Expertos piden a AMLO transparentar plan para mejorar sistema de salud
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Especialistas piden a AMLO transparentar plan y recursos para fortalecer sistema de salud, y no solo conferencias

Hace falta un documento donde se establezca a quién se va a atender, cómo, con qué presupuesto, cuáles son las prioridades, con qué tareas se quedan las secretarías estatales y qué pasaría en caso de que los acuerdos entre las entidades y el IMSS Bienestar se rompan.
Cuartoscuro
20 de abril, 2022
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Expertos en derecho, acceso a la salud, presupuesto y rendición de cuentas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que haga público si se cuenta con un plan para fortalecer al sistema de salud y dar atención a la población sin seguridad social a través del IMSS-Bienestar, en sustitución del Insabi, así como transparentar si existen indicadores, objetivos y plazos definidos, a cuánto va a ascender el financiamiento y de dónde va a salir el dinero para que todo esto se lleve a cabo.

Después de que el presidente anunció que a partir de mayo se dará semanalmente una conferencia para informar sobre el fortalecimiento del sistema de salud, analistas, activistas y abogados dijeron que el problema es que hasta la fecha no se conoce la estrategia que se piensa seguir ni cómo se ejecutará. 

Leer más | Arranca plan B del gobierno para dar atención en salud a población sin seguridad social, tras fracaso del Insabi

“Dicen que van a ir informando semana a semana, pero ojalá se pudiera conocer un documento, porque si no nos pueden hablar de avances y no vamos a saber con qué comparar si sí se están alcanzando las metas o no”, dice Judith Senyasen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En ese plan que no se ha hecho público y no se sabe si se tiene, se tendría que tener muy claro a quién se va a atender y con qué servicios. “No se puede argumentar que este nuevo modelo se va a apegar al del IMSS Bienestar, porque este no tiene tercer nivel de atención, entonces habría que saber qué va pasar con los hospitales de especialidad de los estados, si los va a absorber la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSAHE) o quién”, cuestiona Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo Cero Desabasto e integrante de la organización Nosotrxs. 

Lo otro que debería conocerse en ese plan es de dónde va a salir el presupuesto para financiar la atención a la salud de las personas sin seguridad social. “El presidente habló en la conferencia donde anunció que esta tarea va a recaer en IMSS-Bienestar de que se necesitaban 200 mil millones de pesos, pero nadie ha explicado de dónde van a salir”, subraya Senyasen Méndez. 

Castañeda sostiene que es muy importante saber en quién va a recaer la financiación. Con el Seguro Popular una parte de la cuota social la aportaban los estados, y hasta el momento no se ha precisado si ahora habrá aportación estatal para atender a esta población, ni cuál va a ser la ruta del presupuesto. 

“Una de las grandes fallas del Seguro Popular es que tenía grandes agujeros, no era trazable la ruta del dinero y de ahí se hicieron grandes fortunas en los estados, eso puede pasar ahora, aunque sea la federación la que se encargue de financiarlo, si no se tiene etiquetado y no hay trazabilidad”, dice el coordinador de Cero Desabasto. 

La rectoría de los servicios es otro punto importante que no se conoce. Todavía no es claro qué funciones seguirán teniendo las secretarias estatales de salud ni las jurisdicciones sanitarias. “Qué le toca a cada quién es algo que debería estar en un documento público”, advierte Castañeda. 

Lo que se sabe hasta el momento

En las conferencias del presidente y otros actos públicos lo que se ha anunciado es que se hará un censo por estado para conocer con qué se cuenta y qué hace falta. “Se supone que ya hay censos, al menos en los tres estados donde va a arrancar este esquema de otorgar servicios de salud a la población sin seguridad social a través del IMSS-Bienestar, que son Nayarit, donde ya arrancó, Tlaxcala y Colima, pero tampoco se han hecho públicos los resultados de esos censos”, señala Janet Oropeza, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar. 

En esos estados también se están realizando mesas de trabajo para hacer la transición de los servicios al IMSS-Bienestar, pero no se conocen los alcances y acuerdos de estas. 

“Todo eso se debería hacer público, para saber cuál es la demanda de recursos en esos estados. Si van a ir estado por estado, que al menos se vaya publicando eso y la ruta de cómo van a ir avanzando. A Nayarit, por ejemplo, ya enviaron 125 médicos para el IMSS-Bienestar, pero qué porcentaje es eso de todos los que se requieren, pues no se sabe”, dice Oropeza. 

