4 millones de mujeres reportaron más conflicto familiar por COVID
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Más de 4 millones de mujeres en México reportaron que conflictos familiares iniciaron o aumentaron por la pandemia 

Los datos de la ENDIREH, levantada por el INEGI, muestran parte de la problemática de violencia que enfrentan las mujeres en México, aunque organizaciones civiles advierten que las cifras se quedan cortas.
Por Erendira Aquino y Marcela Nochebuena
22 de septiembre, 2022
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Más de 4 millones de mujeres en México percibieron que los conflictos en el ámbito familiar iniciaron o incrementaron durante la emergencia sanitaria por COVID-19, entre octubre de 2020 y octubre de 2021. De ellas, 1 millón 365 mil 577 dijeron haber experimentado al menos un incidente de violencia por parte de algún familiar, lo que representa el 23.7% del total de mujeres que reportaron haber vivido violencia en la familia en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 

Por otro lado, para 26 millones 981 mil 618 mujeres (53.4%) los conflictos en el ámbito familiar se mantuvieron igual durante la emergencia sanitaria, lo cual, explicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no significa que estos no existieran antes de marzo de 2020. De hecho, de entre ellas, casi 3 millones reportaron haber vivido al menos un incidente de violencia familiar, aunque no hayan percibido que la situación se modificara, para bien o para mal, a partir del confinamiento. 

De acuerdo con la ENDIREH, las mujeres separadas, divorciadas o viudas percibieron en mayor medida que los conflictos iniciaron o aumentaron durante la emergencia (14.8%), seguidas de las solteras (8%) y casadas (5.3%). Mientras tanto, las solteras percibieron mayor disminución de conflictos (18.5%), seguidas de las casadas o unidas (16.7%) y las separadas (14.8%). En cambio, fueron las casadas quienes más reportaron que los conflictos se mantuvieron igual (55.7%), seguidas de las separadas (52.2%) y las solteras (42.6%). 

Sin embargo, otros indicadores recabados por diferentes instancias desde el inicio de la pandemia, como las estadísticas de la Red Nacional de Refugios (RNR), muestran que el incremento de violencias fue mayor que lo reflejado por la ENDIREH. Según la asociación civil, entre 2020 y 2021 las atenciones que brindó a mujeres víctimas aumentaron 55.59%, además de que recibió por lo menos una petición de ayuda vía telefónica cada hora. 

Ante el aumento de las violencias machistas, decenas de mujeres tuvieron que huir de sus hogares para salvar sus vidas y las de sus hijas e hijos, lo que acrecentó un 300% los rescates realizados por la RNR en 2020, en comparación con 2019. La Ciudad de México, el Estado de México y Puebla fueron las entidades donde se presentaron más casos. Para 2021, el aumento fue de 8%.

De las mujeres que contactaron a la RNR, el 38% denunció vivir violencia psicológica, 24% física y 9% varios tipos de violencia, incluida la sexual, económica y patrimonial; cuatro de cada 100 reportaron un intento de feminicidio. En tanto, el número de llamadas al 911 por violencia familiar y de pareja creció 3% entre 2020 y 2021, según los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que muestran que las solicitudes de auxilio pasaron de 925 mil 950 llamadas a 949 mil 747.

Antes de la publicación de la ENDIREH, incluso el propio INEGI, en los indicadores que presentó como “La COVID-19 y su impacto en las mujeres en México”, señaló que el delito de violencia familiar registró la segunda mayor frecuencia y es el único que muestra un aumento importante de 5.3% entre 2019 y 2020.

Según estos datos, en el periodo de enero a septiembre de 2020, 9.2% de mujeres de 18 años y más declararon haber sufrido violencia en el entorno familiar. Sin embargo, en el mismo periodo de 2021, al relajarse las medidas de confinamiento y darse la reapertura de actividades económicas, este porcentaje disminuyó dos puntos para ubicarse en 7.2%.

¿Por qué la ENDIREH no refleja el incremento de violencia por COVID-19?

Katia Guzmán, del Observatorio Género y COVID-19, explica que existen varias hipótesis por las cuales la ENDIREH podría no haber reflejado el incremento de violencia durante la pandemia que se ha documentado con otros indicadores, como el periodo que abarca la encuesta, la distancia que hay entre este y la declaratoria de inicios de marzo de 2020 y el planteamiento de la pregunta. 

