A Yanelli la violaron dos veces en Puebla; lleva seis años sin justicia
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En un asalto y por denunciar a su agresor, a Yanelli la violaron dos veces en Puebla; lleva seis años sin justicia

Entre enero de 2016 y abril de 2022, en Puebla se han abierto 13 mil 488 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual. Si se comparan los primeros cuatro meses de cada año, el número de denuncias de estos delitos se incrementó 146%.
Cuartoscuro
14 de junio, 2022
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Eran las 8 de la noche y Yanelli volvía del trabajo, en Huauchinango, Puebla. Debido a que no pasaba el camión que la llevaría hacia su casa, decidió abordar un taxi “colectivo” —que brinda servicio a varios pasajeros, con destinos diferentes—, al que también subieron dos hombres que resultaron ser asaltantes. Además de quitarle sus pertenencias, a ella la violaron.

A esta agresión, ocurrida en junio de 2016, se suma otra, cometida en octubre de 2017, cuando dos hombres llegaron hasta su casa para golpearla y violarla de nuevo, en represalia por haber denunciado la primera vez. De los cuatro agresores solo uno fue detenido y sentenciado a 10 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido seis, mientras de los otros tres no hay información.

Además de la revictimización que ha vivido durante el proceso de denuncia de las dos violaciones, debido a la falta de personal para certificar sus lesiones y de materiales para que le practiquen exámenes médicos, Yanelli acusa que ha sido víctima de omisiones en las investigaciones, pues ha aportado pruebas, como mensajes de amenaza que recibe por redes sociales, o los registros de las llamadas que le hacen de distintos números para insultarla, pero sus señalamientos no se han tomado en cuenta. Tampoco han entrevistado a posibles testigos para ampliar los datos que se tienen de los responsables.

Ante el temor de volver a ser agredida, Yanelli y su familia tuvieron que huir de Huauchinango. “Me fui a vivir a otro lugar, para comenzar otra vez, porque siento que no te curas en el lugar en que te enfermas. Eso implicó perder las medidas de protección que me daban las autoridades, y ahora ya ni siquiera tengo respuesta sobre cómo va la investigación”.

“Han pasado seis años  y de la carpeta de 2016 falta capturar a un agresor. De la que se abrió en 2017 aún no se tiene información de ninguno de los dos, ni hay indicios de quiénes fueron. Ellos (las autoridades) creen que yo me voy a conformar con que hay un sentenciado, pero no. A mi me violaron cuatro personas y todas ellas se tienen que hacer responsables”, reclama.

Animal Político consultó a la Fiscalía General del Estado de Puebla acerca del estado que guardan las carpetas de investigación por las violaciones que sufrió Yanelli, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.

Leer más | En cinco años, solo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia

Una pista y una casualidad llevaron al único sentenciado

“El 8 de junio de 2016, cuando fui víctima de la primera agresión, toda mi vida cambió. Uno de los agresores tenía un arma blanca y el otro una pistola, le pidieron al taxista que manejara hacia una zona sola y oscura para violarme”, relata en entrevista Yanelli.

“La verdad es que, entre el llanto, el dolor y la vergüenza, lo único que hacía era evitar cruzar la mirada con los agresores, pero los vi cuando se subieron, vi sus rostros”, recuerda.

De acuerdo con Yanelli, los asaltantes pidieron al taxista que se detuviera cuando pasaban junto al panteón de Huauchinango y ahí, dentro de la unidad, la agredieron sexualmente. Fue en ese momento cuando se enteró que uno de ellos se llamaba Erik, a quien su compañero le exigió cambiar turno para vejarla.

“Cuando el segundo de ellos terminó de agredirme amenazaron al taxista, le dijeron que tenía que esperar 20 minutos antes de irnos de ahí. Sin embargo, en cuanto ellos huyeron, el conductor me dijo que pusiera el seguro a la puerta y se arrancó. Yo tenía miedo porque no sabía si también él iba a hacerme daño”, detalla.