Los acuerdos que ya se firmaron con los tres estados en los que se eligió que arrancaría la estrategia tampoco se han hecho públicos. Sin embargo, David Sánchez Mejía, abogado especialista en derecho a la salud solicitó y obtuvo vía transparencia el relativo a Tlaxcala. 

Este acuerdo, del que Animal Político tiene copia, se firmó entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de su director Zoé Robledo y la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, pero en este documento tampoco se muestra un plan claro ni cómo va a avanzar la transferencia de recursos y servicios de la entidad al IMSS. Los compromisos establecidos son generalidades. 

El acuerdo dice, por ejemplo, Tlaxcala se compromete a brindar al IMSS las facilidades que resulten necesarias para el intercambio de información, a fin de permitir la transferencia de infraestructura médica y financiera, con el objetivo de llevar a cabo la prestación de servicios de salud, a través del programa IMSS-Bienestar. 

El IMSS se compromete a realizar un diagnóstico de la información proporcionada por Tlaxcala para analizar los alcances y requerimientos para la operación del Programa IMSS-Bienestar en el estado. 

Los ejes sobre los que se desarrollarán las acciones que ejecutarán las partes se enfocarán en el aprovechamiento y optimización de: recursos financieros, infraestructura de las unidades y personal adscrito. 

No hay nada respecto a plan de ejecución, rutas o metas, ni cómo se va a resolver lo del presupuesto. Lo que sí dice y preocupa, señala Sánchez Mejía, es que las partes se comprometen a ejecutar las gestiones que resulten necesarias para que Tlaxcala transmita de forma gratuita al IMSS, los derechos de propiedad, la posesión, y, en general, cualquier facultad que tenga sobre las unidades de salud, libres de todo gravamen, así como sin limitaciones de dominio, controversias y conflictos. 

La transmisión de la propiedad de las unidades de salud incluirá también la infraestructura y equipo médico que se encuentre en estas. 

“Es decir el estado se compromete a hacer todas las gestiones para transmitir de forma gratuita los derechos de propiedad y sin gravámenes, el gobierno estatal entonces está asumiendo el compromiso de deshacerse de todo su patrimonio sin recibir un centavo por los hospitales, los aparatos y además si hay algún tema de litigio, sanciones o prediales, los tendrá que solventar”, explica el abogado. 

Lo complicado es, dice Sánchez Mejía, qué pasará si este acuerdo no se cumple o se rompe. “El estado está transmitiendo sus bienes y si se rompe el acuerdo se queda sin nada, no hay en este acuerdo una cláusula de salida, entonces cómo se van a proteger las entidades”. 

Además, señala, el acuerdo es con el IMSS, pero los servicios los va a operar el IMSS-Bienestar. “Eso también genera dudas, porque no son los mismo, el IMSS maneja un patrimonio derivado de las cuotas obrero patronales, el IMSS Bienestar saca sus recursos de un subsidio federal, cómo saben los estados que su infraestructura no se va a usar para otras cuestiones distintas a la signadas en el acuerdo”. 

De nada de lo anterior hay claridad. Lo que está imperando, coinciden los entrevistados, es la opacidad y los anuncios mediáticos, pese a que ya se tuvo un fracaso con el Insabi, del que tampoco se conoció nunca un plan de ejecución para brindar servicios de salud a la población sin seguridad social. 

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Rusia y Ucrania: las razones de Estados Unidos y la OTAN para no enviar tropas a Kiev

En el pasado, las tropas de Estados Unidos y de la OTAN intervinieron en conflictos en países que no pertenecían a la alianza como Bosnia o Afganistán.
26 de febrero, 2022
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha gastado un enorme capital diplomático en contrarrestar el ataque ruso a Ucrania.

Su gobierno transmitió implacablemente advertencias sobre una posible invasión inminente por parte de Moscú, que finalmente se materializó, y declaró que estaba en juego nada menos que el orden internacional.

Pero Biden también ha dejado en claro que los estadounidenses no están dispuestos a combatir, aunque los rusos claramente lo están.

Además, descartó enviar fuerzas a Ucrania para rescatar a ciudadanos estadounidenses, si llegara el caso. De hecho, sacó del país tropas que estaban sirviendo como asesores y monitores militares.

¿Por qué ha trazado el mandatario esta línea roja en la crisis de política exterior más importante de lo que lleva de presidencia?

