Durante un despliegue encabezado por personal del Ejército Mexicano, fuerzas federales y estatales desmantelaron un campamento de concentración y adiestramiento delictivo, en Ciudad Hidalgo, Michoacán.
En el operativo, personal militar, de Guardia Nacional, Guardia Civil y de las fiscalías estatal y federal, detuvieron a 37 integrantes de la célula criminal de Los Correa.
El despliegue se llevó a cabo en la comunidad de El Caracol, de ese municipio ubicado en la región oriente de la entidad, donde opera esa organización delictiva.
En el lugar, las autoridades también aseguraron 35 rifles de asalto, miles de cartuchos útiles de diferentes calibres, así como un aditamento para lanzagranadas.
Las fuentes de seguridad consultadas refirieron que de acuerdo a los datos recabados en la zona, ese lugar era un campo de concentración de la delincuencia organizada.
Refirieron que el terreno era también un centro de adiestramiento para las personas reclutadas por esa organización criminal.
Los Correa son identificados por las áreas de seguridad como un grupo delictivo que desde hace cerca de cuatro años se alió con La Familia Michoacana.
Esa alianza, refieren, se fraguó para enfrentar juntos la guerra que sostienen con el Cártel Jalisco Nueva Generación en la franja de Michoacán con el Estado de México.
¿Quiénes son Los Correa?
A los Correa y a La Familia Michoacana se les adjudica la masacre del 28 de marzo en un palenque clandestino del municipio de Zinapécuaro, en el que 20 personas fueron asesinadas.
Además, las autoridades los señalan directamente de ser los responsables del cobro de piso en el municipio de Ciudad Hidalgo, que ha provocado el cierre de comercios.
El control, operatividad y cogobernabilidad de Los Correa impactó la cadena alimenticia: el comerciante que no paga cuota, quiebra, es secuestrado o asesinado.
La célula criminal impuso cuotas a las carnicerías locales de hasta 50 mil pesos mensuales, lo que se volvió insostenible para los propietarios que decidieron cerrar.
La misma medida también fue impuesta a pollerías, a las que les cobran entre 15 y 20 mil pesos mensuales, lo cual tampoco pudieron pagar los comerciantes.
La célula delictiva de Los Correa también fijó una cuota de 10 pesos por kilo de tortilla que vende cada establecimiento, lo que significa la mitad del costo al público.
Las carnicerías volvieron a abrir sus puertas después de varios meses, luego de que la autoridad municipal les prometiera seguridad.
Las carnicerías eran “resguardadas” por la policía local, la cual está en la lista roja de las autoridades estatales y federales por estar al servicio de Los Correa.
Los Correa también son señalados de la desaparición y reclutamiento forzado de jóvenes y mujeres para engrosar sus filas.
Las áreas de inteligencia detectaron que otra propiedad de esa célula delictiva, en la comunidad de San Antonio, es también un campo de concentración y adiestramiento.
Refieren que ese rancho también es utilizado como casa de seguridad donde mantienen a sus víctimas privadas de la libertad, donde las torturan y desde donde operan.
Reiteran que por miedo a ser asesinados los familiares de las víctimas no presentan denuncias penales ante la Fiscalía y desconfían de la Policía Municipal.
