Airbnb concentra 90% de los alojamientos en destinos turísticos
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Airbnb concentra más de 90% de los alojamientos temporales en destinos turísticos; Quintana Roo y CDMX, entidades con más espacios

La plataforma supera por un amplio margen a otras que ofrecen casas, departamentos o cuartos en esquema de renta de corta duración. En Quintana Roo hay más de 31 mil espacios de este tipo.
Cuartoscuro
24 de noviembre, 2022
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Los alojamientos temporales para turistas —casas, departamentos o cuartos que ofrecen sus servicios a través de plataformas virtuales— se concentran en 21 estados del país. En la mayoría de ellos, de acuerdo con datos de la empresa intermediaria AirDNA, más del 90% de estos espacios son promovidos dentro de Airbnb.

Las métricas de AirDNA muestran que los destinos con mayor número de alojamientos activos —que fueron alquilados por lo menos una vez en el último mes— se ubican en la Ciudad de México, Playa del Carmen, Cancún-Isla Mujeres y Puerto Vallarta. En el caso de la capital, Airbnb concentra el 91% de las ofertas.

En otros estados, Airbnb acapara mayor porcentaje de los alojamientos de renta temporal para turistas. En Puebla e Hidalgo, la empresa tiene registrado el 99% de las ofertas, mientras que en estados como San Luis Potosí, Chiapas, Guanajuato y Aguascalientes, el número de casas y recámaras que se anuncian en la plataforma alcanza el 98%.

Los estados donde el porcentaje de alojamientos en Airbnb es menor son Sonora (50%), Baja California Sur (52%), Jalisco (70%), Nayarit (73%) y Guerrero (83%). Aquellos espacios que no se promueven en esta plataforma son ofertados a través del servicio de la empresa Vrbo o en ambas aplicaciones. En todos los casos, al menos la mitad de los espacios están anunciados como viviendas o departamentos completos.

Lee: “De un día para otro somos desechables”: la expansión de la vivienda tipo Airbnb en la CDMX expulsa a vecinos de zonas céntricas

¿Qué se sabe de los alojamientos?

El destino del que se tiene mayor información sobre los alojamientos para turistas en el país es la CDMX. Según la asociación Inside Airbnb, es la entidad con mayor número de espacios anunciados en todas las plataformas, donde el 61.5% son casas o departamentos completos y hay por lo menos dos anfitriones que tienen más de 100 propiedades enteras en renta.

La tarifa promedio por noche en la CDMX, de acuerdo con los datos de AirDNA, oscila en los 61 dólares (aproximadamente, mil 180 pesos). Anualmente, los anfitriones obtienen ingresos de hasta 16 mil 800 pesos, aunque en el caso de los alojamientos más lujosos la cifra puede ser mayor. A lo largo de los últimos 12 meses, el promedio de ocupación en la capital ha sido del 71%.

Aunque la capital aparece como el destino con más alojamientos activos, al sumar los espacios en renta que se ofertan en diferentes puntos de otros estados, Quintana Roo es el que acumula la mayor cantidad, con 31 mil 350 casas o habitaciones en las zonas de Playa del Carmen, Cancún, Isla Mujeres y Tulum. En estos lugares, los alojamientos pueden encontrarse desde 75 y hasta en 158 dólares (entre mil 450 y 3 mil 050 pesos).

Con una ocupación del 60% promedio, los anfitriones que rentan estos alojamientos obtienen ganancias aproximadas de 20 mil pesos cada año.

Jalisco aparece como el tercer estado con mayor número de alojamientos activos (14 mil 015), ubicados en Puerto Vallarta (7 mil 639), Guadalajara (4 mil 146) y Zapopan (mil 930). En este estado, las rentas de corta estancia tienen un 60% de ocupación promedio con tarifas variadas: en Puerto Vallarta, el destino más caro, la noche puede costar entre 125 y 156 dólares (2 mil 400 a 3 mil 070 pesos), mientras que para las zonas de Guadalajara y Zapopan, las estancias tienen un valor promedio de entre 50 y 55 dólares (entre 960 y mil 060 pesos).

Para quienes rentan en Puerto Vallarta, las ganancias anuales son de aproximadamente mil 585 dólares (30 mil 680 pesos), en Guadalajara de 673 dólares (13 mil pesos) y en Zapopan de 628 dólares (12 mil 150 pesos).

En cuarto lugar aparece Guerrero, con 9 mil 717 espacios activos en renta, distribuidos en Acapulco (7 mil 283) y Zihuatanejo (2 mil 434), que llegan a tener costos de hasta 134 dólares por noche (2 mil 590 pesos). Con una ocupación promedio del 35%, dejan a los anfitriones ganancias de hasta mil dólares anuales (19 mil 350 pesos).

Con un solo destino, Baja California Sur es el quinto estado con más espacios en renta para el turismo y el que cuenta con las tarifas más altas. Tan solo en Cabo San Lucas hay 5 mil 962 alojamientos, con un costo promedio de 295 dólares (5 mil 700 pesos) por noche, que dejan ganancias de hasta 3 mil 662 dólares (70 mil 890 pesos) anuales.

Según los datos de AirDNA, los alojamientos más económicos se pueden encontrar en Querétaro (38 dólares o 735 pesos), Puebla (39 dólares o 755 pesos), así como en León, Guanajuato, y San Cristóbal de las Casas, Chiapas (40 dólares o 770 pesos).

Aliado del turismo sin regulaciones

En diciembre de 2020, Airbnb lanzó el programa “México por Tierra”, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la World Wildlife Foundation y la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), con el objetivo de generar “rutas” para el turismo a lo largo de distintas regiones del país.

Según un análisis de la organización Gatitos contra la Desigualdad, aunque esta iniciativa tiene como fin la promoción turística —por lo que ha recibido apoyo gubernamental—, también tiene un efecto adverso en el mercado de la vivienda, pues al no tener regulaciones en cuanto al número de espacios que pueden ofertarse para rentas de corta estancia ni topes en las tarifas, encarece los precios del alquiler y la venta de propiedades.

Hasta ahora, 12 estados se han sumado a esta estrategia —de manera indirecta—, lo que ocurrió de forma paralela a la negociación de acuerdos para la recolección del impuesto sobre el hospedaje, que oscila en 3%. Estas entidades son Sinaloa, Querétaro, CDMX, Quintana Roo, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Baja California, Guerrero, Yucatán, Baja California Sur y Colima.

Lee: “No más gentrificación o habrá revolución”: ciudadanos protestan contra acuerdo entre CDMX y Airbnb

Apenas el 26 de octubre, el Gobierno de la CDMX anunció que suscribió un acuerdo con Airbnb y la Unesco para promover a la capital como un destino turístico enfocado en extranjeros que realizan trabajo vía remota o nómadas digitales, aunque —según Gatitos contra la Desigualdad— este y los otros convenios que pueda suscribir la empresa con autoridades locales podrían resultar en favores, concesiones o medidas que busquen beneficiar a la compañía, que ya anunció que el siguiente destino con el que sostendrá un convenio de promoción estatal es Yucatán.

De acuerdo con el colectivo de académicos, diversas investigaciones han demostrado que Airbnb, por su modelo de negocios y desregulación, acapara viviendas en masa y aumenta el costo de vida para las comunidades, lo que en ciudades como Barcelona, Londres, París y Nueva York ha llevado a los gobiernos a buscar medidas para limitar su impacto. Esto no está ocurriendo en México, donde algunos vecinos ya han sido expulsados de edificios cuyos dueños buscan sumarse a la plataforma.

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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