Guerrero: enfermedades mentales, sin atención y en el olvido
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Guerrero: enfermedades mentales, sin atención y en el olvido

En Guerrero, la Ley de Salud no establece un marco legal para atender dichos padecimientos, lo más cercano es el Consejo de Salud Mental y Contra las Adicciones que fue instalado el 8 de abril del 2022, que responde a las reformas a la Ley General de Salud.
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Por José Miguel Sánchez/Amapola Periodismo
29 de junio, 2022
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Cyndi Saucedo tenía 18 años cuando estudiaba la licenciatura en administración de empresas en Morelia, Michoacán, tenía una vida tranquila, dedicada a sus estudios. De pronto todo cambió. Comenzó a presentar síntomas que no comprendía, que eran extraños para su mente: fue diagnosticada con esquizofrenia.

Conseguir el diagnóstico médico no fue sencillo, en Guerrero no hay protocolos ni un marco legal para tratar a pacientes mentales. Cyndi recuerda que tuvo que salir del estado para atenderse adecuadamente.

En Guerrero a Cyndi sólo le otorgaron una orden para trasladarse a un hospital en la Ciudad de México para su tratamiento porque acá no hay un hospital psiquiátrico y, en el sector público, los especialistas son insuficientes.

“Ese diagnóstico me tambaleó y me cambió la vida por completo”, recuerda.

Cyndi tuvo que enfrentarse a algo desconocido, no sabía de qué se trataba y le daba miedo expresar a los demás lo que sentía, sufrió el rechazo social, laboral y, como estudiante, el escolar.

“Mis compañeros ya no me hablaban, recuerdo que una vez llegué y me senté en mesas con más compañeros, dejé mis cosas y mis compañeros empezaron a tomar sus mochilas y ponerlas en otro lado y me dejaron sola en la mesa”, explica.

Los síntomas se intensificaron cuando entró a la universidad, Cyndi trató de mantener su mente ocupada para olvidar un poco sus síntomas, estaba en el club de teatro y pintura, eso ayudaba a que pudiera socializar y hacer su diagnóstico más llevadero.

La enfermedad le trajo estragos, bajó su rendimiento escolar, luchó contra el estigma y lidió con la parte médica. Las citas médicas en la Ciudad de México se volvieron recurrentes, muchas eran semanales, hasta que ya no pudo: dejó la universidad.

Luego vinieron nuevos síntomas que encajaban con otras enfermedades, hace un año Cyndi fue diagnosticada con el trastorno ezquizoafectivo, trastorno de personalidad múltiple y epilepsia del lóbulo temporal.

El camino de Cyndi ha sido difícil. La falta de información sobre enfermedades psiquiátricas provocó que durante mucho tiempo no aceptara lo que le pasaba.

“Las personas piensan que porque eres paciente psiquiátrico vas a salir y los va a matar o les vas a hacer daño, cuando no es así, no somos un peligro”, comenta.

Lee: Nuevo modelo de atención a la salud mental evitará tortura o malos tratos, dice la CNDH

Su lucha ha sido constante, ahora está estable y en tratamiento. La mayoría de los diagnósticos médicos le advirtieron que siempre tendría que depender de alguien, que viviría aislada, que no podría tener un trabajo ni relacionarse.

Hoy Cyndi tiene un trabajo, amigos, pareja y un hijo de un año y medio.

Enfermos mentales sin seguridad

Para Cyndi en Guerrero no hay certeza para un enfermo mental. No hay hospitales especializados ni personal capacitado para dar una atención adecuada.

Recuerda que buscó atención médica en el área de psicología del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, pero no fue lo que esperaba. En primer lugar las citas eran muy espaciadas.

“Cada tres o seis meses agendaban una cita, imagínate para cuando llega a la cita ya tuviste una crisis y te recuperaste tú solo”, comenta.

Además el tiempo en las salas de espera era demasiado largo y las consultas demasiado cortas para tratar a un paciente con varios padecimientos.

Después de su mala experiencia, acudió a la Clínica de Salud Emocional, de la Secretaría de Salud Estatal, pero no contaban con psiquiatra, así que descartó esa opción.

Al final no tuvo otra opción, regresó a la Ciudad de México, donde paga consultas privadas a psicólogos y psiquiatras para recibir la atención adecuada.

“Pues uno paga y uno elige las fechas, el día, la hora y si uno se siente mal hay atención personalizada, a diferencia del sector público donde no existen tales protocolos”, explica.

Lee: Los pacientes ¡fuera de los psiquiátricos!

Atenderse en el sector privado, para Cyndi fue costoso, debido a que tenía que trasladarse, así como alimentos y hasta hospedaje, lo que muchas veces merma su economía.

Además los medicamentos que necesita y que no son proporcionados por el sector público son un gasto más; reconoce que ha suspendido su tratamiento y sus consultas por falta de dinero, la más prolongada fue de un año y medio.

Sin ley que los proteja

En la Ley General de Salud federal existe un capítulo dedicado a la salud mental, ahí se especifican instancias, presupuesto y dependencias encargadas de atender padecimientos mentales.

En Guerrero, la Ley de Salud no establece un marco legal para atender dichos padecimientos, lo más cercano es el Consejo de Salud Mental y Contra las Adicciones que fue instalado el 8 de abril del 2022, que responde a las reformas a la Ley General de Salud.

Ante la falta de instancias correspondientes y del incipiente Consejo de Salud Mental no existen datos que ayuden a dimensionar el problema.

El antecedente que existe es el Diagnóstico Operativo de Salud Mental 2020 donde se indica que en Guerrero no existe ningún Centro Integral de Salud Mental (Cisame), ni Hospital Psiquiátrico, lo único que hay son seis Centro de Atención para Prevenir Adicciones (CAPA), todas dependencias federales.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 17 por ciento de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida y, sólo una de cada cinco recibe tratamiento.

Lee: Transforman 340 centros de atención a adicciones en centros comunitarios de salud mental

En abril de este 2022, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud que obliga al Estado garantizar la atención equitativa e igualitaria a la atención de salud mental.

De acuerdo con el dictamen aprobado por los legisladores federales, la atención de salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario, de recuperación y con estricto respecto a los derechos humanos de los usuarios en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social.

En Guerrero falta que el Congreso local apruebe una reforma a la Ley Estatal de Salud para homologarla a su par a nivel federal.

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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