Persiste concentración en compra de medicinas para salud sexual
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Secretaría de Salud

Pese a cambio de políticas, persiste concentración en compra de medicamentos para salud sexual y reproductiva

Un estudio de Fundar indica que las compras de estos medicamentos en el sector público se concentran en tres empresas y que las adjudicaciones directas han subido, lo que no hace más eficiente el abasto y abre riesgos para la corrupción.
Secretaría de Salud
22 de septiembre, 2022
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A partir de 2019, el gobierno federal implementó nuevos esquemas centralizados de compras de medicamentos y material de curación para promover mayor competencia y reducir los riesgos de corrupción. Sin embargo, en el área de salud sexual y reproductiva, la concentración del mercado continúa, aunque con otros actores, y en lugar de hacerse más licitaciones públicas, las adjudicaciones directas subieron hasta 97%

Así lo revela el estudio Buscando el camino, presupuesto y compra de medicamentos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, elaborado por la organización civil Fundar. 

De acuerdo con el documento, aunque los estados también realizan compras de medicamentos e insumos para salud sexual y reproductiva, el 75% del presupuesto lo ejerce la Federación, para después mandar los productos a las entidades. 

Entre 2016 y 2018, la adjudicación directa fue el mecanismo más usado para la adquisición de estos medicamentos; por monto de contrato, 88% se asignó así y solo 12% por licitación pública. El porcentaje de compras en ese periodo se concentró en Grupo Fármacos Especializados (78%), Farmacéuticos Maypo (12%) y Farmacéutica Althos (4%), “lo que abrió la puerta a riesgos de corrupción con sobreprecios, conflictos de interés o privilegios fiscales”, dice el análisis de Fundar. 

A partir de 2019, el gobierno federal implementó nuevos esquemas centralizados de compras para promover la competencia y reducir riesgos. Los procesos de compra y distribución de medicamentos se concentraron en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Después, en 2020 y 2021, se probaron dos nuevos esquemas, con compras realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y/o por el Insabi. 

En salud sexual y reproductiva, en 2020, estos nuevos esquemas tuvieron resultados ambivalentes. Entre lo positivo, destaca Matilde Pérez, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, se logró una reducción de precios en los medicamentos e insumos, con porcentajes entre 18% y 224%

Sin embargo, se mantuvo la concentración de mercado, ahora en tres farmacéuticas: Merck Sharp & Dohme Comercializadora (64%), Bayer de México (21%) y Janssen-Cilag de México (10%). Por su parte, la adjudicación directa siguió usándose e incluso creció: por monto de contratos, hasta 97% se realizó con esta figura.

Para 2021, Fundar no pudo tener información sobre las compras de medicamentos para salud sexual y reproductiva, debido a lo pulverizado de las adquisiciones y porque no tuvo acceso a la información ni siquiera a través de solicitudes de transparencia.

Lee más: El gobierno encargó a Birmex distribuir los medicamentos, pero no tiene los recursos para ello; el IMSS la reprobó en licitación

Los riesgos en compras en los estados

Al analizar las compras de seis medicamentos para salud sexual y reproductiva para población sin seguridad social, el estudio encontró que algunos estados no señalan el número exacto de piezas compradas, lo que impide conocer la cantidad exacta adquirida y el precio unitario y/o determinar si la cantidad de medicamentos puede satisfacer la demanda requerida. 

Además, los precios de adquisición de los medicamentos tienen una variación importante entre entidades y, en algunos casos, esta es considerable (de hasta 900% más) respecto del precio de la entidad que lo compró más barata o del de otras instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por ejemplo, explica Janet Oropeza, también investigadora de Fundar, Colima compró en 2017 una caja de mifepristona en 2 mil 476 pesos, mientras que Nayarit la compró en mil 299 pesos, una diferencia de 105%. 

En 2016, Chihuahua adquirió misoprostol en 231 pesos, mientras que Baja California lo compró en 916 pesos, una variación de 297%. 

“Por eso decimos que es necesario fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en los estados y a nivel federal para prevenir sobrecostos”, afirma Oropeza en entrevista. 

También, resalta el estudio, el número de piezas adquiridas por las entidades puede variar o disminuir mucho entre años, sin que haya claridad sobre cómo esto se relaciona con la demanda de medicamentos. Por ejemplo, la disminución en el número de piezas compradas de mifepristona y misoprostol —medicamentos que permiten un aborto seguro— puede ser preocupante.

Falta de recursos

Además, el análisis de los recursos ejercidos para la compra de medicamentos de los componentes de violencia, salud materna y perinatal, planificación familiar y anticoncepción en el periodo 2016-2020 reveló que no ha habido una progresividad del gasto, como marcan los estándares internacionales de derechos humanos. 

En 2016 se ejercieron, tanto por la Federación como por los estados, mil 397 millones de pesos. En 2017 (mil 210 millones), 2018 (mil 178 millones) y 2019 (mil 111), el gasto total disminuyó. Y si bien en 2020 aumentó 8.7% respecto a 2019 (mil 207 millones), no volvió a alcanzar los niveles de 2016. Esta disminución se da en un contexto en que el Insabi se propuso, desde 2020, cubrir y garantizar la salud sexual y reproductiva de un número mayor de mujeres.

La investigación mostró también que la mayoría de los recursos para la compra de medicamentos se ejerce para el componente de planificación familiar y anticoncepción, seguido de salud materna y perinatal, y por último, violencia. 

En un contexto en que las mujeres siguen enfrentando desafíos para garantizar su salud sexual y reproductiva, es necesario que el Estado mexicano asigne mayores recursos a los distintos componentes que garantizarían esto, concluye Fundar.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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