Solo 17 de los 32 estados tienen leyes de salud mental
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

Solo 17 de los 32 estados tienen leyes de salud mental y ninguna cumple con estándares de la OMS sobre atención y presupuesto

Desde 2011, algunos estados han hecho esfuerzos por legislar en la materia, pero todos fallan en fijar presupuestos mínimos y todavía privilegian el internamiento involuntario.
Comparte

En México, de las 32 entidades del país, solo 17 tienen leyes de salud mental locales y en ninguno de los casos cumplen con los parámetros mínimos en materia de presupuesto y atención que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el organismo internacional, a la atención de la salud mental de la población se le debería invertir al menos el 10% del presupuesto total que se destina a la salud. Sin embargo, de las 17 leyes estatales en la materia, solo cinco consideran presupuestos específicos —ninguno del 10% o superior—, mientras que el resto de las legislaciones supedita la atención de la salud mental a la suficiencia presupuestal con la que se cuente.

Además, a pesar de que las 17 legislaciones locales contemplan brindar atención desde el nivel familiar y comunitario, tal como lo estipulan las recientes reformas a la Ley General de Salud, el internamiento involuntario de los pacientes es un tratamiento considerado en todas ellas.

Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, CDMX, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas son las entidades con leyes locales para atender la salud mental.

Aguascalientes, Durango y Oaxaca, por otra parte, cuentan con iniciativas presentadas en sus congresos locales. El resto de los estados no tiene legislaciones específicas.

Lee más: Nuevo modelo de atención a la salud mental, sin recursos ni plan para usuarios de hospitales psiquiátricos

La Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, pionera en la materia al entrar en vigor en 2011, estipula en su artículo 66 que el Congreso local deberá considerar un 5% adicional del presupuesto total asignado la Secretaría de Salud (Sedesa) “para ser invertido en planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios en materia de salud mental”.

En Michoacán, su legislación dispone que el gobierno del estado debe incluir una partida no menor al 3% del presupuesto total destinado a la salud; en Baja California, la partida destinada no deberá ser menor al 5%, y en Yucatán, se estipula que el gobierno estatal asignará el 7% del presupuesto total asignado a la Secretaría de Salud estatal.

En Morelos, su ley de salud mental —también vigente desde 2011— contemplaba que el gobernador debía remitir al Congreso local una iniciativa para el Presupuesto de Egresos anual, en la que se consideraran recursos suficientes para atender todas las disposiciones de la normatividad.

“La Secretaría deberá considerar en la erogación del recurso asignado, medidas a mediano y largo plazo para la creación de Unidades Especializadas en Salud Mental, Unidades de Atención Ambulatoria Inmediata y Unidades de hospitalización de corta estancia, a efecto de cubrir la totalidad de las personas que habitan en el Estado de Morelos”, se exponía en los artículos 61 y 62 de dicha ley. Sin embargo, estas disposiciones fueron derogadas.

Sin recursos, solo hay “buena voluntad”

“Desde lo institucional, hace falta empezar un proceso reglamentario de esta reforma, pero también considerar elementos que no están en el texto, por ejemplo, la parte presupuestaria”, consideró Víctor Lizama, miembro del colectivo #OrgulloLocoMx.

A pesar de que las autoridades afirman que, como parte de la transformación del modelo de atención mental, se podrá hacer uso de todos los recursos financieros, humanos y materiales disponibles en el ámbito federal, Lizama, también colaborador del programa de discapacidad y justicia de la organización Documenta, cuestionó qué sucederá al nivel local porque, para lograr la atención comunitaria en centros de salud y que en todos estos espacios haya suficiencia de medicamentos y personal capacitado, se requiere destinar recursos económicos.

“Muchas veces suponemos que solo con hacer los cambios legislativos van a implicar cambios más profundos en lo social, pero si no se fortalece toda la parte jurídica que implica la reforma, se va a quedar solo como un acto de buena voluntad”, alertó.

En su reciente informe mundial sobre la salud mental, la OMS da cuenta de que, en promedio, los países dedican menos del 2% de sus presupuestos de salud a la salud mental. “En los países de ingresos medianos, más del 70% del gasto en salud mental sigue destinándose a los hospitales psiquiátricos”, apunta el organismo. 

Invertir recursos para atender la salud mental de la población es una necesidad urgente, luego de que las tasas de trastornos más comunes como la depresión y la ansiedad aumentaran “en un 25% durante el primer año de la pandemia, sumándose a los casi 1,000 millones de personas que ya sufren algún trastorno mental”, de acuerdo con la OMS.

Fin del internamiento y consentimiento informado

Con las recientes reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, se plantea que el internamiento será la última opción para tratar a los pacientes y, cuando se requiera, siempre tendrá que ser voluntario con consentimiento informado del paciente.

