Pese a crisis de desapariciones, comisiones no usaron 230 mdp
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Ilustración: Andrea Paredes (@driu.paredes)

Pese a crisis de desapariciones, comisiones de búsqueda estatales dejaron sin usar 230 mdp del dinero que recibieron en tres años

De 2019 a 2021, las comisiones estatales de búsqueda de personas recibieron más de mil 200 mdp de recursos federales para cumplir su función. Sin embargo, muchas de ellas no ejercieron esos fondos y los devolvieron, a pesar de que el número de desaparecidos en el país sigue creciendo.
Ilustración: Andrea Paredes (@driu.paredes)
Por Marcela Nochebuena 
7 de noviembre, 2022
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En los últimos tres años, a pesar de la crisis de desapariciones en México, por la que se desconoce dónde están más de 107 mil personas, las comisiones a cargo de la búsqueda de personas desaparecidas en los estados del país desaprovecharon 233 millones de pesos del subsidio que reciben por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) desde 2019.

Esto representa 18% del total de más de mil 200 millones de pesos que la CNB distribuyó a estos organismos entre 2019 y 2021. Creados por orden de la Ley General en materia de personas desaparecidas de 2017, año con año han ido creciendo en número, por lo que el subsidio se distribuyó entre 20 en 2019, 27 en 2020 y 30 en 2021.

Las comisiones locales deben encargarse de la búsqueda de personas desaparecidas en las entidades, en coordinación con fiscalías y otros entes, mediante un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de contexto y una de gestión y procesamiento de información, además de contar con un consejo ciudadano.

En los últimos tres años, algunas devolvieron más del 50% o hasta el 100% del subsidio que recibieron de la Federación. Por ejemplo, en 2019, las comisiones de Chihuahua y Puebla regresaron el total que les fue entregado: 7 y 10 millones de pesos, respectivamente. 

La de Tlaxcala devolvió la mitad —3.5 de 7 millones—; Jalisco, que hoy ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desaprovechó casi 60% del recurso, y Guerrero, el 29%. En los años siguientes, Guerrero regresó cada vez más recursos: en 2020 devolvió el 75% y para 2021 dejó de ocupar el total de los poco más de 9 millones que tenía asignados.

Devoluciones en 2019

Gráficos: Andrea Paredes (@driu.paredes) y Jesús Santamaría (@re_ilustrador)

En 2020, las comisiones de Durango y el Estado de México ni siquiera presentaron un proyecto para recibir recurso federal, pese a que estaban conformadas desde el año anterior, cuando ya habían accedido a este. Además de Guerrero, que no utilizó 6 millones de los 8 que recibió, Aguascalientes no ocupó el 76% de los 14 millones destinados, Guanajuato devolvió 41% del subsidio y Jalisco regresó poco más de 7 de 17 millones. 

Para 2021, Aguascalientes volvió a reintegrar el 44%, Chiapas no usó casi el 70% de los recursos destinados, Chihuahua devolvió más de 31 millones de los 36 recibidos y la CDMX desaprovechó 46%, en un año en el que la problemática de personas desaparecidas en la capital se empezó a visibilizar más a partir de la conformación de colectivos organizados. Ese mismo año, Guerrero y el Estado de México regresaron el recurso completo.

Consultada al respecto, la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, señaló que desde el principio de su administración se ha hecho un esfuerzo para que los recursos sean accesibles, y año con año, los lineamientos para obtenerlo se han ido modificando para asegurar que el dinero llegue de manera adecuada, pero también que las entidades federativas asuman de manera colegiada las decisiones de cómo ejercerlo.  

En ese contexto, los reintegros se deben, en su mayoría, a la falta de ejercicio en los tiempos y las modalidades que prevé la ley, para lo cual las comisiones son responsables de presentar las evidencias correspondientes y llevar a cabo sus procesos de licitación de manera adecuada y autónoma. 

“Hemos ido adecuando y mejorando los lineamientos, de conformidad con la experiencia y con las observaciones de auditorías para poder brindar la mayor transparencia posible y seguimiento, con responsabilidades locales, sobre cómo se ejercen los subsidios y tener un mejor control”, aseguró Quintana.

Sin embargo, subrayó que los estados también tienen una responsabilidad: “Hay que recordar que a quien le corresponde principalmente la consolidación de las comisiones de búsqueda con personal, presupuesto, instalaciones, infraestructura y una ley local que las fortalezca es a los gobiernos locales; los subsidios son apoyo adicional para este fortalecimiento, pero lo que no puede suceder es que las comisiones locales dependan mayoritariamente del subsidio federal”.

