Activistas exigen a restauranteros trato justo y antidiscriminatorio
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Activistas exigen trato justo e igualitario a restauranteros; Canirac se compromete a diseñar estrategia antidiscriminatoria

Activistas por los derechos humanos y el Copred urgieron a evitar que en la Ciudad de México vuelvan a ocurrir actos de discriminación como los registrados en el Sonora Grill de Masaryk.
Copred
Por Marcela Nochebuena 
25 de octubre, 2022
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El condicionamiento en el acceso o el trato; impedir el ingreso a una persona indígena con su vestimenta o a una persona morena con “chanclas”, pero no a una extranjera rubia; mandar al baño “de servicio” a una mujer indígena; dar un trato diferente a una pareja afro, o sentar en partes escondidas a personas “menos bonitas” son algunas de las formas más sutiles y normalizadas de discriminación en el sector restaurantero.

El 80% de las denuncias ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) son por prácticas discriminatorias en el ámbito privado, la gran mayoría referidas al derecho al empleo, pero en segundo lugar a hechos que suceden en establecimientos mercantiles como restaurantes y bares.

Ante ello, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) firmó un acuerdo para comprometerse a diseñar acciones que prevengan actos discriminatorios, medidas para contrarrestarlos y una campaña de sensibilización en todos los niveles y puestos. Esto, después de que en agosto el Copred abriera una investigación por presuntos actos de racismo en el restaurante de la cadena Sonora Grill de Masaryk, en Polanco.

“Las acciones y mecanismos para combatir la discriminación en la prestación de servicios deben tener un enfoque preventivo; deben ir más allá de lo punitivo y buscar el cambio de la cultura laboral”, señala el documento.

Los acuerdos surgen también a raíz de la modificación, el pasado 15 de junio, de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la ciudad, que establece que estos lugares, de bajo impacto, impacto vecinal o zonal, tienen la obligación de prevenir, atender y erradicar la discriminación en sus espacios.

Uno de los principales cambios es la reforma al artículo 65 de la ley, que establece sanciones desde 33 mil 773 hasta 240 mil 550 pesos cuando se cometan actos discriminatorios, dependiendo del giro y tamaño del comercio. Desde la aprobación de esa reforma, más de 35 acciones discriminatorias han sido denunciadas en la capital solo en este sector. 

Como parte de la firma del acuerdo, personas con discapacidad, trans, afro y mujeres compartieron sus experiencias para exigir un trato justo e igualitario a los restauranteros. 

El costo de la discapacidad

Agustín de Pavia ha vivido 40 años con una discapacidad motriz. Los servicios que regularmente utiliza son los mismos que normalmente usan personas con autismo o Síndrome de Down. Para él no comparten nada en común, pero socialmente son vistos como si pertenecieran a un mismo grupo. “La discapacidad no es una barrera de las personas, es una barrera social”, aseguró.

El 50% de las personas con discapacidad —subrayó— depende de otra persona, y la eliminación de las barreras no siempre contempla la autonomía o falta de ella. Desde que tuvo una mala experiencia en un bar durante su viaje de graduación, confiesa que ahora busca siempre lugares nuevos, porque entre más recientes son sus normas de construcción y arquitectos, hay más conocimiento en términos de accesibilidad. 

Lee: Sheinbaum acusa a Sonora Grill de querer arreglar “en lo oscurito” investigación por discriminación

Aun así, la mayoría de las veces debe pedir asistencia, incluso para acciones tan elementales como ir al baño. “Para las personas que vivimos discriminación estructural, esos son los detalles de los que nos acordamos día a día… No es que yo no pueda, eso es capacitismo. Si tú no haces nada, estás diciendo que mi barrera no importa”, relató frente a representantes de la industria restaurantera.

Agustín nació con discapacidad y aprendió a demostrar que las barreras eran sociales y a negociar los cambios, pero actualmente aún gasta la mitad de su salario en transporte. “Pago mucho más por la accesibilidad y la inclusión. Ese es el costo de la dignidad”, destacó.

