90% de quejas en psiquiátricos culpan a médicos y autoridades
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90% de quejas por abusos en hospitales psiquiátricos y albergues señala a médicos y autoridades como los responsables

De acuerdo con Documenta, se ubicaron 68 quejas reportadas, de las cuales 26 están relacionadas con el tratamiento médico recibido; 20 apuntan a hechos de violencia y 12 refieren a acciones que atentan contra la vida de las personas como muertes, intentos de suicidio, suicidios y escapes de los hospitales.
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Golpes, humillaciones, maltrato, castigos y violación sistemática a sus derechos humanos viven quienes se encuentran internados en hospitales psiquiátricos, albergues y centros de atención a personas usuarias de sustancias. En el 90% de los casos, los violentadores son los doctores, trabajadores y/o autoridades de estos espacios.

“La violencia ejercida en los centros de atención a la salud mental, reclusorios, centros de rehabilitación y albergues analizados se caracteriza porque es infligida, en un gran porcentaje, por el personal que labora en dichos lugares. Solo el 10% de las quejas refieren violencia de parte de la población, mientras que el resto están relacionadas con acciones ejercidas por las autoridades”, informó la organización Documenta.

A raíz de las recientes reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, las cuales privilegian la atención familiar y comunitaria en donde el internamiento es la última opción, Documenta recuperó los resultados obtenidos en una investigación realizada en 2020 la cual demostró las condiciones indignas y de violencia que viven las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que están internadas en estos centros.

En sintonía con el posicionamiento hecho este martes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respaldaron el nuevo modelo de atención a la salud mental el cual, afirmaron, “constituye un primer y significativo paso en el largo camino que queda para lograr que en México existan servicios de atención a la salud mental basadas en la inclusión comunitaria y el pleno respeto de los derechos humanos”.

 

De acuerdo con las reformas aprobadas a la Ley General de Salud, en el nuevo modelo de atención a la salud mental la institucionalización no desaparecerá, pero sí será el último recurso el cual, es importante señalar, deberá contar con el consentimiento informado del paciente o bien, con la recomendación de un experto en la materia.

Por ello, es que también dispone que en el país ya no se deberá construir ningún otro hospital psiquiátrico y aquellos que ya existen deberán entrar en un proceso de transformación paulatina hasta convertirse en hospitales generales.

“En México, la desprotección que sufre la población institucionalizada ha creado un desequilibrio de poder entre el personal y la población interna, una de las expresiones más documentadas son los actos de violencia sexual acompañados de amenazas, intimidación y humillaciones”, señalan en el informe titulado ¿Por razón necesaria?, violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud Mental en México.

Dado que el ingreso a estos espacios para poder llevar a cabo su investigación fue muy complicado, Documenta optó por analizar y sistematizar solicitudes de información, así como pronunciamientos y recomendaciones de todas las comisiones de derechos humanos del país.

En cuanto a los hospitales psiquiátricos, se ubicaron 68 quejas reportadas, de las cuales 26 (el 38%) están relacionadas con el tratamiento médico recibido; 20 apuntan a hechos de violencia y 12 refieren a acciones que atentan contra la vida de las personas como muertes, intentos de suicidio, suicidios y escapes de los hospitales.

Otras 13 quejas hablan sobre las restricciones a la autonomía de las personas (internamiento forzado), 10 señalan la ausencia de apoyos para la población usuaria y cuatro hacen alusión a las condiciones indignas de los lugares.

De las 13 quejas presentadas ante las comisiones de derechos humanos por internamientos involuntarios, 11 ocurrieron en hospitales psiquiátricos y dos en clínicas de tratamiento de adicciones.

“Para el caso específico de los hospitales psiquiátricos, las personas refirieron que una vez dentro fueron sometidas, sujetadas e inyectadas con algún medicamento. Además, refirieron haber recibido un trato denigrante por parte del personal que las contuvo, lo que da cuenta de que los internamientos involuntarios van aparejados de prácticas violentas que atentan contra la dignidad de las personas”, se lee en el informe.

