El exabogado del ISSSTE acusa al director de un fraude por 800 mdp
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Cuartoscuro

Ante un juez, el exabogado del ISSSTE acusa a su actual director de participar en un fraude por 800 mdp

En una audiencia judicial, José Febo Trujeque Ramírez, exdirector jurídico del instituto, dijo que el titular del organismo, Pedro Zenteno, presuntamente fue omiso y dio pie a pagos indebidos por 800 mdp a una empresa farmacéutica.
Cuartoscuro
Por Sergio Rincón
6 de abril, 2022
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Quien fuera director jurídico del ISSSTE hasta enero pasado, José Febo Trujeque Ramírez, acusó ante un juzgado federal al actual director del instituto, Pedro Zenteno Santaella, de cometer presuntas omisiones y que, desde su oficina, se emitieron “documentos falsos” que provocaron el pago ilegal por más de 800 millones de pesos hacia una empresa perteneciente a un emporio farmacéutico.

Durante la segunda sesión de la audiencia inicial realizada este martes ante un juez del Reclusorio Norte, Trujeque Ramírez aseguró que, cuando se le pidió por medio de un oficio en 2019 a Zenteno que informara si había pagos a la empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, ligada al Grupo Fármacos Especializados, y en su caso enviara el soporte documental, el ahora director del ISSSTE “omitió pedir informe a su subdirector de contaduría”. 

El exdirector jurídico del ISSSTE agregó que, en agosto de 2019, Raúl García Robles, entonces subdirector de Administración y Presupuesto del ISSSTE y subordinado de Zenteno, emitió documentos presuntamente falsos en los que se refería que el instituto no había efectuado ningún pago a la farmacéutica. Sin embargo, entre enero y diciembre de 2019, y en medio del litigio, se emitieron 760 facturas como pagos que finalmente alcanzaron la cifra de más de 790 millones de pesos.

“La información que se contiene en el oficio suscrito por el subdirector de Programación y Presupuesto fue falsa, lo que originó el doble pago y la imputación formulada por la fiscalía contra los ocho imputados, pero no contra quien hizo constar esos hechos falsos”, dijo Febo Trujeque en entrevista con Animal Político.

Es la primera vez que se menciona al actual director del ISSSTE dentro de esta audiencia inicial. De hecho, tanto Zenteno como García Robles, quien actualmente es jefe de departamento en Superissste, no han sido citados ni imputados en la causa penal 380/2021. Tampoco se citó a la empresa en cuestión.

Animal Político buscó la postura del director del ISSSTE, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. 

En este caso hay ocho imputados, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusó el lunes pasado de ser presuntamente omisos, no verificar, no tener comunicación con sus superiores y no atender las normas y los protocolos, lo que provocó que el ISSSTE, durante la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda, perdiera un juicio mercantil y pagara en dos ocasiones a la empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, ligada al Grupo Fármacos Especializados. 

A los imputados se les acusa de los delitos de uso ilícito de atribuciones y ejercicio ilícito del servicio público, y a uno de ellos se agrega el abandono de la defensa.

Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, es la empresa que reclamó en noviembre de 2018 un adeudo por mil 200 millones de pesos de un contrato que no le habían finiquitado desde un año antes. Esto derivó en un juicio mercantil, en el que un juez ordenó al ISSSTE pagar 750 millones más intereses, pero la dirección a cargo de Zenteno no informó al área jurídica que ya había emitido pagos, lo que provocó que para enero de 2021 estos se volvieran a realizar. 

Animal Político publicó en marzo de 2019 que Grupo Fármacos Especializados acaparó por sí solo el 35.2% de las compras consolidadas de medicamentos y otros insumos por parte del IMSS y el ISSSTE. Los contratos que recibió —en su mayoría por asignación directa— superaron los 106 mil millones de pesos. 

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la empresa Selecciones Médicas del Centro pertenece al empresario José Antonio Pérez Fayad, a cuyo conglomerado de compañías farmacéuticas, Grupo Fármacos Especializados, se le atribuye el principal acaparamiento de contratos de medicamentos e insumos médicos en los últimos años.

Versiones encontradas 

En la audiencia de este martes, presidida por el juez federal de control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, solo dos imputados decidieron declarar. El primero fue el exabogado del ISSSTE, Trujeque Ramírez, quien argumentó que, según el estatuto orgánico del instituto, él no podía pagar el adeudo, ni tampoco tenía acceso al sistema donde se encontraba la información contable. 

Al no estar en sus facultades, la dirección jurídica a su cargo supuestamente no podía ser omisa del pago extra de 831 millones de pesos que el ISSSTE hizo a la farmacéutica. Estos elementos contradicen la hipótesis de la fiscalía, la cual aseguró que los señalados actuaron presuntamente con dolo, pues a pesar de su experiencia en el servicio público, y de que la información estaba en el sistema, no se dieron cuenta o no informaron a sus superiores del pago doble.

