La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, planteó a legisladores de Morena 12 reformas para la “pacificación del país” que contemplan mejorar equipación de policías locales, el endurecimiento de penas, así como aumentar el número de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
Además, la secretaria solicitó apoyo para la transición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para “heredar una institución incorruptible, profesional, capacitada y que no esté sujeta a decisiones políticas”.
Uno de los cambios sugeridos por la funcionaria es a los artículos 45 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal para el refinanciamiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y así “adelantar los recursos del 2023 y 202” a los estados para equipamiento de policías estatales y municipales.
#Hoy compartimos información con el grupo parlamentario de #Morena en la @Mx_Diputados durante su 3a Reunión Plenaria, para avanzar en la #ConstrucciónDeLaPaz en . pic.twitter.com/TqSC1Y5jm7
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 25, 2022
“Usar los millones de cuentas congeladas, procedentes del crimen organizado y del crimen de cuello blanco para fortalecer a los cuerpos de seguridad siempre que se aprueben cambios a los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”, explicó.
También dijo que se trabaja en la iniciativa de Ley General de Seguridad Privada para llevar un registro nacional de empresas de seguridad privada y personal operativo, así como su autorización y validación.
Más penas y más prisión preventiva
Entre las sugerencias de la secretaria está el que delitos como la extorsión y cobro de piso se vuelvan delitos graves y ameriten prisión preventiva oficiosa
Rodríguez Velázquez planteó estos cambios justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por discutir en septiembre los proyectos que plantean eliminar la prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que es violatoria a los derechos de las personas.
También propone que la tala clandestina entre a este catálogo de delitos por afectar al medio ambiente y “generar desequilibrio ecológico”.
Para la extorsión, propone reformar el artículo 390 del Código Penal Federal para facilitar la integración de este delito, “toda vez que en la actualidad sólo cuando se obtiene un lucro o se causa un perjuicio patrimonial se hace efectiva una sanción”.
Además, sostuvo que es “necesaria” una reforma a la Ley de Migración, para tipificar nuevas conductas delincuenciales, como “obtener un beneficio por la transportación de migrantes en el momento o a futuro, y no solo conseguir un lucro por su transportación”.
Si bien, la secretaria planteó reformas para facultar que el presidente y los gobernadores puedan otorgar libertad anticipada (mediante un comité con autoridades judiciales y penitenciarias) a personas con condenas breves o en estado de vulnerabilidad, también propone aumentar penas en algunos delitos.
Además de cambiar la Ley General de Ciberseguridad para la supervisión y vigilancia del ciberespacio, propone crear una comisión que califique el contenido de los videojuegos para su comercialización.
Incluso, busca incorporar en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que “quien rente o comercialice videojuegos sin apegarse al Sistema de Clasificación que establezca la señalada Comisión, sea apercibido, se le suspenda la comercialización y se le retire el producto, además su negocio pueda ser sujeto a clausura”.
“México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz”, dijo la secretaria Rodríguez al plantear las reformas.
