Con el objetivo de apresurar la salida de los últimos agentes civiles de la corporación, o por lo menos retirarlos de las calles, la Guardia Nacional (GN) puso en marcha un programa de retiro voluntario en el que ofrece “compensación económica” a estos elementos, a cambio de renunciar definitivamente al cargo. Los que no aceptan son reasignados —de forma obligatoria— a otras áreas distintas a las de patrullaje y prevención.
Documentos internos a los que Animal Político tuvo acceso muestran que, en un solo día, 600 efectivos que estaban en labores de vigilancia en las calles fueron reubicados a otras áreas de la corporación. En tanto, miles fueron trasladados a la Ciudad de México para ser exhortados a adherirse al programa de retiro voluntario y, mientras eso ocurre, permanecen congelados. Policías militares reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son los responsables de asumir sus funciones.
Esto sucede pese a que, por definición constitucional, la GN es una institución civil, y a que instancias como la ONU o Amnistía Internacional han pedido frenar la militarización de las tareas de seguridad pública.
“Nos han tenido por días en el centro de mando de Iztapalapa, sentados en las gradas, sin hacer nada, cumpliendo el turno ahí sentados por ocho o hasta 16 horas. Esperan que les digamos que nos queremos adherir al retiro. Es desesperante y denigrante para nosotros”, dijo uno de los agentes, quien entregó a este medio videos de las condiciones en que los tienen en las gradas.
Animal Político buscó a la GN y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para conocer los motivos de estos movimientos, así como las razones por las cuales no se ha reclutado a civiles sino solo a elementos provenientes de las Fuerzas Armadas, pero al igual que en ocasiones anteriores, no se ha proporcionado respuesta.
El año pasado, por instrucciones de los generales que la dirigen, la GN puso en marcha una estrategia para sustituir con policías militares a los expolicías federales transferidos originalmente a esta corporación y que estaban a cargo de las tareas de patrullaje en vías federales y de seguridad en casetas, puertos y aeropuertos. Las acciones ordenadas en los últimos días forman parte de la fase final de este programa.
El 18 de abril, a través del oficio GN/DGSE/7585/2022, se informó a los coordinadores de batallón del país que, por instrucción del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la GN, se había puesto en marcha el Programa de Separación Voluntaria para el personal de carrera, justamente, los agentes de la extinta Policía Federal que pasaron a la GN.
Para tal efecto, se ordenó a dichos mandos “brindar todas las facilidades necesarias” para el traslado de los agentes interesados a la CDMX, con el fin de comenzar con los trámites de separación de la corporación. El procedimiento, dividido en seis etapas, comenzó con la invitación a todos los agentes civiles para adherirse a dicha separación. Junto con ese oficio, se anexa el modelo de carta ya redactada que cada agente debe firmar, donde acepta separarse de la GN a cambio del “pago de una compensación económica”.
[dax id=848157]
Agentes de la corporación señalaron a este medio que fue a través de mensajes de texto y de una videoconferencia por Zoom como sus mandos les hicieron saber de la puesta en marcha de este procedimiento y, aunque es una separación voluntaria, a muchos se les ordenó trasladarse a la CDMX aun sin haber aceptado adherirse a dicha iniciativa.
“Algunos tenemos 10 o 15 años aquí, esto es lo que sabemos hacer. Nos quieren ahora sacar y truncar una carrera y no nos conviene. Primero, porque la compensación que quieren ofrecer no es acorde a lo que deberíamos de recibir, pero sobre todo porque para muchos de nosotros ya es complicado, por nuestra edad, conseguir otro trabajo”, dijo uno de los policías, quien pidió no revelar su nombre pues tiene órdenes superiores de no dar declaraciones.
Por ley, estos exfederales tienen derecho a permanecer en la corporación siempre que cumplan con sus obligaciones y superen las pruebas de control de confianza que periódicamente se les aplican. Al cumplir 33 años de trabajo, tienen derecho a una jubilación y el pago de una pensión, beneficios que perderían en caso de adherirse a la separación voluntaria que se les está ofreciendo.
De acuerdo con autoridades federales, son pocos los elementos que han aceptado esta estrategia, por lo que se les ha pedido a los seis coordinadores de batallones del país insistir a los agentes en esta opción, con la instrucción definitiva de que ya no podrán continuar realizando patrullajes ni acciones operativas de vigilancia, pues esas labores quedan a cargo de los policías militares.
