FGR tiene 40 días para crear el Banco Nacional de Datos Forenses
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Juez da 40 días a la FGR para crear el Banco Nacional de Datos Forenses; la dependencia incumple desde hace más de cuatro años

El Banco Nacional de Datos Forenses es esencial para la identificación de restos humanos y debió quedar listo en enero de 2019.
Cuartoscuro
Por Marcela Nochebuena
20 de octubre, 2022
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Después de más de cuatro años de incumplimiento; y en respuesta a una demanda de amparo promovida por Olimpia Montoya, familiar de una persona desaparecida en Guanajuato, un juez resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) fue omisa en la creación del Banco Nacional de Datos forenses y le ordenó crear e implementar esta herramienta en un plazo de 40 días.

En la resolución 250/2022, del pasado 5 de octubre, se da respuesta al amparo promovido por Olimpia, con el acompañamiento del Centro Pro Juárez, en reclamo a diversas afectaciones a su derecho a la verdad y a la justicia como consecuencia de la falta de operación del Banco Nacional de Datos Forenses.

El banco es uno de los instrumentos esenciales para la identificación de restos humanos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La importancia del Banco Nacional de Datos

Los mecanismos pendientes de creación, la insuficiencia de los servicios forenses y la falta de una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas han contribuido a perpetuar la crisis forense en México, ante la cual, de acuerdo con el Comité para la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, tomaría 120 años o más analizar los restos de las más de 52 mil personas fallecidas que, se calcula, permanecen sin identificar en el país.  

Olimpia, hermana de Marco Antonio Montoya, desaparecido en Guanajuato el 18 de marzo de 2017, y que hoy pertenece al colectivo Proyecto de Búsqueda en Celaya, explicó que el banco es fundamental para encontrar a los seres queridos de las familias que les buscan.

Hasta ahora deben, por cuenta propia, procurar que sus perfiles genéticos sean cotejados en cada entidad donde pudo haber ocurrido la desaparición, llevándolos personalmente a cada una de las fiscalías estatales.  

“Al haber un verdadero banco tendríamos la seguridad de que nuestro familiar no se encuentra en otro municipio o estado”, dijo.

Eso la llevó a interponer el amparo el 30 de agosto de 2021, cuyos resultados reflejan la lucha de todas las madres que han fallecido sin saber dónde están sus familiares, porque no es fácil buscar a una persona ausente sin los mecanismos que deberían proveer las autoridades. 

En conferencia de prensa, César Contreras, abogado del Centro Pro, detalló que existen cerca de 34 bases de datos genéticos diferentes en México, pero los estados no comparten la información que tienen actualizada y en tiempo real, por lo que se calcula que la FGR solo cuenta con uno de cada tres perfiles genéticos de todo el país. 

El banco es una herramienta indispensable que la dependencia debió tener lista en su totalidad en enero de 2019.

La resolución del juez es un precedente en materia del derecho de todas las personas a ser buscadas y, en su caso, identificadas, así como a la verdad y la justicia. 

En el año de litigio que tomó esta resolución, la Fiscalía no aportó ninguna prueba de que el banco exista.

En el más reciente informe de su visita a México, el CED de la ONU expresó su preocupación por que a cuatro años de la entrada en vigor de la ley, no se ha creado un banco nacional de datos forenses, un registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, ni un registro nacional de fosas.

En la resolución se reconoce que hay una grave crisis de desaparición, particularmente en Guanajuato, y a partir de ello se determina que existe un derecho a la identificación humana, explicó Contreras. La inexistencia del banco dificulta la búsqueda y desaparición de las personas en general.

El juzgado también expresó que no es ajeno al dolor que provoca su desaparición, y reconoce que los familiares se han visto obligados a implementar por cuenta propia acciones de búsqueda e investigación. 

La exigencia de su creación no se refiere solo a la existencia de la herramienta tecnológica, sino a que esta sea operativa y que permita la recuperación de datos en morges y fosas comunes, que han permanecido olvidados en las fiscalías. “Llamamos a la #IdentificaciónYa, y a que por fin las fiscalías del país den una respuesta institucional a tantas familias”, dijo Contreras. 

Cuatro años sin cumplir la ley

La Ley General en materia de desaparición establece, en su tercera sección, que el Banco Nacional de Datos Forenses debería conformarse con “las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las entidades federativas, incluidos los de información genética, los cuales deben estar interconectados en tiempo real”. Del mismo modo, prevé su interconexión con las herramientas de búsqueda e identificación y con personal capacitado.

