FGR acusa de delincuencia a 15 exfuncionarios de Segalmex
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Foto: Cuartoscuro

La FGR acusa a 15 exfuncionarios de Segalmex de posible delincuencia organizada, pero no incluye al exdirector Ignacio Ovalle

La fiscalía solicitó y ya obtuvo órdenes de aprehensión contra 15 exfuncionarios de la dependencia federal, por una posible compra irregular de azúcar. El exdirector Ignacio Ovalle no está en la lista pese a que fue el superior de los implicados.
Foto: Cuartoscuro
24 de agosto, 2022
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La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ante un juez federal a 15 exfuncionarios y a ocho socios de empresas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en relación con una supuesta adquisición irregular de azúcar para Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

La FGR presentó una nueva investigación ante un juez de distrito con sede en Oaxaca, quien concedió varias órdenes de aprehensión y autorizó 10 cateos a diversos inmuebles, según confirmaron a Animal Político representantes legales de las personas acusadas.

Este caso se deriva de una carpeta de investigación distinta a la iniciada previamente por el presunto uso indebido de recursos públicos de Segalmex para la compra de certificados bursátiles, hecho por el que ya fue vinculado a proceso un exfuncionario.

La fiscalía solicitó nuevas órdenes de aprehensión contra exservidores públicos que fungieron como directores, subdirectores, gerentes, subgerentes y jefes de almacenes rurales de Segalmex, pero ninguna en contra de Ignacio Ovalle, a pesar de que este fue titular de dicha institución —y por ello jefe de todos los exfuncionarios acusados— durante el año en que se cometieron los supuestos delitos.

Ovalle no ha sido imputado por ninguna de las irregularidades detectadas en Segalmex, Diconsa y Liconsa durante su gestión, las cuales significaron un daño al erario por 9 mil 500 millones de pesos. Solo fue removido del cargo de director y designado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación (Segob). 

La nueva carpeta de investigación de la FGR indaga una contratación del 24 de abril de 2020 a la razón social Servicios Integrales Carregin, SA de CV, para la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar, por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos.

La compra fue solicitada por la Unidad Operativa de Segalmex en Querétaro como parte del Programa de Abasto Rural —que tiene la finalidad de garantizar a familias pobres el acceso económico a productos de la canasta básica— y se efectuó con base en un acuerdo para agilizar compras ante la pandemia de COVID-19.

La FGR sostiene que los recursos millonarios se pagaron por adelantado a Carregin, sin que la empresa haya entregado la totalidad del producto comprometido, amén de que no hubo un contrato formal que amparara la adquisición, sino solo una “hoja de pedido”.

Además, la fiscalía afirma que existió un acuerdo entre exfuncionarios y empresarios para favorecer específicamente a ese proveedor, que fue contratado de manera directa y sin licitación de por medio.

Los exservidores públicos de Segalmex fueron acusados por la FGR de los presuntos delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita producto del uso indebido de atribuciones y facultades.

Los exfuncionarios acusados

Una de las nuevas órdenes de aprehensión fue girada en contra de René Gavira Segreste, quien fue director de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa entre diciembre de 2018 y el 30 de junio 2020, y quien ya fue vinculado a proceso por el presunto uso irregular de recursos públicos para la adquisición de certificados bursátiles fiduciarios privados.

Otros exfuncionarios que busca aprehender la FGR son Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente en la Dirección Comercial encargado de la programación de adquisiciones, y Jesús Morales Garza, exgerente en la Dirección Comercial encargado de la contratación de granos y azúcar.

Los nombres de estas personas, junto con el de Gavira, figuran en la “hoja de pedido” de las 25 mil toneladas de azúcar a favor de Carregin.

Pero la Fiscalía también solicitó la aprehensión de Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos; Juan Bautista Rojas Fontes, exgerente de Control Presupuestal; José Rafael Domínguez Ortiz, exsubdirector de Tesorería General; Carlos Peralta Aburto, exsubgerente de Presupuesto en la Unidad de Administración y Finanzas; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora corporativa de Gerencia de Presupuestos en la Dirección de Finanzas, y José Rosalio Hernández García, excoordinador corporativo de la Gerencia de Tesorería encargado del pago a proveedores.

La FGR también busca aprehender a exmandos regionales, como Hugo Armando Rosas Medina, exsubgerente de la Unidad Operativa Querétaro; Jorge Humberto González Bocardo, exsubgerente de Abasto en la Gerencia Estatal Tlaxcala; José Elías Ávila Peña, exjefe del Almacén Rural de La Luisiada, Guanajuato; Simón Escobar Copca, exjefe del Almacén Rural de San Luis de la Paz, Guanajuato, y Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe del Almacén Rural de San Luis de la Paz, Guanajuato.

