“Si alguien sabe lo difícil que es conseguir una identificación, soy yo”, asegura Fabiola Ferruzca, quien apenas hace tres semanas obtuvo su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), después de cinco años de vivir en libertad condicional sin tener cómo identificarse.
En 2005, ingresó al penal de Barrientos y salió casi 13 años después, en 2017, del reclusorio de Neza Sur, mediante un beneficio por buen comportamiento pero bajo ciertas condicionantes, como firmar primero cada semana y luego quincenalmente y permanecer bajo tutela. Aún le restan ocho años para cumplir su sentencia en libertad, pero desde el inicio había querido retomar sus estudios. Sin la credencial del INE —que en México es el equivalente al carnet de identidad oficial— le fue imposible y, hasta ahora, cinco años después, podrá revalidarlos.
Define su historia como “la clásica, en la que estás con la persona equivocada en el momento equivocado”. En este caso, esa persona era el padre de sus hijas, que entonces tenían tres y nueve años, un hombre violento que solía encerrarla. “En algún momento estuvo a punto de matarme”, recuerda. No sabe exactamente qué sucedió el día que terminó en el MP, y aunque pensó que ahí acabaría todo, la historia apenas empezaba: él la involucró en su declaración y ella fue sentenciada a 25 años por privación de la libertad.
En ese momento, como toda persona sentenciada, perdió sus derechos políticos, es decir, a votar y ser votada. Antes, una vez dados de baja del padrón electoral, quienes habían sido liberados de manera condicionada no tenían acceso a una credencial del INE, que en México es también la identificación más común. Cuando, como en el caso de Fabiola, se sigue cumpliendo una condena en libertad, los derechos políticos permanecen suspendidos.
En 2020, a partir de la sentencia SCM-JDC-1 050/2019 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE emitió los lineamientos para garantizar el derecho a la identidad de las personas suspendidas en sus derechos político-electorales y expedir credenciales únicamente con fines de identificación, sin derecho a voto. Aunque en el papel esta medida resuelve el tema, con frecuencia funcionarios del sistema penitenciario y defensores de oficio desconocen, niegan o desincentivan la posibilidad de este trámite, como le sucedió a Fabiola.
La sentencia del tribunal afirma que el hecho de que una persona esté cumpliendo una pena privativa de la libertad, bajo un beneficio penitenciario que le da la posibilidad de estar libre, no le niega la calidad de ciudadanía mexicana, además de que la credencial para votar es el mecanismo que garantiza el derecho a la identidad.
De acuerdo con información proporcionada por el INE, desde la emisión de los lineamientos y hasta el 8 de junio pasado, se han expedido 4 mil 897 credenciales a personas suspendidas en sus derechos político-electorales para ser utilizadas únicamente como medio de identificación: 4 mil 541 a hombres y 446 a mujeres. Al Estado de México corresponden 616: 560 a hombres y 56 a mujeres.
Daniela Ancira, directora de la organización La Cana, asegura que el tema sigue siendo un obstáculo, porque más allá de las barreras legales a las que se enfrentan las personas liberadas para ejercer su derecho a la identidad, que están en apariencia resueltas con los lineamientos vigentes, es necesario eliminar barreras fácticas, como la falta de capacitación y sensibilización del personal del sistema penitenciario, de los defensores de oficio y de otras autoridades, que disuaden a las mujeres de atreverse siquiera a pedirla.
Ancira recuerda el largo camino para lograr obtener la identificación de Fabiola, que empezó desde la complejidad para algo tan básico como ingresar al edificio en el que se encuentra el despacho que les ayudó con el trámite. “Llegamos y literalmente no podía ni subir, porque no tenía una identificación”, relata.
Después, los obstáculos van de no poder entrar a una oficina a la imposibilidad de ser dada de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o en cualquier instituto de seguridad social, hasta no poder ingresar a un trabajo donde lo primero que se solicita son documentos. Además, en el caso de Fabiola, los primeros en decirle que no podía tener acceso a una INE fueron las autoridades penitenciarias encargadas de recabar su firma cada 15 días, al igual que su defensora pública.
“Dices: ‘no manches, voy a sacar la de la tercera edad y el INE no lo voy a obtener’; es parte del proceso y cuesta, pero hay gente buena que te apoya. Es el acceso al estudio, al trabajo, a decir ‘yo soy…’, pero ahora compruébalo; ni rentar una bicicleta puedes”, lamenta Fabiola.
Con el miedo que sintió tras la advertencia, ella misma le pidió al despacho no hacer el trámite. Si bien el dicho de las autoridades penitenciarias no era verdad, al comprender su temor, sus abogadas y La Cana decidieron apoyarla para tramitar un pasaporte. Inicialmente, le pidieron una identificación, que no tenía, pero accedieron a validar su identidad mediante la mayor cantidad de documentos posible.
