Titular de Segalmex debe explicar irregularidades en dependencia
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Leonel Cota, titular de Segalmex, comparecerá ante Diputados para explicar las irregularidades de la dependencia

Las irregularidades detectadas por uso indebido de casi 5 mil millones de pesos se cometieron en la administración de Ignacio Ovalle, quien fue removido del cargo en abril de este año y nombrado nuevo coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
30 de octubre, 2022
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Leonel Cota, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), deberá comparecer ante la comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados para explicar las irregularidades que se han encontrado en la dependencia.

La diputada panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien solicitó la comparecencia, dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado diversas auditorías de cumplimiento, desempeño y financieras que “dejan claro el desastre que priva en Segalmex”, por lo que pidió llevar a cabo las investigaciones y sanciones correspondientes.

 

La solicitud fue secundada por los diputados de Morena Inés Parra Juárez, Arturo Hernández Tapia, Azael Santiago Chepi y Adela Ramos Juárez, y por la diputada priista Carolina Viggiano Austria, para que el titular de Segalmex “explique, aclare y justifique lo relacionado con las auditorías 283-DE y 327-DE, en las cuales se detectaron recursos por aclarar por cinco mil 640 millones de pesos y tres mil 396 millones de pesos, respectivamente, entre otras irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en las Cuentas Públicas 2019 y 2020, así como los desfalcos que han documentado medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil”.

Las irregularidades de Segalmex

La Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido 38 denuncias penales presentadas contra Segalmex por posible delincuencia organizada.

Las denuncias fueron presentadas ante presuntos actos de corrupción que ocasionaron una desarticulación administrativa en SegalmexDiconsa y Liconsa.

Si bien no se conoce con precisión a cuánto asciende el monto del daño presupuestal que consignó la ASF en sus denuncias, una revisión a la Cuenta Pública de 2019 y 2020 muestra que se formularon 43 pliegos de observaciones por un mal uso de recursos públicos por 4 mil 793 millones 411 mil 130 pesos en ambos ejercicios fiscales.

Las irregularidades detectadas se cometieron en la administración de Ignacio Ovalle, quien fue removido del cargo en abril de este año y nombrado nuevo coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que forma parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Un mes después, Ovalle declaró ante el Ministerio Público que “no recordaba haber firmado” el oficio mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, operación fraudulenta que investiga la FGR y cuyo expediente ya se presentó ante un juez. En ese entonces indicó “que no recordaba haber visto” el documento que lleva su firma, o que “no podía corroborar la autenticidad del trazo porque este se veía borroso”; incluso admitió que pudo haberlo firmado, “pero sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, porque a diario recibía documentos para signarlos”.

Animal Político reveló la existencia del oficio mediante el cual Ovalle autorizó en febrero de 2020 a su entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, efectuar las inversiones en la bolsa con recursos públicos de Segalmex, empresa paraestatal creada por la actual administración obradorista.

Hasta el momento sólo Gavira Segreste ha sido vinculado a proceso por el delito de uso indebido de facultades, a pesar del oficio que prueba la autorización otorgada por Ovalle a su subalterno.

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Qué se sabe del hombre detenido tras apuntar con una pistola a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina

En el momento en que lo atraparon, trató de huir, pero lo agarraron de la camisa cerca del edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner
2 de septiembre, 2022
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Un ciudadano brasileño identificado como Fernando André Sabag Montiel apuntó con un arma a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el jueves por la noche, según confirmó la policía.

Poco después, el hombre fue detenido por la policía.

Imágenes difundidas por canales de televisión del país muestran el momento en el que un sujeto con una pistola apunta a Kirchner al llegar a su residencia del barrio de Recoleta tras una sesión en el Senado.

No están claras de momento las motivaciones ni las circunstancias detrás del suceso que el oficialismo ha presentado como un “intento de magnicidio”.

En las imágenes parece que el individuo aprieta el gatillo sin que el arma funcione.

Montiel, de 35 años, portaba una pistola Bersa 380 -fabricada en Argentina- cargada con cinco balas, según informó la Policía Federal.

La acción del hombre, que vestía una gorra negra y un cubrebocas, llamó la atención de los simpatizantes de la expresidenta que lo agarraron en medio de la multitud, según muestran imágenes de emisoras locales.

En el momento en que lo atraparon, cerca del edificio donde vive Fernández, trató de huir, pero lo tomaron por la camisa.

El hombre fue detenido y trasladado a una comisaría de la ciudad de Buenos Aires.

La agencia estatal Télam indicó más tarde que el sospechoso fue llevado a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina en el barrio de Villa Lugano para su interrogatorio.

sspechoso

RENAPER

“La pistola no funcionó”

Según fuentes policiales, ya había sido detenido por la policía en marzo de 2021 cuando portaba un cuchillo.

El presidente Alberto Fernández pronunció un discurso en la televisión nacional poco después del ataque en el que aseguró que el arma tenía cinco balas y que Fernández está viva porque la pistola no funcionó.

El mandatario decretó festivo este viernes tras lo ocurrido.

Cientos de simpatizantes de Fernández de Kirchner llevan días en los alrededores de su residencia, después de que la Fiscalía pidiera para ella 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por presunta corrupción.


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