Violencia contra mujeres, en niveles históricos en Quintana Roo
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ILUSTRACIÓN: Elena Caltz

Violencia contra mujeres se dispara en Quintana Roo: el estado encabeza cifra de agresiones y alcanza niveles históricos

De enero a septiembre de este año, en Quintana Roo se contabilizaron 36 mil 582 casos de mujeres víctimas de violencia, cifra récord a nivel estatal. El problema se agrava en puntos como los asentamientos irregulares de Cancún, donde son escasos la seguridad y los servicios públicos.
ILUSTRACIÓN: Elena Caltz
Por Ricardo Hernández
16 de noviembre, 2022
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Quintana Roo es la entidad con más casos de violencia contra mujeres en todo el país en lo que va de 2022, por encima de Chihuahua, Guerrero o Veracruz. Además, Cancún es el municipio con más reportes de delitos cometidos contra mujeres, especialmente en sus asentamientos irregulares, sin que existan programas específicos para atender el problema, de acuerdo con un cruce de datos de una docena de organismos públicos y documentos oficiales. 

De enero a septiembre se registraron 36 mil 582 casos de mujeres violentadas en Quintana Roo, según el Banco Estatal de Datos de Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim). Por casos, explica Carmen Torres, la encargada de alimentar esta base de datos, se deben entender las denuncias interpuestas o los servicios solicitados a alguno de los 11 organismos públicos estatales y municipales que atienden a mujeres violentadas, ya sea por primera vez o reincidencia, es decir, mujeres que fueron violentadas en dos ocasiones o más durante el periodo de referencia.

La tasa arroja casi 3 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes, que es cuatro veces la obtenida por Nuevo León, la segunda peor entidad para las mujeres este año. 

Hay un repunte de casos en el último trienio, especialmente a partir de la pandemia por COVID-19. Si en 2013 se registraron poco más de 2 mil casos en toda la entidad, para 2019 fueron casi 11 mil, 2020 terminó con 24 mil 515, 2021 con 31 mil 455 y 2022 ya tiene en tres trimestres más de 36 mil casos, la más alta jamás registrada.

“Mucho de lo que pasó en la pandemia es que las mujeres quedaron encerradas con sus agresores. También, el impacto sobre la salud mental en general fue intensísimo. No solo por los duelos y las muertes, sino también por lo que implica desconocer lo que va a pasar, la incertidumbre, que es durísima; perder condiciones de estabilidad como el trabajo y la merma económica. Y luego también todo lo impactante que fue convivir con las personas de casa 24/7 sin escapatoria”, señala Vanesa González-Rizzo Krasniansky, presidenta de Derechos Autonomías y Sexualidades (DAS Cancún), organización feminista que trabaja temas de violencia y derechos sexuales y reproductivos.

Para Cancún, el Baesvim registró 13 mil 568 casos en 2019, 16 mil 227 en 2020 y 13 mil 914 en 2021. En lo que va de 2022, se registran ya 19 mil 355: un nuevo récord histórico

Esto quiere decir que, en 2022, seis de cada 10 casos de violencia hacia mujeres en Quintana Roo (57.6%) han ocurrido en Cancún, el destino turístico de playa más importante de México. Las violencias psicológica, física y sexual han sido las más comunes.  

A decir de Celina Izquierdo, docente en la Universidad del Caribe (Unicaribe), decana en el movimiento feminista de Cancún, esta violencia no solo ha aumentado en incidencia, sino que se ha vuelto más cruenta y letal.

En 2009, Izquierdo y otros investigadores publicaron el primer Atlas de incidencia delictiva, con enfoque particular en la violencia de género. “Se basó en los casos que llegaban al DIF, que era la única instancia que atendía violencia contra la mujer. Sacábamos de expedientes hoja por hoja y registrábamos quién era la persona, su origen, violencia, etcétera. En ese entonces se estilaba muchísimo golpes con la cacha de los machetes, en las piernas, brazos, y también lesiones con cuchillos, que son instrumentos de uso doméstico. Pero luego fuimos viendo cómo se empezaba a transformar a armas de fuego y violencia física más aguda. Cambió de tener miedo a los golpes a temer por perder la vida”, recuerda Izquierdo.

Lo dicho por la especialista tiene eco en lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): de enero a septiembre se registraron 10 feminicidios en Quintana Roo. Por su parte, el Baesvim informa que en los mismos meses hubo 133 mujeres víctimas de la delincuencia organizada y otras 71 carpetas por desaparición de mujeres.

