Sedena alertó nexos del narco con 20 alcaldes de Guerrero
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Cuartoscuro

Ayotzinapa: Sedena reportó vínculos del narco con Abarca y 19 alcaldes de Guerrero de todos los partidos

La Sedena dirigió también gran parte de sus investigaciones a la actividad de trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa como un asunto de seguridad pública de Guerrero.
Cuartoscuro
Por Alfredo Maza y Nayeli Roldán
4 de octubre, 2022
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En octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió un reporte a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que señaló presuntos vínculos de 20 alcaldes de Guerrero del PRD, PRI, PVEM, PAN y el PT con Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y Los Tequileros.

José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala y del que se desconocía su paradero entonces, fue señalado de estar involucrado con miembros del grupo Guerreros Unidos (partícipes en la desaparición de los estudiantes), “a quienes proporcionaba protección, además de colaborar en las actividades delictivas de estos”.

Según el reporte del Ejército, el 25% de los municipios de la entidad (81 municipios) eran liderados por funcionarios señalados por dar protección a integrantes del crimen organizado a través de sus policías preventivas y cuyas campañas políticas habían sido financiadas por jefes de plaza y operadores del narcotráfico, revelan documentos encontrados en los archivos filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

Este reporte, del 17 de octubre de 2014, fue hecho por la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y dirigido a Tomás Zerón, principal responsable de la investigación que meses después sería nombrada como la “verdad histórica”.

Además, 16 días después de la llamada noche de Iguala, la Sedena informó sobre la detención de César Miguel Peñaloza Santana, presidente municipal de Cocula, que fue aprehendido por elementos de la PGR “a fin de que declarara sobre presuntos vínculos, con miembros de Guerreros Unidos, tanto de este como de su policía preventiva” .

Sin embargo, Peñaloza fue liberado un día después, el 14 de octubre, pese a que estaba en el segundo lugar de la lista de la Sedena “por orden de incidencia” y de ser señalado por proporcionar apoyo y protección a los miembros de la organización criminal que en aquel entonces se ostentaban como “elementos de la policía rural de la comunidad de Atscala” organizada por Pablo Tomás Ortiz Hernandez, presunto jefe de plaza.

Otros alcaldes, como el de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz, presuntamente “lavaba dinero de Los Caballeros Templarios a través del hotel Real de la Loma ubicado en Ciudad Altamirano” y habría asistido a fiestas y reuniones sociales con Luis Navarro Peñaloza, alias el Zarco, operador en el municipio del grupo delictivo.

En una circunstancia similar se identificó al presidente municipal de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, a quien la Sedena vinculó con los hermanos Bernabé, David y Gerardo Lagunas Contreras, del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes eran identificados como “presuntos lavadores de dinero del narcotráfico y propietarios de hoteles, ranchos y de la Plaza de Toros de San Andrés” del municipio.

En dicho archivo también se menciona a los presidentes municipales Salomón Majul González, de Taxco de Alarcón, y Mario Alberto Chávez Carbajal, de General Heliodoro Castillo, cuyas campañas políticas fueron presuntamente financiadas por integrantes del crimen organizado como Mario Casarrubias Salgado, el Sapo Guapo, y Alexander Palacios, el Cholo Palacios, presunto jefe de plaza.

En el caso de Chávez Carbajal la Sedena también lo vinculó con los hermanos Onésimo y Javier Marquina Chapa, así como a Omar Cuenca Marino, señalados por “mantener el control de enervantes” en su municipio, considerado como de alta incidencia en el cultivo de amapola y mariguana.

Sobre la relación de presidentes municipales con el grupo conocido como “La Familia Michoacana”, la Sedena identificó que al menos Taurino Vázquez Vázquez, de Arcelia; Everardo Wenses Santamaría, de Tlapehuala; y María Guadalupe Eguiluz Bautista, de Tlalchapa, contaban con diversas denuncias ciudadanas que los vinculaban con Johnny Hurtado Olascoaga ‘El Pez’, principal operador de esta organización criminal en la entidad.

