Colectivos reclaman investigación y protección para buscadoras
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Colectivos reclaman investigación y mecanismos de protección para familias buscadoras; riesgos incrementan

El Comité contra la desaparición forzada de la ONU lamenta que de diciembre de 2010 hasta abril de este año, al menos 13 personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda, seis de ellas a partir de 2018.
Cuartoscuro
Por Marcela Nochebuena
17 de noviembre, 2022
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Ante el incremento de casos de familiares asesinados en la búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones señalan la deficiencia en la investigación de estos, así como la carencia, por parte de gobiernos estatales y locales, de mecanismos de protección.

Tan solo en Guanajuato, entre octubre de 2020 y octubre de 2022, la Plataforma por la Paz ha documentado cinco casos de madres o familiares de personas desaparecidas asesinadas en la entidad. Aunque la agrupación presume que el motivo estuvo vinculado a sus actividades de búsqueda, las autoridades han fallado incluso en llevar a cabo una investigación formal que lo corrobore, apunta Raymundo Sandoval.

El 14 de octubre de 2020, horas después de una última búsqueda para encontrar a su hijo Yatziri Misael, María del Rosario Zavala fue asesinada en León, en la puerta de su casa, de seis balazos. Casada, a los 45 años dejó a seis hijos, uno de los cuales continúa desaparecido. En mayo de 2021, se sumó el homicidio de Francisco Javier Barajas en Salvatierra, Guanajuato.

Sandoval subraya que en el caso de Rosario, se documentó desde hostigamiento policiaco hasta criminalización previo a su asesinato. Cuando se dio el homicidio de Barajas, unos meses después, la Plataforma de la Paz solicitó un plan emergente de protección, como los que se han implementado en Chihuahua a través del mecanismo de protección federal, y que también se han intentado en Guerrero. 

“Que el mecanismo federal coordinara un plan emergente con los tres niveles de gobierno. Hubo reuniones con la Secretaría de Gobierno, pero ni siquiera funcionó la coordinación, y eso da cuenta de una omisión de prácticamente tres años del gobierno federal y del gobierno estatal en materia de implementar medidas de protección”, sostiene el activista.

Además, subraya que se trata de un territorio con algunos de los niveles más altos de violencia, uno de los mayores índices de homicidios dolosos y desapariciones en incremento: “Es un estado mortífero, y en esas condiciones se ha agravado mucho la falta de protección para las buscadoras en la entidad”, asegura.

A nivel federal y estatal, añade, se habla mucho del tema pero hay poca propuesta de política pública. Además de eso y de las condiciones del contexto, un tercer factor es la impunidad, de acuerdo con Sandoval. Por ejemplo, si bien en el caso de Javier Barajas hay presuntos responsables en proceso de sentencia, no queda claro para la opinión pública y para los colectivos si son los mismos responsables de la desaparición de su hermana Lupita, y si la búsqueda es el motivo de su asesinato.

“La fiscalía no nos ha dicho si están asesinándolas por su labor de búsqueda. Nosotros hemos tenido comunicación con diversos mecanismos de la ONU, con el grupo de trabajo y con el comité, y les hemos pedido eso, que verifiquen si estos asesinatos son producto de la búsqueda, y si son represalias por ese trabajo. Nosotros creemos que sí, pero no tenemos evidencia ministerial o de investigación por parte de las fiscalías que permita, efectivamente, probarlo”, explica.

Leer más | ‘Tengo mucho miedo’: hombres armados persiguen a buscadoras en Guanajuato ante ausencia de autoridades

Al menos 17 desde 2010; ONU documenta falta de protección a víctimas

En el último informe de su visita a México, el Comité contra la desaparición forzada (CED) de la ONU subraya que a pesar de los avances alcanzados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las necesidades de protección de las víctimas han quedado insuficientemente atendidas. 

“Las familias y allegados de las personas desaparecidas siguen cumpliendo funciones de búsqueda e investigación que le competen al Estado. Sin perjuicio del apoyo que reciben de la Comisión Nacional de Búsqueda, en muchos casos siguen realizando estas actividades sin el acompañamiento de las autoridades y sin contar con la protección que necesitan”, describe el documento. 

Como parte de su informe, el Comité lamenta que de diciembre de 2010 hasta abril de este año, al menos 13 personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda, seis de ellas a partir de 2018. Durante la propia elaboración del documento, detalla el CED, se tuvo noticia del homicidio de Ana Luisa Garduño Juárez, el 27 de enero de 2022. Después de esa fecha, se han reportado otras cuatro. 

El organismo advierte que a ello se suman decenas de incidentes cotidianos de seguridad como actos de seguimiento, vigilancia, persecución, desapariciones y tortura cometidos en contra de víctimas o sus acompañantes, por haber denunciado una desaparición o participar en acciones de búsqueda e investigación.