Los gastos adicionales por no tener espacios accesibles pueden ser muy altos para las personas con discapacidad, mientras que los actos de discriminación también tienen un valor económico para los dueños de establecimientos mercantiles, además de la responsabilidad legal que pueden enfrentar. 

Hay tantas formas de ser persona trans como personas trans hay en el mundo

Láurel Miranda, activista trans, recuerda que esta población no solo es objeto de discriminación o violencia, sino de aversión. La forma de representación de las personas trans constantemente es de burla, además del resto de obstáculos que pueden enfrentar, por ejemplo, el hecho de que el 80% no cuenta con un empleo formal.

La discriminación la viven en las maneras más sutiles, en actividades tan cotidianas como usar un baño público cuando no existen baños neutros o asexuados que puedan usar todas las personas. “No basta con decir que no se discrimina; hay que decir ‘en mi espacio, en mi empresa, se combate la discriminación’”, subrayó.

En un país que sigue siendo el segundo con más transfeminicidios a nivel mundial, Miranda aseguró que es indispensable reconocer que la discriminación en establecimientos mercantiles no solo atañe a las poblaciones que la viven, sino a todas las personas, pues el día de mañana también podrían formar parte de ellas. La capacitación al personal —señaló— es de suma importancia.

En tanto, la experiencia de Valeria Angola, mujer afrodescendiente, ha estado marcada por sus dos países de origen: Colombia y México. “Desde siempre he sabido que soy una mujer negra, crecí sabiéndolo, pero hubo un momento en la vida en que acepté esa negritud”, señaló. Ante la creencia común de que no hay negros en México, apenas hace un par de años se reconocieron y contabilizaron por primera vez 2.5 millones en el último censo. 

“Las personas afro nos enfrentamos a una constante extranjerización. Dentro de esa construcción histórica, no ha cabido la concepción de esa descendencia”, lamentó. Recuerda cómo tan solo al hacer su trámite de renovación de pasaporte, con el vencido y el acta de nacimiento en mano, le cuestionaron si era mexicana por su acento y su aspecto.

Frente a un público que, de entrada, no se reconoció racista, recordó que todos lo somos porque vivimos en un sistema racista que se inauguró el 12 de octubre de 1492. “Todas las relaciones están configuradas por este sistema de violencia. Uno de los principales pasos es reconocer que somos personas muy participantes en el racismo para combatirlo”, aseguró.

Para ella es fundamental reconocer esas violencias pero desde la acción, no desde la culpa. Específicamente en los establecimientos mercantiles no solo se trata del personal, sino de qué hacer para que una persona se sienta completamente cómoda entre los demás comensales. Además, otra forma en la que se reproduce el racismo en estos espacios es en sus propias prácticas internas, por lo que es necesario estudiar por dentro nuestros espacios laborales, antes de pretender acciones hacia afuera.

Desde la lógica del trabajo reproductivo y productivo, y la asociación de las mujeres con el primero y de los hombres con el segundo, también el sexismo atraviesa las prácticas más sutiles en los restaurantes, destacó Nicole Huete, de Intersecta: desde la imagen y vestimenta que puede llegar a “exigirse” a las mujeres, hasta la entrega de la cuenta al hombre —independientemente de quién la haya pedido— y la “pertenencia” de las mujeres al cuidado cuando algo tan básico como los cambiadores de pañales, siempre en baños para ellas, no están al acceso de papás solos.

“La discriminación existe y no en todos los casos es clara, binaria, burda. A veces es también sutil, escurridiza. Ello se debe a que todos y todas hemos crecido y nos hemos educado inmersos en sistemas que clasifican a las personas a partir de prejuicios. La propuesta que se hace hoy a la industria restaurantera y nocturna es que trabajemos de la mano… para que esta sea una ciudad donde ir a un restaurante, a un bar o a un centro nocturno sea una experiencia feliz y no una de trato diferenciado e indigno. Que no vuelva a suceder en esta capital”, pidió la titular del Copred, Geraldina González de la Vega.

