Caso Ayotzinapa: CIDH ve avances pero advierte por obstáculos
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Caso Ayotzinapa: CIDH reconoce avances, pero advierte por demoras, obstáculos y ocultamiento de información

En su más reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en este sexenio ha habido avances en las investigaciones del caso, pero al mismo tiempo persisten trabas que impiden el acceso a la justicia.
Cuartoscuro
Por Alfredo Maza
15 de noviembre, 2022
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, centrado en el seguimiento realizado de 2019 a 2022, y si bien reconoció que hay avances en las investigaciones, concluyó que persisten demoras injustificadas, obstáculos y ocultamiento de información, entre otras irregularidades.

De acuerdo con el informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento, lo más preocupante es que, “pese a la creación de nuevos mecanismos y órganos para avanzar con el caso Ayotzinapa, aunado a la voluntad manifiesta para resolver el presente caso al más alto nivel, el Estado mexicano aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”.

En conferencia de prensa desde la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada y relatora para México, fue más allá al asegurar: “Hoy está claro, frente a los avances, que tienen contrapuestos unos preocupantes desafíos que ponen en riesgo la obtención de justicia en el caso”.

Autoridades de seguridad nacional, uno de los mayores desafíos

Desde el inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió públicamente compromisos en relación al esclarecimiento del caso. Incluso, mencionó su resolución entre una de sus primeras 100 promesas de gobierno. Al asumir el poder, ordenó la conformación de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (Covaj).

Adicionalmente, desde marzo de 2021, ordenó garantizar el acceso de autoridades de la Covaj, así como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a las instalaciones militares y navales para la consulta de archivos.

Sin embargo, en su investigación, la CIDH observó que en estos cuatro años “la entrega de la información ha sido en varias ocasiones realizada de forma tardía y solo fue posible con la intervención directa del presidente de la República y después de reiteradas solicitudes del GIEI”.

Por ello, concluyó que el acceso y la entrega oficiosa de información, documentos y archivos en posesión de autoridades de seguridad nacional “continúan representando uno de los mayores desafíos para el esclarecimiento de los hechos”.

“Esta situación evidencia que, incluso ante un escenario favorable en el que se cuenta con el respaldo político del más alto nivel, persiste un contexto que dificulta la efectividad del derecho de acceso a la justicia y a la verdad de las familias. Resulta alarmante la aparición y entrega tardía de una serie de documentos bajo la custodia de fuerzas militares y órganos de inteligencia del Estado”.

Lee: Ayotzinapa, crimen de Estado; el Ejército pudo evitarlo, pero no lo hizo

Más aún, la CIDH encontró preocupante la atención diferenciada de los requerimientos de la Covaj y el GIEI frente a la actividad ministerial de la Unidad Especial para el caso (Ueilca), más tomando en cuenta que esta es la única autoridad con capacidad para judicializar carpetas de investigación.

Según lo observado por la CIDH, piezas de archivo de órganos de seguridad e inteligencia habrían sido entregadas a la Covaj y el GIEI. Sin embargo, ante las solicitudes de la fiscalía especializada de dichos documentos, “estas no habrían sido proporcionadas o su existencia habría sido negada”.

Esa diferenciación —concluye el informe— y los resultados dados a conocer de forma individual o en conjunto hacen que la CIDH vea necesario que el Estado determine una política comunicacional que dé cuenta de los avances en torno al caso y evite que la información divulgada pueda generar contradicciones entre autoridades.

Es hasta cruel construir narrativas que no estén fundamentadas, que no estén adecuadamente verificadas y corroboradas”, dijo Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH, al hablar en conferencia de prensa frente a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

Salida de fiscal especial, parteaguas en la investigación

El 26 de junio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la creación de la Ueilca, dirigida por el fiscal especial Omar Gómez Trejo, que entre sus mayores logros frente al organismo tuvo la identificación de restos óseos de al menos tres estudiantes.

No obstante, y a pesar de contar con la plena confianza de las y los padres, el 27 de septiembre pasado se dio a conocer su renuncia, luego de que la propia FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que la Ueilca había conseguido y entre las que se encontraban las de mandos militares.

En principio, la Ueilca es la unidad especial responsable de las investigaciones relacionadas con el caso, tareas que ha realizado mediante la concentración de la investigación, la producción probatoria y el establecimiento de líneas de investigación.