Además, advierte que a pesar de que la Ley de Víctimas entró en vigor desde 2013 y le dio atribuciones, en casos de desaparición, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a las comisiones locales para canalización a instituciones de salud, apoyo psicológico, representación legal, cobertura de gastos de viaje y derivados de desplazamientos por ataques o amenazas, después de casi nueve años de su adopción, sus resultados han sido muy criticados. 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas –documenta el CED– solo se ha reunido una vez en 2015, y la CEAV no cuenta con medios para que otras instituciones se vinculen en procesos de atención, lo que provoca la desatención a las víctimas. Por otro lado, aunque la CEAV inicialmente tiene competencia en casos del fuero federal, excepcionalmente puede intervenir si el estado correspondiente no cuenta con medios para atender a las víctimas. “Sin embargo, varias de las personas entrevistadas durante la visita denunciaron que esta atracción de casos locales suele ejercerse de forma discrecional”, acusa el CED.

“Varios interlocutores del Comité denunciaron que la política de atención y reparación a las víctimas se enfoca excesivamente en el pago de dinero, entendiendo la reparación únicamente como indemnización. Esto ha provocado que, a pesar de la situación dramática en la que se encuentran las víctimas, la atención que se les brinda sea extremadamente limitada y no cubra sus necesidades reales. Miles de ellas quedan desatendidas”, añade el organismo. A ello se suma que cinco estados aún no tienen una comisión estatal de víctimas, y la mayoría carecen de recursos humanos y financieros.  

Además de los casos de María del Rosario Zavala y Javier Barajas, la Plataforma por la Paz tiene documentado un tercer asesinato de un buscador en Pénjamo, ocurrido en junio de 2021, cuya familia decidió reservar su identidad; mientras que el cuarto fue el de Ulises Cardona Aguilar, hijo de Rosario, en julio de 2022, y el quinto el recién ocurrido de María Carmela Vázquez, en Abasolo, el domingo 6 de noviembre. 

De acuerdo con la agrupación, en los cinco se evidencia que se trató de una represalia por la búsqueda. En los casos de Rosario y María Carmela, particularmente, el haber sido asesinadas expresa y directamente en su domicilio es un indicio de que estaban plenamente identificadas por sus agresores.

Pese a los antecedentes, en más de una ocasión, acusa Raymundo Sandoval, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas les ha negado medidas: “Pedimos incorporación al mecanismo y nos dicen que el riesgo es por ser víctimas y no por ser personas defensoras de derechos humanos”, señala.

Hasta agosto de 2021, en el actual sexenio habían sido asesinadas Zenaida Pulido en Aquila, Michoacán, el 19 de julio de 2019; Rosario Zavala en 2020; y para el año siguiente Javier Barajas, en Salvatierra, en mayo; Aranza Ramos, en Guaymas, Sonora, el 17 de julio, y Nicanor Araiza en Zacatecas el 31 de julio de 2021.

2022 suma cinco casos 

A los pocos días de haber empezado el 2022, el 28 de enero se conoció el asesinato de la madre buscadora Ana Luisa Garduño, a sus 51 años, en el municipio de Temixco, Morelos. Desde 2012, se había sumado a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas mediante la organización civil que fundó a raíz del feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea

Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la UAM, la recuerda como una participante muy activa en este, en el diplomado que ahí se realiza y en el primer curso de personas desaparecidas que habían realizado en el 2020, además de su trabajo con las familias de Morelos. 

Desde entonces, el Proyecto ha hecho llamados por su asesinato y tres más a a lo largo del año. El 30 de agosto –como la propia iniciativa recordaría en su siguiente comunicado– levantaron la voz, junto con decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas de México y otros países, para condenar y exigir la investigación del asesinato y feminicidio de la madre rastreadora de Sinaloa, Rosario Lilián Rodríguez Barraza. 

Integrante del colectivo Corazones sin Justicia, Rosario Lilián fue privada de la libertad en La Cruz, municipio de Elota, Sinaloa, la noche del martes 30 de agosto, y localizada sin vida más tarde. En esa ocasión, el Proyecto remarcó la necesidad de velar sobre la seguridad e integridad de las madres y familias que buscan, así como en los riesgos y afectaciones que implican sus búsquedas, necesarias y legítimas, ante la pasividad y omisiones del Estado. 

El 4 de octubre se sumó la condena por el asesinato de Esmeralda Gallardo, del colectivo Voz de los desparecidos en Puebla, quien buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo desde el 13 de enero de 2021, cuando desapareció a los 22 años en Puebla. El proyecto académico y los colectivos subrayaron que la impunidad posibilita más crímenes, especialmente frente a la vulnerabilidad de las madres y padres que buscan a sus seres queridos en total indefensión. 

