Desayunos escolares: estados gastaron millones sin tener cómo repartirlos
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DIF Veracruz

En pandemia y con escuelas cerradas, Sinaloa, Veracruz y SLP compraron miles de desayunos escolares sin tener cómo distribuirlos

La mayoría de los alimentos adquiridos en Sinaloa, Veracruz y San Luis Potosí llegaban tarde, a punto de caducar o nadie podía entregarlos.
DIF Veracruz
Por Zedryk Raziel, Nayeli Roldán, Belem Angulo y Marcela del Muro
23 de mayo, 2022
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Los DIF de Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz gastaron mil 770 millones de pesos en la compra de desayunos escolares durante 2020 y 2021, aún cuando la pandemia de COVID-19 obligó a los alumnos a tener clases virtuales.

Con las escuelas cerradas, el proceso de distribución fue afectado y en algunos casos los maestros y padres de familia lo resolvieron con sus propios medios, pero en otros, los artículos nunca llegaron a los niños o los recibieron caducos; otros más fueron entregados a beneficiarios de distintos programas, eran vendidos en redes sociales e incluso terminaron como alimento para animales.

Se trató de la compra de 336 millones de artículos para desayunos escolares como bricks de leche, galletas, fruta deshidratada, barras de cereales, que conforman los ‘desayunos fríos’; y atún, sardina, harina, granos e incluso frutas, carnes y verduras para los ‘desayunos calientes’ que se sirven en los comedores escolares. 

Sin embargo, ni el gobierno federal ni los estatales previeron un mecanismo que asegurara la distribución de los alimentos mientras las escuelas estaban cerradas, pese a que ese era el punto final de entrega, ni para que el programa cumpliera con el objetivo de brindar alimentación a alumnos de educación básica, prioritariamente en zonas rurales y de alta marginación.

 Aunque este medio solicitó entrevistas con Diconsa y los DIF estatales al respecto, no hubo respuesta. 

Animal Político revisó cientos de documentos –contratos y órdenes de compra, facturas y actas de entrega-recepción en almacenes– y recogió decenas de testimonios tanto de padres de familia y maestros de las escuelas beneficiarias como de funcionarios estatales en Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz, que demuestran la pérdida de control gubernamental sobre la distribución y supervisión del programa en un periodo en el que los alumnos y los maestros se encontraban en confinamiento.

Los mayores contratos para la compra de desayunos fueron suscritos por Veracruz, que en los dos años de la pandemia adquirió 209.8 millones de productos por un monto de 1 mil 366.9 millones de pesos.

Le siguió San Luis Potosí, que firmó con Diconsa contratos por 221.2 millones en el mismo periodo para comprar, al menos, 24.4 millones de artículos de desayunos escolares. Por último, Sinaloa pagó 182.6 millones de pesos para la adquisición de 102.5 millones de productos.

Durante el ciclo escolar habitual, antes de la pandemia, los desayunos eran entregados por el proveedor en los almacenes estatales del DIF. Desde ahí eran distribuidos a las escuelas donde los directores y las asociaciones de padres de familia se encargaban de recibirlos, cotejar que su contenido estuviera completo y en buen estado, firmar las actas, distribuirlos y recabar los 50 centavos que los padres debían pagar por cada desayuno y entregarlos al DIF. 

Durante la pandemia, millones de artículos fueron entregados en los almacenes municipales del DIF, pero a partir de ese punto, las comunidades tuvieron que resolver la distribución con sus propios medios y la autoridad perdió el control de quiénes recibían los artículos.  

En una escuela del centro del municipio de Nogales, Veracruz, el director del plantel explicó que padres de familia tuvieron que cooperar para alquilar un flete por 800 pesos, pero cuando recogieron los productos, la leche en polvo -que forma parte de los desayunos escolares calientes- estaba caduca. Decidieron usarla como alimento para cerdos. 

“Cuando me entregaban tenía que darme a la tarea de conseguir un flete, porque ¿dónde iba a meter tantas cajas? Ese era el primer reto: conseguir el transporte para llevar (los desayunos) del ayuntamiento a la escuela. Tenía ese fin de semana para organizar, con la sociedad de padres de familia, la entrega de los productos”, comentó el director que solicitó hablar a condición de anonimato.