La empresa señalada

Servicios Integrales Carregin se constituyó el 4 de octubre de 2018 con domicilio fiscal en un domicilio particular de la calle Enrique Bordes Manguel, colonia Ampliación Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, con un capital de 50 mil pesos y con 60 objetos sociales que incluyen la construcción, el transporte, las asesorías, el diseño y la publicación de textos.

La empresa no tuvo actividad comercial sino hasta 2020, precisamente con Diconsa. Además de la compra de azúcar por hasta 465 millones de pesos, entre 2020 y 2021 obtuvo de esta empresa paraestatal otros 178 contratos con valor de 148.8 millones de pesos para surtir productos a varias unidades operativas estatales en el sureste mexicano.

Como parte de la carpeta de investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero, la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra seis miembros de esta compañía: Jorge Saúl Romero Valencia y Daffne Ivanna Pomar Colin, ambos accionistas, y José Miguel Ojeda Antonio, José Francisco Pagaza López, Eduardo Alejandro Murillo Landeros y Javier Adrián Jiménez Tinoco, todos ellos apoderados.

La fiscalía también busca aprehender a otros dos empresarios que forman parte de una compañía de prestación de servicios y otra de transportes.

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Muerte de la reina Isabel: Por qué los carteles en blanco se han convertido en una forma de protesta en Reino Unido

Tanto en Reino Unido en los últimos días como en manifestaciones en el pasado en Hong Kong y otros lugares, las pancartas en blanco se han usado como un símbolo de resistencia.
18 de septiembre, 2022
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En los últimos días varias personas han sido detenidas en Reino Unido por protestar durante los actos oficiales con motivo de la muerte de la reina Isabel II y la proclamación de su sucesor, el rey Carlos III.

Paul Powlesland no está entre ellos. Pero este abogado británico fue protagonista de un polémico incidente el 12 de septiembre.

Powlesland dice que mientras sostenía un papel en blanco en Parliament Square, la plaza junto a la sede del Parlamento británico en Londres, fue abordado por un policía que le pidió sus datos.

El abogado, quien filmó parte de su conversación con el policía y la publicó en Twitter, afirmó que le dijeron que lo arrestarían si escribía “No es mi rey” en el papel en blanco.

Manifestaciones “en blanco” similares fueron vistas en Edimburgo durante el paso del cortejo de la reina, sin informes de arrestos. Sin embargo, el video de Powlesland llevó a la Policía Metropolitana de Londres a declarar que el público tenía “derecho a protestar”.

“El público tiene absolutamente todo el derecho a protestar y hemos dejado esto en claro a todos los agentes involucrados en la operación policial extraordinaria que se lleva a cabo actualmente”, tuiteó la Policía Metropolitana el 12 de septiembre.

Manifestantes con carteles en blanco en Edimburgo

Getty Images
El arresto de un manifestante antimonárquico en Reino Unido generó protestas con carteles en blanco en Londres y Edimburgo.

¿Resistencia satírica?

No es la primera vez que se utiliza una hoja de papel en blanco para protestar, pero estas acciones se ven con mayor frecuencia en países donde es común la represión autoritaria de la disidencia.

Por ejemplo, en 2019, un joven activista en Kazajstán, Aslan Sagutdinov, fue detenido por la policía después de llevar un cartel en blanco a la céntrica plaza Abay de la ciudad de Oral, en el oeste del país, y sostenerlo frente a las oficinas de las autoridades locales.

“No participo en una protesta y quiero demostrar que me llevarán a la comisaría, aunque no haya nada escrito en mi cartel y no esté gritando consignas”, dijo el joven de 24 años a la prensa, según puede verse en el siguiente video del incidente.

https://www.youtube.com/watch?v=P0HrQ2y_8Nc

Katrina Navickas, experta en historia de protestas y acciones colectivas de la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido, señaló que las protestas con carteles en blanco siguen los pasos de otras formas satíricas de disidencia que se remontan al siglo XVIII.

“El movimiento democrático cartista en la década de 1840 realizó manifestaciones al aire libre en silencio como protesta contra las autoridades locales que reprimían sus reuniones habituales”, dijo Navickas a la BBC.

(El cartismo fue un movimiento popular obrero que surgió en el siglo XIX en Reino Unido durante la Revolución Industrial. Su nombre deriva de un documento de peticiones llamado la “Carta del Pueblo”).

