FGR acusa a Inés Gómez Mont por depósitos por 14 millones de pesos
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Instagram de Inés Gómez Mont

La FGR acusa a Inés Gómez Mont de recibir 14 mdp de empresas fantasma, pero falla en probar que lideró desvíos

Aunque un juez federal aceptó emitir una orden de aprehensión en contra de la conductora, rechazó considerarla la líder de un grupo delictivo, como pretendía la FGR, pues solo habría recibido el 0.5% del dinero supuestamente desviado. Ella propuso un acuerdo reparatorio, pero la fiscalía lo rechazó.
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12 de mayo, 2022
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Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) documentó que la conductora de televisión Inés Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones de pesos de dos empresas que estarían implicadas en una presunta red de compañías fantasma, a través de las cuales se desviaron más de 2 mil 500 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio pasado.

Sin embargo, la FGR falló en acreditar que ella y su esposo fueron los supuestos líderes del entramado delictivo mediante el cual se realizaron dichos desvíos, así como los principales beneficiados. Aunque un juez federal aceptó girar una orden de aprehensión en su contra, este concluyó que no se podría probar que la pareja organizó dicho fraude, pues, según el propio expediente, lo que recibió equivale a menos del 1% del dinero desviado.

Animal Político tuvo acceso a los documentos ministeriales y judiciales del caso en contra de Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, asentados en la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM/CDMX/0001339/2019, abierta a partir de una denuncia anónima recibida en 2019, y luego complementada con otra denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda (SHCP). 

Dicha indagatoria fue la base a partir de la cual un juez federal, Iván Aarón Zeferín Hernández, giró en 2021 la orden de aprehensión en contra de la conductora y su esposo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. La información a la que se tuvo acceso también revela que Gómez Mont ofreció pagar los 14 millones que se le imputan haber recibido, pero la FGR se negó a aceptar el acuerdo.

El caso se filtró públicamente incluso antes de que se giraran las órdenes de aprehensión bajo la idea de que Gómez Mont y su esposo se habían enriquecido con “el desvío de casi 3 mil millones de pesos” asignados originalmente por Gobernación para el reforzamiento de la seguridad en penales federales. El juez responsable del caso incluso denunció formalmente dicha filtración y ordenó una investigación. En el expediente, los pagos probados que recibió la conductora son, en realidad, por una cantidad mucho menor.

La indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO) establece que en 2016 la Segob firmó dos contratos con la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, SA de CV, por un monto de 2 mil 503 millones 155 mil pesos para el equipamiento del centro de vigilancia de los penales federales. Entre el 5 de agosto de ese año y el 3 de agosto de 2017, dicha dependencia, a través del órgano responsable de los penales, transfirió el dinero en 16 depósitos a la referida compañía.

Pero, de acuerdo con la indagatoria, Seguridad Privada era una empresa simuladora de operaciones, es decir, una empresa fantasma. La FGR concluye que los contratos eran una fachada (pues incluso se incluyeron los mismos conceptos en cada uno, como 32 pantallas con los mismos números de serie), y que los estudios de mercado de las distintas compañías que supuestamente se compararon para elegir a una eran exactamente los mismos. El objetivo era darle apariencia de licitud a la salida de los recursos.

Luego, la investigación hace una extensa documentación de la manera como, a través de cientos de transferencias y depósitos, los recursos se fueron moviendo hacia las compañías Rancel, SA de CV; Modemo, SA de CV; Comcelint, SA de CV; Tecnología e Innovación Arrimplo, SA de CV; Gupea Construcciones, SA de CV, e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, SA de CV. Se trata, según la indagatoria, de empresas fantasma.

Estas compañías, a su vez, terminaron transfiriendo o depositando el dinero a una extensa lista de más de 100 personas físicas y morales. Es aquí donde aparece el nombre de Inés Gómez Mont, quien habría recibido dinero de dos compañías: Tangamanga, de cuyas cuentas salieron 12 retiros en beneficio de Gómez Mont por 7 millones 395 mil pesos, y Gupea, de cuya cuenta se hicieron 15 retiros por 7 millones 448 mil 816 pesos.