El costo de la ausencia

Cuando no organizan rifas, gestionan recursos ante organizaciones o echan mano de sus propios medios, las familias del colectivo Siguiendo Tus Pasos se organizan para vender aguas en “su crucero”, aunque en realidad se trata de una donación, pues buscan “lo que la gente guste cooperar”.

Adriana Moreno recuerda que cuando su hijo Víctor Adrián Rodríguez Moreno desapareció el 11 de mayo de 2009, en Francisco I. Madero, Coahuila, ella no vivía en la opulencia pero tampoco en la carencia. “Eso es lo que no entienden las autoridades. Tenías una vida, tenías un proyecto de vida, tenías un nivel de vida, otra vida, carajo, otra vida totalmente diferente hasta en nivel económico”, añade.

Desde entonces, las lecciones para allegarse de recursos mediante las cosas más sencillas las aprendieron siguiendo los pasos de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), uno de los colectivos pioneros en ese estado. “Buscando nos encontramos”, dice Adriana sobre el momento cuando ellos la arroparon. Después, se fue a vivir a Ensenada, Baja California; allá, con una compañera que vivía en Tijuana y otra persona que recién conocía, dieron vida a Siguiendo Tus Pasos. 

Mientras las comisiones estatales desperdician los recursos del subsidio federal y operan con insuficiencias, colectivos en todas las entidades llevan años haciéndose cargo de ese trabajo y sobreviviendo con sus propios recursos. “Al final de cuentas, echas mano de tu colchoncito, y te lo acabas, y vendes hasta lo que no tienes, y después vienen otras consecuencias tremendas. Así es como nos mantenemos: buscando recursos”, relata Adriana.

Jorge Verástegui, de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), subraya que, en el tema de los recursos, las instituciones siempre argumentan que no cuentan con ellos como justificación para no hacer su trabajo, aunque también es una realidad la complicación para ejercerlos desde la administración pública, pues en algunos casos no se reciben inmediatamente y la burocracia complica ejecutarlos.

“Cuando se hacen acciones de búsqueda, o de cualquier tipo, va desde poner dinero de nuestra bolsa, el que ganamos en nuestro trabajo, y de ahí los llamados a la solidaridad, ya sea con boteos, venta de alimentos o de alguna otra cosa, donaciones, apoyo de organizaciones de derechos humanos, de la iglesia, en algunos casos de universidades, recursos obtenidos de la solidaridad de las personas; esa es la otra forma”, describe Jorge.

Lee: Crece la cifra de desaparecidos, pero no la capacidad para encontrarlos: suman 100 mil en medio de incumplimientos e impunidad

Adriana coincide en que lo primero que se pone a disposición de la búsqueda es lo que está a la mano: ahorros, propiedades, objetos empeñados. Todo eso es finito, por lo que después vienen iniciativas como la de Romanita Ramírez, de Torreón, Coahuila. Con un hijo y un nieto desaparecidos, su hija Carmen y ella horneaban pan para venderlo en bolsitas en una iglesia y continuar la búsqueda. O el bus-cador de la esperanza, en Saltillo y Torreón: un camioncito para llevar alimentos a donación. De la misma manera nació la idea de la venta de aguas. 

“En Siguiendo Tus Pasos hacemos rifas, y nos vamos a los cruceros; tenemos un crucero en particular donde vamos a hacer venta de aguas, a donación, lo que guste cooperar; compramos nuestros paquetes de agua, ponemos nuestras lonas, agarramos un crucero y en los semáforos. También hay una compañera que hace manualidades, flores de fomi que se andan vendiendo. A cada rato hacemos rifas, que la verdad ya hasta pena da”, relata Adriana. 

Aun así, para ella lo económico no es lo que más pesa. Tras 13 años, habla de los costos de salud y de la fragmentación familiar; reconoce que su familia está fracturada, dispersa. Aunque sigue unida, a pesar de reacciones y procesos diferentes, hay un costo muy importante de ausencia, porque se resiente la del hijo y el hermano, pero también la de la madre que busca, que sigue en su casa pero no está.

Sigue tratando de trabajar en eso, porque sus otros hijos le reclaman no haber estado. Su hija tenía nueve años cuando Adriana empezó a faltar aunque seguía en casa. Hasta apenas hace poco le confesó que, entonces, agarraba su pijama para sentirla cerca a través de su olor: “Es fuerte, es muy tremendo; ella me lo ha dicho pero los otros dos no; ahí están los costos”.