Apenas un mes después, al igual que agrupaciones de todo el país e instancias internacionales, se sumaron a la condena del asesinato de María Carmela Vázquez, en Abasolo, Guanajuato. A sus 46 años, buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio de 2022. El domingo 6 de noviembre, cerca de las 20:35 de la noche, dos hombres armados tocaron a su puerta y le dispararon en varias ocasiones.

De acuerdo con la Unión de Búsqueda del Bajío, Pénjamo, un municipio a 25 kilómetros de Abasolo, sería el epicentro de la desaparición en la zona, donde existe un registro oficial de 126 personas desaparecidas y más de 150 familias organizadas; algunas de ellas deciden no denunciar. “Colectivos denunciaron recibir amenazas para que no realizaran una movilización en el centro de Pénjamo en el marco del 30 de agosto”, acusó la organización. 

A ellas se sumó el feminicidio de Brenda Jazmín, de 37 años, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, quien buscaba a su hermano Luis Heraldo Beltrán Jaime, desaparecido en Bacum, Sonora desde 2018. Se presume que su asesinato no está vinculado con sus acciones de búsqueda. La autopsia determinó que murió por asfixia en un hecho relacionado con su entorno personal. 

Como parte de su pronunciamiento en la UAM tras el asesinato de Maria Carmela, los colectivos recordaron que hay miles de familias en este momento, en las fosas y los campos, buscando a sus personas desaparecidas, realizando la tarea que el Estado no hace, por lo que no se les debe condenar a riesgos que el Estado debería atender para garantizar la búsqueda en condiciones de seguridad.

“La inacción nos tiene en el campo, en los ceresos, en los hospitales, buscando y haciéndonos visibles, lo que nos lleva a lo que está sucediendo ahora. No contamos con el apoyo necesario, y es una acción que no nos corresponde hacer. Han asesinado a varias compañeras, y condenamos al Estado por la falta de acciones reales de búsqueda, por la falta de seguridad a todas las familias que salen a buscar, e invitamos a todas las instituciones y organismos internacionales a presionar al gobierno mexicano. Nos están matando”, dijo Silvia Ortiz, del Grupo Vida Laguna de Coahuila. 

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Lula gana en Brasil: 3 razones que explican su regreso a la presidencia 12 años después

La añoranza por la bonanza que vivió Brasil durante su gobierno y los altos niveles de rechazo de su rival, Jair Bolsonaro, fueron algunos de los factores que beneficiaron la candidatura presidencial de Lula.
31 de octubre, 2022
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El líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva logra un retorno a la presidencia brasileña que parecía improbable un tiempo atrás, en base a logros propios y debilidades del presidente Bolsonaro.

Viaja 55 meses al pasado y hazte una pregunta: ¿creerías que Lula volverá a ser presidente de Brasil?

Aquel abril de 2018, Lula comenzaba a cumplir una condena de 12 años de cárcel por corrupción que muchos pensaron que ponía el punto final a su carrera política. Tenía de 72 años de edad.

Pero el Supremo Tribunal brasileño anuló la condena en 2021 por errores en el proceso, y Lula ganó este domingo un balotaje presidencial con 50,9% de los votos contra 49,1% del actual presidente, Jair Bolsonaro.

Hoy con 77 años, el izquierdista Lula se apresta a volver el 1 de enero al cargo de presidente que ya ejerció de 2003 a 2011.

Hay tres claves que explican por qué el líder del Partido de los Trabajadores (PT) venció al ultraderechista Bolsonaro en medio de una gran polarización política, según expertos.

1. Nostalgia por los gobiernos de Lula

La primera razón de la victoria de Lula es la añoranza que buena parte de los brasileños tienen de los tiempos en que presidió Brasil, expresada con votos el domingo.

Lula durante su discurso postelectoral.

Reuters
Para muchos brasileros, la iagen de Lula encarna el recuerdo de tiempos mejores.

En los dos mandatos consecutivos de Lula, el país tuvo un boom económico, con altos de precios de las materias primas que produce. Más de 30 millones de personas ascendieron a la clase media con programas sociales del gobierno.

Eso contrasta con la crisis económica que Brasil vivió en los años recientes, cuando millones de brasileños cayeron en la pobreza y la miseria.

La situación social se agravó con la pandemia de coronavirus que Bolsonaro calificó de “gripecita” y que mató a más de 685.000 brasileños.

Ni el tibio crecimiento de la economía brasileña en los últimos meses, ni las ayudas financieras que distribuyó el gobierno en plena campaña pudieron borrar la nostalgia por los gobiernos de Lula.

La pandemia dejó expuestos los principales problemas sociales de Brasil con más claridad: hoy los problemas más importantes son educación, salud, hambre; incluso más que los problemas económicos”, dice Antonio Lavareda, un politólogo brasileño experto en comportamiento electoral.