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Reforma fiscal en Colombia: tres claves para entender la histórica alza de impuestos a los más ricos y al petróleo

Esta semana se aprobó en el Congreso colombiano la reforma tributaria con la que Gustavo Petro busca mantener la estabilidad económica y cumplir sus ambiciosas promesas sociales. Te explicamos sus principales ejes.
5 de noviembre, 2022
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Al día siguiente de tomar el poder en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro presentó una de las reformas tributarias más ambiciosas de la historia del país.

Este jueves, casi tres meses después, esa reforma fue aprobada por las dos cámaras del Congreso. Aunque sufrió modificaciones impulsadas por la oposición, el grueso de la reforma quedó intacto.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo tras la votación que la ley ayudará a “erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad, al igual que los privilegios de unos pocos, y avanzar frente a la inequidad, una promesa fundamental del gobierno”.

Colombia es uno de los países que menos impuestos recauda entre las economías medias y grandes de América Latina: el Estado ingresa por esta vía un 13% del PIB, mientras el promedio es 16%.

En campaña, Petro propuso una reforma que recaudara 50 billones de pesos (unos 10 mil millones de dólares) adicionales para el Estado, pero el 8 de agosto se presentó una que buscaba recoger la mitad, un 1.8% del PIB.

Finalmente se aprobó una reforma que —de 2023 en adelante— dará 20 billones adicionales al Estado (4 mil millones de dólares), un 1.2% del PIB de más que ayudará a cerrar el enorme déficit fiscal —de 6%— que genera preocupaciones en los mercados internacionales y está detrás, entre otras cosas, de la reciente devaluación del peso colombiano.

Los críticos alegan que la reforma frenará el crecimiento económico y el consumo, y afectará a la inversión extranjera. La oposición logró que se retiraran los impuestos a las iglesias y a las pensiones altas. También consiguió matizar los tributos a los alimentos ultraprocesados.

Ocampo, no obstante, aseguró que esta es la reforma “más liberal de la historia, pero también la más consensuada“.

La próxima semana se espera que el Congreso concilie los textos surgidos de los debates en el Senado y la Cámara de Representantes, y que el presidente sancione la ley.

Estos son los tres grandes ejes de la reforma tributaria con la que Petro busca cumplir sus ambiciosas promesas electorales.

Jose Antonio Ocampo (izquierda) y Gustavo Bolívar (derecha).

EPA
La votación en el Congreso duró tres días esta semana. Sus protagonistas fueron Jose Antonio Ocampo (izquierda) y Gustavo Bolívar (derecha).

1. Impuestos a los hidrocarburos y a los financieros

Petro tiene como prioridad la protección del medio ambiente y cree que su país debe iniciar el camino hacia la energía renovable.

Por eso la principal fuente de este recaudo adicional vendrá de las empresas que producen petróleo y carbón en Colombia.

Y eso genera un resultado quizá paradójico: el Estado será más dependiente de la explotación de recursos naturales a la vez que se puede desincentivar la inversión y exploración de hidrocarburos.

Las empresas petroleras, en todo caso, tendrán dos nuevas obligaciones: sus rentas serán gravadas entre 35% y 60%, dependiendo del precio internacional del crudo, y las regalías que pagan a las regiones donde explotan recursos ya no serán deducidas de sus impuestos.

En el caso de los productores de carbón ocurre igual, con la diferencia de que el impuesto a la renta será de entre 35% y 45%.

Las mineras tampoco verán las regalías deducidas de sus obligaciones de renta.

Además, los impuestos a las empresas financieras, así como los de las hidroeléctricas, aumentarán entre 3% y 5%, con lo que pagarán un total de entre 35% y 40% de su renta.