No están en juego sus intereses de seguridad nacional

En primer lugar,hay que recordar que Ucrania no está en el vecindario de EE.UU. ni se encuentra en su frontera. Tampoco alberga una base militar estadounidense. No tiene reservas estratégicas de petróleo y no es un socio comercial importante.

Pero esa falta de interés nacional no ha impedido en el pasado que gobiernos estadounidenses hayan gastado sangre y recursos de su país para defender a otros.

En 1995, Bill Clinton intervino militarmente en la guerra que siguió al colapso de Yugoslavia. Y en 2011, Barack Obama hizo lo mismo en la guerra civil de Libia, alegando tanto motivos humanitarios como de derechos humanos.

Tropa de Estados Unidos en Bosnia en 1995.

Getty Images
Estados Unidos envío tropas que formaron parte del contingente de la OTAN en 1995.

En 1990, George HW Bush justificó su coalición internacional para expulsar a Irak de Kuwait defendiendo el Estado de derecho frente a la ley de la selva.

Los principales funcionarios de seguridad nacional de Biden han usado un lenguaje similar al describir la amenaza de Rusia a los principios internacionales de paz y seguridad.

Pero, hasta ahora, han hablado de una guerra económica a través de sanciones paralizantes como respuesta, no de operaciones militares.

Biden no es partidario del intervencionismo militar

Esta postura tiene algo que ver con los instintos no intervencionistas del presidente Biden.

Por supuesto, estos se fueron desarrollando con el paso del tiempo. En el pasado, por ejemplo, el actual mandatario apoyó la acción militar estadounidense en la década de 1990 para hacer frente a los conflictos étnicos en los Balcanes.

También votó a favor de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Pero, desde entonces, se ha vuelto más cauteloso a la hora de usar el poder militar estadounidense.

Así, se opuso a la intervención de Obama en Libia, al igual que a su decisión de incrementar las tropas en Afganistán. De igual modo, sigue defendiendo enérgicamente su orden de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán el año pasado a pesar del caos que la acompañó y la catástrofe humanitaria que dejó a su paso.

Por su parte, el jefe diplomático de su gobierno, Antony Blinken —quien ha ayudado a concebir la política exterior de Biden— ha definido una seguridad nacional estadounidense más enfocada a combatir el cambio climático, luchar contra las enfermedades globales y competir con China que en términos de intervencionismo militar.

Los estadounidenses tampoco quieren una guerra

Una encuesta reciente de la agencia AP y el Centro NORC para la investigación de Asuntos Públicos de la Universidad de Chicago concluyó que 72% de los consultados en EE.UU. dijo que su país debería desempeñar un papel menor en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o ninguno en absoluto.

Carteles con el precio de la gasolina en una estación de servicio en Estados Unidos.

Getty Images
Los estadounidenses están más preocupados por la economía que por la geopolítica.

Los ciudadanos centran sus intereses en cuestiones económicas, especialmente en el aumento de la inflación, algo que Biden debe tener en cuenta a medida que se avecinan las elecciones de mitad de período.

En Washington, la crisis en Ucrania está en el centro de las preocupaciones de legisladores tanto republicanos como demócratas, que exigen sanciones más duras contra Rusia.

Pero incluso voces de línea dura como el senador republicano Ted Cruz no quieren que Biden envíe tropas estadounidenses a Ucrania y “comience una guerra con Putin”.

El senador republicano Marco Rubio, otro halcón de la política exterior, ha dicho que la guerra entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo no sería buena para nadie.

El peligro de una confrontación de superpotencias

Buena parte de esta postura se explica en el hecho de que Putin cuenta con una gran reserva de ojivas nucleares.

Biden no quiere provocar una “guerra mundial” al arriesgarse a un enfrentamiento directo entre tropas estadounidenses y rusas en Ucrania y ha sido claro al respecto.

Balance fuerzas militares entre Rusia y Ucrania.

BBC
Desfile militar en Rusia.

Getty Images
Además de armas nucleares, Rusia cuenta con un potente arsenal convencional.

“No es como si estuviéramos lidiando con una organización terrorista”, dijo el mandatario estadounidense a la cadena NBC a principios de este mes. “Estamos lidiando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Esta es una situación muy difícil y las cosas podrían descontrolarse rápidamente”, apuntó.

EE.UU. no está obligado a actuar

EE.UU. tampoco está obligado por ningún tratado internacional a asumir este riesgo.