“En general, lo que encontramos es que no hay un indicador que nos detone el hecho de que la violencia empeoró, o al menos estas preguntas no lo capturan. La ENDIREH es un gran instrumento para entender las entrañas de la violencia hacia las mujeres, y para 2021 sí hay un aumento, pero de tres puntos porcentuales. ¿Por qué creemos que pasa esto? La violencia ya es un fenómeno tan extendido, tan generalizado, que sí llega a haber cierto techo, como una población de mujeres que ya no les toca vivir eso dadas sus condiciones”, señala Guzmán.

Lo anterior, considerando que la prevalencia general de la violencia hacia las mujeres, de cualquier manera, sigue siendo alta: mientras en la edición pasada, de 2016, el porcentaje general fue de 66.1%, para 2021 alcanzó el 70.1%. En tanto, el bajo porcentaje de las mujeres que detectaron el inicio o aumento de los conflictos a raíz de la pandemia puede explicarse mediante varias hipótesis.

Por ejemplo, el fraseo de la pregunta, que hace referencia específicamente a la declaratoria. “Haber elegido ‘el gobierno federal decretó el inicio de la emergencia sanitaria’ como referencia: el decreto no fue lo que nos cambió la vida, sino los confinamientos, los contagios, las defunciones. Ese fraseo muy específico, muy rebuscado, hizo a lo mejor que no conectáramos”, explica Guzmán.

Otra posible explicación por la que el incremento de violencias no fue capturado por la ENDIREH es la probable normalización dado el periodo extendido que había transcurrido entre la declaratoria de emergencia por COVID-19, el levantamiento de la encuesta y el periodo que refleja, de octubre de 2020 a octubre de 2021.

“Al ser un periodo de más de dos años, tiendes a normalizar; es literalmente la nueva normalidad. No hubo un fraseo que permitiera distinguir estos dos momentos de la vida. Esa parte de normalización, no solo de la violencia, sino de lo que ocurre en tu vida por el periodo extendido de la pandemia, puede explicar en parte que no se hayan registrado estos aumentos que las llamadas de auxilio y otros indicadores sí capturan”, precisa. 

Aunque el observatorio considera acertada la inclusión de esas preguntas para tratar de capturar el fenómeno de las violencias durante la pandemia, las circunstancias de levantamiento tuvieron efectos en las respuestas, además de que el incremento de violencias no solo se relaciona con quedarse en casa —como lo señala una de las preguntas—, sino con las muy diversas consecuencias derivadas de ese hecho. 

Alejandra Ríos Cázares, directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores de Gobierno, señala que se están dando lecturas erróneas de los resultados de la ENDIREH, ya que los datos del INEGI muestran que sí hubo un aumento en la percepción del inicio de conflictos durante el confinamiento, y que aquellas que reportaron que la situación se mantuvo “igual” no negaron la existencia de violencias, sino que percibieron que estas continuaron de la misma forma.

Ríos Cázares destaca, además, que los resultados de la encuesta están acotados a un periodo que no abarca por completo la temporalidad del confinamiento en México, ya que se preguntó a las mujeres su percepción sobre lo ocurrido solo entre octubre de 2020 y el mismo mes de 2021, además de que los datos presentados no distinguen las diferentes medidas de mayor o menor prohibición en los distintos estados del país.

“Los datos son congruentes con lo que se ha venido anunciando, o sea, las mujeres que vivieron violencia entre octubre del 2020 y octubre del 2021 nos están diciendo, en una mayor proporción, que la contingencia sí agravó los problemas”, afirma.

En el espacio público y privado, la violencia persiste

El Observatorio Género y COVID-19 y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM coinciden en que, más allá de los indicadores, es necesario subrayar la gravedad de que la violencia persista en el espacio público y privado. 

Edith Ortiz, académica del CIEG, destaca que, aunque el incremento de las violencias varió dependiendo del tipo —la violencia familiar aumentó más que los feminicidios y homicidios dolosos—, en ninguna medida se registró una disminución ante el confinamiento de las familias, que supuestamente permanecieron en un lugar que se percibe como más seguro, lo que, de entrada, elimina todos los prejuicios respecto de que las mujeres son violentadas por estar en la calle en determinados horarios o conductas.