En manos de la voluntad de los gobiernos estatales

Aunque en marzo de 2014 solo estaban conformadas 14 comisiones estatales, a partir de 2021 se instalaron 30, pero han quedado sujetas a la voluntad de quien las encabeza y de sus gobiernos estatales, responsables de fortalecerlas. Para acceder al subsidio federal, cada una debe presentar un diagnóstico y un proyecto ejecutivo a la CNB, con la proyección de los recursos que requieren y para qué. Los gobiernos estatales están obligados, además, a aportar una coparticipación de al menos 10%.

El Estado de México, que hoy ocupa el tercer lugar en el RNPDNO, desaprovechó los recursos desde 2019. Aquel año, según consta en los archivos de la CNB, esa comisión estatal había solicitado 2.5 millones que, supuestamente, sumados a la coparticipación, servirían para adquirir dos georradares. De ellos, recibió una primera ministración de 1 millón 750 mil pesos; sin embargo, al final no demostró ninguna compra y devolvió el monto total.

En tanto, los reintegros del último ejercicio cerrado, 2021, son los únicos que la CNB tiene sistematizados en un solo archivo, donde evaluó la eficiencia en el gasto de los recursos. Cuatro estados aparecen en rojo por haber aprovechado solo entre 0% y 30% de los recursos, mientras que CDMX y Aguascalientes usaron apenas la mitad, y Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas se ubicaron en el rango de 63% a 77%. 

La CNB, que es responsable de la asignación de los recursos y el seguimiento de cómo se ocupan, no ha hecho públicos los montos que las comisiones locales desaprovecharon. Incluso, en el informe que entregó al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU durante su última visita a México, se incluye un cuadro con el total de los recursos distribuidos a las entidades, sin especificar cuánto de ese dinero no ha sido ocupado en realidad.

Querétaro, sin pistas ante un problema creciente

La comisión de Querétaro no ha dejado un rastro para acceder al subsidio federal. La CNB no tiene ninguna información proveniente del estado y tampoco lo incluye en su reporte sobre las estructuras de estos organismos en el informe al CED. 

En respuesta a una solicitud de información directamente a la entidad, el organismo señaló que destinó a la búsqueda de personas 1 millón 280 mil pesos en 2019, 5 millones 243 mil en 2020 y 6 millones 492 mil en 2021, ninguno de esos montos proveniente del recurso federal y sin detallar cómo fueron ejercidos. 

En un estado que ya rebasa las 440 personas desaparecidas, según el RNPDNO, actualmente la comisión local está presidida por una encargada de despacho, pero no hay un titular designado. Con la anterior comisionada, asegura la organización Desaparecidos Justicia Querétaro, había reuniones periódicas; ahora, el acompañamiento y seguimiento están detenidos. 

“Todos los casos que nos siguen llegando a la organización es porque no les quieren dar ni siquiera un número de reporte de búsqueda. Es una situación terrible porque es una lucha por no reconocer que tenemos desaparecidos en el estado, que tenemos personas que se han encontrado sin vida; la fiscalía siempre termina diciendo que son hechos aislados. Es muy difícil que podamos tener acceso a la verdad y a la justicia”, señala Brenda Rangel, de esa agrupación. 

Mientras tanto, el colectivo cada vez recibe más reportes e información de hechos violentos, sobre todo en las zonas limítrofes con Guanajuato, Michoacán y el Estado de México. Ante ello, la fiscalía local generalmente disuade a las familias de compartir información, cuando ni siquiera han levantado un reporte o iniciado una investigación formal. Incluso, dice Rangel, la asociación con sus propios recursos ha logrado localizaciones antes que las autoridades.

Aquí la historia se repite: Desaparecidos Justicia Querétaro invierte sus propios recursos y tiempo en la búsqueda de personas desaparecidas, lo cual golpea en la economía, la salud y el estado emocional. “Las actividades que nosotros hacemos son las marchas, hacemos tejido, visibilizamos, hacemos prevención, pero no con el fin de recaudar fondos. La manera en la que obtenemos los recursos son los propios, de nuestras ocupaciones laborales”, explica.

Lee: En cinco años, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco solo ha llevado ante jueces el 2% de sus casos

¿Qué hacen las comisiones con el recurso federal?