Trujeque Ramírez también mostró oficios en los que solicitó información a la dirección de Zenteno sobre si se habían realizado pagos, pero en al menos dos respuestas emitidas por el subdirector García Robles se declaró que no había ninguna cuenta líquida certificada para trámites de pago. 

El exfuncionario declaró que, cuando se enteró del doble pago, intentó realizar acciones legales para recuperar los 831 millones. Sin embargo, acusó que la FGR le negó en tres ocasiones el acceso al expediente y, por tanto, no pudo emprender la recuperación del dinero. 

Animal Político preguntó al ISSSTE si existe alguna acción para recuperar esos 831 millones, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. 

Finalmente, Trujeque Ramírez agregó que el Órgano Interno de Control en el ISSSTE resolvió el 17 de noviembre de 2021 que la responsabilidad del doble pago fue del área administrativa del instituto.  

Presiones para acelerar el pago

Otro de los imputados que decidió declarar en la audiencia fue Marx Yazale Ortíz Correra, quien desde julio de 2020 y hasta enero de 2022 se desempeñó en el área jurídica a cargo de Trujeque Ramírez. 

Marx Ortíz reforzó el argumento de que el área jurídica no podía saber de los pagos que se habían hecho durante el juicio mercantil, pero agregó que en diciembre de 2020 la Junta Directiva del ISSSTE instruyó al área administrativa para hacer pagos por sentencias pendientes. 

Según su declaración, a partir de entonces el área administrativa le pidió al área jurídica un listado de todas las sentencias por las que había que pagar. Luego, según dijo Ortíz, “hubo una presión para acelerar la solicitud de la gestión del pago para la sentencia (del caso con Selecciones Médicas del Centro)”.

El exfuncionario del área legal del ISSSTE aclaró que el área legal solo aceleró la solicitud, pero quien finalmente hizo el pago fue la parte administrativa. 

Al final de su declaración, Ortíz acusó a la fiscalía de imputarlo sin tener datos de prueba. También puso sobre la mesa que el director del área administrativa y el ahora director del ISSSTE, Zenteno, y su entonces subordinado, García Robles, no fueran citados, a pesar que estos hechos ocurrieron durante su encargo.

La audiencia continúa

El juez del Reclusorio Norte citó a las partes a una nueva sesión que se realizará por videollamada el próximo jueves a las 7:00 horas. Dado que ningún otro imputado decidió declarar, será turno de la fiscalía para que presente todas las pruebas de sus acusaciones. 

Se espera que esta audiencia inicial continúe el fin de semana y de ser necesario en Semana Santa, con el fin de que el juez tenga elementos para decidir si vincula a proceso a Trujeque Ramírez y a los otros siete implicados, y dar tiempo para que se concluya la indagatoria. 

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Ketanji Brown Jackson: quién es la primera mujer negra en llegar a la Corte Suprema de EE.UU.

La jueza de 51 años fue confirmada este jueves por el Senado de EE.UU. para ocupar un puesto en el máximo tribunal del país. ¿Quién es Ketanji Brown Jackson?
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7 de abril, 2022
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Ketanji Brown Jackson hizo historia este jueves.

Con 53 votos a favor, la jurista de 51 años se convirtió en la primera mujer afroestadounidense en ser nombrada jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los demócratas y tres republicanos del Senado votaron a favor de su nombramiento luego de que el pasado febrero el presidente de EE.UU., Joe Biden, la nominara para reemplazar al juez Stephen Breyer, quien anunció su retiro.

“En esta votación, los ‘sí’ son 53, los ‘no’ 47. Y esta nominación es confirmada”, dijo la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, quien asumió su función de presidenta del Senado en la sesión.

La mayoría demócrata aplaudió y ovacionó el resultado. Chuck Schumer, el líder de la mayoría, lo calificó como un “día jubiloso” para Estados Unidos.

La senadora por Alaska Lisa Murkowski, una de los tres republicanos que votaron a favor de la jueza Jackson, dijo que su decisión era, en parte, una señal de “rechazo a la corrosiva politización” en torno a los procesos de confirmación.

La nueva magistrada “aportará a la Corte Suprema una experiencia en tribunales que pocos pueden equiparar dado su historial en litigios”, añadió Murkowski.

En 233 años de historia de la Corte Suprema, es la tercera persona de la comunidad negra en sentarse en el máximo tribunal del país, después de los jueces Thurgood Marshall (fallecido en 1993) y Clarence Thomas (actualmente en el cargo).

Con la llegada de Jackson, la composición de la Corte Suprema -clave en muchas decisiones del país- quedará con una representación de seis jueces conservadores y tres progresistas, incluida Jackson entre estos últimos.