“Critican reforma desde el estigma”

Víctor Lizama, colaborador del programa de discapacidad y justicia en Documenta, celebró que la reforma a la Ley General en Salud en materia de salud mental atienda los principios y estándares internacionales en derechos humanos, aunque también lamentó que no se haya dado la información suficiente para que la opinión pública pueda comprender la importancia y trascendencia de los cambios. 

“Advierto, en lo personal, que estas reacciones negativas hacia la reforma están sustentadas en mucho por los estigmas hacia las personas que han recibido un diagnóstico psiquiátrico, por la naturalización de las violencias y de la discriminación y exclusión a las que se enfrentan las personas usuarias de los servicios, particularmente quienes están institucionalizadas”, consideró Lizama.

Ha sido el estigma, agregó, lo que ha ido alimentando el miedo y suspicacias frente a una reforma que detonará un proceso paulatino en el cambio de los servicios de atención a la salud mental con lo que se busca terminar con el ciclo de exclusión, discriminación, violencia y desempoderamiento que viven los usuarios de estos servicios. 

“Estos estigmas se ven reflejados en esta frase de ‘los locos a las calles’ (porque) la mayor parte de la población ve como algo inimaginable el pensar que va a convivir con personas que el día de hoy están institucionalizadas y este tipo de lógicas luego terminan naturalizando las violencias que viven estas personas que terminan institucionaliozadas”, reprobó.

Animal Político informó el 3 de junio que contrario a lo que se ha especulado sobre que con las reformas aprobadas se dará de alta a todos los pacientes internados que reciben tratamiento en algún hospital psiquiátrico, la atención a estos pacientes no se verá modificada y mucho menos se cancelará, aseguró Juan Manuel Quijada Gaytán, director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud federal (Ssa).

Ahora bien, en lo que respecta al acceso a espacios y a profesionales en la salud mental se advierte que, por ejemplo, que la disponibilidad de los servicios de salud mental es muy escasa fuera de los complejos psiquiátricos u hospitalarios, lo cual limita su accesibilidad. 

Por ello es que las reformas contemplan que la atención a la salud mental de la población se dé en unidades de primer contacto: centros de salud o clínicas comunitarias, por ejemplo, que cuenten a personal especializado (el cual está en proceso de capacitación, según informó la Secretaría de Salud federal), así como los medicamentos que se requiera. Todo esto a fin de que las personas puedan recibir atención sin tener que desplazarse largas distancias.

De acuerdo con los datos procesados por Documenta, al comparar con otros países de la región los datos sobre el número de personas atendidas en los centros de atención ambulatoria resulta que la mediana en México es muy baja. Solamente 145 usuarios por cada 100 mil habitantes son atendidos en unidades médicas abiertas al público en donde se prestan servicios de salud mental de manera continuada. Esta cifra está lejos de las 588 personas atendidas en Centroamérica y el Caribe, y más lejos aún de las 1,232 personas en América del Sur.

Pasar del modelo asilar al modelo comunitario será una transformación compleja que no solo requerirá tiempo y recursos (aunque los propios artículos transitorios de la ley disponen que no se autorizará presupuesto adicional para llevarlo a cabo), sino que también significará un nuevo entendimiento de la salud mental y de la discapacidad psicosocial e intelectual. 

“La idea de esta reforma es detonar un proceso de cambio que comience desde lo normativo y que luego esto tenga implicaciones en los servicios y en la política pública en general. Estamos hablando que las personas usuarias de los servicios puedan vivir en comunidad y también se requiere considerar el derecho de estas personas a contar con apoyos para ejercer estos derechos”, agregó Lizama.

A nivel mundial, según datos del Relator especial sobre salud, se destina menos del 7% de los presupuestos de salud a la salud mental. En México, de acuerdo con el Programa de Atención Específico de Salud Mental y Adicciones 2020-2024 se destina el 2%, una cifra muy menor al 10% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. 

El pasado 16 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicaron las reformas a la Ley General de Salud, las cuales entraron en vigor un día después. Desde ese momento las autoridades federales cuentan con un plazo no mayor de 180 días naturales para emitir las disposiciones reglamentarias que permitan proveer en la esfera administrativa lo previsto en las modificaciones, así como actualizar todas aquellas existentes, incluidas las normas oficiales mexicanas en la materia.