“Es ahí donde tenemos que indagar y ver que el fenómeno es muy crudo: pensar que las mujeres estando dentro de casa vivieron violencia. Esto viene a romper la falsa idea que nos han hecho creer: que las mujeres son violentadas por estar fuera de su casa, en las noches, en un lugar oscuro, por ir a una fiesta, por la forma en la que se visten, por provocar a los hombres… la violencia está ahí, y está presente no solamente en los actos de maltrato físico o psicológico; hay una relación de poder que siempre se ejerce”, asegura.

En “La COVID-19 y su impacto en las mujeres en México”, el INEGI detalla que en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, 78.6% de las mujeres consideraba que vivir en su ciudad era inseguro y, al iniciar el confinamiento, se dio una baja de ocho puntos porcentuales. En tanto, en el caso específico de la casa, percibido como lugar seguro para desarrollar sus actividades, 20% de las mujeres de 18 años o más reportó sentirse insegura en 2021. 

Entre enero y septiembre de 2020, el 9.2% de las mujeres mayores de 18 años reportó al INEGI haber sido violentada en el entorno familiar, principalmente por parte de personas con las que no tienen parentesco (42%); en segundo lugar, por su esposo o pareja sentimental (25.3%), seguidos de otros familiares (20.2%), la madre, padre, madrastra o padrastro (16%), un hermano (11.8%) o su hijo (8%).

“Un dato, por ejemplo, muy importante, de un panorama que venía ya desde antes de la pandemia, es que nos dice ONU Mujeres que cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Ya veníamos cargando con estos números y de acuerdo a la Red Nacional de Refugios, hay un porcentaje muy alto, 57%, que reportó vivir violencia por parte de sus esposos o parejas”, subraya Ortiz.

De acuerdo con el INEGI, para 2021, entre enero y septiembre, cuando los reportes de violencia disminuyeron dos puntos, la madre, el padre, la madrastra o el padrastro se identificaron como agresores en 14.8% de las ocasiones, los hijos y las hijas en el 7.3%, los hermanos en 9.7% y otros familiares en 17.8%.

En cuanto a los actos de violencia cometidos por ​​el esposo o pareja sentimental, estos se incrementaron a 27.1%, aun cuando las medidas de confinamiento ya se habían relajado en el país, mientras que los incidentes provocados por agresores sin parentesco subieron a 44.9%.

“Los datos nos pueden ayudar a dimensionar, pero si no suben o bajan, más allá de eso habría que analizarlos con todo este contexto: la violencia que se dio durante la pandemia, y el confinamiento específicamente, la gravedad del asunto es que no bajó, se mantuvo, y eso también indica una problemática. Habría que desmenuzar, poco a poco, qué pasa con los datos”, señala la académica. 

A esto se suma que, probablemente, las cifras de ese periodo, incluso con los incrementos documentados, mantienen un subregistro, dado que las posibilidades de denuncia y el funcionamiento de algunas instancias también se limitó, agrega. La ENDIREH señala que el 78.3% del total de mujeres que vivió violencia no solicitó apoyo o presentó denuncia, 27.7% por considerarlo algo sin importancia o que no le afectó, 22.2% por miedo a las consecuencias y 18% por vergüenza. 

Para Katia Guzmán, los indicadores e información arrojados por la encuesta tampoco significan que haya que aspirar a volver a los niveles prepandemia: “Es ponernos la vara bajitita; hay que reconocer que hubo un cambio a partir de la pandemia en la forma como se manifestó la violencia contra las mujeres, pero regresar a los niveles prepandemia es una cosa que descartaríamos en absoluto; lo que queremos es erradicar la violencia hacia las mujeres”.