Yanelli no aceptó que el taxista la acompañara hasta su casa, por miedo a que supiera en dónde vivía. Con la ropa desgarrada, golpes en el cuerpo y en estado de shock, caminó por 10 minutos hasta su domicilio. No quería denunciar, pero su familia la convenció de que era necesario y la acompañaron al Ministerio Público (MP), donde se inició una carpeta de investigación por el caso.

“Ahí empezaron los obstáculos. La violencia no solo te afecta cuando la estás viviendo directamente, sino que después te atraviesan muchas otras”, comenta.

Primero, tuvo que pasar más de 16 horas sin bañarse después de la violación, porque no había un médico legista que certificara sus lesiones; luego, no pudo realizarse una prueba para detectar enfermedades de transmisión sexual en el Hospital General de Huauchinango, por falta de insumos para realizarlas. Además, por ausentarse debido a los trámites y su condición anímica, la corrieron de su trabajo como enfermera.

“Comencé a ser dependiente económica de mi mamá. Ella y mi hermana me ayudaban con el tema de los cuidados de mi hija. Intenté suicidarme dos veces y después de eso comencé un tratamiento psiquiátrico, al mismo tiempo que recibí terapia psicológica”.

Yanelli comenzó a recuperarse, y de hecho pensó que nunca más vería a los hombres que la agredieron. Pero un mes después del asalto, mientras se encontraba en una parada de autobús con su hermana, pudo reconocer a Erik, uno de sus agresores. Policías municipales de Huauchinango lo habían detenido por una riña en vía pública y se encontraba dentro de una patrulla.

“Lo vi y entré en pánico. Le dije a mi hermana que nos fuéramos, que era él y tenía miedo de que se diera cuenta que estaba ahí. Tomamos un taxi para la casa y le conté a mi mamá lo sucedido. Ella me dijo que debía ir a denunciar, aunque yo no quería”, detalla.

Acompañada de su familia, acudió a la comandancia de policía para confirmar si alguno de los detenidos recién ingresados era Erik. Con esta información, fue al Centro de Justicia del municipio y notificó que había identificado a su agresor, al que denunció formalmente por violación y por ello se le sentenció a 10 años de cárcel.

“El tema fue que, en cuanto esta persona ingresó al Cereso (Centro de Reinserción Social), inmediatamente comenzaron a hacerme llamadas a mi casa para decirme que ya sabían donde vivía, que tenía una hija, una hermana y que vivía con mi mamá. Me exigieron quitar mi denuncia, que porque no sabía con quién me estaba metiendo”, denuncia Yanelli.

En la Fiscalía, el Ministerio Público  que llevaba su caso le dijo que no hiciera caso de las llamadas, que su agresor ya estaba detenido y no le pasaría nada. Como medida de protección, le pusieron a dos policías para que vigilaran su domicilio, uno desde el interior y otro desde el exterior, pero tras el paso de un huracán que dejó daños en Puebla, las autoridades le quitaron al personal de seguridad, con el pretexto de que debían unirse a las labores de recuperación por el desastre natural.

Sin protección, se cumplieron las amenazas

Yanelli cuenta que, incluso en el tiempo que tuvo protección de los policías, las amenazas no se detuvieron, “hasta octubre de 2017, cuando noté que había personas sospechosas afuera de mi casa. El día 12 yo estaba de descanso en casa con mi hija y cuando salí a la calle para darle de comer a unos perritos callejeros de la colonia vi a dos tipos correr hacia mi”.

“Me metí corriendo porque sospeché que iban a hacerme algo, e intenté cerrar la puerta, pero uno entró detrás de mí. Llegamos al comedor forcejeando y le comencé a aventar cosas, grité y traté de tomar el teléfono, hasta que se escuchó “mami, ¿quién es?” y vi a mi hija asomada desde otra habitación”, agrega.

Uno de los hombres golpeó a su hija de dos años, le tomó fotografías y amenazó con darlas a una persona “con gusto por las niñas” en caso de que ella insistiera con su demanda contra Erik. Frente a la menor de edad, los sujetos golpearon a Yanelli hasta dejarla inconsciente, la amarraron de manos y pies y volvieron a violarla. Lo último que recuerda es que le dijeron que eso le pasaba “por ser una perra desobediente”.

