Para algunas mujeres, las agresiones que viven por parte de sus parejas no terminan cuando deciden separarse. Por el contrario, se convierten en víctimas de “violencia vicaria”, concepto que se refiere al daño que causa el padre a sus hijas e hijos para generar dolor a la madre. La historia de Lizeth es un ejemplo de esto.

Lizeth lleva más de seis años separada de sus dos hijas, Fernanda y Samantha. En 2016, le pidió el divorcio al padre de las niñas, quien la violentó a lo largo de la década que duró su matrimonio. Él respondió con la sustracción de las menores —entonces de ocho y 10 años— y también con una denuncia por presunta violencia familiar.

En aquella ocasión, llegaron policías de la Secretaría de Seguridad de la CDMX y le pidieron al padre que se retirara. Sin embargo, Lizeth no pudo denunciarlo “porque no estaba golpeada, sangrando, solo hubo jalones y empujones, pero no era suficiente”. 

Aunque en días posteriores quedaron en buenos términos sobre las convivencias con las niñas, en una visita él se las llevó y las incomunicó. Desde entonces, Lizeth vive entre la angustia de no saber cómo están sus hijas, una de ellas con discapacidad intelectual, y el acoso judicial de su exmarido y sus abogados. 

“No siempre cumplía su promesa, pero yo accedía porque era mi esperanza de ver a las niñas. Hasta que una amiga a quien le conté lo que ocurría me dijo que no podía seguirlo permitiendo y me acompañó a denunciarlo”, relata.

En respuesta, él también la denunció. Alegó violencia familiar, algo que el juez —sin pruebas— consideró cierto, por lo que otorgó a él la tutela y obligó a Lizeth a pagar pensión alimenticia y a someterse a un régimen de convivencias que no se cumplió, porque su expareja le negó por completo la comunicación con las niñas por dos años.

“Yo iba ante la juez que veía mi caso y le comentaba lo que estaba pasando, pero solo me decía que presentara escritos”, recuerda.

Lizeth consiguió que le autorizaran ver a sus hijas en el Centro de Convivencia Familiar Autorizada, del Poder Judicial de la CDMX. Bajo estas condiciones, su exmarido presentó a las niñas, pero a la fecha, los pleitos legales continúan, él mantiene la guarda y custodia, y la relación de ella con sus hijas no volvió a ser igual.

Lizeth es una de las más de 600 mujeres que integran el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, fundado por Jennifer Seifert y Alexandra Volin, para acompañar y apoyar a mamás que han pasado por esta situación.

“La violencia vicaria es aquella que se ejerce a las mujeres a través de sus hijos. Es decir, cuando las madres deciden romper el ciclo de violencia con sus agresores, que son exparejas, ellos a manera de venganza se los llevan, los ocultan y los manipulan”, explica Jennifer.

“Yo llevaba siete años divorciada cuando esto pasó. Él incumplía con la pensión alimenticia, no veía a los niños, no era un papá presente y, de repente, cuando iba a concluir el proceso de demanda y tenía que pagarme el dinero que no había dado para mantener a sus hijos, y que si no pagaba se iba a la cárcel, lo que decidió fue sustraerlos”, cuenta.

A raíz de la sustracción de sus hijos, Jennifer expuso su caso en redes sociales, lo que generó interés en otras mujeres. Una de ellas fue Alexandra, quien leyó las publicaciones y se identificó de inmediato.

¿DÓNDE ESTÁN MIS HIJOS? #justiciaparasophiaymatteohttps://t.co/DNaH22OtG5@PJEdomex @FiscaliaEdomex @FiscalEdomex @CODHEM @DIFEM_ @Edomex @50mas1edomex @M_OlgaSCordero @NarroJose @MaluMicher @50mas1edomex @IngridKSC @FridaFerminita @DianaLuzVa @msilvaruiz @FNCVVICARIA pic.twitter.com/50dYGPDKYE

— Jennifer Seifert (@jennifermsb) April 3, 2022

“Nos llevó a unirnos el vivir circunstancias tristes, difíciles, penosas y solitarias, donde a diario nos sentíamos señaladas como si fuéramos criminales. Cuando vi las publicaciones de Jennifer, me identifiqué, la busqué y le pedí que escuchara mi historia”, explica Alexandra, quien no ve a sus hijos desde hace un año y ocho meses.

“A partir de entonces, empezamos a cruzar información y finalmente nos conocimos en persona, las dos somos de la Ciudad de México. Otras dos conocidas nos buscaron y empezamos con un chat en WhatsApp. Todas estábamos dando esta pelea de manera solitaria, pero desde entonces nos damos contención y acompañamiento”, recuerda.