Lee más: Las claves del proyecto de la Corte para investigar feminicidios: Homologación nacional, sanciones y reparación del daño

Violencia en asentamientos irregulares

La mayor incidencia delictiva contra la mujer en Cancún estuvo lejos de playas, zona hotelera y centro; se enquistó en la periferia, en los asentamientos irregulares que han proliferado en las últimas décadas.

Las agresiones contra ‘Gabriela’ por parte de su pareja fueron escalando durante un año hasta que le reventó la cabeza de un golpe. Tiene 30 años. Vive en Sacnité, una colonia irregular de Cancún.

A ‘Patricia’ la agredió sexualmente el novio de su hermana, la madrugada del Grito de Independencia. Al final, la amenazó: si decía algo, le haría daño a ella y a su familia. Tiene 12 años. Vive en la Supermanzana 237, otra colonia irregular.

‘Nicolle’ y sus compañeras de primaria fueron abusadas sexualmente por el entrenador de taekwondo. También tiene 12 años. Vive en la colonia Chiapaneca, igualmente, una colonia irregular de Cancún.

Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las víctimas. Los casos son apenas una muestra de reportes elaborados por el Grupo Especial de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (Geavi) y el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), consultados por Animal Político.

En Cancún existen 213 asentamientos irregulares, donde habitan cerca de 250 mil personas, 30% de la población municipal, de acuerdo con Samuel Mollinedo, regidor presidente de la comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad del ayuntamiento. Hay desde invasiones, producto del turismo electoral o de la necesidad de ocupar un espacio para vivienda de la gente más pobre, hasta kilométricos fraccionamientos construidos por empresas inmobiliarias en la ilegalidad, así como grandes núcleos de población desarrollados fuera de la ley sobre tierra ejidal.

Al ser irregulares, el municipio no da servicios públicos como agua potable, alcantarillado, alumbrado o banquetas. El Estado tampoco lleva escuelas, centros de salud o de justicia. Las casas en estos sitios son producto de la autoconstrucción y es probable que nunca tengan escrituras por haber invadido tierras comunales, privadas, municipales o federales.

Los lugareños más afortunados construyen con bloques de cemento sus cuartos, que lo mismo sirven de sala, comedor y dormitorio, y los menos hacen sus palapas con pedazos de madera, láminas y cartón, sin puertas ni ventanas, por donde es común que se cuelen la lluvia y también los agresores.

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de Quintana Roo, en el Programa de Ordenamiento Metropolitano Zona Metropolitana de Cancún, recién publicado, ofrece un diagnóstico de la ciudad. Los asentamientos irregulares concentran lo peor: la mayor marginación, la más baja escolaridad y la pobreza. 

Mientras que la zona hotelera registra máximos de 20 años de estudio, en los asentamientos son de cuatro años. Entre 70% y 100% de la gente que ahí habita es pobre, concluye el análisis.

Rezago, pobreza y marginación son palabras que en sitios como estos conducen a delitos que descomponen todo seno familiar, reconoció en entrevista Lucio Hernández, exsecretario de Seguridad Pública, quien dejó el cargo apenas en septiembre.

“Lo que más se da en estos asentamientos irregulares es la violencia familiar”, dice Hernández. “Es alarmante, la principal conducta sancionada en estos sitios. Después vienen muchos otros delitos de violencia intrafamiliar, como los delitos sexuales, la violencia en pareja y todo lo demás”.

Es en los asentamientos que hay sobre Alfredo V. Bonfil, el único ejido de Cancún, donde se concentra la mayoría de la violencia contra mujeres.

Tan solo en Tres Reyes, El Milagro, Valle Verde y Avante, cuatro de las 45 colonias irregulares del ejido, en 2020 se contabilizaron 929 llamadas de auxilio de mujeres por algún delito en su contra, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo. Esto fue más que las 835 llamadas registradas ese mismo año en todo el estado vecino de Yucatán.

Las llamadas hechas desde las inmediaciones de palapas y cuarterías fueron provocadas, en su gran mayoría, por violencia familiar, de pareja y contra mujeres. También se recibieron reportes por agresiones físicas en pandilla, lesiones por arma blanca, maltrato infantil, atentados contra la libertad y seguridad sexual, homicidios, consumo de alcohol y drogas en la vía pública, portación de armas, abuso sexual, violación, allanamiento de morada, entre otros, según una base de datos del Complejo de Seguridad C5, que la SSP compartió a este medio.

En los asentamientos irregulares de Cancún se realiza más del 30% de las llamadas de auxilio al 911 en la entidad.