Horas después del ataque, Yanelli fue hallada por su madre y su hermana, quienes llamaron a los servicios de emergencia. Les informaron que debido a los golpes tenía fractura de nariz, mandíbula y las costillas. En este estado, la víctima pidió a su familia que antes de internarla en un hospital la llevaran a denunciar nuevamente al Centro de Justicia de Huauchinango, donde previamente habían minimizado sus advertencias de una posible agresión.

Al igual que la primera vez, tuvo que someterse a los exámenes periciales del médico legista, el perito psicológico y volvieron a asignarle protección, “pero todo lo que se pudo haber evitado ya había pasado”.

Lo último que Yanelli supo sobre sus dos carpetas de investigación por las dos agresiones fue en 2018, cuando le notificaron que Erik había sido condenado a 10 años de cárcel. De ellos, ya se han cumplido seis, por lo que ahora vive con temor de lo que pueda ocurrir cuando quede libre.

“De los otros implicados, a seis años de los hechos no hay nada. Yo exigí que se buscara el testimonio del taxista, pero nunca lo hicieron. Por todo esto tuve que dejar Huauchinango, vivía con mucho miedo… y aun así, he seguido recibiendo amenazas en mi cuenta de Facebook. La única razón por la que no la cierro es porque para mí esas son pruebas que aporto a las autoridades para que las agresiones continúan”, lamenta.

“Este año ha estado tranquilo, pero yo creo que es porque yo ya no estoy en Huauchinango. Mi domicilio es reservado y no tienen acceso a él, pero siempre que regreso a visitar a mi familia o mis amigas lo tengo que hacer a escondidas, porque ahora tengo que vivir desplazada. Estar ahí no es seguro para mi”.

En seis años, delitos sexuales aumentaron 146% en Puebla

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero de 2016 y abril de 2022, en Puebla se han abierto 13 mil 488 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual.

Si se comparan los primeros cuatro meses de cada año, el número de denuncias de estos delitos se incrementó 145.99%, al pasar de 437 reportados entre enero y abril de 2016, a mil 75 que fueron registrados en el primer cuatrimestre de 2022.

Entre enero y abril de 2022, los delitos con mayor número de carpetas de investigación fueron abuso sexual (309), violación simple (153), violación equiparada (135), acoso sexual (78) y hostigamiento sexual (16). Además, se interpusieron 384 denuncias por “otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual”.

En la comparación cuatrimestral, el delito que más ha aumentado entre 2016 y 2022 es el de violación equiparada (365%), seguido del acoso sexual (136.36%) y hostigamiento sexual (33.3%).

Yanelli ha recuperado poco a poco su vida, gracias a la terapia psicológica y el tratamiento psiquiátrico que recibe. “Sin ellas no hubiera podido regresar a la realidad, yo creo que me hubiera matado… dejé de comer, no dormía y entré en un estado de depresión complicado, que me impedía incluso cuidar de mi o de mi hija, pero poco a poco comprendí que no fue mi culpa, y que tenía que estar bien. Desde que me fui de Huauchinango volví a bailar y comencé mi vida de nuevo”.

Actualmente es conferencista certificada en temas de violencia contra las mujeres, y acompaña el proceso de varias víctimas que, como ella, se encuentran en búsqueda de justicia.

A raíz de su caso se dedicó a estudiar temas de género y derechos humanos. “Después de un tiempo me buscaron otras mujeres que se encontraban atravesando situaciones de violencia y comencé a acompañarlas. Luego empecé a estudiar, a la fecha tengo 19 diplomados sobre violencia sexual, prevención de la violencia, abuso sexual infantil y me encuentro cursando la licenciatura en derecho”.

“No sé si era mi misión de vida, pero definitivamente también me ha servido y me ha ayudado a curarme, el poder brindar a otras mujeres lo que yo no tuve. Pero independientemente de todo eso, la justicia todavía no llega. El hecho de que ya no tenga marcas o ya no me vea como una víctima no quita todo lo que pasó. El Estado tiene una deuda muy grande conmigo por sus omisiones e irresponsabilidades. A mi no se me va a olvidar”, sentencia.

