Ante la Corte IDH, fiscales piden eliminar prisión preventiva oficiosa
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Ante la Corte IDH, fiscales llaman a eliminar prisión preventiva oficiosa; funcionarios piden que México tenga última palabra

En una larga audiencia en el tribunal interamericano, los abogados de la CIDH pidieron que se elimine esta figura de la Constitución de México, mientras representantes del gobierno defendieron que el país es quien debe tener la facultad de decidir en la materia.
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26 de agosto, 2022
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En la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se discutió este viernes sobre si el uso en México de la prisión preventiva de oficio es violatorio de derechos humanos y sobre la necesidad de eliminar esta figura legal de la Constitución mexicana. 

La jornada se prolongó durante más de ocho horas: inició alrededor de las 7:00 de la mañana de México para terminar a las 15:40. La sesión finalizó sin que la Corte Interamericana emitiera aún una sentencia. El juez Ricardo Pérez Manrique, su presidente, informó tanto a los abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como a la contraparte, los representantes del Estado mexicano, que todavía pueden presentar por escrito sus alegatos finales hasta el próximo 29 de septiembre. Por ello, el proceso se extenderá, como mínimo, varias semanas más. 

La discusión en la Corte Interamericana sobre si se debe eliminar la prisión preventiva de oficio de la Constitución mexicana se deriva del caso Daniel García y Reyes Alpízar contra México. Se trata de dos mexicanos que fueron acusados del asesinato en 2001 de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés. 

Lee: 17 años presos sin sentencia: el caso de dos mexicanos llega a la Corte IDH y puede eliminar la prisión preventiva oficiosa

La CIDH analizó la acusación y determinó que estas dos personas fueron incriminadas por las autoridades mexiquenses mediante detenciones arbitrarias y tortura, a pesar de lo cual ambas permanecieron en prisión preventiva oficiosa por 17 años, sin que se les ofreciera una medida cautelar menos restrictiva. Es decir, estuvieron en la cárcel casi dos décadas sin un juicio ni una sentencia, siendo legalmente inocentes. 

En la discusión de hoy, los abogados de la CIDH expusieron que García y Alpízar fueron víctimas de violaciones graves por parte del Estado mexicano, por lo que pidieron una reparación del daño y garantías de no repetición. Además, denunciaron un uso excesivo en México del arraigo —que, aunque ya está en desuso, sigue existiendo para delitos relacionados con delincuencia organizada— y de la prisión preventiva oficiosa, que en la actualidad, señalaron los abogados de la CIDH, mantiene a más de 90 mil personas en la cárcel de manera preventiva, de las cuales el 70% son personas pobres. 

El ministro en retiro José Ramón Cossío, que fungió como perito asesor en la audiencia, recalcó que lo que se busca eliminar de la Constitución mexicana es la prisión preventiva oficiosa, no la justificada. Es decir, se busca cambiar la prisión preventiva que actualmente se otorga en automático a una persona por el simple hecho de estar imputada por alguno de los 20 delitos que prevé el artículo 19 constitucional —que van desde el homicidio hasta robo o portación de armas— por la prisión preventiva justificada, en la que los jueces deberán analizar, caso por caso, si está o no justificado que una persona permanezca presa mientras se investiga su caso, y si la medida es adecuada y proporcionada. 

“Quiero dejar en claro que la prisión preventiva (justificada) es factible en mi país, lo que no es factible es la prisión preventiva oficiosa”, resaltó Cossío ante los jueces, a quienes aseguró que, en caso de eliminarse la prisión preventiva de oficio, el Estado mexicano aún tendría “elementos suficientes para combatir a la delincuencia organizada”. 

Esta declaración choca con las múltiples declaraciones emitidas en días recientes por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde el que se ha asegurado que eliminar este tipo de prisión automática favorecería la impunidad y la violencia en el país. 

“Esto que digo no es un señalamiento a los fiscales ni al gobierno de ahora, esto ya viene de tiempo atrás. Por eso recalco que lo que se busca es que los jueces puedan justificar por qué se da prisión preventiva a un imputado, y no que sea algo en automático”, hizo hincapié Cossío. 

“Con el modelo de prisión preventiva oficiosa, las fiscalías tienen un poder enorme —añadió—. Porque basta con que digan que una persona cometió uno de los delitos previstos en el artículo 19 constitucional para enviarla a prisión preventiva. Pero los jueces deben exigir más elementos probatorios para determinar si una persona debe estar en prisión preventiva o no. Debemos empoderar a los jueces, porque en estos momentos tienen pocos elementos para juzgar”. 

La respuesta del Estado mexicano

El Estado mexicano, a través de su representante ante la Corte Interamericana, Alejandro Celorio, recalcó en varias ocasiones que el debate sobre si la prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los 11 ministros analizarán dos proyectos de sentencia sobre este tema. 