Lee: El fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia

“Resulta preocupante el desplazamiento de la Ueilca para efectos de la judicialización del exprocurador (Jesús) Murillo Karam, así como la solicitud de cancelación de 21 órdenes de aprehensión por parte de otra unidad fiscal ajena a los pormenores de la investigación. Este tipo de situaciones puede afectar la independencia de la Ueilca y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, dice el informe.

Por ende, entre sus recomendaciones, la CIDH señala que el Estado debe hacer un análisis pormenorizado de los hechos denunciados y, en caso necesario, “adoptar medidas concretas para encauzar la investigación, favorecer su impulso y evitar retrocesos”.

“(Estas situaciones) constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que todo órgano fiscal debe tener y que es parte del deber de investigar, con debidas diligencias, estos hechos que determinaron la salida del titular de la Ueilca y de los agentes ministeriales que tenían ya un vasto conocimiento de las investigaciones, lo que a su vez hoy puede estar afectando la continuidad y las experticias en el manejo del caso”, agregó la comisionada Arosemena.

Finalmente, si bien la CIDH reconoció una mayor judicialización de los hechos, concluyó que la dispersión de procesos en diversos juzgados genera obstáculos.

Desde hace años, los familiares de las víctimas y sus representantes han insistido en que se encargue en una sola autoridad judicial el conocimiento de todos los procesos relacionados con el caso, asunto que no ha sido del todo resuelto por el Poder Judicial.

Esto ha llevado a que en su informe la CIDH identificara “decisiones judiciales que cuestionan la calidad de delito continuado de la desaparición por una aparente contravención con el principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal, y se han observado demoras en el reconocimiento de tribunales competentes para la judicialización”.

Sobre este último punto, Mantilla pidió no olvidar que “Ayotzinapa no es un caso aislado, es un caso que se enmarca en una situación estructural de violaciones a derechos humanos y desapariciones. Pero para lograr (resolver) eso, se necesita independencia, sin duda, de poderes”.

Arosemena señaló que es importante recordar que el Estado debe generar evidencia que demuestre jurídicamente la existencia de este contexto de criminalidad que es preexistente en Guerrero y el conflicto latente entre los grupos ilegales.

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El estado de EU donde aún es legal la esclavitud más de 150 años después de la abolición

La esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito para los presos condenados. Un estado del sur de Estados Unidos decidió en las últimas elecciones de medio término mantener el trabajo forzado en las cárceles. ¿Por qué?
3 de diciembre, 2022
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“Todas las personas detenidas como esclavos” dentro de los estados rebeldes “son y en adelante serán libres”.

Así, el presidente estadounidense Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863.

Sin embargo, y 159 años después, aún existe una excepción. La esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito para los presos condenados.

En las últimas elecciones de medio término en Estados Unidos, cinco estados votaron por eliminar el trabajo forzoso en las cárceles.

Los electores de Alabama, Oregón, Tennessee y Vermont decidieron el 8 de noviembre pasado eliminar de las constituciones estatales las exenciones que permiten la esclavitud o la servidumbre involuntaria, en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir a los presos presentar demandas contra el trabajo forzoso en el sistema de justicia penal, dicen expertos.

Entrada a la prisión de máxima seguridad de Luisiana.

Getty Images

Pero un quinto estado decidió mantener la legalidad del trabajo forzado en las cárceles: Luisiana.

¿Por qué?

Hacemos un repaso de esta particular situación en el mardo del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se conmemoró este 2 de diciembre.

“Angola”

El trabajo penitenciario es una industria multimillonaria en Estados Unidos.

Unos 800 mil presos trabajan actualmente en Estados Unidos por centavos, o por nada, según las cifras que citan los expertos.

Siete estados no pagan a los trabajadores penitenciarios ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo y los presos pueden ser castigados si se niegan a trabajar, según un artículo del periodista de la BBC en Washington, Max Matza.

Un preso en la carcel "Angola"

Getty Images

Luisiana en particular tiene uno de los sistemas laborales penitenciarios más notorios del país.

La Penitenciaría Estatal de Luisiana es la única prisión de alta seguridad para hombres en el estado y la más grande de EU.

Ocupa un poco más de 72 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de la isla de Manhattan, en Nueva York.

Es conocida como “La Alcatraz del sur” y como “Angola”, por el país africano de donde provinieron muchos de los esclavos que trabajaban en la plantación de algodón que existía en ese mismo lugar a finales del siglo XIX (algunos historiadores sostienen que este dato es erróneo porque el comercio internacional de esclavos fue prohibido en 1807, por lo que es poco probable que décadas más tarde los trabajadores de la plantación hubieran nacido en África).