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"Dejé a mi familia un instructivo de qué hacer si desaparezco": jóvenes en Nuevo León, en alerta constante

El aumento de la inseguridad ha llevado a las mujeres de Nuevo León a vivir en una alerta constante y a tomar sus propias medidas de seguridad ante el abandono, aseguran, de las autoridades.
14 de mayo, 2022
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Un paseo de pocos minutos por las calles del centro de Monterrey deja ver hasta cuatro fotos de personas desaparecidas. También hay murales con rostros y nombres de aquellos en paradero desconocido. Se ven en cada poste, en cada esquina.

Son la muestra cotidiana de la crisis que vive la capital y todo el estado de Nuevo León, en el norte de México, convertido en la cuarta entidad del país con más desaparecidos según cifras oficiales: más de 6,000.

Pero fue el reciente aumento de casos, especialmente de chicas muy jóvenes, lo que encendió todas las alarmas sobre la inseguridad que ha trastocado la vida diaria de miles de mujeres regiomontanas. Dicen que si no se cuidan ellas mismas, nadie lo hará.

“¿Cómo sé que eres periodista? ¿Por qué no usas grabadora?”, me preguntó con desconfianza Guadalupe, una mujer que estaba en un café pasadas las 10:00 de la noche en el barrio antiguo de Monterrey, considerado el motor industrial de México.

“Yo ya me había fijado que caminaste para allá, que luego te acercabas… Es que estamos como en alerta constante, hasta ese extremo llegamos”, me confiesa su amiga Diana, sentada en la misma mesa de la calle José María Morelos, la más animada de esta zona repleta de bares y restaurantes.

Ambas se niegan a “vivir con miedo encerradas”, pero no ocultan que esta noche “se pensaron un poco más” el salir las dos solas. “Sí estamos más observadoras porque no nos queda otra que cuidarnos. Duele y es triste, pero así es”.

Otras mujeres sí que optan por renunciar a su derecho a disfrutar de la noche.

En el emblemático salón Morelos, un local cercano con música en vivo, dicen que “desde el caso de Debanhi” reciben menos clientas y, sobre todo, ven que las que llegan se retiran a casa más temprano.

“Mira, es muy raro que ya veas por la calle a chicas solas. Siempre vienen en grupos grandes o acompañadas ”, dice María Palacios, una de sus trabajadoras, quien asegura que ahora están más pendientes de ellas cuando salen del bar o que “cuando están tomadas” se niegan a venderles más alcohol.

“Entre nosotras nos tenemos que cuidar”, afirma.

María Palacios

Marcos González / BBC
María Palacios ve cómo las mujeres jóvenes se marchan antes a casa del local nocturno donde trabaja.

Joven e hija de desaparecida

Nuevo León está bajo el foco desde que medios locales reportaran, a inicios de abril, la desaparición de ocho mujeres jóvenes en solo diez días, la mayoría en la capital Monterrey y su zona metropolitana.

Según cifras del gobierno, 376 mujeres fueron reportadas este año como desaparecidas en este estado hasta el 12 de mayo. De ellas, 48 permanecen como “no localizadas” y seis aparecieron sin vida.

Y en un país donde el 95% de denuncias generales queda en la impunidad, el papel de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad y de investigar estos casos está bajo el punto de mira.

Map

Pero lo cierto es que esta tragedia ya golpea a Nuevo León desde hace mucho tiempo. Lo sabe Maya Hernández, una joven estudiante de psicología clínica cuya madre, Mayela Álvarez, desapareció en Monterrey hace casi dos años.

Teniendo entonces apenas 16, a Maya le tocó madurar de golpe y no solo liderar la búsqueda sino también dirigir su casa, en la que vive con su abuela y un hermano pequeño.

“Antes de que mi mamá desapareciera, yo no tenía idea de que esto era una crisis social. Y entonces me di cuenta de que no soy la única, que hay muchos desaparecidos en Nuevo León. Y que en lugar de ir disminuyendo, han aumentado con los años”, le dice a BBC Mundo.

