Pese a litigios, obra Vía Zócalo continúa en Monterrey
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Imágenes proporcionadas por el colectivo de vecinos del barrio antiguo

Pese a juicio y amparo en trámite, megaobra continúa en centro de Monterrey; vecinos afirman que pone en riesgo acceso al agua

El proyecto Vía Zócalo, que comprende 479 departamentos, 3 mil oficinas y locales, enfrenta el rechazo de vecinos y del propio ayuntamiento. Autoridades municipales dicen que la megaobra excede los permisos que se le otorgaron en la pasada administración.
Imágenes proporcionadas por el colectivo de vecinos del barrio antiguo
17 de noviembre, 2022
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Un grupo de vecinos de Monterrey y el propio ayuntamiento han emprendido acciones legales para frenar la construcción del proyecto Vía Zócalo, que contempla 479 departamentos, 3 mil oficinas y locales comerciales en un solo complejo ubicado en el centro de la capital de Nuevo León. Pese a que los habitantes obtuvieron una suspensión contra la obra, y a que las autoridades municipales interpusieron un juicio de lesividad contra ella, hasta hoy los trabajos continúan.

De acuerdo con Antonio Gómez, director del Área Jurídica del ayuntamiento de Monterrey, en julio pasado las autoridades municipales interpusieron un juicio de lesividad contra la obra, debido a que encontraron que los permisos que se le otorgaron en la administración pasada corresponden a una construcción de menor tamaño a la que se está desarrollando. El funcionario explicó en entrevista que, en tanto no se resuelva este proceso legal, la constructora tiene permitido seguir con el complejo.

Es por eso que, ante la incertidumbre por el tiempo que podría tardar en resolverse este juicio, 22 vecinos decidieron organizarse e interponer un amparo contra Vía Zócalo. El argumento de los quejosos es que un desarrollo inmobiliario tan grande pone en riesgo el acceso al agua de los habitantes de Monterrey, quienes durante la primera parte del año vivieron una sequía.

Hace dos semanas, un juez federal aceptó dar trámite a este recurso, por lo que ordenó al municipio que se efectúen nuevas inspecciones a la obra, mismas que se encuentran en desarrollo. Mientras estas concluyen, Vía Zócalo continúa ofertando sus espacios en internet por un precio de 2.9 millones de pesos.

Lee: Para combatir crisis de agua en Nuevo León, anuncian construcción de acueducto Cuchillo

Obra excede permisos otorgados, señala municipio

En un documento elaborado por el municipio de Monterrey el pasado 9 de noviembre, las autoridades señalan que “actualmente en contra de las licencias otorgadas al citado proyecto se encuentra promovido un juicio de lesividad, radicado ante la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León”, mismo que podría resolver la revocación de los permisos de construcción.

El ayuntamiento indicó que la licencia SADM-DG-0139-20, emitida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, menciona al desarrollador de Vía Zócalo la posibilidad de otorgar los servicios de agua potable y drenaje para el predio, pero solo para un número aproximado de 450 lotes o viviendas, cifra que dista de las 479 viviendas, los 44 locales comerciales y las cuatro unidades de oficinas que se están construyendo.

Hasta ahora, las autoridades municipales son las únicas que han señalado irregularidades. De acuerdo con un documento elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León —autoridad a la que también se ordenó revisar la obra—, esta dependencia cuenta en sus archivos con “la resolución administrativa con oficio número 0761/SPMARN-IA-21, que contiene la Autorización Condicionada en Materia de Impacto Ambiental para el proyecto”.

Con ello, Medio Ambiente “niega tajantemente las supuestas omisiones… (al) evaluar las obras o proyectos que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en los ordenamientos aplicables”.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a quien se ordenó inspeccionar el impacto hídrico como autoridad federal, indicó a través de una nota informativa que, al no estar vinculada a un bien nacional, no le corresponde realizar dictámenes técnicos en la obra.

Para el ayuntamiento, existen elementos suficientes que acreditan las irregularidades en las que está incurriendo DM Desarrolladora de Proyectos, por lo que las autoridades esperan la resolución del juicio de lesividad para que la obra se detenga, y en caso de que se demuestren las afectaciones que ha causado, la empresa pague por subsanarlos.

“El ayuntamiento tiene conocimiento de que existen irregularidades en los permisos, no solo del tema del agua, sino en general en esta obra. Nosotros entrando en esta administración llevamos a cabo una revisión del expediente, a petición de los vecinos que son una comunidad muy unida, y detectamos que los documentos que obran en la licencia que se otorgó no cumplían con la normatividad ni con el plan de desarrollo urbano municipal. Atendiendo esa denuncia, fue que hicimos este juicio de lesividad”, explicó Antonio Gómez.

El director jurídico de Monterrey afirmó que el municipio está comprometido con el combate a la corrupción, por lo que, en caso de que existan otros desarrollos inmobiliarios que incumplan con la normatividad y el plan de desarrollo urbano, “podrían derivar en algunos otros procedimientos legales”.

Animal Político consultó a DM Desarrolladora de Proyectos sobre las acciones que se han emprendido contra la construcción de Vía Zócalo, sin que al momento de la publicación haya recibido respuesta.

