Los reclamos de la marcha por el 68 se centran contra el Ejército
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FOTOS: Sharenii Guzmán

“No a la militarización, no olvidamos, no perdonamos”: los reclamos de la marcha por el 68 se centran contra el Ejército

En la marcha de ayer en la CDMX, para conmemorar los 54 años de la matanza de estudiantes, el elemento común fueron los reclamos contra las Fuerzas Armadas por su participación en casos de violaciones a los derechos humanos.
FOTOS: Sharenii Guzmán
Por Alfredo Maza
3 de octubre, 2022
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A solo unos metros de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con el semblante serio y vestimenta militar, una mujer de aproximadamente 65 años de edad miraba cómo cientos de estudiantes se organizaban para iniciar la marcha por los 54 años de la matanza del 2 de octubre de 1968.

Se mantuvo inmóvil hasta que el Comité 68 comenzó a avanzar y a gritar consignas. Fue justo en ese momento cuando ella decidió también actuar. Lentamente, levantó su puño derecho envuelto en un guante blanco y lo comenzó a abrir poco a poco, solo para dejar notar que su interior estaba manchado de rojo.

Sin decirlo, intentaba representar a los francotiradores del Batallón Olimpia del Ejército, que el 2 de octubre de 1968 dispararon contra miles de estudiantes que se encontraban en una manifestación pacífica para protestar contra la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

La manera como los soldados salieron sin daño de aquella tarde fue portando aquel distintivo guante blanco o un paliacate del mismo color en el brazo derecho, mientras que del lado estudiantil hubo unos 300 muertos y decenas de desaparecidos.

Por eso, en su mano izquierda ahora la mujer sostuvo una gran cartulina blanca que en grandes letras negras decía “02-Oct-1968-Tlat”; además, recordaba el halconazo de 1971 y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, hechos en los que también se señala la participación del Ejército.

Este domingo, al tiempo que personas volvían a tomar las calles por el 68, un grupo accedió al techo del Museo Memorial del 68 para desplegar una gran manta que decía “Alto a la militarización. Lxs militares a los cuarteles y los estudiantes a las calles”

Sobre Eje Central avanzaron los integrantes del Comité 68, seguidos por padres de los 43 normalistas, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y demás contingentes estudiantiles, populares, sociales y sindicales.

“¡Estudiantes contra la militarización! ¡Ni perdón ni olvido!”, “La ‘verdad histórica’ nos enseña que el Ejército mata, desaparece y persigue estudiantes”, “Somos hijos del 68 y hermanos de los 43” y “No habrá democracia hasta que se vote la existencia militar” fueron solo algunos de los cientos de mensajes que los estudiantes mostraron en pancartas.

Poco a poco, el ánimo de la manifestación tomó forma. Los normalistas hicieron temblar el puente por debajo de Reforma cuando decidieron hacer el conteo del 1 al 43 para recordar a sus compañeros desaparecidos.

Mientras ellos gritaban “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, un grupo de jóvenes encapuchados aprovechó para pintar consignas en las paredes del puente y establecimientos.

Lee: Marcha 2 de octubre: ¡Ni perdón, ni olvido! Conmemoran 54 años de la masacre de Tlatelolco de 1968

Entre todas esas intervenciones, resaltó una que en grandes letras blancas con fondo negro decía “EJÉRCITO ASESINO 68 y 43”, colocada a tan solo unos metros de un gran mural que mostraba a un estudiante detenido por dos militares con rostros de calavera. 

Pese a esporádicos actos vandálicos, la marcha avanzó ordenadamente hasta llegar al Zócalo, donde poco a poco los estudiantes comenzaron a reunirse con sus contingentes, amigos y profesores, listos para un mitin.

“El crimen más grande es el crimen de ser estudiante”

El primero en hablar ante el público fue Félix Hernández Gamundi, del Comité 68, que aprovechó el espacio para recordar el porqué de la manifestación.

“Estamos aquí porque tenemos una gran tarea pendiente y tenemos una demanda histórica. En 68 y después del 68, el Estado mexicano cometió un crimen de lesa humanidad, de manera sostenida y sistemática, llegando desde el 68 hasta la Guerra Sucia y Ayotzinapa”, dijo.

“(Hay demandas) por justicia, por reparación del daño y por garantía de no repetición (…) Y esto no se puede lograr en medio de un proceso de militarización generalizada de la vida pública nacional”, insistió.

“Cada vez que la fuerza militar ha estado a cargo de tareas de seguridad pública, el pueblo ha sufrido la violencia, ha sufrido la violación de los derechos humanos”.

Luego de Hernández Gamundi, tomó la palabra el padre del normalista Mauricio Ortega Valerio, que en compañía del papá de Adán Abraján de la Cruz dijo que a 54 años de Tlatelolco “no hay diferencia” ni en ese caso ni en el suyo.

“Hoy llevamos ocho años donde igual el cuerpo del Ejército mexicano como institución participó en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Ocho años, compañeros, que no hay justicia, que no se sabe el paradero de los estudiantes (…) Pero llegará el triunfo y la victoria, porque con ustedes vamos a llegar hasta el final”, dijo.

En medio de los posicionamientos, un alumno de la Normal con la voz ronca de tanto gritar señaló: “Nos encontramos una vez más reunidos por un objetivo común, que es eliminar la impunidad dentro del país mexicano que desde el año 68 se viene presentando. Desde el año 68 quedó bien claro (que) para este gobierno el crimen más grande es el crimen de estudiar, de ser estudiante”.

Ni perdón ni olvido… ni militarización

De acuerdo con el Comité 68, el domingo 11 de septiembre la Fiscalía General de la República (FGR) clasificó como confidencial por cinco años toda la información referente a 450 averiguaciones previas iniciadas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con lo que se pretende “lapidar” el acceso a la justicia para más de 500 desaparecidos por motivos políticos.

“A esto se suma que el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, entrega su renuncia, y (el exprocurador Jesús) Murillo Karam intenta eludir la justicia sin que el fiscal general de la República (Alejandro Gertz) dé cuentas; por el contrario, opaca, enrarece y obstaculiza el acceso a la justicia en este y todos los casos, en los del pasado y los del presente”, reclamó una integrante del Comité 68 al final del mitin.

“Por eso, hacemos un llamado urgente a permanecer atentos a la vida pública, intensificar y profundizar los procesos organizativos, a solidarizarnos y coordinarnos con todas las luchas y sus acciones legítimas, a sostener de manera permanente la movilización para impedir la militarización de nuestro país. No a la militarización, no olvidamos, no perdonamos y de ninguna manera nos reconciliamos”. 

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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