“De 46 cajas de leche en polvo que nos dieron (en 2020), fueron como 16 piezas las que ya estaban caducadas. Se les mencionó a los papás que esas bolsas de leche estaban caducas, entonces hubo uno que otro papá, que tienen animales, que dijeron que ellos así las podían ocupar; y entonces se les otorgaron. Nos dijeron que les servía mucho a los cochinos y que también a los animales de granja, y hubo varios papás que así se los llevaban”, detalló.

Sin una estrategia para atender específicamente a la población objetivo del programa, el 24 de marzo de 2020, la directora de Atención a Población Vulnerable, Nytzia Guerrero, envió un oficio a los directores de los DIF municipales para que los desayunos escolares fueran distribuidos a beneficiarios del programa de adultos mayores y personas con discapacidad, contraviniendo las Reglas de Operación, y sin que las autoridades supervisaran que el reparto de los bienes fuera neutral y sin fines proselitistas, máxime cuando estaba en curso el proceso electoral local 2020-2021.

 De hecho, en otro oficio de abril de 2020, el Ejecutivo estatal, a través de la directora del DIF, Rebeca Quintanar, pidió a los diputados de Morena “apoyar” en la distribución de los programas alimentarios en sus distritos electorales. Esta política emergente propició acusaciones de que los legisladores morenistas dieron un uso proselitista a los programas para promocionar su imagen. El órgano electoral local validó algunos señalamientos y ordenó medidas cautelares contra varios diputados.

En tanto en San Luis Potosí, se desperdiciaron más productos: 6 mil 500 kilogramos de harina caduca y 13 mil litros de leche, a días de descomponerse, terminaron en un almacén del DIF estatal ubicado en Periférico Norte número 5015, según consta en un acta de entrega-recepción firmada por la encargada municipal del programa de desayunos escolares obtenida por este medio vía transparencia. 

Aún con el mismo volumen de compra que antes de pandemia, en  Guasave, Sinaloa, cinco escuelas multigrado, donde un maestro atiende a alumnos de diferentes grados, no tuvieron desayunos en 2020 y 2021, pese a que el programa es una necesidad apremiante en esos ejidos, según aseguraron los directores entrevistados. 

“Aquí no nos llegó nada. Esta es una comunidad pequeña, con mucha marginación y los desayunos son una necesidad casi casi básica. El 60% de los alumnos no viene desayunado, sus padres son gente que trabaja en el campo, son jornaleros, ese es el único empleo”, dice uno de los profesores que pidió no publicar su nombre.  

Además, la pérdida de desayunos escolares no sólo ocurrió en los estados, sino también a nivel federal.

En 2020, el primer año de la pandemia, 2.8 millones de bricks de leche de 250 ml. caducaron almacenados en la planta Metropolitana Sur de Liconsa, en Valle de Chalco, según registró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría de cumplimiento forense 330-DE.

Desayunos escolares: En Veracruz la verdura venía toda podrida

En junio 2019, al comienzo del gobierno del morenista Cuitláhuac García en Veracruz, el DIF Estatal suscribió un convenio marco mediante el que acordó que, por adjudicación directa, Diconsa sería su principal proveedor de productos para diversos programas alimentarios.

 Con base en dicho convenio, en junio y julio de 2020 -durante el primer pico de la pandemia- se firmaron dos contratos para la compra de desayunos fríos y calientes, el AD-009.20 y el AD-014.20, respectivamente, por un monto de 702.5 millones de pesos. 

 En abril de 2021 se suscribieron dos nuevos contratos, el AD-05.21 y el AD-07.21, por un monto de 664.2 millones de pesos. Meses después de la firma de estos contratos, en la entidad se implementó un modelo híbrido de retorno a clases presenciales.

 Los desayunos fríos contenían un brick de leche de 250 ml. y complementos como cereales, frutas y galletas. La modalidad caliente incluía carne de pollo, res y cerdo, verduras como ejote, zanahoria, chícharo y nopales, así como pastas, harina, arroz, frijol, atún y sardina en lata, aceite, leche en polvo y avena. 

En total, durante los dos años de pandemia, el gobierno de Veracruz adquirió 209.8 millones unidades de estos productos como parte del programa que debía beneficiar a estudiantes de educación básica, prioritariamente de zonas marginadas, de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en la Gaceta Oficial del Estado.

Ese mandato no se cumplió en todas las escuelas. 