Leer más | Ayotzinapa: titular de Sedena abogó ante AMLO a favor de capitán acusado de desaparición forzada

Investigan a trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa

Pese a que la situación del crimen organizado en la entidad para el 2020 contemplaba la presencia de cinco organizaciones delictivas y 16 grupos locales, quienes se encontraban en “pugna por el control, venta y trasiego de drogas”, la Sedena dirigió gran parte de sus investigaciones a la actividad de trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa como un asunto de seguridad pública de Guerrero.

Así lo refiere un diagnóstico ejecutivo de la Secretaría fechado en febrero de 2020, en el que en una sección titulada “¿De quién lo protegemos?” se refiere que “el estado de Guerrero ha sido uno de los escenarios donde las organizaciones criminales y sociales han creado un clima de violencia, inseguridad e incertidumbre en la población”.

De esa manera refiere que para el año 2019, de los 81 municipios con que cuenta el estado se registraron mil 725 movilizaciones (mítines, marchas, bloqueos, toma de instalaciones y casetas de cobros) convocados en su mayoría por organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el Comité de Padres de Familia de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Antorcha Campesina, Sindicatos Únicos de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y del Frente Popular de la Montaña.

De manera específica, sobre el activismo del magisterio disidente de la CETEG, la Sedena da cuenta que este se encuentra fragmentada en tres grupos: el “ala moderada” encabezada por el profesor Arcángel Ramírez Perulero, secretario general de la Coordinadora; dos “ala(s) radical(es)” encabezadas por María Antonia Morales Vélez, dirigente en la región centro del estado y por José Manuel Venancio Santiago, coordinador de Gestoría Laboral.

“Citadas fracciones realizan diversas movilizaciones para demandar a las autoridades competentes asignación de plazas, prestaciones a sus agremiados, incorporación al FONE y movilización de apoyo a la presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, promoviendo el paro de labores en los centros educativos, cuya dinámica de protesta se basa en realizar bloqueos carreteros principalmente”.

Sobre la “problemática estudiantil” del estado, la Sedena también tiene identificados a los estudiantes Alfredo Conde Carmona y Sureydi Mariscal Sierra como secretario general y presidenta del Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón” de Ayotzinapa y de la Normal Regional de la montaña “José Vasconcelos”, respectivamente.

A ambos comités estudiantiles se les relaciona por realizar “marchas, bloqueos vehiculares, toma de casetas de cobros en la autopista del sol, toma de instalaciones gubernamentales, retención de autobuses de transporte público y retención de camiones de empresas comerciales para apoyar las actividades de protesta del comité de padres de familia de los 43.

Pese a que en el mismo documento la Sedena refiere que el activismo social es un factor que tiene un impacto temporal bajo “sin que haya logrado tener repercusiones en el ejercicio del Gobierno en el nivel municipal y estatal” y que estas han disminuido durante la actual administración, entre sus recomendaciones plantea que las comandancias de la IX Región Militar y las 27 y 35 Zonas militares gestionen ante el gobierno del estado “proyectos de ley para aumentar la penalidad de quienes agreden a los cuerpos de seguridad pública de los tres Órdenes de Gobierno”.

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'Nos está matando: cómo el consumo de combustibles fósiles está destrozando nuestra salud (y quiénes son los más perjudicados)

En vísperas de la COP 27 en Egipto, un estudio de The Lancet enfatiza el grave impacto del calentamiento global en la salud.
BBC Mundo
28 de octubre, 2022
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El cambio climático está afectando gravemente la salud de las personas en todo el mundo.

Esta es la conclusión del estudio The Lance Countdown, que asegura que la continua dependencia mundial de los combustibles fósiles aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria, enfermedades infecciosas y enfermedades relacionadas con el calor.

“La crisis climática nos está matando”, señaló António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, tras la publicación de este estudio y enfatizó que los líderes globales deben modificar sus acciones en función del tamaño del problema.

Líderes de todo el mundo se reunirán el mes próximo para la conferencia climática más importante del año, la COP27, que tendrá lugar en Egipto.

La más reciente edición del informe -que se lleva a cabo desde 2016 y en el que participan cerca de 100 expertos de organizaciones incluidas la OMS- hace hincapié en cómo el clima extremo aumentó la presión sobre los servicios de salud en todo el mundo que ya se han visto afectados por la pandemia de COVID-19.