Una situación distinta ocurriría si Ucrania fuera parte de la OTAN, pues en esa organización se asume que un ataque contra cualquiera de sus miembros es un ataque contra todos. Ese es el compromiso fundamental del Artículo 5, que obliga a todos los miembros a defenderse unos a otros.

Pero Ucrania no es miembro de la OTAN, un factor citado por Blinken para explicar por qué los estadounidenses no lucharán por los valores que defienden con tanta energía.

Aquí hay cierta ironía, dado que el conflicto surge de las demandas de Putin de garantías de que nunca se permitirá que Ucrania se una a la alianza militar y de la negativa de la OTAN a dárselas.

Tampoco la OTAN está obligada a hacerlo

Paradójicamente, el compromiso de defensa mutua establecido en el Tratado de la OTAN es el principal incentivo que tiene Ucrania para solicitar la admisión en esa alianza y, al mismo tiempo, uno de los motivos por los cuales algunos de sus estados miembros no quieren admitir a Kiev.

Gráfico

BBC

Desde inicios de la década de 1990, el tema de la ampliación de la OTAN para incluir a países que pertenecieron a la antigua órbita soviética fue motivo de debate entre expertos en política exterior, entre los cuales hay quienes creen que esto podría generar una reacción negativa por parte de Rusia, que podía sentirse amenazada por la inclusión en la alianza de países con los que comparte fronteras.

Pese a esas objeciones, la alianza se amplió y desde 1997 ha incluido entre sus miembros a 14 países que proceden del antiguo bloque comunista. Ha habido, sin embargo, dos notables excepciones: Georgia y Ucrania.

En 2008, la OTAN hizo una declaración en la que señaló que estos dos países podrían ser finalmente admitidos, pero esto no ha ocurrido.

De hecho, muchos analistas apuntan que no es casual que, justo meses después de esa cumbre de la OTAN, se produjo la guerra en Georgia mediante la cual separatistas prorrusos tomaron el control de los territorios de Abjasia y de Osetia del Sur.

Soldados de Ucrania en Donetsk.

Getty Images
En 2014, las fuerzas armadas de Ucrania perdieron el control de Donetsk y Luhansk ante grupos prorrusos.

Una situación similar se repitió en 2014, cuando pocos meses después de las revueltas populares que llevaron a la caída del gobierno del presidente prorruso de Ucrania Víktor Yanukóvich, se registraron las rebeliones en Donetsk y Luhansk, en las cuales grupos prorrusos asumieron el control de esos territorios de Ucrania.

Al igual que el gobierno de Biden, la OTAN ha criticado con dureza la invasión rusa a Ucrania. Su secretario general, Jens Stoltenberg, dijo que se trata de “un acto brutal de guerra”. Pero, de ahí a intervenir militarmente en defensa de Kiev, hay un abismo que la alianza no parece estar dispuesta a cruzar por el momento.

¿Puede cambiar esto?

El presidente Biden ha estado enviando tropas a Europa y redistribuyendo las que ya están allí, para reforzar a los aliados de la OTAN que limitan con Ucrania y Rusia.

Esto ha sido anunciado por su gobierno como un esfuerzo para tranquilizar a las exrepúblicas soviéticas, nerviosas por el objetivo más amplio de Putin de presionar a la OTAN para que haga retroceder las fuerzas de su flanco oriental.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Getty Images
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha criticado duramente la invasión rusa.

Este esfuerzo ha implicado también a la alianza, que durante los meses previos de tensión entre Rusia y Ucrania ha movilizado miles de efectivos y de recursos militares hacia el este de Europa, pero no con la finalidad de proteger a Ucrania sino para reforzar la protección de sus miembros en esa región como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania.

Pero la invasión de Ucrania esta semana avivó las preocupaciones sobre la perspectiva de un conflicto más amplio, ya fuera por un derrame accidental de las hostilidades o por un ataque deliberado de Rusia más allá de Ucrania.

Esto último implicaría una gran escalada de la tensión, pues abriría la puerta a invocar el compromiso de defensa mutua del Artículo 5 de la OTAN. No obstante, cualquiera de esos dos escenarios podría atraer a las fuerzas estadounidenses a una batalla.

“Si [Putin] entra en los países de la OTAN, nos implicaremos“, advirtió Biden.

* Con información del análisis de Barbara Plett Usher, corresponsal de la BBC en el Departamento de Estado de EE.UU.


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