Fiscalía Anticorrupción: 3 mil carpetas, solo 7 sentencias
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Senado de la República

En tres años, la Fiscalía Anticorrupción abrió más de 3 mil carpetas de investigación pero solo logró 7 sentencias condenatorias

En sus tres años de operación, la fiscalía especializada creada con la meta de combatir la corrupción ha enfrentado problemas como escasez de recursos y de personal, al igual que falta de capacitación entre los ministerios públicos.
Senado de la República
11 de octubre, 2022
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A más de tres años de su creación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado llevar ante un juez el 3.6% de las más de 3 mil carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos y ha obtenido solo siete sentencias condenatorias, de acuerdo con estadísticas obtenidas a través de transparencia.

La poca eficacia de la Fiscalía Anticorrupción está relacionada con recortes presupuestales, subejercicio de recursos públicos, escasez de personal y falta de capacitación de los ministerios públicos. La desproporción entre la carga de trabajo y los recursos disponibles es tal que un agente adscrito a esta fiscalía tiene en promedio 50 carpetas de investigación a su cargo.

De acuerdo con dos distintas solicitudes de información pública, cuyos datos fueron sintetizados para esta nota, la FECC ha iniciado 3 mil 036 carpetas de investigación entre marzo de 2019 —fecha de su creación constitucional— y octubre de 2022.

Los expedientes fueron iniciados por delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, cohecho, intimidación, encubrimiento y fraude.

De esas carpetas, la fiscalía ha judicializado 111, lo que representa el 3.6% del total, conforme a las cifras revisadas. Y, de este total, solo ha obtenido siete sentencias condenatorias contra funcionarios federales: dos en juicios orales y cinco en juicios abreviados.

Animal Político solicitó un posicionamiento a la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja, pero no hubo respuesta.

Personal insuficiente

La FECC nació en marzo de 2019, como parte de la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en FGR, con la que se le dotó de autonomía constitucional respecto del Poder Ejecutivo. 

Pero la naciente fiscalía no contó con presupuesto etiquetado para su primer año de operación, de modo que otras áreas de la FGR tuvieron que transferirle recursos humanos y financieros.

“En este contexto, si bien se recibieron denuncias competencia de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción desde el primer día, no se tuvieron las condiciones para abrir una carpeta de investigación sino hasta el mes de mayo (de 2019), fecha en la cual se comisionaron a tres ministerios públicos. Pero fue hasta el mes de julio cuando se estuvo en posibilidad de comenzar a realizar las investigaciones conducentes en virtud de que, a partir de ese momento, se contó con el personal mínimo necesario para realizar todos los pasos que las diligencias ministeriales requieren”, expuso la fiscal Mijangos en su informe de labores de 2019 remitido al Congreso.

Allí, la funcionaria explicó que el arranque de la nueva FECC también se vio frenado por la falta de capacitación de los ministerios públicos en el nuevo sistema penal oral.

“El sistema penal acusatorio sigue constituyendo un reto (…) A pesar de que desde el 2016 se abandonó el sistema penal mixto, hay inercias que se conservan. Los ministerios públicos comisionados a la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción en su mayoría no habían participado en juicios orales, no habían integrado carpetas de investigación de acuerdo con el sistema penal acusatorio, ni están capacitados aún en las destrezas del litigio. Esto ha complicado la determinación de las carpetas de investigación en los casos en los que debe vincularse a proceso a una persona denunciada”, señaló Mijangos.

De acuerdo con información oficial, la Fiscalía Anticorrupción pasó de tener 23 agentes del Ministerio Público a 61 en la actualidad.

Pero, aunque la cantidad de funcionarios especializados ha ido paulatinamente en aumento, es aún mayor el número de expedientes que deben integrar.

Conforme a las cifras obtenidas por transparencia, se iniciaron 773 carpetas de investigación en 2019, 794 en 2020, 854 en 2021 y 615 a octubre de 2022.

Esto significa que cada agente del Ministerio Público tiene a su cargo, en promedio, 50 carpetas al mismo tiempo.

Recortes y subejercicio presupuestal

El 2020 fue el primer año en el que la Fiscalía Anticorrupción gozó de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

No obstante, desde su creación, ha sufrido recortes a su presupuesto asignado, o bien, este no se ha ejercido.

Por ejemplo, para 2020, la Cámara de Diputados le asignó mil 100 millones de pesos, pero en el transcurso del ejercicio fiscal se le recortaron 31.3 millones, según información de la Cuenta Pública.

Del presupuesto que le quedó, de 78.6 millones de pesos, la FECC ejerció 61 millones 941 mil 686. Es decir, a pesar de la falta de personal capacitado, se quedaron sin gastar 16 millones 668 mil 845 pesos.