“México se encuentra en un proceso deliberativo sobre la prisión preventiva oficiosa. Y esta discusión interna es un claro reflejo de que nuestro Estado es una democracia sólida”, dijo Celorio, que enfatizó ante los jueces que “el Estado mexicano es el principal garante de los derechos de sus ciudadanos, de modo que es el Estado el que debe atender este asunto de manera interna, antes de responder ante instancias internacionales”.

El representante de México apuntó que “es prematuro” saber cuál será la decisión que saldrá del pleno de la SCJN en los próximos días, “pero la discusión es pública, abierta e intensa”. 

“El Estado mexicano llegará a un buen equilibrio entre sus compromisos internacionales, la protección de las víctimas y el acceso a la justicia. Las instituciones del Estado son lo suficientemente sólidas para llevar a buen puerto estas discusiones”, insistió. 

Lee: Prisión preventiva, el arma que encarcela a pobres e inocentes

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¿Es la inflación más dañina que la recesión?

Las medidas que toman las autoridades para detener la inflación, como subir el costo de los créditos, le ponen un freno a la economía. Si las tasas de interés son demasiado altas y el freno económico demasiado profundo, puede llegar una recesión.
11 de agosto, 2022
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Hay que apagar el fuego antes de que se salga de control.

Esa parece ser la consigna de los países afectados por la gigantesca inflación que recorre el mundo y que ha llegado a máximos históricos en décadas.

Con Alemania marcando el nivel más alto en casi medio siglo -en medio de una crisis energética derivada de la guerra en Ucrania-, Estados Unidos y Reino Unido en el más alto nivel de los últimos 40 años y América Latina también bajo presión por la escalada en el costo de la vida, los bomberos están trabajando a toda velocidad.

Bomberos encargados de la política fiscal y monetaria de los países que intentan apagar una hoguera sin descuidar otro foco de incendio: la recesión.

Empleado de un fondo de inversiones mira varias pantallas de computadora

Getty Images

Pues bien, ¿qué tiene que ver la inflación alta con una recesión económica?

Mucho. Cuando se dispara la inflación, los bancos centrales suben las tasas de interés (el costo de los créditos) para desincentivar la compra de bienes o servicios.

Es una política que busca reducir el consumo y las inversiones con la esperanza de que bajen los precios.

Con este mecanismo se controla la inflación pero, al mismo tiempo, se frena el crecimiento económico.

Si el frenazo es demasiado grande, la economía se estanca y aumentan las posibilidades de que el país entre en recesión.

Trabajador estadounidense

Getty Images

Frente a este dilema las autoridades tienen que hacer de equilibrista y preguntarse: hasta dónde puedo subir las tasas de interés sin ahogar demasiado la economía.

Y ese equilibrio precario entre inflación y recesión es lo que tiene a los economistas tratando de apagar un incendio sin echarle leña al otro.

De ahí viene la pregunta: ¿es peor la inflación o una recesión económica?

El mal menor

No es tanto cuál es peor, sino qué es lo primero que hay que atajar. Yo creo que un país que quiere mantener su estabilidad macroeconómica, no puede permitirse una inflación elevada”, argumenta Juan Carlos Martínez, profesor de Economía en la universidad IE Business School, España.

“Una recesión es un mal menor comparado con una inflación persistente en la economía”, dice en diálogo con BBC Mundo.

cONSUMIDORA CON CAJA DE FRESAS EN LA MANO

Getty Images

Benjamin Gedan, director adjunto del Programa Latinoamericano del centro de estudios Wilson Center y profesor de la Universidad Johns Hopkins, en EE.UU., también argumenta que disminuir el costo de la vida es algo prioritario.

Las dos cosas son malas, pero la inflación es más difícil de superar en muchos casos”, apunta el experto.

Una inflación crónicamente alta, agrega, le impone muchos costos a una sociedad.

No solo se trata del frenazo económico. “También crea tensiones sociales, ya que los trabajadores exigen aumentos salariales recurrentes, los propietarios exigen subidas del alquiler y los comerciantes deciden aplicar repetidos aumentos de precios”, le dice Gedan a BBC Mundo.

Desde otra perspectiva, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC) de México, agrega al debate que controlar una inflación elevada puede tomar muchos años, mientras que las recesiones, al menos en los últimos años, se han podido superar más rápidamente.

Persona comprando gasolina en Estados Unidos

Getty Images

“En este momento es fundamental contener la inflación porque las experiencias de los últimos 50 años nos muestran que una espiral inflacionaria acaba desencadenando una recesión”, le dice el economista a BBC Mundo.

“Se puede atajar una recesión sin que esto implique inflación, pero en el otro caso, la inflación termina provocando una crisis”.

Estados Unidos, por ejemplo, “está pagando el costo de un error”, agrega, porque las autoridades dejaron pasar mucho tiempo antes de subir las tasas de interés para controlar el consumo y la inversión.