En esta prisión están detenidos más de 5 mil hombres, un gran porcentaje de ellos son negros.

Entre la gran variedad de trabajos, los prisioneros todavía cultivan y cosechan algodón.

Prisión "Angola" en Luisiana en 1933.

Getty Images
Prisión “Angola” en Luisiana en 1933.

“Si los trabajadores se niegan a trabajar, son castigados. Peones bien educados trabajan en las casas de los capataces, cocinando y limpiando. Duermen en pequeños dormitorios y se les paga de dos a 20 centavos por hora, que solo pueden gastar en el lugar”, describe el diario The Washington Post.

¿Por qué Luisiana rechazó el cambio?

Luisiana votó a favor de mantener la excepción de la esclavitud en la votación de las elecciones de medio término después de que el legislador que había impulsado la iniciativa electoral se retractara.

Edmond Jordan, un representante estatal demócrata de la ciudad de Baton Rouge, dijo que retiró su apoyo inicial a la medida después de que una lectura más detallada de la ley propuesta lo llevó a creer que en realidad podría haber ampliado las protecciones para la esclavitud.

Actualmente, la ley establece que “están prohibidas la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto en este último caso como castigo de un delito”.

La nueva propuesta sugería eliminar la frase “excepto en este último caso como castigo por un delito”.

Pero la redacción alternativa planteaba confusiones.

Se podía interpretar que tanto la esclavitud como la servidumbre involuntaria podrían permitirse en ciertas circunstancias pese a que en la Constitución vigente la esclavitud está explícitamente prohibida.

Un oficial vigila en la prisión "Angola".

Getty Images

En una entrevista con la BBC tras las elecciones del 8 de noviembre, Jordan dijo que retiró su apoyo porque no quería “hacer daño” y que mantener la ley no empeoría la situación actual.

Dijo que planea revisar el proyecto de ley y hacer campaña para que se apruebe en 2023.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que la ley propuesta pudiera haber permitido la continuidad de la esclavitud, el legislador citó la decisión de la Corte Suprema en junio de invalidar el derecho nacional al aborto después de 40 años como ley establecida.

“Si me hubieras hecho esa pregunta hace un año, te habría dicho que la probabilidad de que fuera una amenaza sería casi nula, porque está prohibido a nivel federal”, afirmó.

“Pero después de Roe vs. Wade la reversión de cosas que alguna vez pensamos que eran leyes bien establecidas, no quiero correr el riesgo con algo que creemos que está bien resuelto”.

Cuestionamientos

Los defensores del cambio en la ley opinan que es necesario para prevenir el abuso de prisioneros.

Y esperan eliminar la misma exención de la Enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos, que abolió la esclavitud pero mantuvo un vacío legal.

Un grupo de prisioneros en "Angola" custodiados por oficiales armados en los campos de la cárcel de Luisiana en 1990.

Getty Images

Curtis Davis III, un exprisionero de Luisiana que fue indultado después de 25 años cuando se volvió a investigar su caso de asesinato, dijo que cree que hubo un “truco político” detrás de escena en las últimas elecciones.

Sus sospechas sobre el retiro de apoyo a la medida se deben a que el estado es uno de los pocos que aún condena a los presos a “trabajos forzados”.

Para Davis, a algunos legisladores les preocupa que el nuevo lenguaje en el proyecto de ley pudiera potencialmente invalidar las sentencias judiciales dictadas a miles de prisioneros en Luisiana.

Jordan negó que los trabajos forzados hayan contribuido a su decisión.

Pese al rechazo de Luisiana, Davis opinó que no está decepcionado de que su estado no haya cambiado la ley.

Según él, el objetivo principal es cambiar la Enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos, que reemplaza a las constituciones estatales.

Para cambiar la Enmienda 13 se requeriría una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso de EU, o por una convención constitucional en la que dos tercios de las legislaturas estatales voten para apoyar el cambio.

Un hombre camina en uno de los pasillos de la prisión "Angola".

Getty Images

Todavía hay más de una docena de estados que incluyen un lenguaje que permite la esclavitud y la servidumbre involuntaria de los presos, según la agencia de noticias Associated Press.

Varios otros estados ni siquiera mencionan la esclavitud o el trabajo penitenciario forzoso en sus legislaciones.

Lee: Elecciones en EU: quién ganó, quién perdió y qué significan los resultados hasta ahora


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