Actualmente, el Frente Nacional contra Violencia Vicaria reúne a mujeres de los 32 estados del país. Se comunican por redes sociales, donde realizan campañas de información sobre el tema, y sostienen reuniones con partidos y grupos de abogados para sensibilizarlos y cabildear una legislación que permita nombrar formalmente y sancionar estas conductas.

De acuerdo con las fundadoras, entre tres y cinco mujeres las buscan a diario para contarles sus historias. Una vez que se aseguran de que es una mamá que necesita ayuda —porque a veces sus exesposos crean perfiles para tratar de infiltrarse en la organización y obtener información—, las canalizan al grupo del frente que se organiza en su estado. 

Antes de darse la sustracción por parte del padre siempre existe FOCOS ROJOS. Es importante conocerlos para prevenir y cuidar a nuestros hijos para evitar la sustracción y retención. Durante la semana los estaremos compartiendo.#leyvicaria#nomásviolenciavicaria#conlosniñosno pic.twitter.com/zFsDSaNqmf

— Frente Nacional contra Violencia Vicaria (OFICIAL) (@FNCVVICARIA) February 7, 2022

“¿Hasta dónde son capaces de llegar por venganza?”

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, explica: “Cuando hay un conflicto parental entre dos personas adultas que tienen el rol de padre o madre, se disminuye la sensibilidad parental, es decir, la disposición, concentración y cuidado a lo que perciben o sienten sus hijos e hijas se ve afectada. Esto deriva en que se use a los niños y niñas como un medio para generar violencia y dolor”.

De acuerdo con el especialista, las principales afectaciones que se dan en menores por conflictos parentales son que se les fuerza a “un conflicto de lealtad”: elegir entre la convivencia absoluta con la familia del padre o la madre, lo que lo priva de un desarrollo pleno.

“Lamentablemente, tenemos todavía un Estado y sus instituciones, incluido el Poder Judicial y las procuradurías o fiscalías, que son profundamente adultocéntricas, y los juzgados de lo familiar, donde se llevan los procesos de este tipo, es donde existe menos sensibilidad al enfoque de los derechos de las infancias”, comenta.

Por ello, considera importante que, dentro de las discusiones legislativas a nivel federal y estatal sobre la violencia vicaria, no se invisibilice a las infancias.

A esta falta de reconocimiento de los menores en los procesos se suman posibles actos de corrupción, en los que están implicados padres y funcionarios públicos. Celia, otra integrante del frente, afirma que solo así su exmarido pudo agilizar los trámites para que, en un solo día y sin hacerle pruebas psicológicas a sus hijos, las autoridades determinaran que eran víctimas de violencia y se los quitaran.

La última vez que estuvo con sus hijos —una niña de cuatro años y un niño de siete— fue en octubre de 2021, aunque la violencia en su contra data de años atrás, cuando estaban juntos, y se incrementó cuando ella decidió terminar la relación.

“Mi exesposo ejercía violencia psicológica en mi contra. Cuando decidí que quería separarme, pedí asesoría en un Centro de Atención para Mujeres en el Estado de México, donde me dijeron que la única forma en que podía alejarme de esa situación era escapándome, porque de otra forma no me iba a dejar, y así lo hice, pero eso es algo que él nunca me va a perdonar. Hasta ahora me está haciendo pagarlo”.

Tras el divorcio, ella se quedó a cargo de sus hijos. Al padre le autorizaron convivencias cada fin de semana. En una de ellas, se los llevó y Celia no supo más.

“Entonces, me entero que mi exesposo fue a levantar la denuncia. Cuando vino por mis hijos, las medidas de protección contra mí ya estaban dictadas. Ahí se pudo notar que hubo corrupción, porque no les hicieron pruebas de nada”, reclama.

Debido al conflicto entre ambos padres, el juez decidió dejar a los niños bajo el cuidado de su abuelo paterno, algo que Celia considera injusto, ya que vive en la misma casa que el padre, pese a que la ley establece que no deben residir en el mismo domicilio de alguno de los progenitores mientras se desahogan las investigaciones.

“No me han permitido verlos ni hablar con ellos. La única vez que pude ver a mi hija fue en el juzgado, y no me dejaron estar cerca, solo pude escuchar que, ante la pregunta de su padre de si quería verme, respondió que no… y esa no es mi niña, ella no era así”, señala.

Celia sospecha que su hija ha sido manipulada por su padre para declarar que fue maltratada. Entre lágrimas, coincide con lo dicho por Juan Martín: más allá de afectarla a ella, estas acciones provocan un daño “incalculable e irreparable” a los niños.