También destacan la relación entre el cambio climático y la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural), a los que se atribuye el 80% de los gases de efecto invernadero generados por el hombre y que acaban calentando la Tierra.

Impacto del calor extremo

De acuerdo con el estudio, las muertes vinculadas al calor aumentaron en dos tercios en las dos últimas décadas.

En 2022 se han batido récords de temperatura en todo el mundo, incluso en Reino Unido, donde se registraron 40 °C en julio, así como en partes de Europa, Pakistán y China.

Persona mayor en una ola de calor

Getty Images

Los impactos en la salud del calor extremo incluyen la exacerbación de condiciones tales como enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y provocan insolación y problemas de salud mental.

Por otra parte, las temperaturas cálidas extremas aumentan el riesgo de incendios forestales.


Análisis de Justin Rowlat, editor de Clima

El informe de The Lancet de hoy es un llamado a las armas.

Los autores esperan que la evidencia que presenta muestre la necesidad de una acción urgente en la conferencia de la ONU sobre el clima en Egipto.

Pero la cumbre se enfrenta a fuertes vientos en contra.

Los países en desarrollo exigirán que las naciones que se enriquecieron utilizando combustibles fósiles gasten más efectivo para cubrir los costos de las pérdidas y daños que está causando nuestro clima cambiante.

Y preguntarán: ‘¿Qué pasó con los US$100.000 millones anuales para la acción climática que los países desarrollados supuestamente pusieron a disposición a partir de 2020?’. Todavía estamos miles de millones de dólares por debajo del total.

Los anfitriones egipcios de la COP27 advirtieron sobre una “crisis de confianza”.

Pero el mundo desarrollado está luchando contra una crisis del costo de vida a medida que se disparan los precios de la energía y los alimentos. Muchos de ellos ya están gastando miles de millones en apoyo militar a Ucrania.

Así que prepárate para una conferencia con debates acalorados.


Enfermedades infecciosas

El calentamiento global incrementa la propagación de enfermedades infecciosas.

Malaria en Venezuela

Getty Images
Esta familia en Venezuela espera para hacerse una prueba de malaria.

Los investigadores hallaron que los períodos en que la malaria podía transmitirse se hicieron un 32 % más largos en las zonas altas de las Américas y un 15 % más largos en África durante la última década, en comparación con la década de 1950.

La probabilidad de transmisión del dengue aumentó un 12% durante el mismo período.

Seguridad alimentaria

Los datos recabados por el informe indican que debido al aumento de las temperaturas y a los fenómenos meteorológicos extremos se produjo un menor rendimiento en los cultivos y se redujo su temporada de crecimiento.

Además, alrededor de un 30% más de tierra se ve ahora afectada por sequías extremas, en comparación con la década de 1950.

Sequía en Monterrey

Getty Images
Consecuencias de la sequía en Monterrey, México.

Estos impactos están provocando un aumento del hambre, dice el informe.

Los períodos cálidos en 2020 se asociaron con 98 millones más de personas que no pudieron obtener los alimentos que necesitaban, en comparación con el promedio de 1981 a 2010, y la proporción de la población mundial que sufre inseguridad alimentaria también está aumentando.

Por otro lado, en 2021 se perdieron casi medio billón de horas de trabajo debido al calor extremo. Esto afectó principalmente a los trabajadores agrícolas en los países más pobres, reduciendo el suministro de alimentos y los ingresos.

Aunque la crisis climática nos afecta a todos, el impacto no se distribuye de manera igualitaria, siendo los países pobres los que se ven más afectados, así como los grupos de población más vulnerables, como es el caso de las personas mayores con las olas de calor.

Según The Lancet Countdown, las muertes vinculadas al calor extremo en los mayores de 65 años aumentaron un 68% en el período comprendido entre 2017 y 2021 en comparación con el 2000-2004.

Esperanza

Sin embargo, concluye el informe, hay soluciones.

“A pesar de los desafíos, existe evidencia clara de que la acción inmediata aún podría salvar la vida de millones, con un cambio rápido hacia la energía limpia y la eficiencia energética”, señaló Marina Romanello, directora ejecutiva de ‘The Lancet Countdown’, del University College de Londres.

“La acción climática acelerada generaría beneficios en cascada, con sistemas de salud, alimentación y energía más resilientes”.


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