Navickas contó que también “en Manchester en 1795 se formó un ‘Club de pensamiento’ que celebraba reuniones en silencio para protestar contra leyes sobre ‘reuniones sediciosas’ y grupos democráticos”.

Pero protestar con carteles sin eslóganes, símbolos o incluso colores que representen una causa política es algo que, según la experta, no se había dado en un período más reciente de la historia.

Esto parece ser una innovación, aunque en la tradición de la subversión satírica de las restricciones de autoridad“, agregóNavickas.

(La siguiente foto publicada en Twitter aparentemente muestra el arresto de un manifestante ruso contra la guerra con un cartel en blanco)

https://twitter.com/khadljasays/status/1569701229009281025/photo/1

También se han visto carteles en blanco en Rusia durante las últimas dos décadas, pero se han vuelto mucho más comunes desde la invasión de Ucrania en febrero de este año. Las autoridades rusas han reprimido enérgicamente las protestas contra la guerra y hasta el 17 de agosto se habían producido en el país más de 16.000 detenciones, según OVD-Info, una iniciativa rusa de investigación sobre derechos humanos.

En redes sociales y medios de comunicación independientes han aparecido historias sobre arrestos de manifestantes con carteles en blanco en varias ciudades rusas.

Irónicamente, un viejo chiste de la era soviética se centra en el arresto de una persona que reparte folletos en blanco en la Plaza Roja de Moscú.

Navickas dice que este tipo de protesta puede resultar particularmente “molesta” para las autoridades.

“Al igual que las protestas silenciosas, es más difícil para la policía probar que se está cometiendo un delito o que existe la intención de cometer un delito”, señaló la experta.

“Todo el mundo se sabe el eslogan de memoria”

Las protestas de Hong Kong de 2020 contra una nueva ley de seguridad impuesta por China, que criminalizaba algunos eslóganes a favor de la democracia, también incluyeron carteles en blanco.

Manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong con carteles en blanco en 2020

Getty Images
En Hong Kong, manifestantes prodemocracia utilizaron carteles en blanco durante varias protestas en 2020.

Uno de los manifestantes, un hombre de unos 50 años, dijo a la agencia de noticias Reuters que como “todo el mundo se sabe las consignas de memoria”, no había necesidad de escribirlas. Lo importante, agregó, era resaltar la censura.

“Estas consignas siempre estarán en mi corazón y esas palabras siempre quedarán en un papel blanco, que nunca desaparecerá”, agregó el hombre.

Preocupación en Reino Unido

Todos los ciudadanos en Reino Unido tienen derecho a protestar pacíficamente.

Los derechos a la libertad de expresión y de reunión se establecen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se incorporó a la legislación británica en 1998 en la Ley de Derechos Humanos o Human Rights Act.

Pero hay límites para estos derechos. Otras leyes permiten que la policía restrinja las libertades cuando sea necesario y proporcionado hacerlo, particularmente para proteger la seguridad nacional y pública o prevenir el desorden o el crimen.

Los manifestantes pueden ser arrestados bajo la Ley de Orden Público o Public Order Act. La sección 5 de esta ley otorga a la policía de Inglaterra y Gales el poder de arrestar a alguien cuyo comportamiento pueda causar “acoso, alarma o aflicción”. Los manifestantes pueden ser además multados si se les acusa formalmente de este delito.

Manifestantes en las afueras del Castillo de Cardiff durante la proclamación del Rey Carlos III en Gales el 11 de septiembre

Getty Images
La respuesta de la policía ante algunas protestas contra la monarquía fue criticada.

Sin embargo, grupos de derechos civiles han expresado preocupación por el arresto de manifestantes antimonárquicos en Reino Unido. Uno de esos grupos, Liberty, dijo que era “muy preocupante ver a la policía haciendo valer sus amplios poderes de una manera tan dura y punitiva”.

“La protesta no es un regalo del Estado, es un derecho fundamental”, dijo Jodie Beck, responsable de políticas y campañas de Liberty.

Al menos en el caso de Paul Powlesland, el clamor en las redes sociales contra la respuesta policial funcionó.

El abogado tuiteó el 14 de septiembre que él y un grupo de manifestantes, algunos con pancartas en blanco y otros con lemas contra la monarquía, protestaron sin problemas frente al Palacio de Westminster.

“Los policías en el terreno siguieron la declaración emitida por la Policía Metropolitana y nos dejaron solos. Creo que esto representa una verdadera victoria, que fue resultado de la reacción y la presión del público”, tuiteó el abogado.


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