Asegura que, en todo este tiempo, no ha habido avances en la investigación. “La Fiscalía nos ha fallado”, denuncia, a la vez que exige la implicación del gobernador del estado, Samuel García, como ha hecho con otros casos recientes más mediáticos como el de Debanhi Escobar, María Fernanda Contreras o Yolanda Martínez.

“Que mi mamá desapareciera me hizo ser más precavida y tener más conciencia. Pero cada vez me siento más insegura porque puede que un día no regrese a casa”, reflexiona.

“¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salir?”, pregunta a quienes dicen que esa sería la solución a esta crisis. “Tenemos derecho a divertirnos y no tendríamos que encerrarnos en casa. Ya lo hicimos por una pandemia, ahora no deberíamos hacerlo por la inseguridad”.

Maya Hernández

Marcos González / BBC
Maya Hernández reclama que casos como el de su madre sean atendidos de la misma manera como se ha dado seguimiento a otras desapariciones recientes más mediáticas.

BBC Mundo no obtuvo respuesta de sendas solicitudes de entrevistas al gobernador de Nuevo León y a la Fiscalía del estado, cuya labor ha sido duramente criticada por familiares de desaparecidos y que llegó a reconocer claras irregularidades en casos como el de Debanhi.

La fiscal de feminicidios estatal, Griselda Núñez, insistió este miércoles en descartar que exista una tendencia generalizada u organizada de violencia contra las mujeres en Nuevo León, por lo que aseguró que cada caso debe ser abordado individualmente.

“No existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres, sino que son condiciones específicas por cada uno de los hechos”, subrayó en una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo.

Plaza de los desaparecidos

Marcos González / BBC
La rebautizada como plaza de los desaparecidos rememora en Monterrey a las miles de personas en paradero desconocido en el estado.

Instrucciones de búsqueda para familiares

Pero estos mensajes están lejos de tranquilizar a las mujeres de Nuevo León y de su capital, que optan por tomar medidas para protegerse de posibles ataques en una ciudad donde la inseguridad se siente como el tema de conversación de casi cada día.

Según Mariana Limón Rugerio, es “el desamparo por parte del Estado” lo que no les deja otra salida que organizarse. Y más en su caso, que siente el triple de vulnerabilidades como mujer, joven menor de 30 años y periodista de Monterrey.

“Yo dejé a mi familia un instructivo de qué hacer y a quién contactar si desaparezco” para ayudarles a lidiar “con el dinosaurio burocrático que es México”, asegura a BBC Mundo.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC

Gracias a una aplicación, su familia puede monitorear su ubicación a través de su teléfono, del que la joven se comprometió a estar pendiente en todo momento.

Según sus propias instrucciones, sus familiares deben empezar a preocuparse si transcurren tres horas sin que ella dé noticias. Si pasan cinco, deben acudir inmediatamente a la Fiscalía y exigir que inicien su búsqueda, dado que esos primeros momentos de la desaparición son cruciales.

“Obviamente espero que nunca lo utilicen . Es muy agobiante explicarles a tus papás qué hacer si llegas a desaparecer. Pero prefiero que tengan un cuerpo que velar a que me tuvieran que buscar, porque a nivel psicológico es mucho más pesado para la familia no tener ni un cadáver que enterrar”, reconoce la periodista.

Las jóvenes regiomontanas con las que habló BBC Mundo han agudizado su ingenio en las últimas semanas a la hora de adoptar medidas de protección.

Desde compartir su ubicación a través del celular en todo momento, hasta llevar gas pimienta o aparatos de descargas eléctricas en el bolso, pasando por evitar publicar fotos en sus redes sociales a tiempo real para evitar que desconocidos sepan su ubicación al momento, son algunas de ellas.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC
Nuevo León pide justicia para sus desaparecidas.

Mónica López, quien es maestra de educación especial de 26 años y vive en el municipio de Escobedo, lamenta que se vean obligadas a adoptar estas restricciones y limitarse por el hecho de ser mujeres.

“Pero, aunque no es justo, te acabas resignando por tu familia y por llegar viva a casa”, admite.

La joven le dice a BBC Mundo que, a raíz de los últimos casos, algunas de sus amigas entraron en una ansiedad social por la que se alegraban incluso de trabajar desde casa para no tener ni que salir. “Es una incertidumbre. Te limitas, pierdes la seguridad, restringes tus horarios…”.