Autoridades municipales detectaron la venta de paquetes de desayunos escolares a través de redes sociales, por lo que el DIF de Xalapa emitió un exhorto en agosto de 2020 “para reportar el uso incorrecto de este beneficio que debe llegar a niñas y niños”.  

En el preescolar Carlos Pereyra, del municipio de Ixtacozquitlán, maestros denunciaron que los productos perecederos que integran los desayunos -frutas, verduras y carnes- les llegaron descompuestos, por lo que tuvieron que tirarlos a la basura.

“En la semana que nos entregaban las despensas, era en esa misma semana que se tenían que repartir. Las mamás se tenían que organizar de inmediato, se quedaban ese día a separar los productos y al día siguiente entregaban. Luego (los productos) ya tenían para caducar unos ochos días, unos 15 días. La verdura nos la entregaban y se checaba que ya se estaba pudriendo, el rábano ya venía todo podrido. Luego nos mandaban cosas enlatadas, chícharo, zanahoria, eso igual ya venía echado a perder y se tiraba lo que se tenía que tirar y lo poco que se podía rescatar, se entregaba”, expuso una maestra de dicho plantel.

 “Había cosas que de plano ya no servían. Luego la carne que nos mandaban en sobre ya veía abierta y eso hacía que se apestara. Obviamente eso sí se tenía que desechar completamente”.

La docente relató que los padres de familia tenían que cooperarse para pagar hasta 250 pesos por un flete para que recogiera las despensas al DIF municipal, un gasto que resultaba innecesario tomando en cuenta que muchos productos tenían que ser desechados.

 La directora de una primaria ubicada en la comunidad de Sierra de Agua, en Nogales, Veracruz, relató que en 2020 y 2021 únicamente se les entregaron paquetes de desayunos en una ocasión cada año. Refirió que las autoridades encargadas del programa en el ayuntamiento decidieron almacenarlas y acumularlas para repartirlas en una sola entrega, lo que provocó que los productos fueran recibidos a punto de descomponerse. Los mismos padres de familia tuvieron que organizarse y usar sus propios vehículos para acudir por los alimentos.

“Lo que hicieron (los funcionarios) fue juntarlos y los tenían en una bodega. Me avisaron y convoqué a la sociedad de padres de mi escuela y ellos bajaron en una camioneta de batea, porque la verdad sí era bastante y ya estaban a punto de caducar las despensas que les dan, las leches, galletas, avena”, describió la docente, quien pidió no dar a conocer su nombre.

 “La encargada del DIF me llamó y me dijo que urgía que los papás fueran a recoger porque ya estaban por llegar más despensas y ya no tenían lugar donde acomodarlas y que también ya estaban por caducar las que tenían”.

 La directora afirmó que los productos no estaban almacenados en una bodega del DIF, sino en un domicilio particular cerca del palacio municipal.

“Ahí fuimos a recoger los desayunos. Los encargados del municipio de los desayunos escolares nos llevaron ahí”, dijo.

Sinaloa: pagos completos, entregas esporádicas

El DIF de Sinaloa hizo al menos cinco convenios con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para la compra de 102 millones de productos que conforman los desayunos escolares.

El volumen de los artículos comprados fue el mismo que en años previos y, según las actas, fueron entregados en los almacenes y las facturas fueron pagadas, pero al verificar la recepción en las escuelas, en algunos municipios no los recibieron durante toda la pandemia, o de forma esporádica. 

Aunque también hubo escuelas donde las entregas fueron en tiempo y forma, ni siquiera la autoridad supo si la totalidad de productos llegaron a las manos de los alumnos, como habitualmente ocurría con las escuelas abiertas. 

Concepción Zazueta Castro, directora de DIF Sinaloa 2017-2021 y actual diputada local por el PRI, explicó que mantuvieron los convenios con Diconsa e hicieron el mismo volumen de compra porque “el DIF nacional nos pedía ese padrón, entonces el padrón lo enviamos nosotros, en base al padrón que existía nosotros estábamos haciendo las compras aun estando la pandemia y aun no habiendo clases, ¿por qué? porque estaban identificadas las niñas y los niños que eran beneficiados”. 

El pago total por al menos cinco convenios ascendió a 182 millones 611 mil pesos. El primero fue el número CE-COL-320-2020, firmado el 24 de marzo de 2020 con un monto previsto de 8 millones 381 mil pesos por la compra de fruta y verdura fresca hasta el 31 de diciembre de ese año. Este fue el único convenio que “solo se surtió el mes de marzo de 2020, por cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19”, advierte el documento de pago.

