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Agenda de Riesgos
Por Rodrigo Elizarrarás
Consultor y analista político. Interesado en la coincidencia entre movilización social, conflic... Consultor y analista político. Interesado en la coincidencia entre movilización social, conflictos políticos y violencia. Ha pasado de la Z a la A (del zapatismo a las autodefensas) en los últimos 20 años. Cuando puede intenta surfear, educar a dos hijos y siempre soñó con ser cronista de viajes o corresponsal de guerra. Vive con un pie en el DF y otro en BCS. (Leer más)
AMLO, el WJP y la justicia en México
Llama particularmente la atención que la estrategia de seguridad de este gobierno no incluya ninguna propuesta para fortalecer o por lo menos transformar la procuración de justicia de este país.
Por Rodrigo Elizarrarás
11 de marzo, 2019
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La semana pasada se presentó la actualización del Índice del Estado de Derecho que realiza el WJP (World Justice Project) en su edición 2018-2019. Como no debería de sorprendernos, México va muy mal en sus indicadores sobre “el estado” del Estado de Derecho, y lamentablemente la situación no parece que vaya a mejorar en el corto o mediano plazo. Los cambios implementados mediante la reforma penal aún demorarán varios años más antes de ver resultados tangibles en el sistema de justicia penal.

Por otra parte, considero que no puede haber una Estrategia de Seguridad integral exitosa que no busque el fortalecimiento del sistema de justicia. Así como resulta obvio fortalecer a las policías, dotarlas de mayor capacitación, mejores salarios y equipo, proporcionar los controles institucionales y blindarlas ante el acoso de la delincuencia, es igualmente importante robustecer a la otra parte de la fórmula de seguridad: la procuración e impartición de justicia.

Me llama particularmente la atención que la Estrategia de Seguridad de este gobierno no incluya ninguna propuesta para fortalecer o por lo menos transformar la procuración de justicia de este país. Si bien se plantea desarrollar la Guardia Nacional, combatir la corrupción en las fuerzas del orden, atajar los orígenes de la violencia con mayores oportunidades y empleo para los jóvenes, ninguna de las propuestas de López Obrador ha mencionado siquiera cambios necesarios en la Fiscalía General de la República. La justicia no es una materia de interés para la 4T.

Instrumentos como el Índice del WJP nos permiten tener un análisis más fino para identificar las áreas donde se necesita realizar reformas profundas para su transformación. Este índice es un mapa detallado sobre el estatus de nuestra democracia, aquella que tiene que ver con los derechos fundamentales, la división de poderes y la impartición de justicia, y debería sernos de utilidad para identificar qué reformas, modificaciones, y transformaciones están pendientes para poder transitar hacia un Estado de Derecho pleno.

Sin embargo, es posible que el WJP falle un poco en ser incapaz de reducir este complejo concepto del Estado de Derecho a una definición sencilla y asequible para el ciudadano común. Por tanto, al carecer de una definición “simple y operacionalizable de este amplio –un tanto metafísico– es en donde me parece que el índice se vuelve muy amplio y termina por estar compuesto por demasiados factores para su construcción. De los 8 factores en los que se compone, yo sugeriría que deberían quedarse solo con 5; yo dejaría de lado los factores de corrupción, apertura gubernamental (transparencia) y orden y seguridad, ya que no me parecen conceptos estrictamente dentro de una definición del Estado de Derecho. Es importante recordar que todo modelo de agregación de factores la parsimonia es un valor altamente apreciado.

En todo caso, para ofrecer una definición, el Estado de Derecho está conformado por una serie de “entendimientos comunes aceptados y respetados por una comunidad” en donde se establece que la Ley es el único instrumento y mecanismo por el cual se deben regir. Por tanto, comprenden que la ley es el único camino para resolver todo tipo de diferencias entre individuos, poderes y gobiernos; y solo en la medida que esta capacidad se extiende a todos y cada uno de los miembros de la comunidad es que podemos hablar de un pleno Estado de Derecho.

Después de años de discutir sobre la edificación del Estado de Derecho en este país, aún no hemos podido generar el consenso necesario para construirlo en serio. Por el contrario, como el WJP nos señala año con año vamos perdiendo posiciones al grado de estar entre los últimos lugares del continente (26/30) y muy por debajo de la mitad a nivel mundial (99 de 126 países).

México no está más cerca de ese ideal en el que la ley es nuestra herramienta más preciada de convivencia social; todo lo contrario. La peor parte, es que no estamos haciendo mucho hoy por alejarnos del subsuelo de la justicia y por construir un edificio sólido para el futuro. Shame on us.

Por último, quizá vale la pena mencionar que si bien el ejercicio del WJP es construir esos factores en los que se desmenuza el Estado de Derecho, este proyecto hace poco por indicar qué hace falta a los países en los últimos lugares del índice para poder construir las instituciones y los procesos necesarios para acercarse a los primeros lugares. Seré breve: sería deseable contar con una serie de “buenas prácticas o recomendaciones de política pública” que arrojen luz a los últimos escalafones de la “plena legalidad” a nivel global.

 

@rodaxiando

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