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Jurado acusa a dos hombres por tráfico de personas y muerte de migrantes hallados en camión en Texas

Homero Zamorano y Christian Martínez enfrentarán una condena que puede llegar a ser la pena de muerte.
21 de julio, 2022
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Dos hombres fueron acusados por el tráfico y la muerte de 53 migrantes en Texas, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un gran jurado federal en la ciudad de San Antonio acusó formalmente a Homero Zamorano y a Christian Martínez, ambos texanos, de cuatro cargos:

  • conspiración para transportar migrantes de forma ilegal con resultado de muerte,
  • transporte de extranjeros de forma ilegal con resultado de muerte,
  • conspiración para transportar migrantes de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro,
  • transporte de extranjeros de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro.
El conductor del tráiler con migrantes muertos

Reuters
Homero Zamorano ha sido acusado por la muerte de los 53 migrantes en San Antonio.

La pena máxima por estos cargos es la cadena perpetua o la pena de muerte, algo que analizará el fiscal general antes de pedir la condena en los próximos días.

Un juez federal determinará luego la sentencia.

Una tragedia

El incidente en San Antonio, ocurrido el pasado 27 de junio, es el caso de tráfico de personas más mortífero en la historia reciente de EE.UU.

“Un trabajador de uno de los edificios aquí atrás escuchó un grito de ayuda. Salió a investigar, encontró un remolque con las puertas entreabiertas, las abrió para mirar y encontró varias personas fallecidas adentro”, narró entonces el jefe de la Policía de San Antonio, William McManus.

Además de los 50 adultos y tres menores de edad que murieron, 10 adultos y un menor resultaron heridos.

Entre las víctimas había mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

Muerte por calor

Zamorano, de 46 años, conducía el camión y fue captado por las cámaras en un punto de inspección del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., aunque en ese momento no fue detenido.

Horas después, cuando ocurrió el hallazgo de los migrantes, Zamorano “fue encontrado escondido en la maleza después de intentar fugarse”, según la investigación del Departamento de Justicia.

En un principio, los servicios de emergencia le prestaron ayuda, pero luego fue detenido por la policía de San Antonio.

La policía investiga un camión en el que fueron hallados decenas de migrantes muertos

Getty Images
San Antonio queda aproxidamente a 250 km de la frontera con México.

Martínez, de 28 años, fue identificado en comunicaciones con Zamorano en las que hablaban sobre la operación de tráfico de personas.

Dos mexicanos, Juan Claudio D’Luna Méndez y Juan Francisco D’Luna Bilbao, también estaban siendo procesados bajo distintos cargos por su posible participación en el fatal incidente, aunque de momento no fueron incluidos en la acusación formal.

El jefe del Departamento de Bomberos de San Antonio, Charles Hood, dijo a fines de junio que las personas murieron de agotamiento y exceso de calor dentro del camión, que no tenía aire acondicionado.

Las víctimas estaban “calientes al tacto”.

La investigación reveló que, aparentemente, Zamorano no sabía que el aire acondicionado del tráiler no funcionaba.

Los migrantes estaban en el vehículo con mínima ventilación en un día que rozó los 40 °C a la sombra.

Rutas peligrosas

El vehículo fue encontrado en una zona de poco tránsito, cerca de una vía de tren en el suroeste de San Antonio, que queda a unos 250 kilómetros de la frontera entre EE.UU. y México.

Zamorano había tomado la ruta que va desde Laredo, en la frontera de México y Texas, hasta San Antonio.

Mapa del sitio de incidente

BBC

La inmigración es un tema político polémico en EE.UU., donde el año pasado se detuvo a un número récord de inmigrantes indocumentados que cruzaban al país desde México, muchos de ellos viajando por rutas extremadamente peligrosas e inseguras.

Huyendo de la pobreza y la violencia en América Central, muchos de los inmigrantes indocumentados terminan pagando enormes sumas de dinero en efectivo a traficantes de personas para cruzar la frontera.

En los últimos años ha habido muchos ejemplos similares de migrantes que fallecieron durante su viaje, pero ninguno tan mortal como el de San Antonio.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, culpó al presidente estadounidense, Joe Biden, del Partido Demócrata, por las muertes y las describió como “resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas”.

Beto O’Rourke, el candidato demócrata que compite contra Abbott en las elecciones de noviembre, dijo que los informes eran devastadores y pidió una acción urgente para “desmantelar las redes de contrabando de personas y reemplazarlas con vías ampliadas para la migración legal”.


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