Sin embargo, el mes siguiente, en abril de 2020, cuando los estudiantes ya estaban en confinamiento, el DIF de Sinaloa hizo otro convenio, el CE/COL/386/2020, para la compra de mini galleta integral sabor vainilla, polvorón sabor naranja, fruta deshidratada y cereal de trigo, con vigencia hasta diciembre, por un monto de 37 millones 592 mil pesos y que fueron pagados según consta en las facturas.

El más oneroso, con número CCV/221/2021, fue por 107 millones de pesos, con vigencia del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2020, por la adquisición de los mismos insumos de desayunos, más bricks de leche que sumaron 29 millones 218 mil productos.

Empleados de siete almacenes municipales aseguraron que los productos llegaron de manera habitual, salvo retrasos de un par de semanas en algunas ocasiones, y con el mismo volumen que antes de la pandemia. Sin embargo, en el municipio de Salvador Alvarado, al inicio del confinamiento, los maestros no querían hacerse cargo de los productos con las escuelas cerradas, hasta que el DIF presionó a los supervisores de zona para convencer a los directores de recibirlos. En Ahome, incluso, entregaron en los domicilios de los profesores, relatan.

Aunque las compras se hicieron de forma habitual, en cinco escuelas de Guasave no recibieron desayunos ni una sola vez entre 2020 y 2021. Así lo narraron maestros de las primarias Fernando Montes de Oca, Agustín Ramírez, 21 de Febrero y Cinco de Mayo. 

En el preescolar Francisco Gabilondo Soler de Culiacán, la directora Tania Beltrán aseguró que a veces hubo retrasos en las entregas o les llevaban lo acumulado en algunas ocasiones, pero en otras solo recibían lo correspondiente al bimestre. Mientras que los desayunos que “sobraban” porque los padres no iban a recogerlos, los vendían a personas externas para no desperdiciarlos.

En la primaria Bicentenario de Culiacán solo se entregaron cada tres meses, aunque la entrega habitual era bimensual, informó la directora Carmen Núñez, y el preescolar Belisario Domínguez solo recibió cada seis meses, dijo la directora Gisela Machado.  

Otras 10 escuelas consultadas de Mazatlán, Culiacán, Navolato y Ahome, aseguraron haber recibido desayunos durante 2020 y 2021 sin contratiempos cada dos meses y todas las familias los recogieron en las escuelas, citándolos en diferentes horarios.

SLP: “Regalé las galletas antes de descomponerse”

En San Luis Potosí, hacia el final de la administración del priista Juan Manuel Carreras, el DIF Estatal suscribió en 2020 y 2021 dos contratos con Diconsa para la compra de desayunos escolares fríos y calientes.

 El 13 de abril de 2020, apenas dos semanas después de declarada la emergencia sanitaria y ordenado el cierre de todas las escuelas por la pandemia de COVID-19, el gobierno estatal firmó el contrato CCV/444/2020, mediante el que pagó 152.4 millones de pesos para la adquisición de 24.4 millones de productos alimenticios del programa de desayunos fríos y calientes.

Los desayunos fríos incluyen 1 litro de leche descremada, barra de avena, cereal integral, granola con avena y barra de amaranto con fruta. El desayuno caliente -que se entrega a planteles con comedores- está integrado por leche, harina de maíz, arroz, frijol, pasta para sopa, atún y sardina en lata, avena y aceite vegetal.

 El 25 de marzo de 2021, cuando estaba en curso la tercera ola de COVID y las escuelas del estado continuaban cerradas, el gobierno potosino suscribió un nuevo contrato (el Co04-DIF-CAASPE-AD-01-2021) para adquirir desayunos escolares fríos por 68.8 millones de pesos.

Facturas obtenidas a través de solicitudes de transparencia confirman que el DIF Estatal hizo a Diconsa todos los pagos correspondientes a los contratos. También fueron recibidos los productos en los almacenes de los DIF municipales, aunque en algunos se registraron faltantes de los productos y alimentos a punto de caducar.

Por ejemplo, en el acta de entrega-recepción del 17 de junio de 2020, en el almacén de Moctezuma, se consignó la falta de 3 mil litros de leche descremada.