En total, la FGR acreditó que Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, que equivalen al 0.5% de los más de 2 mil 500 millones presuntamente desviados. Y en el caso de su esposo, Álvarez Puga, la fiscalía acreditó operaciones por menos de 250 mil pesos.

No es líder delictiva: juez

En la acusación que la fiscalía envió al juez, se presentan cargos en contra de 12 personas físicas —entre particulares y exservidores públicos federales— y en contra de siete personas morales (empresas). A todos los señala de formar parte de una organización criminal que habría operado entre 2016 y 2019 para lavar dinero; pero, de acuerdo con la carpeta de investigación, no todos tenían la misma jerarquía.

Según la FGR, en este supuesto grupo delictivo los líderes eran justamente Gómez Mont y Álvarez Puga y, por tanto, resultarían los principales beneficiados de los miles de millones de pesos desviados del erario.

“El primer grupo de la organización innominada, se encuentra integrado por quien encabeza la organización, con función de Dirección y siendo además beneficiarios reales finales de los recursos operados a través del sistema financiero, siendo estos: Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont Arena quienes además pretendieron justificar la recepción de los recursos con una relación laboral con las empresas utilizadas, a través de la recepción de CFDI por supuestos ingresos asimilados al salario”, indica el pliego de acusaciones de la fiscalía.

Sin embargo, en su resolución, el juez Zeferín Hernández desestimó este señalamiento tras concluir que la fiscalía no acreditó con pruebas —al menos iniciales— que la presentadora de televisión organizó el presunto fraude, y menos que fuera la principal beneficiaria del mismo.

“Aunque la fiscalía apunta que Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga tendrían el carácter de directores, administradores o supervisores de la organización, este aspecto hasta el momento no está acreditado, pues lo único probablemente corroborado es que fueron beneficiarios, junto con las demás personas, aparentemente en un mismo rango jerárquico; por ello no se les puede dar esta calidad (de directores o líderes)”, advierte el juez en su resolución.

No se trata de un asunto menor, ya que, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, los líderes de una organización del crimen organizado pueden alcanzar hasta 40 años de prisión, pero si no lo son, la eventual pena se reduce a la mitad.

En la misma resolución, el juez señaló que Gómez Mont se habría beneficiado con un monto de hasta 178 millones de pesos; sin embargo, hizo ese cálculo al multiplicar por 12 y 15 los depósitos que refirió. Esto, contrario a lo que dice el propio escrito de la fiscalía, donde, si bien se señala que hubo múltiples operaciones, estas fueron por un total de 14 millones de pesos. La defensa de la conductora promovió una demanda de amparo en contra de esta anomalía.

En la determinación judicial, el juez Zeferín Hernández también aprovecha para denunciar que los datos de la indagatoria se filtraron indebidamente y pide a la FEMDO indagar el caso. Los detalles de este hecho ya habían sido adelantados por Animal Político en esta nota.

El acuerdo rechazado

En 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación en contra de la presentadora de televisión por posibles delitos fiscales y lavado de dinero. Esto, tras detectar que en 2016 reportó pagos por 39 millones 518 mil pesos por supuestos honorarios de empresas que presuntamente simulaban operaciones y de una persona física. Entre esos pagos figuran los mismos que la FGR retomó en la nueva acusación contra Gómez Mont por delincuencia organizada.

En aquella primera indagatoria, abierta con el número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017, la PGR advertía que la conductora no había cubierto los impuestos necesarios por un monto de 13 millones 572 mil pesos y que, además, el dinero provenía de empresas posiblemente fachada.

El 30 de noviembre de ese año, Gómez Mont acordó con el SAT firmar un acuerdo reparatorio por casi 11 millones de pesos, a los que se le sumó un pago más por 2 millones 604 mil pesos en junio de 2019. Sin embargo, la FGR se ha negado a aceptar como válida esta solución alterna al proceso.