Reasignación forzosa
El 16 de febrero, Animal Político dio a conocer que la GN había transferido a 101 de sus agentes civiles destinados a los patrullajes en carreteras e instalaciones a la Coordinación Nacional Antisecuestro. Lo hizo de forma automática y grupal, sin que previamente se realizara un análisis de si contaban con el perfil para ello o sin darles una capacitación especial. Los movimientos de esta naturaleza han seguido incrementando.
Por ejemplo, el pasado 9 de abril, más de 600 guardias civiles que estaban abocados a labores de patrullaje fueron removidos de esas funciones por órdenes superiores. En oficios firmados por el general Rodríguez Bucio, se instruyó al comandante de la Dirección de Seguridad en Carreteras e Instalaciones la reasignación de dichos efectivos.
En el oficio GN/S.P./SsPC/0863/2022, se instruyó la reasignación inmediata de 32 agentes que estaban en las calles en labores de patrullaje a la Dirección General Antidrogas; en el oficio GN/S.P./SsPC/0859/2022, se ordena la transferencia de 464 elementos a la Dirección General de Servicios Especiales; en el oficio GN/S.P./SsPC/0874/2022, se instruye la reasignación de 64 elementos a la Dirección General de Inteligencia, y en el oficio GN/S.P./SsPC/0861/2022, se ordena el traslado, de forma similar, de 67 guardias civiles a la Dirección General de Investigación.
[dax id=848161]
[dax id=848166]
[dax id=848168]
Oficios similares se han continuado emitiendo en las últimas semanas, con la reasignación de elementos a otras direcciones como la Científica o la de Seguridad Procesal, o con invitaciones para abandonar definitivamente la institución y ser ubicados en distintas áreas de la SSPC como, por ejemplo, el Servicio de Protección Federal, la Coordinación Nacional Antisecuestro o la Dirección General de Protección Civil.
Ninguno de estos movimientos ha sido detallado ni explicado públicamente por la GN o la SSPC. Tampoco las razones de ello. En las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador donde una vez al mes se abordan temas de seguridad, el general Rodríguez Bucio y el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, solo dan cuenta del estado de fuerza total de la corporación, que asciende a más de 100 mil efectivos, pero no de estos cambios.
Pero según elementos de la corporación, lo que los mandos les han explicado es que estas reasignaciones tienen la finalidad de preparar la transición administrativa y operativa de la GN a la Sedena. Un movimiento que el presidente ya ha anunciado y que requeriría una nueva modificación a la Constitución.
Una policía militarizada
Datos oficiales que Animal Político ha documentado en los tres años de existencia de la GN prueban que, aun cuando en la Constitución se estableció que era una corporación civil, en los hechos se ha avanzado siempre hacia su crecimiento y consolidación militar. El reclutamiento se ha realizado con efectivos provenientes del Ejército y la Marina desde el primer momento.
Al cierre de enero pasado, de los 102 mil 312 elementos que conformaban la GN, 62 mil 284 eran elementos pertenecientes y contratados por el Ejército y 17 mil 792 eran de la Marina. Solo 23 mil 236 efectivos, la quinta parte del estado de fuerza, eran agentes civiles que pertenecían a la extinta Policía Federal.
Desde el año pasado, los altos mandos de la GN (todos ellos militares) decidieron poner en marcha un programa de relevos para ir sustituyendo a dichos agentes civiles —concentrados en patrullajes y vigilancias de vías y zonas federales— por efectivos de la Policía Militar. Una estrategia de cuatro fases que se prevé concluya a finales de julio.
De forma paralela a la GN, destaca el hecho de que en el actual sexenio se ha registrado la mayor movilización de elementos de las Fuerzas Armadas convencionales en apoyo a las tareas de seguridad pública de la que haya registro. Datos de la Sedena obtenidos por transparencia sitúan en más de 80 mil los soldados del Ejército desplegados en la calle, cumpliendo funciones de policía, una cifra récord.
El pasado 12 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU hizo un llamado oficial al gobierno de México para que abandone la ruta de militarización de la seguridad pública por la que ha optado, tras advertir que ello representa un serio riesgo a los derechos humanos. En cambio, le pidió fortalecer a las corporaciones civiles.
Se trata de una petición que ha sido reiterada por otras organizaciones como Amnistía Internacional, la cual ha advertido que el involucramiento permanente de las Fuerzas Armadas en seguridad viola convenios internacionales que México está obligado a respetar, y en los que establece que esto debería ser solo un recurso excepcional.
Apenas el pasado 27 de abril, un elemento de la GN se vio involucrado justamente en un caso de abuso de la fuerza y violación grave a los derechos humanos, luego de que, sin mediar provocación, disparó contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Mató a uno de ellos y dejó lesionada a su compañera.