“Y con esa agenda social, Lula lleva la ventaja de ser muy vinculado a las políticas sociales de sus dos gobiernos anteriores”, agrega Lavareda en diálogo con BBC Mundo.

De hecho, un pilar electoral de Lula fue el apoyo de los más pobres. Según encuestas previas al balotaje, cerca de tres de cada cinco votantes que ganan hasta dos salarios mínimos se inclinaban por él.

A lo largo de la campaña, el expresidente evitó dar detalles de sus planes de gobierno. En cambio, buscó refrescar el recuerdo de su gestión, que concluyó con una aprobación superior a 80%.

“Posiblemente uno de los mejores momentos que este país vivió en las últimas décadas fue el tiempo en que yo goberné”, dijo Lula en su último debate con Bolsonaro el viernes.

Y pidió que lo votaran para volver a “hacer crecer el país, generar empleo, distribuir renta y que el pueblo vuelva a comer bien”.

Todo indica que esta estrategia le dio resultado.

2. El fuerte rechazo a Bolsonaro

Bolsonaro es el primer presidente de Brasil que pierde un intento de ser reelecto desde que la Constitución del país habilitó esa posibilidad hace un cuarto de siglo.

Jair Bolsonaro

Reuters
Una parte del apoyo que obtuvo Lula provino de votantes que querían evitar que Bolsonaro siguiera en el poder.

Esto también se debe en gran medida al alto nivel de rechazo que genera el actual mandatario.

La mitad (50%) de los votantes brasileños decía que evitarían votar de cualquier modo a Bolsonaro, según una encuesta de la empresa Datafolha publicada el sábado.

El índice se mantuvo cercano a ese nivel a lo largo de la campaña, por encima del rechazo también elevado a Lula (46% según la misma encuesta).

“Esta elección en Brasil se volvió un gran referéndum sobre el gobierno de Bolsonaro”, dice Maurício Santoro, un politólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, a BBC Mundo.

Agrega que muchos votantes del ganador el domingo “pueden no ser grandes admiradores de Lula, del Partido de los Trabajadores o de la izquierda”, sino que vieron en él “la única posibilidad de derrotar a Bolsonaro”.

Las críticas al actual presidente de Brasil van mucho más allá de su manejo de la economía o su respuesta a la pandemia.

A lo largo de su gobierno, Bolsonaro fue acusado de alentar la división de su país, asumir actitudes autoritarias y amenazar a otros poderes del Estado.

Y distintos analistas dentro y fuera de Brasil advirtieron que un segundo mandato del actual presidente podía suponer un desafío aún mayor para la democracia del gigante sudamericano.

Magna Inácio, profesora de ciencia política en la Universidad Federal de Minas Gerais, señala que en medio de tantas turbulencias hubo “un sentimiento del elector por el cambio” que colocó en un segundo plano el recuerdo de los escándalos que surgieron en los gobiernos del PT.

“Una conjunción de factores favorecían la candidatura de Lula e hicieron que la cuestión de la corrupción pierda cierta centralidad, deje de ser el factor más importante para los electores y que esas otras cuestiones se vuelvan más relevantes”, dice Inácio a BBC Mundo.

3. La conquista del centro político

Otra clave del triunfo electoral de Lula fue que disputó con éxito el centro político brasileño a lo largo de la campaña.

Para ello, el izquierdista escogió como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, un exrival suyo de centro derecha al que derrotó en las elecciones de 2006.

Lula y Alckmin durante a campaña presidencial.

EPA
De cara a las elecciones de este año, Lula se alió electoralmente con su exrival Geraldo Alckmin.

Luego de ganar la primera vuelta del 2 de octubre con 48,4% de los votos, Lula logró para el balotaje el apoyo de los candidatos centristas que habían quedado en el tercera y cuarta posición: Simone Tebet y Ciro Gomes.

También recibió el respaldo del expresidente Fernando Henrique Cardoso, un socialdemócrata de 91 años que fue rival político de Lula en el pasado y es respetado en círculos intelectuales.

Todo esto contribuyó a reducir las inquietudes que la perspectiva de un nuevo gobierno de izquierda en Brasil podía generar en parte de la élite del país y en el mercado financiero, señala Santoro.

“Esta alianza que Lula montó en las elecciones de 2022 es la mayor y más diversa que Brasil tiene desde el movimiento por el retorno de la democracia en los años 1980: están la izquierda, los liberales, parte de la derecha”, dice.

Lula aludió a esto en su primer discurso tras ser electo, al afirmar que la suya “es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó encima de los partidos políticos, de los intereses personales (y) las ideologías, para que la democracia saliera vencedora”.

En un país tan polarizado y sin mayoría en el Congreso, un desafío clave de Lula será mantener ese respaldo que tuvo en las urnas en el gobierno.


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