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Perfil de víctimas y contexto

‘Olga’, de 42 años, quien vive en el asentamiento de Avante, en Cancún, con secundaria como grado máximo de estudio y quien se declaró “ama de casa”, originaria de Tabasco, acudió el 21 de septiembre de 2021 al Centro de Justicia para la Mujer (CJM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), para denunciar que había sido víctima en su casa de violencia física, psicológica y patrimonial.

Casos como el suyo dan cuenta de rasgos comunes entre las víctimas mujeres en todo Cancún: migrantes, con baja escolaridad, desempleadas o trabajadoras no remuneradas, violentadas en el hogar.

El último reporte del Baesvim ayuda a comprender el perfil de las mujeres violentadas en Cancún, el contexto en el que se cometieron los delitos y algunas consecuencias.

Se da cuenta de que las mujeres de entre 10 y 49 años son mucho más violentadas en esta ciudad que el resto, especialmente aquellas entre 20 y 39 años. Casi la totalidad (96%) fueron violentadas en casa por sus parejas, principalmente, y luego por familiares como tíos, primos y padrastros.

Solo 348 de las víctimas contaban con licenciatura y 12 con maestría. Las demás, la gran mayoría, tenían primaria o secundaria como grado máximo de estudios. 

En el caso de asentamientos irregulares, casi la totalidad se declaró como “ama de casa” o simplemente desempleada.

La mayoría son mexicanas provenientes de estados como Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas o Veracruz. Sin embargo, también hubo víctimas de Guatemala, EU, Colombia, Belice, El Salvador y otros 18 países. La presencia de extranjeros en Cancún se explica por la actividad turística. Se trata de personas que llegan atraídas por la oferta de trabajo en hoteles, restaurantes, bares o en otros servicios.

“Me parece fundamental para entender la violencia en Cancún esta parte de que las mujeres llegan a Cancún sin redes de apoyo. Y si no tienes redes de apoyo ni familia ni nada, tampoco las vas a poder construir con jornadas de 14 horas como lo son en los trabajos turísticos. Y, además, son traslados de dos o tres horas a tu centro de trabajo. Eso limita también las posibilidades del contacto o convivencia con tus hijos. Y eso es otra cosa, el abandono de los chavitos. Es un caso peculiar el de Cancún, por su dinámica turística”, opina González-Rizzo.

Hay algo adicional en el reporte de 2020. Este documento indica que la violencia psicológica generó en las víctimas angustia, miedo, tristeza, aflicción, estrés y, en 47 ocasiones, ideas suicidas; la violencia física causó contusiones, hematomas, heridas, fracturas, quemaduras, en 26 casos la muerte y en 17 un aborto. Y la violencia sexual dejó lesiones físicas, en 199 casos produjo un embarazo y en 53 derivó en infecciones de transmisión sexual.  

“Son gravísimos los impactos a la salud mental. La víctima va a cargar toda su vida con eso, pero también los hijos, que son los que ven los madrazos, que viven los gritos. Y no están atendidos”, advierte González-Rizzo.

Planes inexistentes para eliminar la violencia

Pese a su alta incidencia, los asentamientos irregulares han quedado fuera de las estrategias gubernamentales en el combate a la violencia contra mujeres.

En estos sitios no hay cámaras de videovigilancia ni casetas policiacas, hay escaso patrullaje y los programas de prevención del delito de la SSP no llegan, reconoció el exsecretario Lucio Hernández.

Un ejemplo de la omisión es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). La AVGM fue solicitada en 2015 y declarada hasta 2017 para los municipios de Cancún, Cozumel y Solidaridad. Fueron las asociaciones civiles Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo y Justicia, Derechos Humanos y Género las que presentaron la solicitud. Expusieron la necesidad de la declaratoria ante el aumento de los feminicidios en el estado. Entre 2014 y 2015, refirieron, se habían perpetrado 16 asesinatos violentos contra mujeres.

A pesar de que dos de los delitos sucedieron en asentamientos irregulares —uno en agosto de 2014 contra una mujer de 34 años asfixiada por su pareja y otro el 15 de abril de 2015 contra una niña de cinco años cuyo cuerpo apareció en Santa Cecilia—, estos sitios fueron excluidos de las acciones y estrategias de la alerta.

A finales de 2021, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, conformado por docentes, investigadoras e integrantes de grupos feministas, realizó el primer dictamen sobre la implementación de medidas establecidas en la AVGM desde 2017 y hasta 2020. 

El documento no menciona la situación de violencia en los asentamientos irregulares. Hay algunas acciones emprendidas por el ayuntamiento de Cancún, que reporta, en un documento aparte, medidas tomadas a raíz de la alerta.

La Dirección de Alumbrado informó en un documento oficial que, de julio a diciembre de 2020, en Tres Reyes, la colonia irregular con más llamadas de auxilio al 911 realizadas por mujeres, se reparó solo una luminaria.