Además, en centros comunitarios que atienden a colonias de la periferia de San Luis Potosí se entregaron cantidades desproporcionadas de desayunos, equivalentes a lo que se distribuyó en municipios completos para decenas de escuelas.

Tan sólo en el Centro Comunitario Simón Díaz, en agosto de 2020, se repartieron 13 mil bricks de leche y 53 mil complementos alimenticios, equivalentes a lo repartido a todo el municipio de Matehuala.

En noviembre, en el Centro Comunitario Jacarandas y en la bodega del DIF capitalino en Periférico Norte 5015, fueron distribuidos, en cada punto, 63 mil bricks de leche y 252 mil complementos, lo doble de lo que se entregó a municipios completos como Ébano, Tamasopo o Ciudad Valles. En esta última bodega es donde se almacenaron miles de productos caducos, según la documentación obtenida.

De hecho, en 2021, durante el proceso electoral estatal, partidos políticos denunciaron el uso proselitista de programas sociales en Jacarandas y en Periférico Norte. Sin embargo, Óscar Valle Portilla, exdirector de Desarrollo Social del ayuntamiento en el trienio 2019-2021, aseguró que dichos almacenes se eligieron como puntos estratégicos de distribución, y dijo que el reparto de productos se hizo “casa por casa” y sin fines políticos.

 “Nos hicieron un video burlándose: ‘mira, se están robando los desayunos porque no hay clases’. Ajá, sí, y la gente desesperada en sus casas. (…) Lo que se les olvida es que nunca dejó de haber clases: había clases en las casas. Al final del día, las mamás tenían que darle de comer a los niños ¿no?”, declaró.

Mientras los paquetes de desayunos escolares se agolpaban en las bodegas y los Centros Comunitarios, los alumnos recibían productos a punto de caducar, como en el Centro de Atención Múltiple de Axtla de Terrazas, en la capital de San Luis Potosí, donde sólo recibieron una entrega en 2020 y otra en 2021.

“A mi hijo le daban desayunos fríos. Solo nos dieron dos veces en pandemia. Y nos citaban en las escuelas a las mamás para que pudiéramos recibir los desayunos. Era un paquete y medio de leches, como 18 leches (de un litro), y cereales, era como una bolsa de mano. Algunos (productos) ya estaban muy próximos a caducar. Las leches como quiera se consumen rápido, pero las galletas no. Yo las tuve que regalar a otros niños para que se pudieran aprovechar”, relató Nallely, madre de un niño en preescolar.

En las dos ocasiones que recibieron el apoyo en esta escuela en toda la pandemia, los maestros, con sus propios recursos, se encargaron de llevar los alimentos a los niños en las visitas que hacían a las comunidades para dar seguimiento al desempeño estudiantil, declaró una docente del plantel.

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El polémico caso de Melissa Lucio, la primera latina que podría ser ejecutada en Texas por la muerte de su hija de dos años

Una nueva revisión de la evidencia podría evitar la ejecución, programada para el 27 de abril.
2 de abril, 2022
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Este 27 de abril, Melissa Lucio podría convertirse en la primera mujer latina en ser ejecutada en el estado de Texas.

En 2008, fue encontrada culpable por un jurado del condado de Cameron del asesinato de su hija de dos años, Mariah Elizabeth Álvarez.

En su momento, el jurado determinó que Melissa había “golpeado y torturado” a su hija hasta la muerte.

Sin embargo, ahora, después de que la mexicana-estadounidense haya pasado 14 años en la cárcel, sus abogados sostienen que una nueva revisión del material probatorio del caso demuestra que Melissa es inocente y que fue presionada para entregar una confesión bajo presión.

Para lograr que la ejecución se suspenda o, por lo menos, se aplace por 120 días más, la defensa de Melissa presentó una solicitud de clemencia ante la junta de perdones y fianzas de Texas.

La solicitud, que cuenta con el apoyo de más de 80 legisladores estatales tanto demócratas como republicanos y de cuatro de los miembros del jurado que sentenció a la mujer en su momento, deberá ser aprobada por la junta de perdones y por el gobernador Greg Abbott.

Los miembros del jurado que firmaron la solicitud de clemencia argumentaron que tenían “serias preocupaciones” de que se les hubiera ocultado información durante el juicio inicial, y aseguraron apoyar una reducción de los cargos.