De esa manera, la demanda siguió alta y los precios continuaron escalando, señala de la Cruz, sin que se eliminaran los incentivos para seguir gastando.

¿Qué pasa en América Latina?

Tal como está ocurriendo en otras partes del mundo, Latinoamérica también ha sufrido la ola inflacionaria.

En países como Chile, la inflación se disparó a un histórico 13,1% (la mayor en casi tres décadas), seguido por Brasil y Colombia (superando los dos dígitos), mientras países como Perú y México, donde la espiral inflacionaria es un poco menor, también han sufrido las consecuencias de precios que están dejando huellas aún más profundas en los sectores más vulnerables.

Mujer en supermercado, foto genérica.

Getty Images

Argentina, que sufre un problema crónico de inflación, tiene la herida abierta con un aumento anual del costo de vida de 64%.

Ante este escenario, los bancos centrales de la región han aplicado históricos aumentos de las tasas de interés para tratar de sacarle la presión a la olla.

En los buenos tiempos económicos, muchos gobiernos solían ponerse como meta inflacionaria un rango de entre 2% a 4%.

Pero ahora que el costo del crédito está disparado, esas metas se esfumaron, al menos por ahora.

Brasil, por ejemplo, tiene sus tipos de interés en 13,7%, mientras que en Chile el costo de los préstamos escaló a un máximo histórico de 9,7% y en Colombia al 9%.

Pocas ganas les quedan a los consumidores que aspiraban a comprarse una casa con un crédito bancario, o a los empresarios que pensaban renovar equipos, ampliar sus operaciones o iniciar nuevos proyectos de inversión.

Manos con billetes chilenos

Getty Images

Claramente la época del “dinero barato”, es decir, de los préstamos más asequibles, quedó en el pasado.

Tan veloz y profundo han sido el aumento del costo del crédito, que los economistas esperan ver resultados prontamente.

De hecho, en países como Estados Unidos o Brasil, la inflación dio una tregua y disminuyó levemente, aumentando las expectativas de que los precios podrían estar alcanzando sus niveles máximos.

¿Quiénes son los más perjudicados con la inflación?

“Lo peor de todo es que la inflación es un impuesto sobre los pobres, que tienen escasos ahorros y normalmente trabajan en el sector informal, con poca capacidad para proteger su poder adquisitivo”, explica Gedan.

“Dada la pobreza generalizada de la región y el gigantesco sector informal, los impactos de la inflación son particularmente severos en América Latina”, apunta.

Trabajadora colombiana en empresa textil.

Getty Images

En ese sentido, las autoridades no han dudado en subir las tasas, especialmente por los episodios de escalada de precios en Latinoamérica en las décadas pasadas.

“Es que dados los traumas pasados ​​de la región con la hiperinflación y el deseo de conservar la credibilidad ganada con tanto esfuerzo de los bancos centrales, no sorprende ver medidas rápidas en muchos países para frenar los aumentos de precios”, dice el experto.

El debate en Estados Unidos

Si bien inflación y recesión son dos amenazas económicas de alto calibre, en Estados Unidos el debate se ha centrado en cuánto y a qué velocidad la Reserva Federal (el equivalente al banco central en otros países) debe seguir subiendo las tasas para detener la escalada de los precios.

Criticada por no haber actuado antes, la Fed se ha embarcado este año en una serie de subidas de los tipos de interés.

Y como esas subidas le ponen un freno a la economía, la pregunta que muchos se hacen es si Estados Unidos caerá o no caerá en una recesión con todas sus letras.

Porque ya está atravesando lo que se conoce como una “recesión técnica”, equivalente a dos trimestres seguidos de contracción económica.

Foto genérica de buque carguero con contenedores y bandera de Estados Unidos.

Getty Images

Pero en EE.UU. esos números rojos no representan una verdadera recesión, según los estándares que se utilizan en ese país.

El árbitro que la define, por decirlo de alguna manera, es una organización independiente: la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés).

En ella participan destacados economistas que se reúnen regularmente y analizan todas las variables que pueden incidir en un proceso recesivo.

La definición que ellos utilizan está lejos de ser una fórmula matemática: “Una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos pocos meses”.

El enfoque del comité de economistas es que, si bien cada uno de los tres criterios (profundidad, difusión y duración) debe cumplirse individualmente hasta cierto punto, las condiciones extremas reveladas por un criterio pueden compensar parcialmente las indicaciones más débiles de otro.

Precisamente porque no es una fórmula infalible hay tanto debate en Estados Unidos sobre si realmente el país va camino a una recesión o si no llegará a ese punto.

Las máximas autoridades del país (encargadas de la política fiscal y monetaria) se han mostrado optimistas argumentando que el mercado del trabajo se mantiene fuerte.

Y en julio la inflación bajó levemente (de 9,1% a 8,5%), aportando una cuota de alivio frente a los pronósticos que consideraban como inevitable una recesión en el país.


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