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"Dejé a mi familia un instructivo de qué hacer si desaparezco": jóvenes en Nuevo León, en alerta constante

El aumento de la inseguridad ha llevado a las mujeres de Nuevo León a vivir en una alerta constante y a tomar sus propias medidas de seguridad ante el abandono, aseguran, de las autoridades.
14 de mayo, 2022
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Un paseo de pocos minutos por las calles del centro de Monterrey deja ver hasta cuatro fotos de personas desaparecidas. También hay murales con rostros y nombres de aquellos en paradero desconocido. Se ven en cada poste, en cada esquina.

Son la muestra cotidiana de la crisis que vive la capital y todo el estado de Nuevo León, en el norte de México, convertido en la cuarta entidad del país con más desaparecidos según cifras oficiales: más de 6,000.

Pero fue el reciente aumento de casos, especialmente de chicas muy jóvenes, lo que encendió todas las alarmas sobre la inseguridad que ha trastocado la vida diaria de miles de mujeres regiomontanas. Dicen que si no se cuidan ellas mismas, nadie lo hará.

“¿Cómo sé que eres periodista? ¿Por qué no usas grabadora?”, me preguntó con desconfianza Guadalupe, una mujer que estaba en un café pasadas las 10:00 de la noche en el barrio antiguo de Monterrey, considerado el motor industrial de México.

“Yo ya me había fijado que caminaste para allá, que luego te acercabas… Es que estamos como en alerta constante, hasta ese extremo llegamos”, me confiesa su amiga Diana, sentada en la misma mesa de la calle José María Morelos, la más animada de esta zona repleta de bares y restaurantes.

Ambas se niegan a “vivir con miedo encerradas”, pero no ocultan que esta noche “se pensaron un poco más” el salir las dos solas. “Sí estamos más observadoras porque no nos queda otra que cuidarnos. Duele y es triste, pero así es”.

Otras mujeres sí que optan por renunciar a su derecho a disfrutar de la noche.

En el emblemático salón Morelos, un local cercano con música en vivo, dicen que “desde el caso de Debanhi” reciben menos clientas y, sobre todo, ven que las que llegan se retiran a casa más temprano.

“Mira, es muy raro que ya veas por la calle a chicas solas. Siempre vienen en grupos grandes o acompañadas ”, dice María Palacios, una de sus trabajadoras, quien asegura que ahora están más pendientes de ellas cuando salen del bar o que “cuando están tomadas” se niegan a venderles más alcohol.

“Entre nosotras nos tenemos que cuidar”, afirma.

María Palacios

Marcos González / BBC
María Palacios ve cómo las mujeres jóvenes se marchan antes a casa del local nocturno donde trabaja.

Joven e hija de desaparecida

Nuevo León está bajo el foco desde que medios locales reportaran, a inicios de abril, la desaparición de ocho mujeres jóvenes en solo diez días, la mayoría en la capital Monterrey y su zona metropolitana.

Según cifras del gobierno, 376 mujeres fueron reportadas este año como desaparecidas en este estado hasta el 12 de mayo. De ellas, 48 permanecen como “no localizadas” y seis aparecieron sin vida.

Y en un país donde el 95% de denuncias generales queda en la impunidad, el papel de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad y de investigar estos casos está bajo el punto de mira.

Map

Pero lo cierto es que esta tragedia ya golpea a Nuevo León desde hace mucho tiempo. Lo sabe Maya Hernández, una joven estudiante de psicología clínica cuya madre, Mayela Álvarez, desapareció en Monterrey hace casi dos años.

Teniendo entonces apenas 16, a Maya le tocó madurar de golpe y no solo liderar la búsqueda sino también dirigir su casa, en la que vive con su abuela y un hermano pequeño.

“Antes de que mi mamá desapareciera, yo no tenía idea de que esto era una crisis social. Y entonces me di cuenta de que no soy la única, que hay muchos desaparecidos en Nuevo León. Y que en lugar de ir disminuyendo, han aumentado con los años”, le dice a BBC Mundo.