A ese respecto, Jorge Verástegui, de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), subrayó que el cumplimiento de la creación y puesta en marcha del banco no requiere que la FGR parta desde cero, sino precisamente que recopile y coordine el intercambio y cruce de información de las bases de las entidades federativas para conformar el banco nacional. 

De acuerdo con la ley, la función del banco tendría que complementarse mediante cruces de información de manera permanente y continua con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), así como con un Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, y otros instrumentos que puedan contener información forense relevante para la búsqueda de personas.

El instrumento debería contar con información pericial forense para la identificación de personas, del mismo modo que con una base de datos de información genética de los familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o en segundo grado en línea colateral, de las personas desaparecidas y no localizadas, así como la de terceras personas en los casos que las autoridades ministeriales o judiciales la requieran como datos o medios de prueba.

Aunado a ello, la Ley General detalla que las fiscalías y procuradurías locales deben coordinar la operación de su respectivo registro y compartir de manera permanente la información con la FGR, que tendría que emitir lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan los datos de manera homologada. Además, debería administrar un Registro Forense Federal. 

La operación del banco requeriría también de una coordinación clara entre fiscalías locales, la FGR; y los órganos autónomos de búsqueda. Su funcionamiento sería también de utilidad para otros mecanismos, como el Centro Nacional de Identificación Humana.

La cifra de personas que yacen hasta hoy en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense podría ser mucho mayor al cálculo de 52 mil. La falta de un Banco Nacional de Datos Forenses impide contar con una estadística actualizada.

“Gracias, Olimpia”

“Gracias, Olimpia, porque al haberte atrevido a desafiar al sistema y a poner el nombre de Marco Antonio en una demanda de amparo, nos estás ayudando a buscar a todos nuestros desaparecidos en México. Quiero expresarte mi más profundo agradecimiento por demostrarnos que desde que ya no están, no existe el miedo”, expresó en conferencia de prensa María Luisa Núñez Barojas, del colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla.

Aseguró que familiares y colectivos celebran que la lucha y el dolor de las familias han logrado hacer eco en un juez federal que se convirtió en la máxima esperanza al no obtener respuestas.

“En Puebla no se ha logrado derribar ese muro. Nosotros hemos tenido que caminar un viacrucis en el que no hemos obtenido resoluciones favorables ni con amparos”, lamentó.

La resolución del juez es, para el resto de familias que buscan, una acción esperanzadora. La sentencia abre la puerta a trabajar en el importante rezago en materia forense en el país. Que exista una autoridad que no sucumba ante los discursos del gobierno y la fiscalía general significa que se pone a las familias al centro y se anteponen sus derechos, dijo María Luisa.

Recordó que las instituciones deben estar al servicio de la comunidad y de los ciudadanos, y ya que no han cumplido con garantizar la seguridad para no tener una crisis de desapariciones, deben atender la disposición legal de crear el banco.

“Es una deuda que jamás nos van a pagar; no van a resarcir el daño y lo que la ineficacia del Estado ha generado a las familias en México. Esta sentencia es un paso agigantado; significa un rayo de vida para quienes hemos perdido confianza en las instituciones. Las familias acuden todos los días a buscar entre los muertos, ya que no se garantiza la identificación ni la búsqueda en vida”, reclamó.

Subrayó la importancia de que este mecanismo sea operante, y no se cree solo como uno más. El integrante de las Fundem añadió que estas acciones no solamente benefician un caso, sino que permiten que el camino de otras familias sea menos doloroso y tortuoso. 

Ante una fiscalía que ha actuado de forma criminal, señaló, y si tras la resolución no cumple con el deber de poner en marcha el banco, la pregunta para el Estado es si, de la misma manera como ha obligado a las familias a hacerse cargo de la búsqueda, también está esperando a que sean ellas las que creen un sistema nacional forense.

 

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Quiénes son los Tequileros, banda criminal a la que se le atribuye la masacre de 20 personas en Guerrero

Un grupo delictivo muy violento llevó a cabo una masacre en Guerrero. Las autoridades apuntan a los Tequileros, una banda que la mayor parte del tiempo ha pasado desapercibida.
8 de octubre, 2022
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Los Tequileros son un grupo muy local, pero que han llegado a ejercer mucha violencia.

Su influencia se limitaba a dos o tres municipios del estado de Guerrero, en la región de Tierra Caliente, donde se registra una alta producción y trasiego de drogas.

El pasado miércoles, una banda armada llevó a cabo una masacre a gran escala que llamó la atención más allá de México y las autoridades apuntan a los Tequileros como presuntos autores.

Los atacantes asesinaron con armas de grueso calibre al presidente municipal de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, así como otros cinco funcionarios municipales y familiares y civiles que estaban reunidos en esa localidad.