La lucha de los vecinos

El pasado 4 de noviembre, un grupo de 22 vecinos fue notificado de que un juez de Distrito dio trámite al amparo que interpusieron contra Vía Zócalo, motivados por la preocupación de que la obra ponga en riesgo el acceso al agua de los habitantes de Monterrey.

Sobre este tema, el gobierno del municipio afirma que, independientemente de la construcción de esta obra, en coordinación con las autoridades federales y del estado cuenta con un plan para garantizar que ningún hogar padezca de falta de agua.

Sin embargo, para los vecinos este no es el único motivo por el cual rechazan la construcción del complejo inmobiliario. De acuerdo con la asesora jurídica de los quejosos —quien pide reservar su identidad por miedo a represalias—, la obra ha provocado la aparición de socavones y un aumento en el caos vial en las calles aledañas, además de que estos complejos de lujo podrían provocar encarecimiento en la renta y la vivienda de la ciudad.

“En general, es importante dar a conocer lo que sucede en el barrio antiguo, que es lo que quedó después de la destrucción del Centro Histórico que dio paso a lo que hoy se conoce como la Macro Plaza. Conforme fue creciendo la ciudad, este espacio comenzó a llenarse de bares para el turismo y eso expulsó a varios vecinos, y ahorita lo que se está promoviendo con Vía Zócalo es un proceso de repoblar, entre comillas, estos barrios, pero con un modelo que genera gentrificación y el desplazamiento de habitantes, es decir, con afectaciones al derecho a la vivienda”, explicó la abogada.

“(Los vecinos) están preocupados porque este proyecto puede implicar mayor desplazamiento y la pérdida de calidad de vida. Por ejemplo, hay quien vive en un espacio en el que Vía Zócalo va a impedir que vuelva a pegar la luz del sol, y por el tipo de tuberías de barro que hay en la zona se prevé que haya un colapso en el alcantarillado, que de por sí, cada fin de semana que se llenan los bares despide un olor insoportable a excremento”, comentó.

La abogada alertó que “Vía Zócalo es un proyecto de prueba para que puedan entrar de manera más agresiva los desarrollos inmobiliarios al centro de Monterrey, que ha empezado a ser una zona codiciada por los comercios y restaurantes, lo que, repito, genera gentrificación y relega a los vecinos que no están de acuerdo con todas las implicaciones que tienen estos cambios en la zona. Nos preocupa que las autoridades permitan que se levanten más edificios de este tipo”.

En tanto las autoridades competentes resuelven si se revocará o no el permiso de construcción de Vía Zócalo, los vecinos continúan viviendo entre los ruidos e incomodidades viales que provoca la obra en sus calles, y el miedo a que los constructores tomen represalias en su contra, porque ni a la desarrolladora de este complejo ni a los dueños de los bares que se ubican en la zona les ha caído bien que se estén organizando para rechazar el proyecto.

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Cuba aprueba el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas LGBTTTIQ+

Dos tercios de los electores en Cuba dieron el "sí" a la normativa que regirá sus relaciones familiares y que también contempla la gestación subrogada.
26 de septiembre, 2022
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Cuba aprobó el nuevo Código de las Familias por una amplia mayoría en el referendo celebrado el domingo.

Un total de 3 mil 93 millones de cubanos (el 66.87%) votaron “sí” al nuevo marco legar que regirá las relaciones familiares en el país, según los resultados preliminares anunciados este lunes por el Consejo Electoral Nacional.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que reemplazará una normativa de 1975.

Los datos

Mientras, 1.95 millones de electores (el 33.13%) se decidieron por el “no”, según las cifras provistas por el CEN.

El Consejo Electoral Nacional considera estos resultados preliminares como “válidos e irreversibles” e indicó que, a la espera del conteo final, ya se puede confirmar que ha sido ratificado el Código de las Familias.

Acudieron a las urnas 6.25 millones de cubanos, el 74.01% de los 8.44 millones que componían el padrón.

Uno de los centros de votación en La Habana.

Getty Images
Uno de los centros de votación en La Habana.

Se trata de la participación más baja en un referendo en la historia reciente de Cuba, si bien los otros dos anteriores fueron para aprobar sendas constituciones, la de 1976 y la de 2019.

Cubanos residentes en el exterior tuvieron la posibilidad de participar en este proceso electoral, que no ha sido supervisado por organismos internacionales.

En los meses previos al referendo, el gobierno desplegó una amplia campaña a favor del “sí” en los medios de comunicación estatales (los únicos legales), en la calle y redes sociales, mientras el “no” fue defendido por particulares y organizaciones como la Conferencia Episcopal de Cuba con mensajes en internet.

El Código de las Familias se ha aprobado en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Antes de someterse a referendo se realizó una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6.5 millones de cubanos, según el gobierno.

Qué cambia en Cuba

El nuevo Código de las Familias permitirá legalizar el “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños y la “gestación solidaria” o subrogada sin fines de lucro.

Papeletas del referendo en Cuba

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Así eran las papeletas que más de 6 millones de cubanos introdujeron en las urnas este domingo.

También abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

Además, permite a los padres elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explicó el historiador cubano Abel Sierra Madero.


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