Según el reporte de acciones emprendidas por el ayuntamiento de Cancún, al que tuvo acceso el medio, la dirección realizó un operativo para reparar 21 luminarias, un poste y un chapeo en la entrada de la colonia irregular 247. En El Pedregal y El Milagro, otros dos asentamientos irregulares, se repararon dos luminarias, una en cada una.

Hay programas y acciones que han beneficiado a los habitantes de los asentamientos de manera indirecta. Por ejemplo, con los subsidios del gobierno federal al Instituto Quintanarroense de la Mujer, a través del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas, opera un refugio para mujeres víctimas de violencia. 

Otra caso es el Centro de Justicia para la Mujer en Cancún, creado luego de que se contemplara como medida a cumplir dentro de la declaración de la alerta. Aunque en este sitio han acudido cientos de mujeres, el problema es que queda lejos de los asentamientos irregulares, a más de 15 kilómetros y poco más de una hora de recorrido, sumado a que solo en cinco colonias operan rutas de transporte público.

En un reporte policiaco del 28 de agosto de 2021, elaborado por el Geavi, se lee que ‘Soledad’, habitante de un asentamiento irregular y mujer desempleada, cuya hija fue abusada por su pareja, refirió a los elementos que acudieron en su auxilio que no contaba con los recursos económicos para trasladarse a denunciar. 

Hasta ahora, de la docena de instancias estatales y municipales que atienden mujeres víctimas, solo una, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Cancún, ha instalado un módulo fijo para recibir denuncias en los asentamientos, localizado en la colonia Avante.

A finales de 2021, este organismo adquirió un módulo móvil, con el objeto de recorrer el resto de los asentamientos irregulares; sin embargo, el camión es tan grande que no cabe por las brechas y los caminos de terracería, por lo que ha quedado estacionado en un supermercado de la periferia de la ciudad.

La falta de presencia del Estado, la ausencia de oficinas de estos entes públicos en estos sitios, desincentiva la denuncia, recrimina Mónica Franco, investigadora criminóloga asociada del Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo.

Esto se refleja en las estadísticas del IMM. En los nueve módulos fijos del instituto en la ciudad se atendió cuando menos a 50 mujeres víctimas residentes de algún asentamiento irregular durante 2021, de acuerdo con informes a los que tuvo acceso este medio. 

La falta de denuncias, subraya Franco, también desemboca en un boquete de información para los tomadores de decisiones y quienes elaboran las políticas públicas, así como en la negación del acceso a la seguridad y a la justicia.

“Las razones por las que las víctimas mujeres no denuncian es porque implica un costo económico, en desplazarse, fotocopias, etcétera, e implica tiempo, el trámite es muy largo. Y cuando las mujeres denuncian, en el camino, la falta de empoderamiento o de recursos para darle seguimiento hace que desistan, de todo, de la denuncia, de los servicios de atención médica, psicológica. No dan continuidad a los procesos, no por voluntad, sino por estos factores externos”, explica.

¿Y los victimarios?

Por cada caso de una mujer violentada hay un hombre agresor, del que poco se puede conocer revisando todas las bases de datos consultadas para este medio. El Baesvim es el único que agrega datos al respecto. 

Hay registro de 24 mil 866 victimarios en Quintana Roo, en el periodo de enero a septiembre de 2022.

El Baesvim solo pone a disposición los estudios académicos del agresor, detallando también la modalidad de violencia. Aunque en 87% de los casos registrados por el banco no se pudo identificar el grado escolar, los datos disponibles dan un esbozo.

Los hombres con posgrado son violentadores, pero en mucho menor medida. Son los sujetos con primaria, secundaria o preparatoria los que más violencia ejercen en contra de la mujer. A mayor estudio, menor probabilidad de ejercer violencia.

Mónica Franco hace un llamado a cambiar de paradigma: no solo ver a la víctima sino poner el ojo en el agresor, y no solo para llevarlo a la cárcel, sino para reeducarlo, sobre todo en los casos de hombres que delinquen por primera vez.

“Casi todo el sistema está volcado a la atención de las víctimas. Entonces, se ve qué se hace con la mujer, a dónde se lleva, pero cuando identificamos al agresor, lo único que tenemos es cárcel y nada más. Y una sentencia, y si el juez se acuerda, medidas reeducativas. Pero no estamos trabajando con los hombres que son primodelincuentes, que incurren en violencia familiar, en conductas menos graves que otros casos, de estos que insultan, amenazan. Estos que cometen grados menores de violencia deberían estar tomando atención psicológica”, opina.