Asegura que, en todo este tiempo, no ha habido avances en la investigación. “La Fiscalía nos ha fallado”, denuncia, a la vez que exige la implicación del gobernador del estado, Samuel García, como ha hecho con otros casos recientes más mediáticos como el de Debanhi Escobar, María Fernanda Contreras o Yolanda Martínez.

“Que mi mamá desapareciera me hizo ser más precavida y tener más conciencia. Pero cada vez me siento más insegura porque puede que un día no regrese a casa”, reflexiona.

“¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salir?”, pregunta a quienes dicen que esa sería la solución a esta crisis. “Tenemos derecho a divertirnos y no tendríamos que encerrarnos en casa. Ya lo hicimos por una pandemia, ahora no deberíamos hacerlo por la inseguridad”.

Maya Hernández

Marcos González / BBC
Maya Hernández reclama que casos como el de su madre sean atendidos de la misma manera como se ha dado seguimiento a otras desapariciones recientes más mediáticas.

BBC Mundo no obtuvo respuesta de sendas solicitudes de entrevistas al gobernador de Nuevo León y a la Fiscalía del estado, cuya labor ha sido duramente criticada por familiares de desaparecidos y que llegó a reconocer claras irregularidades en casos como el de Debanhi.

La fiscal de feminicidios estatal, Griselda Núñez, insistió este miércoles en descartar que exista una tendencia generalizada u organizada de violencia contra las mujeres en Nuevo León, por lo que aseguró que cada caso debe ser abordado individualmente.

“No existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres, sino que son condiciones específicas por cada uno de los hechos”, subrayó en una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo.

Plaza de los desaparecidos

Marcos González / BBC
La rebautizada como plaza de los desaparecidos rememora en Monterrey a las miles de personas en paradero desconocido en el estado.

Instrucciones de búsqueda para familiares

Pero estos mensajes están lejos de tranquilizar a las mujeres de Nuevo León y de su capital, que optan por tomar medidas para protegerse de posibles ataques en una ciudad donde la inseguridad se siente como el tema de conversación de casi cada día.

Según Mariana Limón Rugerio, es “el desamparo por parte del Estado” lo que no les deja otra salida que organizarse. Y más en su caso, que siente el triple de vulnerabilidades como mujer, joven menor de 30 años y periodista de Monterrey.

“Yo dejé a mi familia un instructivo de qué hacer y a quién contactar si desaparezco” para ayudarles a lidiar “con el dinosaurio burocrático que es México”, asegura a BBC Mundo.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC

Gracias a una aplicación, su familia puede monitorear su ubicación a través de su teléfono, del que la joven se comprometió a estar pendiente en todo momento.

Según sus propias instrucciones, sus familiares deben empezar a preocuparse si transcurren tres horas sin que ella dé noticias. Si pasan cinco, deben acudir inmediatamente a la Fiscalía y exigir que inicien su búsqueda, dado que esos primeros momentos de la desaparición son cruciales.

“Obviamente espero que nunca lo utilicen . Es muy agobiante explicarles a tus papás qué hacer si llegas a desaparecer. Pero prefiero que tengan un cuerpo que velar a que me tuvieran que buscar, porque a nivel psicológico es mucho más pesado para la familia no tener ni un cadáver que enterrar”, reconoce la periodista.

Las jóvenes regiomontanas con las que habló BBC Mundo han agudizado su ingenio en las últimas semanas a la hora de adoptar medidas de protección.

Desde compartir su ubicación a través del celular en todo momento, hasta llevar gas pimienta o aparatos de descargas eléctricas en el bolso, pasando por evitar publicar fotos en sus redes sociales a tiempo real para evitar que desconocidos sepan su ubicación al momento, son algunas de ellas.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC
Nuevo León pide justicia para sus desaparecidas.

Mónica López, quien es maestra de educación especial de 26 años y vive en el municipio de Escobedo, lamenta que se vean obligadas a adoptar estas restricciones y limitarse por el hecho de ser mujeres.

“Pero, aunque no es justo, te acabas resignando por tu familia y por llegar viva a casa”, admite.

La joven le dice a BBC Mundo que, a raíz de los últimos casos, algunas de sus amigas entraron en una ansiedad social por la que se alegraban incluso de trabajar desde casa para no tener ni que salir. “Es una incertidumbre. Te limitas, pierdes la seguridad, restringes tus horarios…”.