Una vida “en la pobreza extrema”

Melissa Lucio con dos de sus hijos

Familia Lucio

“Éramos una gran familia y estábamos muy unidos”, le contó a BBC Mundo John Lucio, el hijo mayor de Melissa.

“Desde que ocurrió este accidente ha habido una gran división entre todos nosotros. Simplemente no ha sido lo mismo en estos últimos 15 años”.

En 2007, Melissa llevaba una vida difícil en el condado de Cameron, en Texas, con su esposo de entonces, Robert Antonio Álvarez, y sus 12 hijos.

En conversación con BBC Mundo, Sandra Babcock, una de las abogadas defensoras de Melissa, describió la situación de la familia como de “pobreza extrema”.

“Les cortaban la electricidad, se mudaron unas 26 veces en un periodo de cinco años. Incluso, durante un tiempo, el único acceso que tenían al agua era a través de la manguera de sus vecinos o la de la iglesia,” cuenta Babcock.

“Vivían en un tipo de pobreza que normalmente no se relaciona con personas viviendo en EU”.

“Un accidente”

Melissa Lucio

Familia Lucio

Según las declaraciones de Melissa a la policía, durante una de esas mudanzas, el 15 de febrero de 2007, la niña Mariah se quedó sin supervisión adulta mientras sus padres estaban ocupados.

En ese entonces, la familia vivía en un pequeño apartamento de dos habitaciones en el segundo piso de un edificio localizado en la ciudad de Harlingen.

Melissa explicó durante el interrogatorio que, cuando se dio cuenta que Mariah no estaba en el apartamento, salió a buscarla y la encontró llorando al pie de las escaleras, con algo de sangre en los dientes de abajo.

Sin embargo, al no encontrar otras heridas, Melissa continuó con las tareas del día.

Dos días después, el 17 de febrero, hacia las 7 de la tarde, el papá de la niña llamó al servicio de emergencias 911 porque Mariah no estaba respirando.

La pequeña de dos años se había quedado dormida en la cama de sus papás y nunca volvería a despertar.

El juicio contra Melissa

John Lucio en una manifestación a favor de la liberación de su madre.

John Lucio
John, el hijo mayor de Melissa, está actualmente dedicado a la defensa de su madre.

“Lo que vimos en el momento de su juicio es que hubo un afán de juzgar. Los fiscales y la policía asumieron que Melissa era culpable basándose en su presunción de cómo se ve una madre en duelo”, explicó la profesora Babcock.

“No se reconoció que Melissa estaba experimentando síntomas de su desorden traumático debido a que toda su vida fue víctima de abuso sexual infantil y violencia por parte de sus parejas”.

Momentos después de enterarse de la muerte de su hija, Melissa fue interrogada por cinco agentes de policía durante más de cinco horas, sin permitirle comer, beber o dormir: “La fastidiaron y la regañaron y le gritaron hasta que finalmente accedió a sus demandas y a la insistencia de que era culpable de hacerle daño a su hija”.

“Debió haber una investigación libre, exhaustiva, y eso no fue lo que pasó”, dijo la abogada.

A pesar de la presión de los agentes, durante el interrogatorio Melissa negó en más de 80 ocasiones distintas haber asesinado a su hija. El caso de los fiscales se basó en la confesión de la mujer tras el duro interrogatorio, en el testimonio de uno de los agentes, quien dijo que estaba “seguro” de que era culpable, y en las heridas que tenía el cuerpo de Mariah a la hora de su defunción.

Lo que es distinto hoy, cuenta la abogada, es que por primera vez desde que Melissa fue sentenciada, hubo una revisión científica de la evidencia: “Lo que hemos encontrado es que no hay fundamentos científicos para su condena”.

La revisión de la evidencia

Volante a favor de la liberación de Melissa Lucio.

freemelissalucio.org
El caso de Melissa Lucio fue objeto del documental de 2020 ‘El estado de Texas vs. Melissa’.

Lo que ha hecho la defensa de Melissa durante el proceso de apelación ha sido someter la evidencia del caso, que según argumenta Babcock no fue tenida en cuenta durante el juicio inicial, a una nueva revisión por parte de un grupo interdisciplinario de reconocidos expertos.

Y durante ese análisis, los expertos llegaron a conclusiones que dan una nueva lectura a los hechos.