“No es posible cómo la vi… yo tengo videos de ella antes de que se la llevaran y era completamente diferente, y a mi hijo no lo he podido ver, no sé cómo está. ¿Hasta dónde son capaces de llegar por venganza? En México, la ley es machista, los procesos permiten que esto suceda… a ellos les dan todo y a nosotras nos tratan como delincuentes”, lamenta. 

Aun cuando recuperan a sus hijos, la violencia sigue

En los cinco meses que han transcurrido desde la conformación del frente, 12 niñas y niños han vuelto con sus madres tras haber sido sustraídos. En algunos casos, porque los procesos legales entre los padres concluyeron o porque negociaron un arreglo.

En otros, el padre sustractor terminó preso, al confirmarse el incumplimiento de sus obligaciones y que hubo irregularidades en su actuar, señala Jennifer Seifert.

Hilda es una de las pocas mujeres que tienen la fortuna de haber recuperado a su hija, una bebé que tiene un año y siete meses de edad, quien fue sustraída por su padre cuando era una lactante de 11 meses.

“La violencia comenzó cuando yo le avisé a mi expareja que estaba embarazada, porque él ya tenía otra relación. Su primera reacción fue decirme que no quería que tuviera al bebé”, narra Hilda.

Debido a la pandemia y a la insistencia de su expareja para que se practicara un aborto, la mujer de 28 años decidió irse a pasar unos meses en casa de sus padres, en Puebla. Posteriormente, volvió al domicilio que compartía con él, en la CDMX.

“Durante el tiempo que regresé, primero me ignoró y después me dijo que lo disculpara por haberme tratado mal, que sí quería a la niña. A partir de entonces, empezó un estira y afloje entre su indecisión y las agresiones que continuaban. Yo vivía con miedo, y no sabía en qué momento iba a volver a decirme que no quería a su hija”.

A los cinco meses de embarazo, su expareja y su entonces suegra volvieron a intentar convencerla de abortar, a lo cual ella se negó y finalmente nació la niña.

Para intentar enmendar las cosas, el padre le pidió que fueran a terapia de pareja y ella aceptó. Sin embargo, durante el tiempo en que duraron las sesiones, fue agredida física y verbalmente en distintas ocasiones, lo que la terapeuta de él le pidió aguantar para “arreglar” su relación.

La violencia siguió, hasta que un día las agresiones ya no solo fueron contra Hilda, sino también contra su hija mayor, de nueve años, quien es hija de otro padre. Ella lo denunció por violencia y se separaron, aunque él siguió teniendo derecho a convivir con las dos menores.

En una de las convivencias, a la que solo fue la bebé, se la llevó y dejó de contestar llamadas y mensajes de Hilda. Solo le envió la fotografía de un documento en el que señalaba que a partir de ese momento él tenía la guarda y custodia de la niña.

Su caso fue revisado en juzgados y se determinó que la bebé debía estar con ella, pero para recuperarla pasarían días en los que, aunque legalmente se estableció que tenían que llevar a la bebé al juzgado para que su madre la alimentara, nunca la presentaron. De hecho, el abogado de su expareja le dijo que la niña no iba a ser devuelta, porque eso ponía al padre en riesgo de ser detenido. 

La niña fue recuperada en pocos días, pero Hilda considera que el daño contra ella y su hija es irreparable, ya que el tomar fórmula láctea en vez de leche materna afectó la salud de la bebé. Además, cuando se la devolvieron, lloraba todo el tiempo y no la soltaba. Para Hilda, esto es señal de que aún tiene secuelas del trauma.

Por la edad de la niña, no se le pudieron realizar pruebas psicológicas para conocer el nivel de daño que se le provocó. Además, Hilda tuvo que cerrar el negocio que tenía “por miedo de que se pudieran meter a intentar llevarse a la niña de nuevo”.

Con el fin de que se reconozca la violencia vicaria y se sancione, el frente está impulsando iniciativas para reformar leyes federales y estatales, de tal forma que progenitores que sustraigan a sus hijos y autoridades que cometan actos de corrupción en las investigaciones y procesos sean perseguidos.

Actualmente, trabajan con legisladores federales para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a nivel estatal impulsan cambios en Morelos, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Estado de México y Yucatán.

“Afortunadamente, no estamos trabajando con ningún partido político, nos hemos apoyado de todos y, de hecho, si se nos acercan más legisladores estamos abiertas a dialogar, porque queremos que todos tengan interés en las iniciativas. Somos 100% apartidistas, nos hemos sentado con ministerios públicos, jueces y fiscalías. La idea es que más gente conozca y apoye lo que estamos haciendo”, señala Jennifer.