Durante tres años, las comisiones estatales han utilizado los recursos del subsidio federal, en su mayoría, para la compra de automóviles, dispositivos de búsqueda, accesorios y equipamiento para su operación diaria, y en menor medida, para material de difusión y papelería, según los archivos de la CNB a los que Animal Político tuvo acceso en respuesta a una solicitud de información pública. En algunos casos, ni siquiera tienen personal suficiente para utilizar lo adquirido.

Por ejemplo, la comisión de Zacatecas compró en 2019, a unos meses de su creación, 46 camisas, 41 chamarras y 37 chalecos. Sin embargo, en el proyecto ejecutivo que presentó para acceder al subsidio al año siguiente reportó que, para ese momento, su estructura era de únicamente 10 personas.  

En tanto, en el proyecto ejecutivo que presentó para 2021, la comisión de la CDMX aseguró que estaba en “la imposibilidad de destinar recursos para que su personal acceda a cursos y capacitaciones especializadas, como el caso de costear la certificación para utilizar drones inteligentes (que ya tenía) que permiten realizar inspecciones en entornos naturales más complejos y en un tiempo reducido”. Lo anterior, en el mismo año que devolvió casi la mitad del subsidio. 

Sin embargo, cuánto han gastado las comisiones locales específicamente en cada una de las compras que han hecho es información a la que no se puede acceder. La Secretaría de Gobernación reservó por cinco años las descripciones y los costos unitarios de los insumos, bienes y servicios en los que estos organismos gastaron los recursos del subsidio federal que reciben anualmente, aduciendo motivos de seguridad.

Por ello, no puede conocerse “la información relativa a las descripciones que incluyen las características técnicas de los conceptos, así como los costos unitarios y totales de los proyectos ejecutivos, informes trimestrales, informes de avance físico-financiero al cierre del ejercicio y cualquier otro documento que forme parte de la solicitud de información en cuestión y que contenga estos datos”. 

De acuerdo con la dependencia, la divulgación de cuánto gastaron las comisiones y en qué insumos “representa un riesgo real para la vida, seguridad e integridad de las personas que se involucran en las labores de búsqueda e identificación”.

Édgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sostiene que esto contraviene el principio de máxima publicidad que establece la propia Ley General en la materia, además de que en este caso el interés general sí debe prevalecer, pues es muy importante saber con qué se cuenta para la búsqueda de personas.

Sobre el manejo que hasta ahora han hecho las comisiones de los subsidios federales, apunta que las instituciones tienen la obligación de informar periódicamente acerca de sus resultados y cómo están funcionando, lo cual tiene que ver tanto con los recursos humanos como con los materiales, incluso en cuanto a su suficiencia y la posibilidad de ejercerlos. Para ello, también es indispensable la participación y retroalimentación de los consejos ciudadanos que deben tener las comisiones.

Aunque habrá tareas que se estén haciendo bien —aclara—, los resultados en la cantidad de personas desaparecidas indican lo contrario: “Creo que sí es importante hacer una reevaluación sobre la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda, por una parte, los sistemas locales de búsqueda y, otra vez, la importancia del uso de los recursos públicos y su funcionalidad”. 

En Nuevo León, las familias construyen la experiencia 

Mientras la comisión local ha recibido más de 7, 14 y 18 millones de subsidio federal en los últimos tres años —de los que devolvió más de 3 y más de 5 millones en 2020 y 2021—, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) siguen señalando las carencias de este organismo, así como la necesidad de que tenga más atribuciones y sea, al mismo tiempo, transparente.

En ese estado, las familias organizadas son las que llevan la experiencia a las autoridades: fue su insistencia la que permitió el descubrimiento de restos humanos en la zona conocida como El Tubo, y fueron también ellas quienes capacitaron en 2019 a elementos de la fiscalía para operar un dron para la búsqueda de personas. 

Angélica Orozco, de las Fuerzas Unidas, explica que además, ellas mismas han impulsado que se le den mayores atribuciones a la comisión local, al tiempo que el estado, a través de su universidad, tendría que implementar las carreras de Antropología y Arqueología Forense: “Siempre el pretexto que nos dicen es que no hay elementos o que solo están en la Ciudad de México o Veracruz, donde existen las carreras”. 

Mientras tanto, ellas absorben la labor de búsqueda mediante donativos, recursos destinados por las familias y trabajo voluntario. “Depende de la situación en que nos encontremos, por ejemplo, hace como dos años, cuando acreditamos a varios de los peritos en antropología, nosotras desembolsábamos el dinero y luego se pedía un reembolso a través de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), porque las familias tienen derecho a peritajes independientes; así se hizo en algunas ocasiones, pero primero es desembolsar y luego a ver si nos reembolsan; era todo un trámite”, detalla.