El 30 de septiembre de 2021, y como resultado de un amparo que la conductora ganó para que la fiscalía argumentara su rechazo al acuerdo, la institución que lidera el fiscal Alejandro Gertz Manero concluyó que esta vía no era procedente debido a que, entre otras cosas, no se había realizado ante la Procuraduría Fiscal de Hacienda sino ante el SAT, que no estaba facultado legalmente para ello.

La FGR advirtió además que, aun cuando la conductora realizó pagos por casi 14 millones de pesos, eso en todo caso acota el procedimiento fiscal iniciado en su contra, pero no significa que la investigación que lleva el Ministerio Público deba cerrarse, pues se trata de procedimientos distintos.

Ante esa resolución, la defensa de Gómez Mont ha promovido una nueva demanda de amparo bajo la hipótesis de que la fiscalía ha insistido en rechazar un acuerdo reparatorio por pagos que ya se realizaron, y que no solo serviría para dejar sin efecto la indagatoria de 2017 sino también la nueva iniciada en 2019, y que dio paso a la orden de aprehensión en su contra.

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Ketanji Brown Jackson: quién es la primera mujer negra en llegar a la Corte Suprema de EE.UU.

La jueza de 51 años fue confirmada este jueves por el Senado de EE.UU. para ocupar un puesto en el máximo tribunal del país. ¿Quién es Ketanji Brown Jackson?
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7 de abril, 2022
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Ketanji Brown Jackson hizo historia este jueves.

Con 53 votos a favor, la jurista de 51 años se convirtió en la primera mujer afroestadounidense en ser nombrada jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los demócratas y tres republicanos del Senado votaron a favor de su nombramiento luego de que el pasado febrero el presidente de EE.UU., Joe Biden, la nominara para reemplazar al juez Stephen Breyer, quien anunció su retiro.

“En esta votación, los ‘sí’ son 53, los ‘no’ 47. Y esta nominación es confirmada”, dijo la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, quien asumió su función de presidenta del Senado en la sesión.

La mayoría demócrata aplaudió y ovacionó el resultado. Chuck Schumer, el líder de la mayoría, lo calificó como un “día jubiloso” para Estados Unidos.

La senadora por Alaska Lisa Murkowski, una de los tres republicanos que votaron a favor de la jueza Jackson, dijo que su decisión era, en parte, una señal de “rechazo a la corrosiva politización” en torno a los procesos de confirmación.

La nueva magistrada “aportará a la Corte Suprema una experiencia en tribunales que pocos pueden equiparar dado su historial en litigios”, añadió Murkowski.

En 233 años de historia de la Corte Suprema, es la tercera persona de la comunidad negra en sentarse en el máximo tribunal del país, después de los jueces Thurgood Marshall (fallecido en 1993) y Clarence Thomas (actualmente en el cargo).

Con la llegada de Jackson, la composición de la Corte Suprema -clave en muchas decisiones del país- quedará con una representación de seis jueces conservadores y tres progresistas, incluida Jackson entre estos últimos.

El origen de Ketanji Brown Jackson

Al nominarla para la Corte Suprema, el presidente Biden dijo que Jackson es “una de las mentes legales más brillantes de la nación”. Su trayectoria es amplia.

Nacida en Washington DC en 1970, creció en Miami en los años en los que aún había efectos de la segregación racial en el sureste del país.

Ketanji Brown Jackson

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“Mis padres me enseñaron que, a pesar de las muchas barreras que tuviera que enfrentar al crecer, si trabajaba duro y creía en mí misma y en Estados Unidos, podría hacer cualquier cosa o ser cualquier cosa que yo quisiera ser”, dice Jackson.

“Fue mi padre quien me inició en este camino. Cuando yo era niña, lo vi estudiar y se convirtió en mi primer ejemplo profesional”.

En la escuela secundaria fue campeona de debate y presidenta de su clase.

