A un año del desbordamiento del río Tula, el cual causó la muerte de 14 personas que estaban internadas en un hospital del IMSS, familiares de las víctimas y damnificados ofrecieron una misa para conmemorar los hechos.
Tras lo hechos, las Autoridades federales abrieron investigaciones, pero aún no hay castigo para los responsables.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control en el IMSS, así como la Fiscalía General de la República (FGR) tienen expedientes que están en curso.
Las autoridades encontraron elementos suficientes para presumir que los funcionarios señalados incurrieron en presuntas faltas que tuvieron implicaciones en la muerte de pacientes.
Según las fuentes consultadas, una indagatoria de la SFP que llega a la fase de responsabilidades normalmente culmina en la imposición de sanciones administrativas.
En un posicionamiento enviado a este medio, el IMSS indicó que la institución ha colaborado y atendido todos los requerimientos del Órgano Interno de Control.
Pese a que las autoridades prometieron justicia ante la tragedia, a un año de los hechos, Tula sigue sin hospital o centro de salud que sustituya al que se dañó.
El Hospital General de Zona No.5 de Tula, ubicado en la calzada Melchor Ocampo, está abandonado.
Las autoridades no han dado a conocer que pasará con el inmueble, pues por ordenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta unidad médica sería trasladada a Tlaxcoapan.
El colectivo Todos somos Tula publicó un comunicado en el que solicitan la intervención de López Obrador para acceder a la justica.
Los ciudadanos denuncian que a un año de los hechos no hay certeza de que las autoridades estén realizado las acciones correspondientes para que los hechos no vuelvan a repetirse.