A partir de 2019, el gobierno federal implementó nuevos esquemas centralizados de compras de medicamentos y material de curación para promover mayor competencia y reducir los riesgos de corrupción. Sin embargo, en el área de salud sexual y reproductiva, la concentración del mercado continúa, aunque con otros actores, y en lugar de hacerse más licitaciones públicas, las adjudicaciones directas subieron hasta 97%.
Así lo revela el estudio Buscando el camino, presupuesto y compra de medicamentos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, elaborado por la organización civil Fundar.
De acuerdo con el documento, aunque los estados también realizan compras de medicamentos e insumos para salud sexual y reproductiva, el 75% del presupuesto lo ejerce la Federación, para después mandar los productos a las entidades.
Entre 2016 y 2018, la adjudicación directa fue el mecanismo más usado para la adquisición de estos medicamentos; por monto de contrato, 88% se asignó así y solo 12% por licitación pública. El porcentaje de compras en ese periodo se concentró en Grupo Fármacos Especializados (78%), Farmacéuticos Maypo (12%) y Farmacéutica Althos (4%), “lo que abrió la puerta a riesgos de corrupción con sobreprecios, conflictos de interés o privilegios fiscales”, dice el análisis de Fundar.
A partir de 2019, el gobierno federal implementó nuevos esquemas centralizados de compras para promover la competencia y reducir riesgos. Los procesos de compra y distribución de medicamentos se concentraron en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Después, en 2020 y 2021, se probaron dos nuevos esquemas, con compras realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y/o por el Insabi.
En salud sexual y reproductiva, en 2020, estos nuevos esquemas tuvieron resultados ambivalentes. Entre lo positivo, destaca Matilde Pérez, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, se logró una reducción de precios en los medicamentos e insumos, con porcentajes entre 18% y 224%.
Sin embargo, se mantuvo la concentración de mercado, ahora en tres farmacéuticas: Merck Sharp & Dohme Comercializadora (64%), Bayer de México (21%) y Janssen-Cilag de México (10%). Por su parte, la adjudicación directa siguió usándose e incluso creció: por monto de contratos, hasta 97% se realizó con esta figura.
Para 2021, Fundar no pudo tener información sobre las compras de medicamentos para salud sexual y reproductiva, debido a lo pulverizado de las adquisiciones y porque no tuvo acceso a la información ni siquiera a través de solicitudes de transparencia.
Los riesgos en compras en los estados
Al analizar las compras de seis medicamentos para salud sexual y reproductiva para población sin seguridad social, el estudio encontró que algunos estados no señalan el número exacto de piezas compradas, lo que impide conocer la cantidad exacta adquirida y el precio unitario y/o determinar si la cantidad de medicamentos puede satisfacer la demanda requerida.
Además, los precios de adquisición de los medicamentos tienen una variación importante entre entidades y, en algunos casos, esta es considerable (de hasta 900% más) respecto del precio de la entidad que lo compró más barata o del de otras instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por ejemplo, explica Janet Oropeza, también investigadora de Fundar, Colima compró en 2017 una caja de mifepristona en 2 mil 476 pesos, mientras que Nayarit la compró en mil 299 pesos, una diferencia de 105%.
En 2016, Chihuahua adquirió misoprostol en 231 pesos, mientras que Baja California lo compró en 916 pesos, una variación de 297%.
“Por eso decimos que es necesario fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en los estados y a nivel federal para prevenir sobrecostos”, afirma Oropeza en entrevista.
También, resalta el estudio, el número de piezas adquiridas por las entidades puede variar o disminuir mucho entre años, sin que haya claridad sobre cómo esto se relaciona con la demanda de medicamentos. Por ejemplo, la disminución en el número de piezas compradas de mifepristona y misoprostol —medicamentos que permiten un aborto seguro— puede ser preocupante.
Falta de recursos
Además, el análisis de los recursos ejercidos para la compra de medicamentos de los componentes de violencia, salud materna y perinatal, planificación familiar y anticoncepción en el periodo 2016-2020 reveló que no ha habido una progresividad del gasto, como marcan los estándares internacionales de derechos humanos.
En 2016 se ejercieron, tanto por la Federación como por los estados, mil 397 millones de pesos. En 2017 (mil 210 millones), 2018 (mil 178 millones) y 2019 (mil 111), el gasto total disminuyó. Y si bien en 2020 aumentó 8.7% respecto a 2019 (mil 207 millones), no volvió a alcanzar los niveles de 2016. Esta disminución se da en un contexto en que el Insabi se propuso, desde 2020, cubrir y garantizar la salud sexual y reproductiva de un número mayor de mujeres.
La investigación mostró también que la mayoría de los recursos para la compra de medicamentos se ejerce para el componente de planificación familiar y anticoncepción, seguido de salud materna y perinatal, y por último, violencia.
En un contexto en que las mujeres siguen enfrentando desafíos para garantizar su salud sexual y reproductiva, es necesario que el Estado mexicano asigne mayores recursos a los distintos componentes que garantizarían esto, concluye Fundar.