También mataron al exalcalde Juan Mendoza, que era padre del actual presidente local. En total, 20 personas perdieron la vida, informó el jueves el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía.

“Ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como la Familia Michoacana, cuyas cabezas apodadas el Pez y el Fresa son los líderes criminales de esa región”, detalló el funcionario al adelantar los primeros indicios de la investigación.

foto de primer plano de Conrado Mendoza Almeda

Gobierno de San Miguel Totolapan
Conrado Mendoza fue asesinado en el ataque ocurrido el 6 de octubre.

La disputa entre los Tequileros y la Familia Michoacana viene desde hace una década, pero se ha dado fuera de la atención pública nacional, salvo cuando se han producido enfrentamientos como el del miércoles, le explica a BBC Mundo el experto en seguridad Víctor Sánchez.

“Como hay esa combinación de poca atención gubernamental y procesos de infiltración de las autoridades de larga data, se da una especie de bomba de tiempo. Al no incluir su acción en ciudades grandes, como Acapulco, no llaman tanto la atención de las autoridades o de los medios, salvo cuando se desborda el problema”, explica Sánchez.

El Tequilero

El nombre del grupo viene de su fundador, Raybel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero.

Desde la década de 2000, encabezó las acciones de tráfico de drogas en San Miguel Totolapan, el cual es un municipio con alta producción de opio, “uno de los de más alta producción en México”, describe Sánchez.

Raybel Jacobo "el Tequilero"

PGR
Se presume que Raybel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero, murió en 2018.

Se encuentra en la región de Tierra Caliente, la cual se extiende también al vecino estado de Michoacán, el cual históricamente ha sido dominado por el grupo la Familia Michoacana y grupos derivados, como los Caballeros Templarios.

En la década pasada, la lucha por el control de una región altamente productiva en sembradíos de marihuana y amapola llegó a las puertas de San Miguel Totolapan.

En esa disputa, el Tequilero presuntamente murió en 2018 tras un enfrentamiento. Hasta hoy se asume que Raybel Jacobo de Almonte falleció, pese a que su cuerpo nunca fue identificado.

“Es una organización que perdió algo de fuerza con el supuesto abatimiento de su líder, pero vemos que no desapareció, que siguió presente”, explica Sánchez.

“Pero por concentrar su fuerza en un solo municipio difícilmente llegan los medios de comunicación, salvo en estos casos en los que se ve un incremento de la violencia o situaciones de violencia paradigmática”.

Map

No obstante, los Tequileros han usado la violencia para realizar secuestros y extorsiones en San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y partes de Arcelia.

En la actualidad, hombres identificados por sus apodos, el Vago y la Mula, son quienes asumieron el liderazgo de los Tequileros.

En 2020, la Mula afirmó en un video que habían efectuado un pacto con el cartel Jalisco Nueva Generación, que rivaliza con la Familia Michoacana. Pero para Sánchez, solo es una alianza menor para traficar droga.

¿Por qué el ataque en su “territorio”?

Desde la década pasada había sospechas de que las autoridades en San Miguel Totolapan colaboraban con los Tequileros.

La reciente filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) da muestra de ello.

El informe confidencial de 2014 titulado “Presidentes municipales del estado de Guerrero con presuntos vínculos con el narcotráfico” identifica a Saúl Beltrán Orozco.

Denuncias obtenidas por la Sedena dicen que era “compadre” de Raybel Jacobo de Almonte, “dirigente del grupo delictivo a quien protege y proporciona información”.

Como ocurre en muchas localidades pequeñas del país, “hay una captura del aparato municipal para la obtención de rentas a través de la colocación de funcionario municipales”, explica Sánchez.

Varias personas en un cortejo fúnebre en San Miguel Totolapan

Getty Images
Una hipótesis del caso señala que el alcalde Conrado Mendoza creó un acuerdo con la Familia Michpacana.

El ataque del pasado miércoles contra Conrado Mendoza se dio cuando este presuntamente iba a sostener una reunión con José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa, líder local de la Familia Michoacana.

El propio Hurtado Olascoaga publicó el jueves un video en el que señala que estaba por bajar de su vehículo para reunirse con Mendoza cuando se desató el ataque del que pudo huir.

El ataque, presume Sánchez, se da por “una especie de venganza por haber cambiado de bando”.

Como en otras regiones de México capturadas por grupos delictivos, en San Miguel Totolapan se combinan factores que favorecen a esas bandas: poco empleo o inversiones, pobreza y corrupción de autoridades.

Por eso Sánchez señala que crean “bombas de tiempo” que de tanto en tanto explotan.


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