Por ejemplo, para el reconocido patólogo forense Thomas Young, las heridas que presentaba el cuerpo de Mariah eran consistentes con una caída como la que Melissa le describió a los agentes de policía en su momento, debido a que la niña padecía de un raro trastorno de coagulación.

En la petición de clemencia, la defensa de Melissa también criticó fuertemente la metodología utilizada por la especialista forense Norma Jean Farley, quien durante el juicio testificó que la única causa posible del fallecimiento de Mariah era el abuso.

“La doctora Farley falló al no considerar la historia médica previa de Mariah, la cual incluía dificultad para caminar y caídas documentadas (causadas por un trastorno), al igual que una herida traumática cerebral anterior; información sobre el comportamiento de Mariah días antes de morir, incluyendo exceso de sueño y una pérdida de apetito, los cuales eran consistentes con trauma a la cabeza luego de una caída accidental”, argumentó la defensa en la solicitud.

Según el documento, la doctora Farley también falló al no tener en cuenta el trastorno de coagulación de Mariah durante sus testimonios.

BBC Mundo intentó comunicarse con la oficina de la doctora Farley sin éxito.

Según la defensa de Melissa, durante el juicio tampoco se llamó a testificar al psicólogo clínico John Pinkerman, quien revisó los videos de más de cinco horas del interrogatorio de la mujer y concluyó en ese momento que las características psicológicas de Melissa la hacían proclive a aceptar la culpa debido al estrés de la situación.

Y para Pinkerman, cuando Melissa admitió a los investigadores “ser responsable” a escasas horas de la muerte de su hija, parecía estar asumiendo responsabilidad por “la configuración entera del abuso y la negligencia médica por parte de la familia”, mas no por haber golpeado a su hija hasta la muerte.

Lo que salió mal

John Lucio

John Lucio

Babcock le dijo a BBC Mundo que el juicio de Melissa había tenido una infinidad de errores que se pudieron evitar.

“Melissa tenía un abogado nombrado por la corte porque ella no podía pagar su propia defensa y su abogado no estaba preparado”, aseguró la abogada.

“El jurado nunca vio la evidencia exculpatoria, en parte porque el abogado nunca sometió el caso de la fiscalía a una examinación profunda, y porque los fiscales mismos fueron perezosos y corruptos”.

La acusación de corrupción, argumentó la abogada, se refiere al hecho de que el fiscal encargado de la investigación fue sentenciado a 13 años de prisión por su responsabilidad en un esquema de sobornos en el sistema judicial de Texas. Sin embargo, esa condena no estuvo relacionada con el caso de Melissa.

“Yo creo que una de las razones por las cuales tantas personas están ofendidas es porque empiezas a pelar las capas y te das cuenta que es un caso de incompetencia de la defensa, es un caso de fiscales corruptos, es un caso de injusticias”, aseguró Babcock.

La desintegración de su familia

Melissa Lucio con su hijo John

John Lucio

En el momento del arresto de su madre, John tenía 17 años.

“Cuando todo esto ocurrió nuestra familia se dividió. Una prima de mi madre recibió la custodia de mis hermanos pequeños, algo que fue bueno porque cuando se graduaron del colegio, les fue muy bien en San Antonio, Texas”, cuenta John.

“Los grandes, que estábamos cerca a la mayoría de edad, fuimos los que perdimos. Ser el hijo mayor fue muy difícil, no solo por la responsabilidad sino porque quisiera volver a ver a nuestra familia junta”.

A sus 32 años de edad, John cuenta que lleva algo más de un año fuera de prisión, y que durante un tiempo, intentó organizar su vida: regresó a la escuela, empezó a correr maratones y triatlones.

“Pero cuando el 16 de enero recibí la fecha de la ejecución de mi madre, todo empezó a salir mal para mí. Todo se convirtió en ‘¿qué puedo hacer por mi madre?'”.

“Fue muy duro. No me podía concentrar. No he estado corriendo, no he estado entrenando, no he estado cumpliendo ninguno de los objetivos que tenía para este año. Y para volver a la escuela, voy a tener que ver cómo terminan las cosas con mi madre”.

John ha organizado varios plantones buscando que su madre sea liberada y dice que continuará luchando hasta el último momento.

“Yo no estoy aquí para estar gritando. Yo solo estoy aquí para hacer lo que pueda por mi madre. No quisiera tener que hacerlo, enfrentarme a esto, pero esto no solo me ha afectado a mí, sino a mis hermanos también”.


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