En contraste, en las 17 leyes de salud mental estatales se considera el internamiento involuntario como una opción de tratamiento. En Campeche, por ejemplo, se permite que la petición de internar a alguien en contra de su voluntad se lleve a cabo por “otra persona interesada”, es decir, no solo a petición de profesionales de la salud, familiares o tutores, por lo que resulta necesario armonizar las legislaciones en los estados a lo que marca la reforma federal.

“En los últimos años, justo como parte de este mal entendimiento de la salud mental, en muchas de las entidades federativas de nuestro país se crearon leyes de salud mental y todas, sin excepción, restringen los derechos de las personas usuarias: permiten internamientos y tratamientos contra su voluntad, y eso es justamente lo que se tiene que hacer a un lado”, subrayó Lizama.

Lee más: Lograr que la salud mental se cuide en comunidad exige recursos e infraestructura: expertos

De acuerdo con las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental (artículo 75), “el internamiento solo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las intervenciones posibles; se realizará por el tiempo estrictamente necesario y en el Hospital General o de pediatría más cercano al domicilio del usuario”.

“Todo tratamiento e internamiento de la población usuaria de los servicios de salud mental y las personas con consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones, deberá prescribirse previo consentimiento informado”, agrega el artículo 75 bis.

Sean servicios de salud mental, públicos o privados, todos tendrán la obligación de comunicar de forma accesible, oportuna y en lenguaje comprensible cuál será el tratamiento que se aplicará al paciente, cuáles son los objetivos y beneficios de la intervención, así como los posibles riesgos.

Incluso, deberán hacer de su conocimiento las alternativas de un determinado tratamiento. Todo ello, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado. 

“La persona con trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones, es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento, por lo que deberá presumirse que todos los pacientes tienen capacidad de discernir y deberán agotarse los esfuerzos para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento o el internamiento”, especifica la legislación.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

El hombre que se ganó 270 mil dólares en la lotería y no los puede cobrar por ser indocumentado

El premio es demasiado grande para ser pagado en efectivo y el hombre no tiene los papeles que necesita para abrir una cuenta bancaria en Bélgica.
16 de abril, 2022
Comparte

Rascó el boleto y le tocó la suerte: un premio de 270 mil dólares (unos 250 mil euros). Y, sin embargo, no lo ha podido cobrar.

Un hombre de 28 años, de nacionalidad argelina, ha enfrentado crecientes dificultades en Bélgica para reclamar el dinero que ganó en esta lotería, en la que se compra un boleto y se rasca en busca de premios.

¿El motivo? Su condición de indocumentado.

El premio es demasiado grande para ser pagado en efectivo y el hombre no tiene los papeles que necesita para abrir una cuenta bancaria.

El ganador no sabe qué hacer para reclamar su recompensa, que asegura que quiere usar para construir una nueva vida en Bélgica.

“Cuando tenga el dinero, compraré un lugar para vivir en Bruselas. Y tal vez un automóvil”, dijo al periódico belga Het Laatste Nieuws. La identidad del hombre no ha sido revelada.

Los problemas

El hombre de 28 años no tiene documentos de identidad válidos ni un lugar permanente para vivir, según la emisora belga VRT.

Debido a que no puede abrir una cuenta bancaria, la compañía de lotería no realizará el pago, dijo el abogado del hombre, Alexander Verstraete.

“Estamos buscando esos documentos que puedan probar su identidad. Tendrá que contactar a su familia en Argelia”, dijo Verstraete a la agencia de noticias AFP.

Un vocero de la lotería no especificó a AFP qué documentos se requerirán para reclamar el premio.

Uno de los amigos del hombre que tiene los papeles en regla intentó reclamar las ganancias en su nombre.

Acudieron a la sede de la lotería en Bruselas, un trámite que es necesario para cualquier premio superior a los 100 mil euros.

Pero el amigo y otros dos que lo acompañaban fueron detenidos porque las autoridades sospecharon que habían robado el cartón ganador.

Fueron puestos en libertad después de que el ganador explicara la situación.

El cartón ganador está ahora en manos de un tribunal de la ciudad de Brujas.

Verstraete dice que las autoridades prometieron no deportar al hombre hasta que haya recibido el dinero del premio.

El ganador salió de Argelia hace cuatro meses tras viajar en barco a España, según los medios de comunicación belgas. Desde allí atravesó a pie España y Francia antes de llegar a Bélgica.

Quería viajar a Reino Unido, pero ahora dice que preferiría quedarse en Bélgica y espera formar una familia.

“También buscaré una esposa”, le dijo a Het Laatste Nieuws. “Pero no voy a encontrar una con mi dinero, sino con mi corazón”.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=tvqrGD4ytjA

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.