a la BBC que su tío, exmédico del ejército ucraniano que luchó en Donbás entre 2016 y 2018, había sido atacado por soldados rusos en la ciudad oriental de Svatove”.

“Las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa llegaron a su casa y lo buscaron”, dijo Nelles. “Por suerte, no estaba en su casa, pero los vecinos confirmaron que lo buscan”.

Nelles dijo que no estaba claro qué elementos de las fuerzas rusas estaban detrás de la ola de detenciones, pero en el caso de su tío dijo que las tropas eran una mezcla de personal del ejército y algunas otras fuerzas de seguridad. Solo podemos especular si es FSB, no llevaban insignias”.

Teme que la campaña de arrestos se itensifique en los próximos días. Observó que en las áreas del sur, como Jersón, hasta ahora “la cantidad de arrestos parece relativamente baja” y algunas de las listas parecen estar “elaboradas sobre la marcha” a medida que las fuerzas rusas identifican a los que se resisten a la ocupación.

“Los vecinos temen que estamos viendo el comienzo de una campaña sostenida”, advirtió.


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