“Yo tengo miedo porque yo sí salgo, sí estoy en la noche, sí voy a fiestas. Si llego a ser yo la víctima, ojalá que me digan ‘la maestra’ y no ‘la que desapareció porque estaba tomando'”, dice criticando a quienes tienden a revictimizar a las víctimas o sus familiares por su comportamiento como si eso justificara que las desaparecieran.

Mónica López

Marcos González / BBC
Mónica López comparte su ubicación casi en todo momento con grupos de amigas.

E inevitablemente, esa inseguridad de la que tanto se habla en Nuevo León salpica también a su trabajo y la relación con sus alumnos.

“Estableces muchos consejos y recomendaciones de seguridad, trabajas para que confíen en ti. Qué feo, porque son niños, pero al final es la cultura en la que están creciendo y a la escuela nos toca prepararlos para lidiar con eso”.

Mujer, joven y policía

Temprano en la mañana, en el parque Fundidora -actual pulmón verde de Monterrey tras décadas ocupado por la compañía de hierro y acero de la ciudad- se pueden ver a decenas de personas haciendo deporte.

Carolina Ayala, una chica de 25 años que acude casi todos los días a caminar en patines, dice que prefiere hacerlo a esa hora que en la noche. “Cuando está medio oscuro, hay mucho hombre, ya no sabes… a esta hora, como que está más seguro”.

Desde hace semanas, todo desplazamiento lo hace en el auto de su mamá o hermano. “No puedo andar sola, me da miedo, y eso que yo soy muy independiente. Pero toca cuidarse. Ahorita, ni de chiste me arriesgo”, cuenta antes de que llegue su madre, quien también hace deporte con ella.

Carolina Ayala

Marcos González / BBC
“Ni de chiste me arriesgo”, dice Carolina Ayala ante la posibilidad de hacer deporte al final del día.

Las autoridades, tan señaladas por las jóvenes por no garantizar su seguridad, se ven a veces en “una situación complicada” como la que reconoce vivir Gabriela Martínez.

Ella es policía local de Monterrey desde los 19 años, pero antes que nada es una mujer joven a la que también afecta el escenario actual.

“A pesar de trabajar en esta área, sí se tiene un temor porque también soy mamá. Creen que uno es policía 24 horas y que tenemos como ese chip de estar más alerta, pero eso tampoco quita que nos pueda llegar a pasar algo y estamos expuestas”, le dice a BBC Mundo.

La oficial asegura que, tras el incremento de la inseguridad hacia la mujer, los agentes de la ciudad han implementado medidas para aumentar el apoyo y protección a jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo acompañarlas cuando están esperando solas la llegada de su transporte.

Sin embargo, Martínez es consciente de que uno de los mayores retos de la policía es volver a ganar la confianza de la ciudadanía “que se perdió por cosas que pasaron en años anteriores” y lograr así que las mujeres se acerquen a ellos en situaciones de riesgo.

Gabriela Martínez

Marcos González / BBC
Gabriela Martínez dice que ingresó en la policía local de Monterrey con solo 19 años con la intención de aportar su granito de arena en la mejora de la seguridad del municipio.

“Yo, como mujer, obviamente voy a velar por las demás. Tengo una niña por la que me gustaría que también alguien se preocupara cuando anda en la calle. De verdad, que tengan la confianza en nosotros de que vamos a hacer todo lo posible para que lleguen bien a casa”, promete.

Pero la situación de inseguridad en Nuevo León no parece mejorar a ojos de muchas mujeres, quienes se muestran muy pesimistas sobre la posibilidad de una solución

Mientras algunas se ven obligadas a limitar sus movimientos para no terminar secuestradas, los familiares de las desaparecidas siguen alzando su voz para que sus casos no caigan en el olvido de las autoridades.

Ellos, como muchos otros, se siguen preguntando lo que los trabajadores de la Fiscalía estatal ven pintado en el suelo frente a su edificio en letras grandes, junto a los nombres de algunas de las miles de mujeres desaparecidas en el estado: “¿dónde están?”.


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