“Tenemos que captar a toda esa gente y, en vez de una multa, canalizarla a atención a las adicciones, reeducación en temas de nuevas masculinidades, de la no violencia, la solución pacífica de conflictos. Eso es lo que todavía cojea en Quintana Roo, que no se enfoca en los generadores de violencia”, advierte la especialista.

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Foto: AFP

Ecuador: al menos 15 muertos y 21 heridos tras un nuevo motín carcelario

Con las víctimas de este lunes, el número de presos fallecidos en penales de Ecuador desde inicios de este año está próximo a alcanzar el centenar.
Foto: AFP
4 de octubre, 2022
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Al menos 15 personas murieron y otras 21 resultaron heridas este lunes durante un nuevo motín entre reos en una cárcel de Ecuador, en otro episodio de violencia dentro del sistema penitenciario del país sudamericano y que expone nuevamente el debate sobre la falta de control del Estado dentro de estas instituciones.

Según confirmó la Fiscalía en Twitter, las muertes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, cerca de la ciudad de Latacunga, a unos 80 kilómetros de Quito.

La prisión alberga a unos 4.300 presos y es una de las más grandes del país.

Los incidentes comenzaron después de que este lunes los reclusos de la prisión participaran en el censo que realiza la institución para recabar los datos de la población penitenciaria del país, según dijo el subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad, Jorge Flores, en declaraciones a la prensa.

Los reclusos treparon a los techos mientras se escuchaban detonaciones, según imágenes de noticias de televisión, recoge la agencia AFP.

Lee: En 29 estados se dicta más prisión preventiva de forma automática que justificada; delitos como robo, los más procesados

El SNAI a Personas Privadas de Libertad, encargado del control de las prisiones de Ecuador, que en principio anunció seis heridos, elevó la cifra de víctimas tras las primeras acciones efectuadas después de retomar el control de la prisión.

Efectivos de la policía, bomberos, equipos de apoyo de las fuerzas armadas y personal sanitario acudieron a la zona durante el suceso, informó el SNAI, quien coordinó con las fuerzas de seguridad la activación de “todos los protocolos de seguridad, con la finalidad de precautelar (proteger) la seguridad del centro carcelario”.

La policía ingresó en las instalaciones penitenciaras mientras que equipos de militares resguadaron los alrededores.

Familiares de los presos esperaban a las afueras de Cotopaxi.

Reuters
Familiares de los presos esperaban a las afueras de Cotopaxi.

Flores dijo a los periodistas que Leandro Norero, acusado de dirigir una banda de narcotráfico, parecía estar “entre las víctimas”, recoge la agencia AFP. Al respecto, la Fiscalía dijo en Twitter que “luego de las pericias de identificación correspondientes se podrá confirmar o no su deceso”.

Conocido con el alias “El Patrón”, fue detenido en mayo pasado por denuncias de lavado de dinero, en un operativo en el que presuntamente se incautaron 6,4 millones de dólares, 24 lingotes de oro, armas de fuego y municiones.

Norero, sospechoso de vínculos con el narcotráfico, se convirtió en uno de los líderes de los reclusos, cuenta AFP.

El pasado 20 de septiembre, la policía informó de la detención de tres agentes de la cárcel de Cotopaxi por estar involucrados en un delito de tráfico de municiones.

Violencia vinculada al narcotráfico tras motín en Ecuador

En abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de emergencia en tres provincias para frenar la violencia relacionada con pandillas vinculada al narcotráfico. Una emergencia similar fue declarada el año pasado.

Las guerras territoriales entre las bandas ecuatorianas que luchan por el control de las lucrativas redes de cocaína han ejercido una gran presión sobre el sistema penitenciario superpoblado y con escasos recursos.

El peor enfrentamiento carcelario fue en la ciudad portuaria de Guayaquil en septiembre del año pasado, cuando murieron más de 120 reos.

El año pasado, la policía de Ecuador incautó un récord de 190 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína.

Con las víctimas registradas este lunes, el número de presos fallecidos en las cárceles de Ecuador desde inicios de 2022 está próximo a alcanzar el centenar, principalmente en cuatro masacres, ocurridas dos en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, otra en la cárcel de Cuenca y ahora esta en la prisión de Latacunga.

Ecuador tiene 36 prisiones que albergan a más de 32.000 reclusos. Desde 2020 han muerto más de 400 reos en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales rivales que se disputan el control interno de los centros.

En las diferentes requisas policiales tras los enfrentamientos, se han encontrado distintos tipos de armas de fuego, inclusive fusiles, así como armas blancas y grandes cantidades de balas.


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