“Yo tengo miedo porque yo sí salgo, sí estoy en la noche, sí voy a fiestas. Si llego a ser yo la víctima, ojalá que me digan ‘la maestra’ y no ‘la que desapareció porque estaba tomando'”, dice criticando a quienes tienden a revictimizar a las víctimas o sus familiares por su comportamiento como si eso justificara que las desaparecieran.

Mónica López

Marcos González / BBC
Mónica López comparte su ubicación casi en todo momento con grupos de amigas.

E inevitablemente, esa inseguridad de la que tanto se habla en Nuevo León salpica también a su trabajo y la relación con sus alumnos.

“Estableces muchos consejos y recomendaciones de seguridad, trabajas para que confíen en ti. Qué feo, porque son niños, pero al final es la cultura en la que están creciendo y a la escuela nos toca prepararlos para lidiar con eso”.

Mujer, joven y policía

Temprano en la mañana, en el parque Fundidora -actual pulmón verde de Monterrey tras décadas ocupado por la compañía de hierro y acero de la ciudad- se pueden ver a decenas de personas haciendo deporte.

Carolina Ayala, una chica de 25 años que acude casi todos los días a caminar en patines, dice que prefiere hacerlo a esa hora que en la noche. “Cuando está medio oscuro, hay mucho hombre, ya no sabes… a esta hora, como que está más seguro”.

Desde hace semanas, todo desplazamiento lo hace en el auto de su mamá o hermano. “No puedo andar sola, me da miedo, y eso que yo soy muy independiente. Pero toca cuidarse. Ahorita, ni de chiste me arriesgo”, cuenta antes de que llegue su madre, quien también hace deporte con ella.

Carolina Ayala

Marcos González / BBC
“Ni de chiste me arriesgo”, dice Carolina Ayala ante la posibilidad de hacer deporte al final del día.

Las autoridades, tan señaladas por las jóvenes por no garantizar su seguridad, se ven a veces en “una situación complicada” como la que reconoce vivir Gabriela Martínez.

Ella es policía local de Monterrey desde los 19 años, pero antes que nada es una mujer joven a la que también afecta el escenario actual.

“A pesar de trabajar en esta área, sí se tiene un temor porque también soy mamá. Creen que uno es policía 24 horas y que tenemos como ese chip de estar más alerta, pero eso tampoco quita que nos pueda llegar a pasar algo y estamos expuestas”, le dice a BBC Mundo.

La oficial asegura que, tras el incremento de la inseguridad hacia la mujer, los agentes de la ciudad han implementado medidas para aumentar el apoyo y protección a jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo acompañarlas cuando están esperando solas la llegada de su transporte.

Sin embargo, Martínez es consciente de que uno de los mayores retos de la policía es volver a ganar la confianza de la ciudadanía “que se perdió por cosas que pasaron en años anteriores” y lograr así que las mujeres se acerquen a ellos en situaciones de riesgo.

Gabriela Martínez

Marcos González / BBC
Gabriela Martínez dice que ingresó en la policía local de Monterrey con solo 19 años con la intención de aportar su granito de arena en la mejora de la seguridad del municipio.

“Yo, como mujer, obviamente voy a velar por las demás. Tengo una niña por la que me gustaría que también alguien se preocupara cuando anda en la calle. De verdad, que tengan la confianza en nosotros de que vamos a hacer todo lo posible para que lleguen bien a casa”, promete.

Pero la situación de inseguridad en Nuevo León no parece mejorar a ojos de muchas mujeres, quienes se muestran muy pesimistas sobre la posibilidad de una solución

Mientras algunas se ven obligadas a limitar sus movimientos para no terminar secuestradas, los familiares de las desaparecidas siguen alzando su voz para que sus casos no caigan en el olvido de las autoridades.

Ellos, como muchos otros, se siguen preguntando lo que los trabajadores de la Fiscalía estatal ven pintado en el suelo frente a su edificio en letras grandes, junto a los nombres de algunas de las miles de mujeres desaparecidas en el estado: “¿dónde están?”.


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