Por ejemplo, este año inician una intervención para la que están planeando cómo allegarse recursos para llevar a Nuevo León a antropólogos de la CDMX, con viáticos y pago de honorarios. Por medio de un donativo del Servicio Judío, las FUNDENL recién adquirieron un dron, pues el anterior se descompuso. Además de eso, también están previendo una capacitación para aprovecharlo al máximo.  

Ellas desconocen si la comisión estatal podría apoyar con eso. “Nosotras, de hecho, en el 2019, que nos capacitó el arqueólogo, capacitamos a los elementos de la fiscalía en el uso de dron, ellos tenían uno, y a los tres mejor evaluados, o que le aprendieron mejor a la técnica de la fotogrametría, se los llevó la comisión local de búsqueda. Debilitó, por así decirlo, al equipo que ya había en fiscalía, porque en lugar de conseguir nuevos elementos, se llevó a los que habíamos capacitado. Uno ya renunció: el que mejor lo operaba porque le enseñó nuestro arqueólogo; no sabemos si sigan usándolo”, señala Angélica. 

Las FUNDENL han construido su propio conocimiento: cuando compraron su primer dron, solamente lo volaban y hacían una visión de campo para hacer ubicaciones en el lugar y en el momento. Ahora, con la capacitación del arqueólogo, a través de la fotogrametría, han aprendido a comparar el terreno actual con el de hace años, ver sitios de interés y otros aspectos, por lo que se ha convertido en una herramienta fundamental para intervenciones como la de este año. 

Angélica asegura que el contacto con la comisión local es muy limitado, pues ha estado muy ausente en las búsquedas. En un principio, cuando inició funciones, las FUNDENL le compartieron un listado con todos los casos de larga data para que hicieran planes de búsqueda, pero hasta el momento no hay resultados. El colectivo ha sido, además, muy crítico respecto del perfil de la comisionada, una exfuncionaria de la fiscalía que fue durante años coordinadora de ministerios públicos: “Ya sabemos la forma en la que opera, trabaja, y así ha seguido aquí en la comisión”.

El costo para las familias —dice— ha sido el gran esfuerzo para impulsar que se hagan búsquedas cuando se requiere que se involucren las autoridades, como en El Tubo, una intervención que inició el 30 de diciembre de 2021 y culminó el 1 de junio de este año con la recuperación de restos de al menos 17 personas. “Tardamos dos años para que se lograra esta intervención, de estar insistiendo. En ese sentido, ha sido un esfuerzo muy grande; hay otros sitios donde podemos ir solas y hasta después le hablamos a la fiscalía, que es arriesgarse, y también implica poner la vida en riesgo por salir a buscar”.

El daño mayor, que también es necesario denunciar —señala Édgar Chávez— es justamente la exposición de la seguridad de las personas que buscan. Recuerda los casos de madres que han sido asesinadas, que son un ejemplo de lo que implican las búsquedas por parte de sus familiares: una exposición continua de su seguridad con el posible daño hacia sus vidas. 

Lee más: “Tengo miedo de no saber de dónde me llegará el golpe”: madre buscadora suspende labores de búsqueda ante amenazas de muerte

Es muy importante —añade— situar el cuidado y el autocuidado que también deben propiciar y difundir las autoridades: “No se trata de dotarles de palas o de una camioneta para que vayan a buscar; se trata de que las autoridades hagan lo que les toca hacer y que a las familias no las utilicen de mano de obra barata, porque eso es lo que está ocurriendo en muchos de los estados: las familias saliendo a cubetear tierra, a hacer la parte donde los funcionarios luego están observando nada más”.

El académico reconoce que lo hacen de una forma precisa y amorosa incluso cuando no se trata de sus familias, pero llama a no olvidar que se han convertido en personas expertas de manera forzada.

“Deberíamos decir que no es normal que las personas familiares estén buscando. Lo tienen que hacer porque si no lo hacen ellas, lo han dicho muchas veces, nadie más lo va a hacer o el Estado lo hace a medias. Las familias están haciendo lo que no les toca, y terminan además percibiendo un daño, además de moral y psicológico, por lo que implica una exhumación y después el reconocimiento, físico. Tenemos referencia de muchos familiares que están sufriendo daños irreversibles en columna vertebral, en extremidades y en el sistema respiratorio por cernir la tierra continuamente”.  