Ecopetrol

Reuters
La mitad de los ingresos de Colombia viene del petróleo. Un mayor impuesto a los hidrocarburos tiene enormes consecuencias.

2. Impuestos a los más ricos

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Una de las razones de la victoria de Petro fue que, como senador y como candidato, se mostró como un defensor de la justicia social. Muchos de sus votantes fueron los habitantes de las regiones más pobres del país.

Por eso, el otro grueso de su reforma tributaria se basa en aumentar los impuestos a los más ricos, que en Colombia, en comparación al resto de América Latina, pagan pocos impuestos.

Quienes ganen más de 10 millones de pesos (2 mil dólares) pagarán más.

Las ganancias ocasionales derivadas de ventas o herencias pasarán de pagar del 10% al 15%.

Y quienes tengan patrimonios de más de 2 mil 700 millones de pesos (unos 540 mil dólares) pagarán un equivalente de 0.5%; para los que poseen más de 1 millón y 2 millones de dólares, el porcentaje aumenta a 1% y 1.5%, respectivamente.

El impuesto a los dividendos empresariales también aumentará: quedará en entre 15% y 20%.

El senador Gustavo Bolívar, uno de los principales impulsores de la reforma por parte del oficialista Pacto Histórico, declaró que la ley “no alcanza para sacar a todos los colombianos de la pobreza, pero sí para que vivan dignamente“.

Algunos de los recursos estatales creados por esta reforma estarán destinados, por ley, a planes de asistencia a los más pobres.

Comercio en Colombia

Reuters
La inflación rampante afecta sobre todo a los más pobres en un país ya de por sí desigual.

3. Impuestos a la comida chatarra

Como en muchas partes del mundo, en Colombia la obesidad y la diabetes son una epidemia. Cifras oficiales dicen que la mitad de la población sufre alguna de estas dos condiciones. Al año mueren cerca de 20 mil colombianos por estas razones.

Durante años, los partidos progresistas habían intentado impulsar leyes que combatieran estas problemáticas, a través de impuestos a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas. Pero el poder de las empresas productoras probó ser más grande que en otros países como Chile, donde este tipo de medidas están en vigor desde hace años.

La reforma tributaria de Petro quiso gravar una gran cantidad de alimentos, muchos de ellos tradicionales en la mesa de los colombianos. Por eso, si bien no son la fuente principal de recaudo, la medida generó una enorme polémica.

Al final, quedaron fuera de la reforma el pan, el bocadillo, la leche, la miel y el salchichón. Y aquellos productos que van para programas asistenciales quedaron exentos.

Sin embargo, aumentarán los impuestos de la carne de hamburguesa, el chocolate, los cereales, las salsas, la pastelería y algunas bebidas con gran contiendo de azúcar.

Jose Antonio Ocampo

Reuters
Ocampo, un reputado profesor de economía en Estados Unidos, es considerado el muro de contención de Petro ante los mercados internacionales.

Gracias a una eficiente campaña mediática de la oposición, la medida entrará en vigor a mediados de 2023 y será progresiva, lo que les dará tiempo a las empresas productoras para adaptarse.

Asimismo, como parte de la iniciativa para defender el medio ambiente, la reforma aumenta el impuesto a los productos de plástico de uso único y el impuesto al uso de carbono.

La situación de la economía colombiana es crítica. Una devaluación del 25% del peso este año es reflejo de la gran vulnerabilidad macroeconómica. El Estado, además, tiene enormes compromisos de deuda externa en los próximos años. El recaudo de la reforma tributaria irá, también, a honrar dichos pagos.

Petro debe mantener la estabilidad económica al tiempo que cumple sus ambiciosas promesas sociales. Parecen objetivos contradictorios que, sin embargo, con esta nueva reforma tributaria, parecen más alcanzables.

Lee: Elecciones en Colombia: Gustavo Petro se impone a Rodolfo Hernández y será el primer presidente de izquierda del país


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