En 2021, los recursos asignados a la Fiscalía Anticorrupción en el PEF aumentaron a 123 millones 531 mil 300 pesos. Sin embargo, una vez más, la institución sufrió un recorte, ahora de 56.9 millones de pesos (casi la mitad de lo que se le otorgó originalmente).

Ese año, la fiscalía gastó los 66 millones 597 mil 835 pesos que le quedaron, es decir, no hubo subejercicio.

Para 2022, la FECC obtuvo recursos del PEF por 174 millones 792 mil 336 pesos. Si bien esta vez no se le aplicaron reducciones, durante la primera mitad del año ejerció solo 31 millones 867 mil 101 pesos, de acuerdo con datos más actuales de la Cuenta Pública, es decir, solo el 18% del total de su presupuesto anual.

En el proyecto del PEF 2023, a la Fiscalía Anticorrupción se le destinan 223 millones 363 mil 087 pesos, el gasto más elevado desde su creación. Sin embargo, es probable que durante el ejercicio fiscal del próximo año nuevamente se le apliquen recortes o que la institución incurra otra vez en subejercicios.

Las investigaciones

La FECC nació con la encomienda de combatir la “gran corrupción” en el gobierno, pero también los casos aislados, tomando en cuenta que en los casos participan no solo servidores públicos, sino también, muchas veces, empresarios.

Según los informes de labores de la Fiscalía Anticorrupción correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 —los únicos disponibles—, la mayoría de los funcionarios contra los cuales se han iniciado carpetas de investigación pertenecen a Pemex, el ISSSTE, el IMSS, el SAT, la extinta Policía Federal y la Sedatu.

De las 3 mil 036 carpetas abiertas por la FECC, en 305 casos se determinó la incompetencia de la fiscalía para investigar, en cuyo caso, a veces, los expedientes se turnan a otras áreas de la FGR. En otros 114 casos, se determinó la abstención de investigar, y en otros 277 se determinó el no ejercicio de la acción penal, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por transparencia.

Solo 111 carpetas de investigación fueron presentadas ante un juez federal. 

Uno de los asuntos donde la FECC logró la vinculación a proceso de funcionarios públicos —al considerar el juez que existían elementos suficientes para presumir su responsabilidad en los delitos de que se les acusó— fue por un caso de corrupción al interior del INE, en relación con un contrato adjudicado de manera irregular a una empresa de eventos.

Otro caso judicializado está relacionado con una pugna entre el IMSS y la Secretaría de Hacienda por la centralización de los recursos en la Oficialía Mayor, que habría causado una parálisis presupuestal y desabasto de medicamentos, tal como documentó Animal Político.

Conforme a los datos obtenidos mediante solicitudes de información, solo en siete casos de las 111 carpetas judicializadas se logró una sentencia condenatoria en contra de funcionarios federales. 

Dos de esas sentencias se obtuvieron en juicios orales. En un caso, por el delito de cohecho, el juez impuso a un funcionario una pena de dos años y ocho meses de prisión e inhabilitación por 292 días para desempeñar cargos públicos. En el segundo asunto, por el delito de peculado, se impuso una pena de un año y cuatro meses de cárcel, multa de 5 mil 660 pesos, inhabilitación por seis años y ocho meses para ejercer cargos públicos, y reparación del daño por 354 mil 691 pesos.

Ha habido otros grandes casos de corrupción que, sin embargo, no son investigados desde la FECC, sino desde la Fiscalía de Control Competencial, encabezada por Juan Ramos López, mano derecha del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Un ejemplo de esta situación ocurrió en el caso de la investigación contra Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, y otros funcionarios por presuntamente favorecer desde su cargo público a la empresa Aleática, antes OHL. De acuerdo con autoridades de la FGR, ese expediente se armó en la Fiscalía de Asuntos Internos y de ahí se derivó a la fiscalía de Ramos, sin pasar por las manos de la fiscal Mijangos.

Otro caso es el de la corrupción millonaria en Segalmex, cuyo daño al erario asciende a 9 mil 500 millones de pesos. El primer expediente se integró en la Fiscalía Anticorrupción, pero después pasó a manos del fiscal Ramos, desde donde se conducen las indagatorias actualmente. Incluso, una nueva carpeta de investigación por el caso Segalmex se inició en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dejando fuera de la investigación a la fiscalía de Mijangos.

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Ucrania: qué son y cómo funcionan los drones kamikaze (y qué papel están jugando en la guerra)

Se cree que Moscú comenzó a usar estos mortíferos drones en septiembre en ataques contra la región de Járkiv.
18 de octubre, 2022
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Rusia lanzó una nueva ola de ataques con drones en el centro de la capital, Kyiv, en un nuevo impulso de la campaña de Moscú contra la infraestructura de Ucrania.

Según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, en el ataque usó los llamados drones kamikaze de fabricación iraní.

No es la primera vez que Rusia usa estos drones, llamados Shahed-136.