Además de sus limitaciones para la búsqueda —subsanadas por familiares y colectivos— y de la falta de claridad sobre el destino y uso de los recursos, las fallas en la operatividad de las comisiones estatales están ligadas también a sus propias estructuras y escaso cumplimiento de la ley. 

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Foto: AFP

Ecuador: al menos 15 muertos y 21 heridos tras un nuevo motín carcelario

Con las víctimas de este lunes, el número de presos fallecidos en penales de Ecuador desde inicios de este año está próximo a alcanzar el centenar.
Foto: AFP
4 de octubre, 2022
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Al menos 15 personas murieron y otras 21 resultaron heridas este lunes durante un nuevo motín entre reos en una cárcel de Ecuador, en otro episodio de violencia dentro del sistema penitenciario del país sudamericano y que expone nuevamente el debate sobre la falta de control del Estado dentro de estas instituciones.

Según confirmó la Fiscalía en Twitter, las muertes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, cerca de la ciudad de Latacunga, a unos 80 kilómetros de Quito.

La prisión alberga a unos 4.300 presos y es una de las más grandes del país.

Los incidentes comenzaron después de que este lunes los reclusos de la prisión participaran en el censo que realiza la institución para recabar los datos de la población penitenciaria del país, según dijo el subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad, Jorge Flores, en declaraciones a la prensa.

Los reclusos treparon a los techos mientras se escuchaban detonaciones, según imágenes de noticias de televisión, recoge la agencia AFP.

Lee: En 29 estados se dicta más prisión preventiva de forma automática que justificada; delitos como robo, los más procesados

El SNAI a Personas Privadas de Libertad, encargado del control de las prisiones de Ecuador, que en principio anunció seis heridos, elevó la cifra de víctimas tras las primeras acciones efectuadas después de retomar el control de la prisión.

Efectivos de la policía, bomberos, equipos de apoyo de las fuerzas armadas y personal sanitario acudieron a la zona durante el suceso, informó el SNAI, quien coordinó con las fuerzas de seguridad la activación de “todos los protocolos de seguridad, con la finalidad de precautelar (proteger) la seguridad del centro carcelario”.

La policía ingresó en las instalaciones penitenciaras mientras que equipos de militares resguadaron los alrededores.

Familiares de los presos esperaban a las afueras de Cotopaxi.

Reuters
Familiares de los presos esperaban a las afueras de Cotopaxi.

Flores dijo a los periodistas que Leandro Norero, acusado de dirigir una banda de narcotráfico, parecía estar “entre las víctimas”, recoge la agencia AFP. Al respecto, la Fiscalía dijo en Twitter que “luego de las pericias de identificación correspondientes se podrá confirmar o no su deceso”.

Conocido con el alias “El Patrón”, fue detenido en mayo pasado por denuncias de lavado de dinero, en un operativo en el que presuntamente se incautaron 6,4 millones de dólares, 24 lingotes de oro, armas de fuego y municiones.

Norero, sospechoso de vínculos con el narcotráfico, se convirtió en uno de los líderes de los reclusos, cuenta AFP.

El pasado 20 de septiembre, la policía informó de la detención de tres agentes de la cárcel de Cotopaxi por estar involucrados en un delito de tráfico de municiones.

Violencia vinculada al narcotráfico tras motín en Ecuador

En abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de emergencia en tres provincias para frenar la violencia relacionada con pandillas vinculada al narcotráfico. Una emergencia similar fue declarada el año pasado.

Las guerras territoriales entre las bandas ecuatorianas que luchan por el control de las lucrativas redes de cocaína han ejercido una gran presión sobre el sistema penitenciario superpoblado y con escasos recursos.

El peor enfrentamiento carcelario fue en la ciudad portuaria de Guayaquil en septiembre del año pasado, cuando murieron más de 120 reos.

El año pasado, la policía de Ecuador incautó un récord de 190 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína.

Con las víctimas registradas este lunes, el número de presos fallecidos en las cárceles de Ecuador desde inicios de 2022 está próximo a alcanzar el centenar, principalmente en cuatro masacres, ocurridas dos en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, otra en la cárcel de Cuenca y ahora esta en la prisión de Latacunga.

Ecuador tiene 36 prisiones que albergan a más de 32.000 reclusos. Desde 2020 han muerto más de 400 reos en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales rivales que se disputan el control interno de los centros.

En las diferentes requisas policiales tras los enfrentamientos, se han encontrado distintos tipos de armas de fuego, inclusive fusiles, así como armas blancas y grandes cantidades de balas.


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