Ella se dedicó a reunir todos los certificados y testimonios que pudo, pero cuando volvió a intentar el trámite, se topó de nuevo con la intención de disuasión de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes le aseguraron que el pasaporte se define como un documento de viaje, por lo que si lo expedían, podría alertar al juez de una posible fuga. Después de la larga travesía, Fabiola finalmente se animó a tramitar el INE.
Sofía Torres y Guadalupe Lecona, sus abogadas, también recuerdan el sinuoso camino y coinciden en que es un tema de desinformación, además del temor que las autoridades hicieron crecer en Fabiola en torno a que el trámite sería señal de que quería violar su medida preliberacional. A eso se sumaba que tampoco tenía en su poder ninguna de sus sentencias, por lo que era “como estar prácticamente a ciegas”. Ellas la ayudaron a conseguir la documentación, definir su estatus y animarse a ejercer su derecho.
“Hicimos varias gestiones, y lo que nos encontramos fue a personas que le decían todas lo mismo: que tenía que esperar a compurgar su pena, que les hacía perder el tiempo y mejor debía esperar ocho años más sin identificación, lo que implica no poder estudiar, trabajar formalmente o cosas tan sencillas como contratar un servicio de cable, de gas, pasar a nuestra oficina… encontramos de parte de las autoridades un poco de cerrazón”, señala Lecona.
Ahora, Fabiola está más tranquila porque puede usar su INE “sin bronca”: “No tengo el pendiente de que si se da cuenta el juez, me revoque mi beneficio, y son ocho años que les debo, no dos meses. Para mí sí fue muy importante después de cinco años tan solo poder seguir estudiando; es lo único que yo quería, no quería irme a bailar ni nada, solo una identificación para estudiar”.
“Nada me costaba buscar la manera de tener una (credencial) ‘fuera de’, pero pensando en hacer las cosas correctamente, me fui sobre los lineamientos; le buscamos primero al pasaporte, y algunas veces me fue muy mal porque la gente te trata mal; te ve y no pasa nada, pero cuando explicas la situación, es cuando cambia la actitud y la manera de tratarte”, relata.
Desde que empezó a ocupar el internet para la escuela, tuvo que hacerlo mediante favores, como pedirle a su hermana que lo tramitara a su nombre. “No tenía una identificación, no podía ni estudiar ni decir que era mamá de mis hijas. Tenía que andar pidiendo favores, que alguien me acompañara porque no podía decir quién era… La verdad es que se te cierran las puertas, no puedes avanzar porque la gente es muy prejuiciosa, la sociedad te tacha de lo peor sin saber la historia, sin saber cómo ganaste ese beneficio para salir”, relata Fabiola.
Después del difícil proceso no solo para obtener sus documentos, sino para reintegrarse, volver a reconocer a su familia —en la que hubo quienes la aceptaron y quienes la rechazaron—, y retomar su vida y sus responsabilidades, ahora trabaja en un taller, a partir de las capacitaciones que le dio La Cana, pero también con los nuevos conocimientos que obtuvo ahí mismo, consiguió una vida independiente y ha recuperado la relación con sus hijas, ahora de 21 y 27 años.
“Ahorita voy a hacer mi examen para certificar prepa; tenía cinco años que no podía hacerlo porque no tenía identificación, y ya la obtuve. Fue un proceso muy difícil… A final de cuentas es absurdo, porque cuando quieren volver a delinquir, con un INE o sin un INE, lo van a volver a hacer. Eso no limita para volver a hacer las cosas mal, pero si hay quienes queremos hacerlas bien, por qué ponernos tantas trabas para avanzar y reinsentarnos”, cuestiona Fabiola.
Mucha de la labor, recuerdan sus abogadas, recayó también en que ella se sintiera lo suficientemente capaz para pedir su identificación, pues primero no sabía que podía hacerlo, y después, otras personas reforzaban esa idea. Todo ello a pesar de que los lineamientos del INE lo convierten en un trámite relativamente sencillo, para el que basta que el juzgado extienda un oficio dirigido al instituto, probar la medida preliberacional con copia certificada de las resoluciones y, a partir de ahí, seguir los pasos habituales para recibirla en aproximadamente tres semanas.
“Es importante tomar cartas en el asunto y que la gente sepa que existe este procedimiento, porque si no lo dicen en el juzgado, que es donde la gente que va a firmar tiene acceso a las herramientas para reincorporarse a la vida en sociedad después de haber salido de la cárcel, es muy difícil que lo conozcan”, apunta Torres.
A esto se suma que la mayoría de las mujeres en reclusión se quedan solas; el 90% no recibe visitas. “Este punto es muy importante porque a final de cuentas, cuando salen de la cárcel están solas… a lo mejor ni se ponen a pensar en que pueden tramitar una identificación porque primero están viendo cómo sobrevivir; lo más importante sería hacer las cosas fáciles, casi que cuando se decreta una sentencia de ese tipo, decirles: ‘aquí está el oficio al INE para que te den tu identificación’, como un derecho”, concluye.