Jackson posee dos títulos de la Universidad de Harvard, institución a la que ingresó con solo otros tres compañeros afroestadounidenses.

“En esos primeros momentos en los que te preguntas si perteneces, ella fue el ancla. Luego se aseguró de que todos lo fuéramos. Ella es la que se convirtió en el cimiento de todos nosotros”, dice su excompañera Lisa Fairfax.

En esa época conoció a su esposo, Patrick Jackson, que era estudiante de medicina de Columbia y proviene de una familia blanca de Boston.

Su carrera

Jackson actualmente forma parte del influyente Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el circuito de DC.

Previamente estuvo en la defensa pública, lo que la convierte en la primera jueza de la Corte Suprema en haber sido abogada pública ante los tribunales.

Joe Biden y Ketanji Brown Jackson

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Jackson fue nominada por el presidente Joe Biden.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama nominó a Jakcson como jueza del tribunal de distrito de DC. Durante los ocho años que pasó ahí escribió más de 500 opiniones.

Entre ellas, dictaminó que Donald F McGhan II, el exabogado de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, tenía que testificar en la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de EE.UU.

Al ser nominada, la jueza Jackson habló de su familia y sus mentores legales y modelos a seguir.

Dijo que al trabajar como secretaria del juez Breyer (al que sustituye) de 1999-2000, aprendió lo que se necesitaba para ese cargo: “el más alto nivel de habilidad e integridad, civilidad y gracia”.

La jueza Jackson también habló brevemente sobre su enfoque de la ley: “He sido juez durante casi una década y me tomo muy en serio esa responsabilidad y mi deber de ser independiente”.

“Decido los casos desde una postura neutral. Evalúo los hechos, interpreto y aplico la ley a los hechos del caso que tengo ante mí, sin temor ni favoritismo, de conformidad con mi juramento judicial”.

Senadores republicanos

EPA
La mayoría de los republicanos optó por rechazar la nominación de Jackson.

Pero, durante las 30 horas de audiencias de confirmación, muchos republicanos consideraron que hubo fallas en sus decisiones pasadas.

La criticaron por no responder si se deberían agregar escaños a la Corte Suprema (algo que rechazan los republicanos) y por no querer definir el término “mujer”. También la acusaron de indulgencia en casos de pornografía infantil.

Sin embargo, los demócratas dijeron que tiene “todas las credenciales” para el máximo cargo al que fue confirmada.

Casos polémicos

Algunas de las decisiones en su carrera judicial fueron repasadas en las audiencias de confirmación.

El senador Dick Durbin se refirió a acusaciones de que “tiene un patrón de dejar libres a los delincuentes de pornografía infantil”.

Fue señalada por haber dado sentencias “indulgentes” a procesados y abogar por reducir sus penas cuando fue vicepresidenta de la Comisión de Sentencias de EE.UU., que asesora al Congreso sobre las pautas federales de sentencias.

Las afirmaciones son engañosas, según varios sitios de verificación de hechos.

“Nada podría estar más lejos de la verdad”, dijo Jackson, quien eludió las críticas a sus sentencias que en ocasiones estuvieron por debajo de las pautas emitidas por el Congreso, pero no muy diferentes a las de otros jueces.

Optó por hablar del daño causado por los delincuentes sexuales y de las vidas que habían sido destrozadas Describió la gama de castigos que los procesados recibieron a través de sus fallos.

Senadores republicanos

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Otro de sus momentos cuestionados fue haber sido defensora pública de detenidos de Guantánamo.

Los republicanos criticaron que hubiera dado “servicios legales gratuitos para ayudar a los terroristas a salir” de la prisión militar.

La jueza dijo que a los defensores públicos se les asignan casos y no eligen a quién representar, y que todos los acusados tienen “derecho a representación y a ser tratados de manera justa” bajo el sistema de justicia de EE.UU.

Pero reconoció que defender a los detenidos significaba, a veces, ayudar a liberar a personas que luego estaban en contra de los intereses estadounidenses.


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