CIDE resuelve que Romero Tellaeche sí plagió; descartan sanción
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Comisión de Ética del CIDE resuelve que Romero Tellaeche sí plagió, pero no alcanzan votos para sancionarlo

A pesar de que no hubo votos en contra de esta resolución, los votos a favor no fueron suficientes para que su contenido pueda surtir efectos.
Cuartoscuro
7 de septiembre, 2022
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La Comisión de Ética del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) resolvió la tarde de este martes 6 de septiembre que el director general de la institución, José Antonio Romero Tellaeche, cometió plagio en dos artículos académicos que publicó a su nombre.

“El doctor José Antonio Romero Tellaeche incurrió en una falta a la ética en los dos artículos académicos de su autoría presentados por la parte denunciante, misma que consistió en la presentación intencional de ideas ajenas como propias y sin dar el crédito debido a las fuentes utilizadas. Esta conducta configura un plagio según la definición del artículo 4, fracción I, del Código de Ética del CIDE”, expuso la Comisión.

“De conformidad con el artículo 5 del Código de Ética del CIDE, el cual establece que ‘cualquier plagio doloso en un producto académico será considerado falta grave’, esta comisión concluye que los plagios cometidos por el doctor José Antonio Romero Tellaeche constituyen una falta grave”, subrayan.

En el acta de la sesión, a la cual Animal Político tuvo acceso, la comisión recomienda se le rescinda el contrato a Romero Teleache, de acuerdo al artículo 147, fracción V, del Estatuto del Personal Académico del CIDE.

“Para esta Comisión no pasa desapercibido que, de conformidad con los artículos 5 del Código de Ética y 150 del Estatuto del Personal Académico del CIDE, la aplicación de las sanciones recomendadas por esta Comisión corresponde originariamente al Director General de la institución. No obstante, en este caso es evidente que el Director General cuenta con un interés personal en el asunto y se encuentra impedido para realizar la aplicación de la sanción correspondiente, al ser la persona que está siendo afectada directamente con la resolución que aquí se toma”, explican.

“Dado el conflicto de interés señalado, la Comisión estima que la Dirección General de Conacyt y el Consejo Directivo del CIDE, en tanto superiores jerárquicos del Director General del CIDE, son las únicas autoridades que cuentan con la potestad y atribuciones necesarias para aplicar una sanción a la falta grave a la ética cometida por el Dr. José Antonio Romero Tellaeche”.

Sin embargo, a pesar de que no hubo votos en contra de esta resolución, los votos a favor de ella no fueron suficientes para que su contenido pueda surtir efectos.

Los votos a favor fueron emitidos por Pablo Mijangos y González y María Solange Maqueo Ramírez, en tanto, las dos abstenciones fueron por parte Jordy Micheli Thirion —quien fue nombrado secretario académico del CIDE por Romero Tellaeche— y Judith Mariscal Avilés.

El quinto voto habría sido el de la investigadora Catalina Pérez Correa, también integrante de la Comisión de Ética, sin embargo, por haber compartido en Twitter la convocatoria a la marcha que la comunidad del CIDE realizó el 4 de junio y escribir “Contra el plagio impune en el #SNI”, los miembros de la Comisión estimaron conveniente descartar a la investigadora.

La denuncia contra Tellaeche 

 El 6 de junio pasado, a la Comisión de Ética llegó una denuncia de plagio formulada por un grupo de profesores de la institución en contra del director José Antonio Romero Tellaeche. Se trataba del artículo “Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018”, publicado en coautoría con Rodrigo Aliphat Rodríguez —quien recientemente se incorporó como profesor del CIDE— publicado en 2019 en la revista Atlantic Review of Economics-AROE. 

El 22 de junio, la denuncia se amplió y los denunciantes señalaron nuevos hechos, por lo que ofrecieron otras pruebas. El nuevo texto denunciado como plagiado se encuentra en el artículo: “La herencia del experimento neoliberal”, publicado por Romero Tellaeche como autor único en la revista El Trimestre Económico en 2020.

Luego de que la Comisión fuera convocada para conocer a detalle los hechos, se citó a Romero Tellaeche para que compareciera el 15 de agosto y se pronunciara respecto a las denuncias, sin embargo, en el acta se explica que el 6 de julio, a través de un correo electrónico enviado a Jordy Micheli Thirion, secretario académico y miembro de la Comisión, Romero Tellaeche dio contestación por escrito a la denuncia y respectiva ampliación presentadas. 

En los referidos escritos, Romero Tellaeche cuestionó la competencia de la Comisión de Ética del CIDE para resolver la controversia y solicitó la recusación de los doctores Catalina Pérez Correa González, Judith Mariscal Avilés y Pablo Mijangos y González, para conocer de este asunto. 

La Comisión se reunió y determinó que sí tenía competencia jurídica y profesional para conocer y resolver sobre la controversia, y que era infundada la recusación planteada sobre los doctores Judith Mariscal Avilés y Pablo Mijangos y González; y que también es infundado el impedimento planteado sobre el conflicto de interés de la doctora Catalina Pérez Correa González.

El 25 de agosto de 2022, la Comisión celebró la audiencia programada para escuchar los alegatos de Romero Tellaeche, sin embargo, no se presentó a la misma ni notificó las razones para no asistir.

Lo que sí hizo ese día fue presentar una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) del CIDE contra los miembros de la Comisión de la cual ellos se enteran porque fueron copiados en el correo electrónico que Romero Tellaeche envió.

Luego de revisar y analizar los artículos por los que fue denunciado y teniendo como base la evidencia que los propios denunciantes presentaron, la Comisión de Ética del CIDE advierte que en los 13 párrafos citados se cometió una apropiación literal y no reconocida adecuadamente de los trabajos de los autores originales.

“Esta Comisión considera necesario reiterar que el ‘basarse en el trabajo de un autor’ no puede consistir jamás en la utilización de las mismas oraciones, en el mismo orden y con los mismos datos y referencias, sin utilizar las comillas para indicar que en realidad se trata del trabajo de otra persona”, expusieron.

“El mero trabajo de hacer la traducción literal, presentar referencias de la fuente original como propias y de adaptarlas a los criterios específicos de citación de una revista es una señal indudable de que esta apropiación se hizo de manera consciente e intencional”, concluyó la Comisión de Ética del CIDE.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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