En septiembre el ejército ucraniano informó de varios ataques “devastadores” en la región de Járkiv con estas mismas armas.

Los Shahed-136, que Rusia llama Geranium-2, son sólo una clase de los miles de drones que ambas partes están usando en la guerra para detectar posiciones enemigas, lanzar misiles y disparar directamente la artillería.

Qué son los drones kamikaze

Los drones Shahed-136 están operativos desde el 2021 y fueron desarrollados por la empresa estatal iraní HESA.

Fueron diseñados esencialmente para neutralizar objetivos terrestres desde la distancia y su diseño les permite evadir las defensas aéreas.

Antes de ser utilizados por el ejército ruso en Ucrania, se les vio por primera vez desplegados activamente en áreas controladas por los hutiés en Yemen.

Aunque Irán no ha confirmado oficialmente haber enviado los Shahed-136 a Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dijo que Moscú había comprado 2.400.

Se les describe como drones “kamikaze” o “suicidas”, pero los expertos afirman que es mejor definirlos como pequeños misiles de crucero.

Forman parte de las llamadas municiones “loitering” o merodeadoras, que vuelan pasivamente sobre el área objetivo y atacan solo cuando encuentran el blanco.

Pero la táctica de ataque de los drones kamikaze, como lo indica su nombre coloquial, es explotar y destruirse sobre el blanco enemigo para causar máximo daño.

El alcalde Klitschko compartió en Telegram una foto de lo que dijo eran fragmentos de un dron kamikaze.

Telegram
El alcalde Klitschko compartió en Telegram una foto de lo que dijo eran fragmentos de un dron kamikaze.

Cómo funcionan

Los drones tienen unos 2.500 km de alcance por lo que pueden ejecutar ataques a larga distancia.

Llevan un pequeño motor de hélices en la parte trasera del fuselaje y su aerodinámica emplea el formato de ala delta.

Miden 3,5 metros de largo, una envergadura de 2,5 metros y pesan casi 200 kilogramos.

En el extremo delantero llevan una ojiva explosiva y el sistema de guiado funciona a través de un sensor óptico.

Pero tienen una capacidad destructiva relativamente limitada ya que sólo pueden llevar una carga útil de 50 kilos.

Los drones son lanzados desde plataformas que emplean un sistema de cohetes para impulsarlos en las primeras fases de vuelo.

La plataforma de despegue puede colocarse tanto en vehículos militares como civiles y cada lanzador puede albergar hasta cinco drones a la vez.

“Vuelan bajo y puedes enviarlos en oleadas. Estos enjambres de drones son mucho más difíciles de contrarrestar con defensas aéreas”, le dijo a la BBC el experto militar Justin Crump.

El Shahed-136 también es relativamente barato, con un costo de alrededor de US$20.000.

BBC

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Justin Bronk, especialista en poder aéreo del Royal United Services Institute (Rusi), un centro de estudios basado en Londres, le dijo al diario The Guardian que los drones “son difíciles de interceptar de forma consistente”.

El experto explica que estos drones tienen una velocidad aerodinámica lenta, comparados con los misiles de crucero, lo que significa que las defensas aéreas siempre tendrán una oportunidad para interceptarlos.

“En última instancia, ofrecen una forma para que Rusia cause más bajas civiles y militares en Ucrania, pero no cambiará el rumbo de la guerra”, indica el analista.

Los equipos de defensa aérea ucranianos alrededor de Kyiv han estado utilizando misiles antiaéreos para intentar derribarlos.

A principios de octubre, las fuerzas armadas de Ucrania dijeron que estaban interceptando el 60% de todos los drones Shahed-136 entrantes.

¿Ucrania también ha utilizado drones kamikaze?

Ucrania también tiene drones kamikaze, incluido el modelo Switchblade fabricado por Estados Unidos.

Recientemente ha realizado ataques con estos drones contra una base militar rusa en Saky, en el oeste de Crimea, contra una base aérea cerca de Sebastopol y contra barcos rusos en el puerto de Sebastopol.

La doctora Marina Miron, investigadora de estudios de defensa del King’s College de Londres, le dijo a la BBC: “Si observas las explosiones en los ataques, son bastante pequeñas”.

“Sospecho que se trata de drones kamikaze caseros, a los que se les han atado explosivos”.

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¿Qué otros drones tienen Ucrania y Rusia?

El principal dron militar de Ucrania es el Bayraktar TB2 de fabricación turca. Tiene aproximadamente el tamaño de un avión pequeño, lleva cámaras a bordo y puede armarse con bombas guiadas por láser.

Al comienzo de la guerra, Ucrania tenía una flota de “menos de 50” de estos, dice el doctor Jack Watling del grupo de expertos del Royal United Services Institute.

Rusia también usa el Orlan-10 “más pequeño y básico”, que tiene cámaras y puede transportar bombas pequeñas.

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