Maestros de educación básica exigieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que asuma su responsabilidad como empleador y modifique las reglas de operación del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), a fin de que sea la dependencia quien pague sus horas extra y no los padres de familia, como establecen los lineamientos vigentes.
En entrevista, profesores señalaron que, antes de la desaparición de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), eran los estados quienes recibían el dinero del programa y les hacían sus pagos vía electrónica, no sin antes firmar contratos que oficializaban la relación laboral.
Señalaron que en ocasiones se presentaban retrasos en los pagos, pero había una clara la relación de trabajo con las autoridades. Ahora que esta responsabilidad se ha delegado a los padres, explicaron, no tienen claridad sobre qué procedimiento se seguirá.
“Antes firmábamos un contrato con la Secretaría de Educación estatal, que nos daba una tarjeta bancaria donde llegaba nuestro apoyo por las horas extras que nos quedábamos en Escuelas de Tiempo Completo, pero ahora no sabemos cómo será, si habrá contrato o si el pago será en efectivo… no sabemos nada y esta responsabilidad no debe ser de ellos”, expuso el profesor Olegario Pina, de Chilpancingo, Guerrero.
“Estamos en una situación peor, se nos están violentando nuestros derechos porque nosotros somos profesionales y quien nos debe pagar directamente es el patrón —la Secretaría de Educación Pública—, con quien tenemos una relación contractual con derechos y obligaciones, pero ahora la SEP se está deslindando de esa responsabilidad”.
Con la desaparición de Escuelas de Tiempo Completo, en 2021 el programa La Escuela Es Nuestra asumió las responsabilidades de la política pública vigente desde 2007.
El año pasado, dada la emergencia sanitaria, no se destinó presupuesto a las horas extra y a los servicios de alimentación, pues los estudiantes permanecieron medio ciclo escolar 2021-2022 en casa, así que la totalidad del recurso se destinó a la mejora de la infraestructura educativa.
El problema vino en 2022, cuando la SEP decidió eliminar los componentes de alimentación y horario extendido que se brindaba a unos 27 mil colegios que en los últimos 15 años se habían convertido en planteles de tiempo completo.
Luego de semanas en las que maestros, padres de familia y sociedad reclamaron por la desaparición de estos servicios, la SEP modificó las reglas de operación, incluyó ambos componentes e instruyó que, a fin de evitar intermediarios, serán los padres de familia quienes pagarán directamente a los profesores.
Incluso, los manuales de operación del programa contemplan un pagaré —que podrá imprimirse en cualquier hoja—, el cual deberá ser firmado por padres y profesores y quedará como prueba de que el pago se efectuó.
De no ser posible, las propias reglas de operación disponen que podrá ser válido cualquier recibo en donde figure fecha, nombre y firma de la persona que entrega el apoyo, así como nombre y firma de la persona que recibe.
Fiscalización, en la incertidumbre
“Los CEAP (Comités Escolares de Administración Participativa) a través del tesorero(a) serán responsables de efectuar el pago de los apoyos económicos que el programa destina directamente al personal directivo, docente y de apoyo (intendente)”, dicen las reglas de operación modificadas que dio a conocer la SEP.
Fernando Alcázar, director del área de estudios jurídicos de la organización Mexicanos Primero, recordó que Escuelas de Tiempo Completo era un programa que se sujetaba a requisitos y consideraciones mucho más estrictas, por lo que para dispersar los recursos echaba mano del apoyo de las entidades federativas. Sin embargo, ahora con La Escuela Es Nuestra este componente está borrado —en aras de que no haya intermediarios— y se ha transformado en un programa de subsidios con una lógica distinta.
“Estamos en la total incertidumbre en la fiscalización (de los recursos)”, alertó el experto.
No queda claro cómo los padres pagarán la compensación a los docentes. “No sabemos, en muchos casos podemos suponer que será en efectivo porque de esa manera es más conveniente a las comunidades; sin embargo, seguirle el rastro al dinero en efectivo es muy complicado”, subrayó.
Para el experto, los recibos simples que propone la SEP que sean prueba de que se efectuaron los pagos fomentan la opacidad y la falta de rendición de cuentas.
“Les están dando una responsabilidad desproporcionada en todo sentido a los papás y mamás de pagarles a tiempo y de asegurarse que las cuentas estén bien. (La SEP) está excusándose de responsabilidades de fiscalización y los responsables de cualquier malversación de recursos serán las mamás y los papás y eso es gravísimo”, reclamó Alcázar.
La opacidad en el uso de recursos públicos de La Escuela Es Nuestra ya ha sido evidenciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encontró que en 2020 el programa ‘perdió’ uno de cada dos pesos que recibió, es decir, no existen pruebas de que 573 de los mil 187 millones de pesos del presupuesto auditado en 2020 se hayan utilizado en la mejora de la infraestructura educativa, objetivo rector de la política pública.
Inconformidades sobre la mesa
Ana Cecilia, maestra de primaria en el Estado de México, consideró positivo que los padres de familia estén a cargo de los recursos para evitar intermediarios, pero señaló que las autoridades no pueden deslindarse de la responsabilidad de sus pagos. Si no pueden hacerlo, exhortó a que les creen plazas específicas por el horario extendido.
Las autoridades, insistió, no pueden dejarlos en la incertidumbre.
“Por supuesto que nosotros no tenemos desconfianza de los papás, pero ese no es su trabajo, nosotros somos profesionistas, tenemos años dedicándonos a esto y las autoridades no nos pueden dejar así en la nada”, dijo.
“El recurso de infraestructura pensamos que está correcto que lo ejerzan los padres, el pago de alimentos que lo ejerzan los padres, pero la compensación de nosotros no estamos de acuerdo, no es un capricho, somos profesionistas y no estamos haciendo menos a los padres, pero quien debe pagarles a los maestros es la Secretaría de Educación”.
Los profesores y representantes de 29 entidades del país se han sumado al Movimiento Nacional de Trabajadores de la Educación del Programa Escuelas de Tiempo Completo y han sostenido mesas de trabajo con expertos, padres de familia y legisladores en la Cámara de Diputados, donde han expresado su inconformidad por las decisiones que ha tomado la SEP.
En cinco mesas de trabajo, se expusieron las preocupaciones respecto de Escuelas de Tiempo Completo y las autoridades legislativas tomaron nota de todo ello a fin de poder compilar un informe detallado que entregarán a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que con base en ello se puedan tomar decisiones y/o solicitar la intervención de otras autoridades.
Aunque se tenía previsto que este informe se entregara en días pasados, la Comisión de Educación encabezada por la diputada Tania Cruz prorrogó hasta el 30 de junio próximo la entrega del volumen.
Según compartieron los docentes, estas conclusiones podrían ayudar a su exigencia a la SEP para que modifique una vez más las reglas de operación de La Escuela Es Nuestra y asuma sus responsabilidades para con los maestros.