El origen de Ketanji Brown Jackson

Al nominarla para la Corte Suprema, el presidente Biden dijo que Jackson es “una de las mentes legales más brillantes de la nación”. Su trayectoria es amplia.

Nacida en Washington DC en 1970, creció en Miami en los años en los que aún había efectos de la segregación racial en el sureste del país.

Ketanji Brown Jackson

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“Mis padres me enseñaron que, a pesar de las muchas barreras que tuviera que enfrentar al crecer, si trabajaba duro y creía en mí misma y en Estados Unidos, podría hacer cualquier cosa o ser cualquier cosa que yo quisiera ser”, dice Jackson.

“Fue mi padre quien me inició en este camino. Cuando yo era niña, lo vi estudiar y se convirtió en mi primer ejemplo profesional”.

En la escuela secundaria fue campeona de debate y presidenta de su clase.

Jackson posee dos títulos de la Universidad de Harvard, institución a la que ingresó con solo otros tres compañeros afroestadounidenses.

“En esos primeros momentos en los que te preguntas si perteneces, ella fue el ancla. Luego se aseguró de que todos lo fuéramos. Ella es la que se convirtió en el cimiento de todos nosotros”, dice su excompañera Lisa Fairfax.

En esa época conoció a su esposo, Patrick Jackson, que era estudiante de medicina de Columbia y proviene de una familia blanca de Boston.

Su carrera

Jackson actualmente forma parte del influyente Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el circuito de DC.

Previamente estuvo en la defensa pública, lo que la convierte en la primera jueza de la Corte Suprema en haber sido abogada pública ante los tribunales.

Joe Biden y Ketanji Brown Jackson

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Jackson fue nominada por el presidente Joe Biden.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama nominó a Jakcson como jueza del tribunal de distrito de DC. Durante los ocho años que pasó ahí escribió más de 500 opiniones.

Entre ellas, dictaminó que Donald F McGhan II, el exabogado de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, tenía que testificar en la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de EE.UU.

Al ser nominada, la jueza Jackson habló de su familia y sus mentores legales y modelos a seguir.

Dijo que al trabajar como secretaria del juez Breyer (al que sustituye) de 1999-2000, aprendió lo que se necesitaba para ese cargo: “el más alto nivel de habilidad e integridad, civilidad y gracia”.

La jueza Jackson también habló brevemente sobre su enfoque de la ley: “He sido juez durante casi una década y me tomo muy en serio esa responsabilidad y mi deber de ser independiente”.

“Decido los casos desde una postura neutral. Evalúo los hechos, interpreto y aplico la ley a los hechos del caso que tengo ante mí, sin temor ni favoritismo, de conformidad con mi juramento judicial”.

Senadores republicanos

EPA
La mayoría de los republicanos optó por rechazar la nominación de Jackson.

Pero, durante las 30 horas de audiencias de confirmación, muchos republicanos consideraron que hubo fallas en sus decisiones pasadas.

La criticaron por no responder si se deberían agregar escaños a la Corte Suprema (algo que rechazan los republicanos) y por no querer definir el término “mujer”. También la acusaron de indulgencia en casos de pornografía infantil.

Sin embargo, los demócratas dijeron que tiene “todas las credenciales” para el máximo cargo al que fue confirmada.

Casos polémicos

Algunas de las decisiones en su carrera judicial fueron repasadas en las audiencias de confirmación.

El senador Dick Durbin se refirió a acusaciones de que “tiene un patrón de dejar libres a los delincuentes de pornografía infantil”.

Fue señalada por haber dado sentencias “indulgentes” a procesados y abogar por reducir sus penas cuando fue vicepresidenta de la Comisión de Sentencias de EE.UU., que asesora al Congreso sobre las pautas federales de sentencias.

Las afirmaciones son engañosas, según varios sitios de verificación de hechos.

“Nada podría estar más lejos de la verdad”, dijo Jackson, quien eludió las críticas a sus sentencias que en ocasiones estuvieron por debajo de las pautas emitidas por el Congreso, pero no muy diferentes a las de otros jueces.

Optó por hablar del daño causado por los delincuentes sexuales y de las vidas que habían sido destrozadas Describió la gama de castigos que los procesados recibieron a través de sus fallos.

Senadores republicanos

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Otro de sus momentos cuestionados fue haber sido defensora pública de detenidos de Guantánamo.

Los republicanos criticaron que hubiera dado “servicios legales gratuitos para ayudar a los terroristas a salir” de la prisión militar.

La jueza dijo que a los defensores públicos se les asignan casos y no eligen a quién representar, y que todos los acusados tienen “derecho a representación y a ser tratados de manera justa” bajo el sistema de justicia de EE.UU.

Pero reconoció que defender a los detenidos significaba, a veces, ayudar a liberar a personas que luego estaban en contra de los intereses estadounidenses.


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